Programa 3 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 3 – Editorial

Primero quiero felicitar a Vanda y al gobierno del Presidente Sánchez Cerén por la inauguración esta mañana de la sexta sede en el departamento de Morazán.

La obra fue construída a un costo de $4.8 millones, tres millones donados por el gobierno de China Taiwan y el resto, 1.8 millones, como contrapartida del gobierno.

Hasta la fecha se han atendido a 650 mil mujeres de todo el país y se han brindado más de 1 millón 700 mil servicios.

Es sin duda el proyecto más exitoso de éste y el anterior gobierno y constituye un compromiso sólido con la satisfacción de los derechos de las mujeres.

De nuevo mis felicitaciones a todo el equipo de la Secretaría de Inclusión Social.

Esta vez deseo hablar de la transparencia y la lucha contra la corrupción así como del uso electoral que ARENA y sus satélites están haciendo de ella.

Esta semana diferentes organizaciones de la sociedad civil organizaron una serie de eventos en los que se abordaron algunos temas alusivos a la transparencia en la administración gubernamental y los esfuerzos realizados por diferentes instituciones para erradicar uno de los flagelos que más afectan el desarrollo democrático de nuestro país como es la corrupción.

Sobre este tema quiero sentar posición y luego escucharlos a ustedes a través del teléfono en cabina como también por las redes sociales.

Primero, no cabe duda que estamos frente a un cambio de cultura política en el país.

Antes del 2009, hablar de la corrupción gubernamental como de negocios realizados por privados utilizando los resortes del gobierno no era muy frecuente en el país.

Los Medios de Comunicación investigaban y contribuían al destape sólo de aquellos casos donde no se vieran involucrados personajes de la vida pública o privada con los que mantenían cierta afinidad.

Asegurar como lo hizo recientemente un periodista de El Diario de Hoy que la lucha contra la corrupción siempre ha sido una bandera de los medios de comunicación no deja de ser una verdadera hipocrecía y una expresión clara de doble moral.

Sólo un cambio de gobierno que inició una etapa diferente en el ejercicio público pudo hacer posible el destape que se ha dado en los últimos años y el avance institucional que este proceso supone.

Ni la Corte de Cuentas de la República en el pasado, ni la Fiscalía General de entonces, y mucho menos, organizaciones privadas como FUNDE, FUSADES o la ANEP se habían interesado en poner el tema de la transparencia y la anticorrupción en la agenda nacional.

Estoy convencido que, incluso, aún hoy en día ANEP, FUSADES y sobre todo FUNDE, representante de Transparencia Internacional en el país, sólo ponen el acento en aquellos casos de supuesta corrupción gubernamental como parte de una fina estrategia de desgaste político contra el FMLN.

Y esto porque al partido ARENA no le están favoreciendo las proyecciones electorales que revelan las encuestas de opinión.

Voy a ser más claro en este punto.

Bajo el gobierno anterior se aprobó la Ley de acceso a la información pública, con lo que nos convertimos en uno de los 100 países en el mundo que cuentan con una ley de esta naturaleza.

Del año 2012 al 2014, el gobierno ha atendido más de 25 mil solicitudes con casi 47 mil requerimientos de información presentadas por la ciudadanía. De este total de solicitudes, el 90% se resolvió completamente, apenas un 1.64% fue respondido parcialmente, menos del 1% no se respondió por ser información confidencial o reservada y un 4.22% se declaró inexistente.

Además ahora existe el portal “Gobierno Abierto” que permite denunciar posibles casos de corrupción gubernamental.

A qué viene entonces la crítica de ARENA y sus organizaciones satélites como FUNDE, FUSADES y ANEP, y más recientemente Aliados por la Democracia, en el sentido que el gobierno hace muy poco por transparentar sus decisiones y acciones o que encubre actos de corrupción de sus funcionarios?

La información que está pidiendo FUNDE, por ejemplo, a Casa Presidencial y que se le ha negado por ser información considerada como reservada está dentro de ese menos del 1 % de información requerida que no ha sido divulgada por el gobierno.

En contraste, desde el gobierno anterior se vienen destapando casos emblemáticos que se mantuvieron ocultos por las instituciones y medios de comunicación que hoy se presentan como defensores de la transparencia.

Por ejemplo, destapamos la venta fraudulenta de las acciones de LA GEO a ENEL en tiempos del ex presidente Flores, con el propósito de despojar al Estado y con ello al pueblo salvadoreño del control de las fuentes de generación de energía a base de vapor.

