La Falacia del Relevo Generacional | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Publicaciones

La Falacia del Relevo Generacional

Con la proximidad de las elecciones legislativas y municipales, algunos partidos políticos se aprestan a vendernos la idea que el relevo generacional ya forma parte de sus estrategias de renovación interna.

Sobrepasados por una exacerbada fiscalización impulsada por las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo, de derecha, las dirigencias partidarias han respondido con una aparente incursión de rostros nuevos en política. E insisto en lo de aparente, pues en el fondo no deja de ser “más de lo mismo”, o mejor aún: “rostros nuevos con prácticas viejas”.

Los electores deberíamos preguntarnos: ¿cuáles son las ideas novedosas que estos rostros, poco conocidos, han comenzado a introducir en el debate público?

Hace unos días, en una canal de televisión, aparecieron cuatro candidatos a una diputación para el 2015 en representación de igual número de partidos políticos.

Sus planteamientos se centraron en aspectos vanales que se han vuelto moda, luego de la crítica realizada por la llamada sociedad civil al funcionamiento de las instituciones partidarias.

Los menos torpes en el manejo discursivo hicieron formulaciones precisas como las siguientes: que buscarán reducir el número de diputados de la Asamblea Legislativa, a fin de evitar el despilfarro de recursos públicos; que propondrán una reducción significativa del salario de los diputados; que además renunciarían a la seguridad que conforme a la ley les proporciona el Estado; que no tendrán asesores legislativos; que tampoco viajarán al exterior en misiones oficiales a menos que sea estrictamente necesario, etc.

Esta oferta legislativa me recuerda la que en su momento hizo el entonces candidato presidencial de AREN, Norman Quijano, quien llegó al extremo de lo ridículo a plantear que con el propósito de reducir el gasto público y con ello, el déficit fiscal, renunciaría a vivir en la Residencia Presidencial; convertiría la Residencia del Presidente en un albergue para ancianos e indigentes; que no utilizaría la así llamada Caravana Presidencial, ya que se movería en su propio vehículo y sin escoltas; que además transformaría el Batallón Presidencial, una unidad élite de las Fuerzas Armadas, en una especie de fuerza de seguridad pública para el resguardo de algunas escuelas en el país; entre otras brillantes ocurrencias.

Al final de cuentas, ambas ofertas, tanto la que hizo Quijano y las que ya comenzamos a escuchar de boca de los mismos candidatos junior de los partidos, no dejan de ser “trampas cazabobos” para un electorado cada vez más crítico y exigente.

Ni el gasto público, sobre todo de la Presidencia de la República, se habría reducido significativamente al poner en práctica las ocurrencias de Quijano, ni tampoco la asamblea legislativa sería ejemplo de austeridad con la implementación de las propuestas de los candidatos “rostros nuevos” de los partidos políticos.

Si Quijano hubiera ganado las pasadas elecciones y no hubiese residido en la Residencia Presidencial, como lo ha hecho el actual Presidente Sánchez Cerén, y hubiera además cumplido su oferta de renunciar a la seguridad que proporciona el Estado, lo ahorrado, en caso de existir algún ahorro, no pasaría de unos cuantos miles de dólares que en nada constituye una solución al abultado déficit fiscal, que tanto preocupa a los Organismos Financieros Internacionales.

La mejor muestra es que el Presidente Sánchez Cerén decidió por voluntad propia residir en su antigua vivienda en la Colonia Layco y el presupuesto de CAPRES continúa siendo el mismo, tanto para el sostenimiento de la familia presidencial como para su seguridad.

La Residencia continúa funcionando y devengando recursos del Estado al haberse convertido en un espacio de encuentro con diferentes sectores del país, como ha ocurrido hasta ahora en que el Presidente Sánchez Cerén y algunos de sus funcionarios reciben en el recinto presidencial con frecuencia a jóvenes, adultos mayores, artesanos, artistas, dirigentes sociales, entre otros.

Si se hubiera convertido el Batallón Presidencial en una fuerza de custodia de centros escolares, no sólo se habría cometido una ilegalidad, pues las funciones del referido Batallón están consignadas en un reglamento que crea al Estado Mayor Presidencial y que lo definen como una unidad élite de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas para resguardar la seguridad y los bienes del Presidente de la República y su grupo familiar; sino que además, tampoco se habría reducido el presupuesto gubernamental pues la unidad en cuanto tal no habría sido disuelta sino únicamente se le habrían cambiado sus responsabilidades.

