Las “maras” y la debilidad del Estado… | Mauricio Funes Sin Censura

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Las “maras” y la debilidad del Estado…

Lo primero que habría que decir es que las pandillas, conocidas en toda Centroamérica como “maras” constituyen un fenómeno social que nace en nuestro país a inicios de los 90, entre otras razones, por el aumento de las deportaciones, sobre todo de criminales, provenientes de Estados Unidos y el debilitamiento del Estado que inician los gobiernos de ARENA.

En todos estos años de administraciones de la derecha oligárquica, las maras compitieron en autoridad con un Estado debilitado, tanto en presencia territorial como por la casi nula atención a las necesidades básicas de las comunidades ubicadas en los municipios más pobres y marginados del país.

Bajo un esquema neoliberal de desmontaje del aparato de Estado y de consiguiente debilitamiento del gobierno, las tres primeras administraciones de ARENA se encargaron de reducir el aparato gubernamental a su mínima expresión y capacidad.

Fue así como se produjo el “asalto” de parte de la oligarquía al Estado salvadoreño, a través de procesos de privatización amañados y poco transparentes, que permitió la concentración económica casi a la par del surgimiento y fortalecimiento de las maras.

Y es que sólo se podía llevar acabo este saqueo de bienes públicos y aumento de la violencia pandilleril si las instituciones habían sido debilitadas.

De esta forma, no sólo se redujo el tamaño del Estado, sino que éste se volvió indiferente e ineficiente para atender los problemas de los barrios y colonias marginales en las ciudades y poblaciones rurales más pobres del país.

Teniendo la emigración hacia los Estados Unidos, como válvula de escape ante la falta de atención de los problemas sociales y económicos de estas comunidades, el Estado literalmente las abandonó a su suerte y dejó que las pandillas, no sólo le disputaran autoridad territorial al gobierno y a las municipalidades, sino que se convirtieran en refugio de jóvenes frustrados dada la falta de salida y rumbo para sus vidas.

Venir a decir en estos momentos, por conveniencia electorera, que las pandillas se fortalecieron por causa de la tregua pactada entre ellas, no deja de ser una falacia en boca de sus promotores.

A lo largo de la década de los 90, justo después de la firma de los Acuerdos de Paz, y sobre todo, en los años posteriores, las pandillas fueron creciendo en número, en operatividad y en extensión territorial.

Incluso, algunas de ellas, como la MS, extendieron su accionar fuera del país y ya se encuentran en Guatemala, Honduras y en una parte de México en número significativo.

Un informe publicado días atrás por Joaquín Villalobos revela que la “Mara Salvatrucha” mantiene una fuerte presencia territorial en el Sur de México, especialmente en Tapachula, y ha participado junto a los llamados “Kaibiles” guatemaltecos en el adiestramiento de las unidades de exterminio de algunos de los Cárteles de la droga mexicanos.

Este desarrollo y fortalecimiento de las pandillas, ocurrido mucho antes de la tregua del 2011, es ignorado deliberadamente por ARENA y medios de comunicación de derecha, así como por quiénes se exhiben como “especialistas” en seguridad o criminología.

Las pandillas en el país se transformaron en unidades de tarea al servicio del crimen organizado, especialmente del narcotráfico, y se armaron y extendieron por todo el territorio nacional, insisto, mucho antes de los meses en que duro el pacto de no agresión entre ellas.

Estoy convencido, por tanto, que más que la tregua de 18 meses, lo que permitió el surgimiento, desarrollo, expansión y fortalecimiento de las pandillas, en tanto estructuras criminales, es el debilitamiento y posterior abandono del Estado a los municipios y comunidades marginadas del país.

Siempre fui de la opinión que la tregua entre pandillas por sí sola no acabaría con el flagelo de la delincuencia, en la medida que nos ponía a merced de la voluntad y disposición de diálogo y arrepentimiento de sus principales líderes, buena parte de ellos, recluídos en los centros penales y purgando largas condenas.

Se trataba, en el fondo, de un acuerdo “pegado con saliva”, que una vez sin el seguimiento y facilitación de las autoridades de seguridad pública, lo más probable es que las pandillas retomarían la cadena de venganza y responderían agresivamente, aumentando los homicidios y las extorsiones.