Afortunadamente, y esto hay que celebrarlo, el gobierno Sánchez Céren llegó hace unos días a una acuerdo negociado con la empresa italiana ENEL que le permite quedarse con el control total de La GEO, a través de la compra de las acciones que tenía ENEL por un monto de $280 millones.

Este acuerdo no acarrea ningún daño al país como lo han querido interpretar detractores del gobierno.

CEL cuenta con recursos para adquirir estas acciones y realizar las inversiones que sean necesarias para aumentar la capacidad de generación de energía geotérmica, más barata y más limpia que la que se genera a base de combustible.

Además con esta compra de las acciones en manos de ENEL, el país puede invitar a otros inversionistas interesados en el negocio de la producción de energía y lograr un nuevo contrato de venta de acciones, en mejores condiciones que las pactadas bajo el gobierno de Flores, que no lesione los intereses de los salvadoreños.

La Asamblea Legislativa tendrá ahora la oportunidad de enmendar el entuerto que firmó Sol Bang, con el apoyo de la junta directiva de CEL de áquel entonces y que le ha supuesto pérdidas al Estado salvadoreño por el orden de los 2 mil millones de dólares, según cálculos de la Fiscalía.

Acá en este caso, los grandes medios, sobre todo escritos, han jugado el triste papel de encubridores de la corrupción y de los intereses económicos privados en juego.

En este caso también, organizaciones como FUNDE, FUSADES y la ANEP, se convirtieron en tapaderas de la corrupción al buscar distraer la atención sobre otros expedientes de menor envergadura.

Lo mismo habría que decir del caso Flores-Taiwan que sólo fue posible investigarlo por la revelación pública que se hizo en el gobierno anterior de un Reporte de Operaciones Sospechosas que envió la Red de investigación de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

No voy asegurar en este programa, como algunos lo han hecho, que si ese Reporte no se hubiera hecho público, la Fiscalía no habría investigado el caso.

De hecho, a los días de haber recibido el ROS, la unidad de investigación financiera de la Fiscalía, por instrucciones del Fiscal General, abrió un expediente contra el ex presidente Flores y lo acusó de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia.

Ahora bien, lo que sí no me cabe duda es que con la revelación del Reporte de Operaciones Sospechosas, que Estados Unidos paradójicamente ha sancionado, el tema no se habría puesto en la agenda nacional y la ciudadanía no habría conocido uno de los más escandalosos casos de corrupción y de desvío de fondos de la cooperación taiwanesa a nuestro país.

Me preocupa esta sanción del gobierno de Estados Unidos por qué podríamos preguntarnos (y usted amigo o amigo que me escucha debería preguntarse) : por qué Estados Unidos impide que se investigue a delincuentes al ya no compartir con la Fiscalía salvadoreña información que podría llevar a descubrir y juzgar a quiénes se dedican al lavado de dinero? Cómo explica la señora embajadora Aponte que ahora los delincuentes salvadoreños podrán lavar dinero utilizando el sistema financiero de EEUU, sin temor a ser descubiertos e investigados, ya que el Departamento del Tesoro decidió ya no compartir más información de inteligencia financiera con nuestro país por haber hecho público un informe, el conocido por sus iniciales como ROS, que permitió abrir una investigación contra el ex presidente Flores por supuestos actos de corrupción?
Y qué han dicho los medios de comunicación o instituciones como FUNDE sobre esta decisión del gobierno de Estados Unidos que reduce significativamente la capacidad de investigación de la Fiscalía?

Preguntémonos también: Qué interés han mostrado los medios de comunicación que se presentan como defensores de la transparencia o instituciones como FUNDE y FUSADES para que se aclare este caso de evidente corrupción, en el que aparecen involucrados 15 millones de dólares según la Fiscalía y mas de 80 millones según la Asamblea Legislativa.

El Diario de Hoy, por ejemplo, no sólo ha defendido al ex presidente Flores, sino que junto a otros medios escritos, ha levantado desde la semana anterior un caso que como lo ha demostrado el Presidente de la Asamblea Legislativa, no hay indicios de que se haya cometido algún ilícito penal o que haya aprovechado su posición de funcionario público para favorecer intereses privados.

Se ha levantado polvo sobre una operación de compra-venta que no tiene ningún vicio de ilegalidad, tal como lo demuestra el informe de la defensa que ha pedido el diputado presidente que sea publicado en La Prensa Gráfica, en el ejercicio de su derecho de respuesta y que hasta la fecha no se le ha querido conceder.

