Programa 8 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 8 – Editorial

Esta vez, el programa cae en medio de dos fechas trascendentales para el país sobre las que deseo reflexionar: el 14 aniversario del terremoto del 2001, el pasado 13 de Enero, y la conmemoración, el día de mañana, del 23 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, suscritos el 16 de enero de 1992.

En el primer caso estamos frente a una muestra palpable de abandono estatal a los familiares de las víctimas del terremoto, especialmente, de los residentes de la Colonia Las Colinas, en Santa Tecla, que fue la zona más afectada por el sismo.

Recordaran que el presidente de entonces, Francisco Flores, demoró dos días en llegar a reconocer la zona y a prestar atención a los afectados.

Fue la maquinaria contratada por el alcalde de Santa Tecla, que en ese entonces era el vicepresidente Oscar Ortiz, la que llevó a cabo los trabajos de remoción de escombros y rescate de sobrevivientes, que se encontraban bajo toneladas de tierra que se desprendieron de la montaña colapsada.

Este mismo personaje, Francisco Flores, que indignó a los residentes de Las Colinas, por su indiferencia y falta de solidaridad con las víctimas y sus familiares, fue el que desvió, según investigaciones de la Asamblea Legislativa y de la Fiscalía General de la República, una importante cantidad de ayudas provenientes del hermano país de China-Taiwan.

En su confesión extrajudicial ante la comisión legislativa que investigó el destino de los fondos de la cooperación taiwanesa, el propio Flores aceptó haber recibido de manos del ex presidente Chen Shu-vian varias decenas de millones de dólares que, de acuerdo a su versión, fueron destinados para atender las necesidades de los afectados por los terremotos del 2001.

Lo revelador de estas declaraciones es que ninguno de sus funcionarios más cercanos, y tampoco, los representantes de la directiva de Las Colinas, confirmaron que este dinero haya llegado a las manos de los afectados.

Según la versión de Flores, la ayuda la recibió a través de cheques emitidos a su nombre por el propio Presidente de Taiwan y él entregó esos recursos a los afectados por el terremoto en “sacos” de dinero.

Amigos y amigas, estamos ante un evidente acto de corrupción, de verdadero desvío de recursos públicos, que debería indignar a los salvadoreños y sobre todo a la dirigencia actual del partido ARENA, la que lejos de ello, ha encubierto al ex presidente Flores al victimizarlo e insistir que toda la investigación que se articuló en torno a este caso fue producto de una persecución política de mi gobierno; intentó, además, bloquear la investigación de la Asamblea Legislativa; presionó a la Fiscalía para que no avance en el descubrimiento de los verdaderos destinatarios; eliminó evidencia al destruir la contabilidad del partido en los meses en que ocurrieron los desvíos de fondos; presiona mediáticamente al juez para que dicte sobreseimiento definitivo en el caso y fabrica supuestos casos de corrupción, sin evidencia confiable y en complicidad con algunos medios de comunicación, para tirar una cortina de humo sobre este bochornoso acto de corrupción.

Los familiares de las víctimas deberían organizarse y exigir que esta ayuda sea devuelta por el ex presidente Flores para ayudar a la reconstrucción de sus viviendas.

La sociedad entera debería presionar para exigir que se aclaren algunas de las interrogantes pendientes de investigación.

Cuánto dinero proveniente de la cooperación taiwanesa y de ayudas proporcionadas por el ex presidente Chen Shu-vian fue desviado para otros bolsillos, que por supuesto no fueron los afectados por los terremotos del 2001?

Quiénes fueron los verdaderos destinatarios de estos fondos de cooperación?

Por qué no se investiga la ruta que siguió el dinero y el uso de un Banco de Miami, propiedad de acaudaladas familias salvadoreñas, a fin de deducir responsabilidades?

Qué mecanismo empleó el ex presidente Flores para mover este dinero y quiénes fueron sus cómplices y encubridores?

Por qué no se explora la tesis que el dinero de taiwan no necesariamente entró a cuentas privadas de Flores sino a cuentas o negocios de testaferros o incluso de grupos empresariales que tenían en esos años serios problemas económicos y de liquidez, y algunos de los cuales, han financiado y continúan financiando al partido ARENA?

Los afectados por los terremotos del 2001 aún están esperando que se les reconstruyan sus viviendas dañadas.

No sólo por respeto a las victimas de los terremotos, particularmente, del sismo del 13 de Enero del 2001, este caso de evidente corrupción que involucra al ex presidente Flores debería ser aclarado, sino porque, además se trata de una forma peculiar de ejercer el poder que ha caracterizado a las administraciones del partido ARENA.

Sus dirigentes y diputados han dicho que se trata de una vendetta política que arrancó con la campaña electoral del 2014.

Algunos han tenido el descaro de asegurar que el ex Presidente Flores es un preso político del régimen en turno.

