¿Qué debemos tener presente al votar el 1 de marzo? | Mauricio Funes Sin Censura

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¿Qué debemos tener presente al votar el 1 de marzo?

No voy a opinar sobre qué partido hay que apoyar en las próximas elecciones o qué candidata o candidato es mejor que el resto. Esa es una decisión que le corresponde a cada elector.

Me parece un acto de verdadera arrogancia decir por quién voy a votar yo, pretendiendo de esa forma que mis “seguidores” hagan lo mismo.

Sin embargo, a menos de mes y medio de las elecciones, deseo hacer algunas consideraciones que habría que tener presentes al momento de emitir el voto, tanto para alcaldes como diputados.

Primero, debemos preocuparnos por conocer qué fuerzas económicas o sociales están detrás de los ofrecimientos de campaña de los candidatos, sobre todo, de quiénes se presentan como “inexpertos” en política o sin trayectoria partidaria.

En el pasado fueron aprobadas en la Asamblea Legislativa una serie de iniciativas o proyectos de Ley que permitieron el “asalto” al Estado que han perpetrado los grupos de poder económico en el país.

Y quiénes lo hicieron fueron, precisamente, los que dijeron que lo hacían para favorecer a la población.

Si hubiéramos conocido este plan de aprovechamiento de los recursos públicos, quizás muchos engañados no habrían votado por ellos.

Los compromisos que adquieren los candidatos y candidatas con sus patrocinadores y financistas deben quedar al descubierto, a fin de saber a ciencia cierta a quién estamos apoyando en realidad.

Todo candidato una vez elegido y ya en el poder defiende intereses. Lo importante es saber dilucidar si este interés defendido corresponde o no al interés público o al de un grupo de poder.

A esa tarea deben contribuir los Medios de Comunicación, en lugar de prestarse al juego de las apariencias y ocultar acciones del pasado que pueden afectar electoralmente a alguna de las fuerzas políticas en contienda.

Acá funciona aquello de que “dime quién te patrocina y te diré a quien representas” , o lo que es lo mismo, parafraseando a un conocido dirigente de ARENA: “más vale una onza de lealtad, léase hacia el financista, que una tonelada de sabiduría”

Las iniciativas privatizadoras, aprobadas en tiempos en que ARENA hacía mayoría con otros partidos de la derecha, fueron diseñadas, apoyadas e implementadas para garantizar que unos cuantos se quedaran con los bienes del Estado. Los mismos que han financiado a este partido político por décadas.

La forma cómo se privatizó la banca, las telecomunicaciones, las empresas distribuidoras de energía eléctrica, el sistema de pensiones, entre otros, provocó un proceso de concentración de la riqueza en pocas familias y aumentó las desigualdades, en detrimento de los más pobres del país.

Decir que todas esas leyes fueron de beneficio para la población, o que con ellas se buscaba la modernización de nuestra economía, no deja de ser una verdadera hipocresía.

A través de ellas se socializaron las pérdidas que venía teniendo el gobierno, pero al mismo tiempo se privatizaron las ganancias, que quedaron y siguen quedando en un reducido grupo de empresas.

A la fecha es poco lo que los candidatos han dicho qué harán de diferente si llegan a la Asamblea Legislativa.

En el caso de las diputaciones lo que ha predominado hasta el momento es una pobreza de planteamientos que no acaban de conectar con las necesidades de la gente.

Y no es que no existan programas de gobierno legislativo. Defender los intereses de la oligarquía es un objetivo estratégico del programa de gobierno del partido ARENA.

Claro que hay programas, lo que ocurre es que no conviene revelarlos a fin de atraer las voluntades ciudadanas.

Desde una perspectiva mercadológica, es más conveniente acuñar una serie de frases hechas, con fines publicitarios y de engaño a la población, qué revelar los intereses que se defenderán una vez sentado en el curul legislativo.

EL FMLN, y en alguna medida GANA, han insistido a través de sus campañas y de sus apariciones públicas que al llegar a la Asamblea Legislativa continuarán apoyando financieramente los programas sociales y todas aquellas iniciativas que sean de beneficio para la población.

Eso ya es algo, si tomamos en cuenta que en esta legislatura que está por terminar fue justamente lo que hicieron.