No fue Sigfrido Reyes, en su condición de Presidente del Primero Organo del Estado, quién compró los lotes en Nuevo Cuscatlán sino una Empresa de la que él es socio minoritario y Director Suplente.

Así lo demuestra la documentación que ha presentado y que ha hecho pública.

Por lo que no deja de ser perverso afirmar como lo ha hecho FUNDE y la ANEP que con el sueldo de él como Presidente de la Asamblea, que no pasa de 7 mil dólares mensuales, no le alcanza para reunir los 400 mil dólares pagados por los lotes, siendo que quién pagó no fue el diputado Reyes sino la Empresa de la que forma parte como socio minoritario.

En todo caso, será la Empresa la que tendrá que justificar sus ingresos y el origen del dinero con el que se hizo la compra, pero, eso sí, sólo ante un requerimiento de la Fiscalía y no porque FUNDE, la ANEP y algunos medios de comunicación duden de esta operación de compra-venta.

A qué viene publicar las diferentes empresas a las que está asociado el Asesor del Presidente de la Asamblea Legislativa, si como empresario tiene todo el derecho de abrir cuánta empresa le permita su capacidad económica y su habilidad para hacer negocios?

Si por ser empresario, el asesor del Presidente de la Asamblea está impedido a trabajar como asesor, pues que el Tribunal de Etica recomiende su destitución y asunto arreglado. Pero eso no constituye prueba de délito alguno en el que haya participado el Presidente de la Asamblea Legislagtiva.

No se puede afirmar, entonces, en forma irresponsable que el Presidente de la Asamblea Legislativa es corrupto o se ha enriquecido ilícitamente, puesto que no existe ninguna evidencia de que eso sea así.

La Fiscalía es la única autorizada para establecerlo y hasta el momento lo único que ha dicho es que se ha abierto una investigación integral.

Además, tampoco se ha afectado el patrimonio del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada con el valor pagado por los 5 lotes, puesto que fueron vendidos dentro de los márgenes que establece una banda de precios que la junta directiva del IPSFA había acordado tres años antes de que se diera esta operación.

Como bien explica el Presidente de la Asamblea Legislativa en el documento de su defensa, no existe ni nunca ha existido un precio oficial de venta.

Lo que existe es un precio ideal, que es el máximo que se puede obtener por la venta de lotes, así como un precio mínimo, precio que según lo ha aclarado el gerente del IPSFA le permite a la institución obtener una ganancia razonable por la venta de los lotes, en la medida que este precio mínimo de venta está arriba del precio que la institución pagó cuando adquirió esta propiedad que ahora está vendiendo.

Según informó Transparencia Activa, de los 95 lotes vendidos por el IPSFA a diferentes empresas, sólo 4 se vendieron al precio ideal de 165 dólares la vara cuadrada.

Y de estos 95 lotes, 28 se vendieron a precios entre $120 y $130 por vara cuadrada, el mismo precio que en promedio pagó la empresa de la que el Presidente de la Asamblea es accionista.

No hubo por tanto precios preferenciales como asegura la nota periodística de La Prensa Gráfica.

Acá no hay tráfico de influencias por el hecho de ser el Presidente de la Asamblea. La empresa de la que él forma parte compró a precio de mercado sin afectar el patrimonio del IPSFA y no se valió de influencia alguna para pagar por los lotes que su empresa adquirió.

La pregunta que cabe hacerse es , entonces, la siguiente:

¿Por qué La Prensa Gráfica levanta un caso dónde no hay indicios de corrupción y lo exhibe públicamente por más de una semana, le dedica titulares enteros por 5 días seguidos, varias páginas de la sección de Nacionales, recoge opiniones en contra del Presidente de la Asamblea de organizaciones detractoras del FMLN y del gobierno como ANEP, FUSADES, FUNDE, Aliados por la Democracia, entre otros, además de diputados del partido ARENA y no le concede el derecho de respuesta al funcionario agraviado y afectado en su imagen?

Por qué a menos de tres meses de las elecciones los periódicos levantan este caso y en cambio ocultan y le bajan perfil a uno que ya fue investigado por una comisión especial de la Asamblea Legislativa y por la Fiscalía General de la República y que además ha sido judicializado, como es el caso del ex presidente Francisco Flores?