En todo país democrático del mundo existe una unidad de seguridad especializada en garantizar la integridad de la familia Presidencial y los bienes puestos por el Estado a su disposición.

En Estados Unidos esa responsabilidad la asume el Servicio Secreto, cuya existencia se remonta a los tiempos del asesinato del Presidente Lincoln.

En Brasil, es una división élite de las Fuerzas Armadas Brasileñas la que asume esa función y es dirigida por el propio Presidente o Presidenta. Lo mismo podríamos decir de todos los países de Centroamérica, de Europa o de cualquier región del mundo.

Los presupuestos para su funcionamiento están consignados en los Presupuestos Gubernamentales de todos esos países y nunca han sido cuestionados y menos reducidos por sus respectivos Congresos.

No tiene sentido, entonces, la crítica que suelen hacer algunos sectores de derecha, y hasta de izquierda, cuando hablan de gastos excesivos en seguridad presidencial, siendo que el rol de un Presidente de la República no puede compararse con el que desempeña cualquier otro ciudadano, en virtud de las responsabilidades y los riesgos asumidos.

Tanto es así, que ARENA nunca criticó el presupuesto de seguridad de los cuatro Presidentes que eligió, al grado que en esos años no se escatimaron gastos para este fin.

Cristiani, Calderón Sol, Flores y Saca vivieron en la Residencia Presidencial y el Estado absorbió su funcionamiento.

Cristiani, Calderón Sol, Flores y Saca utilizaron la Caravana Presidencial y el Batallón Presidencial, y nunca ANEP, FUSADES, FUNDE y el mismo partido ARENA, cuestionaron el presupuesto dedicado a tales rubros.

El Presidente de ARENA que más utilizó el helicóptero presidencial para transportarse, incluso dentro de la capital, fue Francisco Flores y no es por esa razón que se encuentra enfrentando la justicia salvadoreña.

La trampa “cazabobos” que empleó ARENA en la pasada campaña electoral, ahora está siendo reeditada por sus candidatos a una diputación, y es exhibida como una oferta legislativa novedosa y que marca la diferencia con los políticos tradicionales.

Hasta la fecha no hemos conocido ningún planteamiento novedoso en torno a los temas nacionales que deben ser priorizados en la medida que tienen relación con los problemas que preocupan a los salvadoreños.

Desde la Asamblea Legislativa se debe y se puede legislar para contribuir con los demás órganos del Estado a la solución de la problemática nacional.

No hay propuestas serias y novedosas para combatir el fenómeno de las pandillas y garantizar la reinserción económica y social de miles de jóvenes que han caído en estas garras criminales; tampoco hemos escuchado propuestas concretas para promover un mayor crecimiento de la economía y para reducir la pobreza y la exclusión social; no conocemos propuestas que aseguren un funcionamiento más eficaz de la Asamblea Legislativa y de los demás órganos del Estado. Y menos, se pronuncian por el combate de la impunidad y el avance judicial de los casos de corrupción que se encuentran abiertos en los tribunales de justicia.

Bien vistos, algunos de esos rostros jóvenes representan los intereses de los grupos económicos del país, que anhelan retomar el control de los órganos del Estado, sobre todo, de la Asamblea Legislativa, para frenar al Ejecutivo y negociar virajes en su programa gubernamental que no afecten sus intereses.

Para el caso, ARENA lleva como candidatos a hijos o empleados de estos grupos empresariales que por mucha novedad que expresen con su incursión en política, no dejan de servir a viejos intereses y reproducir prácticas viejas que en el pasado les permitieron poner al Estado al servicio de intereses corporativos.

De esa forma se hicieron de los bienes públicos; privatizaron la Banca para beneficio de unos cuantos; se quedaron con la generación térmica, incluyendo la generación a través de vapor del subsuelo; se hicieron de las Administradoras de Fondos de Pensiones; controlaron las Telecomunicaciones; y ahora van por el Agua y pretenden además, votar la barreras que desde el gobierno de Saca se impusieron a la explotación minera en el país.

Proponer una reducción del salario de los diputados o la renuncia a la seguridad del Estado o la renuncia al derecho de contar con asesores legislativos no es sinónimo de relevo generacional y mucho menos de renovación en política.

No deja de ser una “trampa cazabobos”, o peor aún, una vuelta al pasado: La recuperación de El Salvador, como rezaba el slogan de campaña de ARENA en las pasadas elecciones presidenciales.

Relacionado


0 comments