A pesar de la evidencia empírica de los magros y contradictorios resultados que en el pasado habían arrojado planes de seguridad basados en la aplicación de la “mano dura” , ha cobrado vida, de nuevo, la tesis que lo que hace falta es una más efectiva y eficiente persecución policial de las pandillas.

A esa tesis responde la llegada en los próximos días del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Guliani, y la insistencia electorera de que la tregua en tiempos del gobierno Funes ha provocado el fortalecimiento de las pandillas, en la medida que se les concedieron supuestos beneficios al margen de la ley.

Como he asegurado en otras ocasiones, ningún miembro de pandilla recibió algún tipo de beneficio o concesión de parte de las autoridades de seguridad pública que condujeran al fortalecimiento de su capacidad operativa.

Se aplicó la Ley Penitenciaria en toda su amplitud y se diseñó un Programa de intervención del Estado en los municipios de mayor incidencia delincuencial, con el propósito de recuperar su control y disputar autoridad e influencia sobre la población civil.

El poco avance alcanzado en este Programa no se debió a la falta de interés en el mismo, como equivocadamente han denunciado algunos alcaldes que fueron los únicos que se “sentaron” a negociar con las pandillas en sus comunidades, sino por falta de recursos de las instituciones de gobierno que tenían a su cargo la prevención de la violencia.

Ahora estamos ante la oportunidad valiosa de retomar esta dinámica, iniciada meses atrás, a fin de intervenir con mayor eficacia en la solución de los problemas sociales y en la reducción de la exclusión de las comunidades.

No descarto la necesidad de incrementar la presencia territorial de la Policía y menos de aumentar su efectividad en la persecución y en el combate de criminales.

Necesitamos más policías, mejor armados , mejor entrenados y con capacidad y destreza para enfrentarse al crimen organizado y a las pandillas.

Pero no es suficiente. Al final obtendríamos similares resultados de los años en que sólo se apostó a la aplicación de la fuerza policial.

No hay que pasar por alto que el país solo cuenta con unos 23 mil policías, apoyados por 7 mil efectivos militares involucrados en tareas de seguridad pública, frente a más de 60 mil pandilleros, según registros de las propias autoridades.

Dicho sea de paso, a nuestra fuerza pública en años anteriores no se le proporcionaron los recursos que necesitaba para mejorar su accionar en el terreno, bajo una extraña y hasta perversa lógica de que el Estado debía ser “pequeño y barato”.

La política antigasto de la derecha oligárquica no sólo ha provocado la escases de recursos para invertir en el equipamiento y mejor educación de las fuerzas de seguridad pública, sino que también ha llevado al desfinanciamiento de algunos programas sociales, claves para garantizar la inclusión de miles de jóvenes que enfrentan el riesgo de ser reclutados por las pandillas.

Por eso no deja de ser hipócrita la posición de los que responsabilizan a la tregua y a mi gobierno del fortalecimiento de las pandillas y del incremento de los hechos delincuenciales en los últimos meses.

Por eso es también un error estratégico de parte de la dirigencia del FMLN y del presidente Sánchez Cerén, asegurar que el gobierno anterior pactó con las pandillas y que este acuerdo explica el fortalecimiento y mayor operatividad mostrada por éstas en los meses que van del gobierno actual.

Mantener este enfoque no sólo se le acaba haciendo un flaco favor a la derecha oligárquica que necesita presentar a un gobierno del FMLN que ha fracasado ante el problema de la delincuencia, para fines estrictamente electorales, sino que nos estaríamos alejando de una solución integral al problema.

Las cosas hay que decirlas por su nombre: quiénes han fortalecido a las pandillas son los gobiernos de ARENA que bajo un enfoque neoliberal de la economía desmantelaron y debilitaron territorialmente al Estado, al grado de volverlo incapaz e insensible ante los problemas sociales del país, sobre todo, de las comunidades pobres y marginadas.

Mientras no cambiemos la concepción del Estado y del gasto público, especialmente, en lo que a inversión social se refiere, no habrá solución que camine y los salvadoreños seguiremos expuestos a los embates de la criminalidad.

No hay Rudolph Guliani con su visión “tolerancia cero” que pueda reemplazar al impacto y efectividad del gasto social en reducir la delincuencia en nuestro país.

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