Los 400 mil dólares que pagó la sociedad de la que forma parte como accionista minoritario el Presidente de la Asamblea Legislativa por la compra de 5 lotes propiedad del IPSFA, caben 30 veces en el desvío de fondos que hizo el ex presidente Flores y más de 4000 veces en las pérdidas del Estado por la venta fraudulenta de La Geo a la empresa italiana ENEL.

La compra de los 5 lotes en Nuevo Cuscatlán no ha supuesto una defraudación al fisco. Los 400 mil dólares pagados ingresaron a la contabilidad del IPSFA. Y esta institución seguro los utilizará para pagar algunas de las las pensiones de los militares.
En cambio, los 15 millones de dólares por los que la Fiscalía acusa al ex presidente Flores no ingresaron a la hacienda pública. Fueron desviados de su destino original y acabaron en bolsillos privados.

Por qué entonces los medios de comunicación y las organizaciones que dicen trabajar por la transparencia prestan excesiva atención a un caso donde no hay indicios de corrupción y menos de malos manejos de dineros públicos y no profundizan en un evidente caso de corrupción y lavado de dinero como es el desvío de los fondos de cooperación taiwanesa?

Esta doble moral es la que esta tarde vengo a poner de manifiesto ante los amigos y amigas que me escuchan porque no me cabe ninguna duda que se hace con un claro propósito electoral.

La publicación del caso que se ha dado en llamar “el caso Reyes-IPSFA” forma parte de una fina estrategia de desgaste electoral que busca favorecer al partido ARENA de cara a las próximas elecciones.

No descarto que los medios de comunicación, sobre todo escritos que son los que más se prestan a este tipo de campañas sucias, estén montando nuevas publicaciones, disfrazadas de revelaciones, de otros funcionarios o ex funcionarios del gobierno anterior para provocar desgaste electoral en el FMLN.

Dicho sea de paso. Y esto lo afirmo porque se lo escuché al Secretario de Participación Ciudadana y Transparencia en un programa de debate televisivo, si hay que investigar al Presidente de la Asamblea Legislativa por la compra de 5 lotes que hizo la sociedad de la que forma parte, se debería investigar también a un diputado de ARENA que es accionista de una empresa que le vende alimentos desde hace años a los Centros Penales, y por tanto , a una institución del gobierno.

O el emprendedurismo y los negocios en unos se critica y en otros se oculta…

Las encuestas de proyección electoral que ya comenzaron a publicar algunos medios de comunicación revelan al menos tres cuestiones inobjetables.

Primero, ningún partido político se hará con la mayoría simple en la Asamblea Legislativa después del 1 de marzo del 2015.

ARENA y FMLN obtendrán un número similar de diputados y diputadas al que tienen en estos momentos.

Si las proyecciones de aceptación partidaria no sufren virajes importantes en lo que resta de la campaña electoral, lo más probable es que ARENA y FMLN aseguren las diputaciones que ganaron en el 2012.

GANA y PCN, por su parte disputarán la tercera posición, siendo el escenario más probable que la Gran Alianza acabe obteniendo más diputados que Concertación Nacional, como es en la actualidad.

GANA demostró en el 2012 ser una fuerza política en crecimiento, con liderazgos locales y trabajo territorial en todo el país, capaz de disputar la marca de la derecha social y de capitalizar los réditos electorales de los programas sociales gubernamentales, en la medida que no vacila en apoyar al FMLN cuando se trata de asegurar los fondos necesarios para estos programas.

La llave para las decisiones legislativas la tendrán, entonces, estas dos fuerzas partidarias. Del comportamiento político y de las alianzas que construyan dependerá la gobernabilidad del país.

Si se suman a la estrategia de hostigamiento y desgaste que ha iniciado ARENA, lo más seguro es que el país se paralizará.

Si votan con patriotismo por aquellas iniciativas que sean de beneficio para el país, pero sobre todo, para los sectores más vulnerables, tendremos gobernabilidad y sin duda la situación de los salvadoreños mejorará significativamente.

En segundo lugar, de las encuestas conocidas hasta ahora se concluye que es evidente que una parte importante de la población no está conforme con el rumbo del país.

Esta ha sido una constante en las dos últimas décadas.

A pesar de los altos niveles de aceptación que mantuvieron los dos gobiernos anteriores a lo largo de su período, los salvadoreños siempre expresaron, en un caso más que en otro, insatisfacción por la situación general del país.

Lo importante acá es dilucidar con qué situación es que los salvadoreños no están a gusto.

Más del 70 por ciento de los salvadoreños no aceptan que la delincuencia les siga golpeando. Nadie en su sano juicio aceptaría que las pandillas y el crimen organizado continúen cometiendo asesinatos y extorsiones y sembrando zozobra en el territorio nacional.