Un ex gobernante que utiliza los resortes del Estado para actuar impunemente y desviar recursos provenientes de la cooperación de un país amigo. Dinero que además aún no sabemos dónde está, en que bancos está depositado, en que negocios ha sido invertido, quiénes le ayudaron a moverlo a través del sistema financiero y quiénes finalmente, fueron los que al final de cuentas se han visto favorecidos con esta operación fraudulenta, no puede ser considerado como perseguido político y menos como un ex presidente al que hay que recordar con aprecio y estima, como lo hace El Diario de Hoy y varios de sus columnistas.

El partido Arena, en vísperas de las elecciones legislativas y municipales del próximo 1 de marzo, continúa sin decidir su expulsión.

Sus candidatos a diputados omiten referirse al caso por temor a enfrentar a la dirigencia arenera o bien porque justifican las acciones del ex presidente.

Nunca apoyaron las investigaciones de la comisión especial que se creó en la Asamblea Legislativa y presionaron al Fiscal General para que no presentara cargos contra el ex presidente.

Y ahora trabajan, junto a algunos medios de comunicación, en la victimización del expresidente para que el juez no tenga más opción que dejarlo en libertad y con ello, el caso quede en la más completa impunidad.

Esa debería ser una de las reflexiones que los salvadoreños debemos tener presente al momento de emitir nuestro voto el próximo 1 de marzo.

En esta segunda parte del programa quiero referirme al 23 aniversario de la firma de los acuerdos de paz que mañana conmemorará el gobierno con la presencia de los Secretarios Generales de la ONU y la OEA.

He escuchado y leído algunas valoraciones de diferentes sectores políticos y económicos del país sobre los cambios ocurridos en El Salvador en estos 23 años posteriores a la firma de la paz.

Lo primero que deseo anotar es que el país ha fortalecido su institucionalidad y esto ha permitido una mayor consolidación de su democracia.

Aún hay deudas pendientes, especialmente en materia de participación ciudadana y cambios estructurales a nivel económico y social, pero no cabe duda que hemos avanzado en todos estos años.

Hoy contamos con una nueva institucionalidad, más democrática y transparente.

Una nueva policía, de carácter civil, que poco a poco se ha venido ganando la confianza de la ciudadanía.

Una fuerza armada más profesional, moderna y obediente al poder civil.

Una Asamblea Legislativa más plural y sometida al control ciudadano, en la que están representadas la mayoría de las fuerzas políticas e ideológicas del país.

Una Corte Suprema de Justicia, que ya no es nombrada por el Ejecutivo, y que juega un rol en el proceso de pesos y contrapesos que requiere una sociedad democrática, en la que ningún órgano del Estado predomina sobre el otro.

Una Fiscalía más eficiente y dedicada a la investigación del delito.

Y lo más importante, un proceso creciente de participación ciudadana que era impensable en los años de la guerra y antes de ella.

Recordemos que uno de los reclamos más audaces de nuestro obispo mártir fue justamente la intolerancia frente al pensamiento disidente y la exclusión que el régimen hacía de aquellos sectores que no tenían forma ni recursos para expresarse y que él denominaba como “los sin voz”.

Ahora se han ampliado los espacios de participación y expresión ciudadana en buena parte de los medios de comunicación, fortalecidos con el surgimiento de medios alternativos.

Decir, como sostienen algunos, sobre todo en ARENA, que estábamos mejor antes de los acuerdos de paz, que ahora, porque el clima de la violencia era menor que hoy en día es un verdadero desaguisado.

Haber superado lo que la Comisión de la Verdad denominó como “los años de locura” constituye un avance significativo que sólo un verdadero ciego de la política nacional no reconoce.

Por supuesto que tenemos problemas de violencia social y delincuencia por superar.

Y por supuesto también, que uno de los mayores déficits derivados de los acuerdos de paz y que el fin de la guerra no resolvió es que en todos estos años no hemos podido desmontar totalmente un sistema económico oligárquico, diseñado para favorecer a unos cuantos grupos empresariales en detrimento de la mayoría.

Persiste la pobreza, persiste la desigualdad social y ha aumentando la concentración de la riqueza.

El Foro Económico y Social que se creo para ese propósito nunca funcionó y el intento de recuperar ese espació de concertación y discusión de los problemas económicos del país que llevamos a cabo en mi gobierno fue finalmente abortado por las gremiales empresariales en representación de intereses oligárquicos.

Ese es el más importante desafío que plantean los acuerdos de paz al país entero.

Uno de los ex comandantes del FMLN que participó en todo el proceso de negociación reveló hace algunos días que cuando se puso en la mesa de diálogo con el gobierno el tema de las reformas económicas que había que pactar para que el país superara las causas que provocaron el conflicto militar, la posición de los representantes del gobierno de ARENA de entonces fue que el tema económico había que sacarlo de la agenda de lo contrario no habría firma de la paz.