Ahí está uno de los principales desafíos del nuevo gobierno, pero también del resto de fuerzas políticas y sociales e instituciones del país.

Tienen que darse giros importantes en la estrategia de combate de la criminalidad de modo que ésta no se convierta en un factor de desgaste del gobierno y del partido en el poder.

Estoy convencido que para ello las políticas de seguridad pública deben poner mayor énfasis en la prevención del delito y en una progresiva presencia territorial del estado en las zonas de mayor incidencia delincuencial.

En el dato de insatisfacción ciudadana registrado por las encuestas asumo también que el rumbo diferente para el país que anhelan los salvadoreños se debe a que aspiran a que la economía adquiera un dinamismo tal que permita la generación de más y mejores empleos, y que las condiciones de pobreza aún existentes vayan disminuyendo progresivamente, como ocurrió en el último quinquenio.

Este es otro desafío para el gobierno Sánchez Cerén y que aparece recogido en el Presupuesto 2015 que fue aprobado por la Asamblea Legislativa.

El énfasis de este presupuesto en la Seguridad Pública, en la modernización de nuestra economía y en mejorar la Salud y la Educación, puede provocar que el descontento vaya reduciéndose y la esperanza y el optimismo retome la dinámica de crecimiento que venía registrándose desde 2009.

Pero el alto porcentaje de insatisfacción por la situación del país que reflejan las encuestas no significa que la mayoría de salvadoreños respalde o desee el rumbo que propone la derecha oligárquica.

Este es, a mi juicio, el tercer mensaje que envían los salvadoreños al ser consultados por las distintas casas encuestadoras.

Si los salvadoreños expresaran nostalgia por los “tiempos de ARENA”, las proyecciones electorales de este partido político serían más favorables y el respaldo a su plataforma legislativa y municipal alcanzaría mayores niveles de aceptación y endoso ciudadano.

La realidad es muy diferente.

Si los comicios fueran en este momento, el FMLN superaría, tanto en la capital como a nivel nacional, en resultados electorales para alcaldes y diputados.

Sólo una de estas encuestas, la del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), le concede una leve ventaja a ARENA sobre el FMLN en la votación de diputados, que no pasa de un punto porcentual.

Aquí es donde se vuelve útil para la oposición legislativa una fina y bien estructurada estrategia de desgaste y de manipulación mediática de la opinión pública que cambie estos resultados en los meses que restan para las elecciones.

Insisto, muy a pesar de esta guerra política electoral que ha iniciado ARENA, el rumbo del país que anhela la derecha oligárquica no es el rumbo que desea la mayoría de salvadoreños.

Los salvadoreños ya no queremos un Estado orientado a satisfacer los intereses y apetitos económicos de un pequeño grupo de poder.

Deseamos un Estado orientado a cubrir las necesidades de la mayoría de la población.

Las políticas públicas deben asegurar un mayor crecimiento de la actividad económica y una reducción significativa de las desigualdades sociales y de la concentración del ingreso.

ARENA no lo consiguió cuando tuvo el control del Ejecutivo. Por el contrario, profundizó las desigualdades y la concentración del poder en unos cuantos.

ARENA y sus diputados no han mostrado evidencias de que han cambiado y menos de que, en caso volvieran al poder, gobernarían con un espíritu diferente.

Los diputados y diputadas de ARENA se desgarran las vestiduras exigiendo transparencia y probidad en la gestión pública, pero esconden sus pecados y protegen a sus corruptos.

Al país no le convienen diputados y diputadas que cuando estuvieron en el Ejecutivo orientaron los recursos públicos a favorecer intereses privados de unos cuantos grupos empresariales ligados al gobierno.

El 65 por ciento de la población que expresa su insatisfacción por la situación actual del país según LPG datos (porcentaje que se reduce en la encuesta del IUDOP) no quiere el rumbo que décadas atrás le imprimieron quiénes gobernaron en esos años.

Los principales recursos del país pasaron a manos de unos pocos a través de las privatizaciones y los beneficios gubernamentales siempre tuvieron “dedicatoria”

El caso Flores-Taiwan es uno de tantos ejemplos de cómo se apropiaron de los recursos públicos para favorecer intereses privados y no los de la mayoría de la población.

Está claro, entonces, que el rumbo del país al que aspiramos los salvadoreños no es el mismo que desea “recuperar” el partido ARENA.


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