Es decir, ARENA negoció la reducción y desmantelamiento del ejército sin vacilaciones, pero se resistió a tocar el tema de los ajustes neoliberales que el gobierno Cristiani había comenzado a promover, entre ellos, los procesos de privatización que estaban por venir.

ARENA se ocupó de presentar a la Fuerza Armada como responsable de los abusos de poder y de la guerra misma, y dejó a un lado la responsabilidad de los grupos oligárquicos en todo este proceso.

Sus privilegios nunca fueron desmontados y por el contrario, inició luego de los acuerdos de paz un proceso de verdadero “asalto” de los bienes del Estado: la banca, el comercio exterior, las telecomunicaciones, la distribución de energía eléctrica, las pensiones, entre otros.

Lo que se disfrazó como proceso de modernización de la economía no fue más que un proceso de concentración económica, a través del cual se privatizaron las ganancias y se socializaron las pérdidas.

Ninguno de esos procesos de privatización fueron sometidos al escrutinio y a la consulta ciudadana y acabaron siendo aprobados por una Asamblea Legislativa dominada por la derecha oligárquica.

Simultáneamente, el Estado fue debilitado en su capacidad para intervenir los territorios y proporcionar seguridad así como en su capacidad para atender las necesidades insatisfechas de las familias más pobres y marginadas del país.

El gobierno fue reducido a su mínima expresión bajo la idea que mientras más pequeño y barato, mejor.

En los tres primeros gobierno de Arena no hubo una política social consistente y que corrigiera las graves desigualdades económicas y sociales aún existentes.

Las escasas ayudas estatales a los más pobres no pasaron de ser muestras de simple caridad o asistencialismo, bajo el esquema de la teoría del rebalse que establece que hay que provocar el crecimiento de los sectores de mayores ingresos para luego esperar a que la riqueza rebalse y llegue a los sectores más pobres del país.

Ese rebalse nunca se dio en las administraciones areneras.

Fue la marginación y la ausencia del Estado en los barrios y colonias pobres de las ciudades así como en los cantones y caseríos de las zonas rurales del país lo que indujo a la emigración hacia Estados Unidos y al crecimiento y expansión de las maras, como únicas opciones de vida para nuestros jóvenes.

Como he sostenido en otras ocasiones, las pandillas, mejor conocidas como “maras”, surgieron poco después de la firma de los acuerdos de paz como resultado de la masiva deportación de salvadoreños de los Estados Unidos, sobre todo con antecedentes criminales, y por el abandono del Estado a las comunidades pobres y marginadas del país.

A la par del proceso de concentración de la riqueza que facilitaron las privatizaciones y el uso de los resortes del gobierno para favorecer los intereses de unos cuantos grupos empresariales, ocurrió un proceso de crecimiento, expansión territorial y fortalecimiento de las pandillas y el crimen organizado.

Un Estado débil y sin presencia territorial no podía impedir que el crimen y la violencia social creciera en nuestro país.

Este proceso se dio durante los gobiernos de ARENA y no comenzó en el 2009 y menos fue el resultado de los 18 meses en que duro la tregua entre pandillas.

Por razones electoreras la derecha insiste que fue la tregua la que ha fortalecido a las pandillas, pasando por alto que este es un proceso que viene desde los gobierno de ARENA y que las políticas de “mano dura” no pudieron contener.

Digamoslo con todas la letras: las pandillas se han expandido y se han fortalecido porque ARENA desmanteló al Estado, lo debilitó en su capacidad para ocupar los territorios de mayor índice delincuencial, y no construyó una política social que atendiera las necesidades de las poblaciones pobres y marginadas del país.

En lugar de ello, ARENA a la par que estimuló y permitió el fortalecimiento de las pandillas, hizo posible que unos pocos grupos empresariales, sustitutos de las antiguas 14 familias oligárquicas que dominaron al país por más de 100 años, concentraran más riqueza y poder.

Para eso ha legislado ARENA en todos estos años: para permitir que la concentración de la riqueza aumentara y para satisfacer los intereses de unos cuantos grupos empresariales en detrimento de las inmensas mayorías del país.

Esa realidad es la que debemos tener en mente al momento de votar este próximo 1 de marzo.

Reflexionemos amigos y amigas, qué queremos: que continúe el despojo de los bienes públicos, que se legisle para que unos pocos se hagan más ricos, o que continúen los programas sociales y los subsidios de modo de ir reduciendo poco a poco las desigualdades sociales…
Hago el mismo llamado que hice en el programa anterior: construyamos un movimiento ciudadano de apoyo a los cambios, que exija a los partidos en contienda un compromiso público por asegurar desde la Asamblea Legislativa el financiamiento de los programas sociales y las ayudas estatales.

Debemos crear el “Movimiento Ciudadano: Yo voto por los cambios”…

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