Sin los votos del FMLN, GANA y con frecuencia el PCN y PDC, la estrategia social del gobierno habría sido paralizada.

No hay que olvidar que es la Asamblea Legislativa la que aprueba el Presupuesto para cada ejercicio fiscal, además de los préstamos internacionales o la emisión de bonos, que al final acaban resolviendo problemas de caja y de financiamiento presupuestario.

Al partido ARENA, en especial, sólo le hemos escuchado insistir en que el gobierno debe hacer un significativo ajuste fiscal, basado en el recorte de sus gastos, de lo contrario no contará con sus votos.

Ya lo aclaró recientemente el Ministro de Hacienda.

En la medida que el país continúe manteniendo una tasa de crecimiento baja, el ajuste fiscal acabará frenando este mismo crecimiento y nos puede conducir a una crisis sistémica.

Con bajo crecimiento, que repercute en los niveles de recaudación tributaria, no es factible recortar gastos a menos que se sacrifiquen los programas sociales y las ayudas estatales, que son los que más presupuesto consumen.

ARENA habla de terminar con el despilfarro gubernamental.

Pero qué tipo de gastos vamos a considerar como despilfarro?
Para ARENA y sus testaferros, los viajes al exterior en misiones oficiales son considerados como despilfarro de recursos.

Una cosa es que haya que rendir cuentas sobre el beneficio que estos viajes puedan traer al país, y otra muy diferente, es que se esté proponiendo eliminar o reducir considerablemente este tipo de misiones que dentro de un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, se convierten en una necesidad.

Venir a decir que hay viajes y reuniones con organismos internacionales que podrían sustituirse con las teleconferencias, que tienen evidentemente un costo menor a la de un pasaje de avión y el pago de hospedaje en hoteles, no deja de ser una ingenuidad.

Sólo quién nunca ha participado en una reunión con organismos internacionales o con Jefes de Estado o equipos de trabajo de gobiernos con los que el país tiene relación, puede creer que una misión de este tipo puede ser reemplazada exitosamente por una teleconferencia.

Además de algunos aspectos que requieren de un tratamiento privado, el contacto personal que demandan las gestiones y lobbies con instituciones internacionales, justifica la necesidad del viaje, muy al margen de los resultados obtenidos.

Eliminando viajes, o reduciendo los gastos en transporte, alimentación, seguridad, entre otros, de los funcionarios de gobierno, incluyendo a los diputados, no va a garantizar el financiamiento de las prioridades gubernamentales.

No niego la necesidad de exigir a los funcionarios una rendición de cuentas sobre los viajes que realiza. De hecho, la Corte de Cuentas audita este tipo de gastos y hace observaciones o reparos cuando encuentra que el gasto no se justifica o es superior al monto requerido.

Lo que la ciudadanía esta obligada a conocer es el propósito y resultados de la misión que se lleva a cabo. Y esa rendición ningún funcionario debe evadir.

La naturaleza de la misión al exterior, como el impacto en las condiciones de vida de la población de las decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa, como es el caso que nos ocupa, es lo que el ciudadano debe conocer y tener presente al momento de votar.

No es lo mismo aprobar un préstamo para invertir en mejoras en la Salud de la población o votar un presupuesto que pone énfasis en lo social y en el combate de la delincuencia, que apoyar una ley que elimina el impuesto al patrimonio o a las sucesiones o que crea privilegios fiscales para los grandes capitales, como se hizo durante los gobiernos de ARENA.

Este es el segundo aspecto que no debemos pasar por alto al momento de votar este 1 de marzo.

Un partido y sus candidatos que no adquieren un compromiso público con iniciativas que mejorarían las condiciones de vida de la población no debería ser respaldado en las próximas elecciones.

Hay una serie de proyectos de ley que siguen sin contar con el respaldo de los diputados, sobre todo de ARENA, que habría que pedirles definición ante ellos: la ley del agua, de la soberanía alimentaria o la que prohíbe la explotación minera, por mencionar algunas.

Deberían además, comprometerse a no derogar o reformar la Ley de Desarrollo Social.

O bien, que en las discusiones presupuestarias no abogarán por una reducción de los subsidios y de los programas sociales.

Si no se comprometen a ello es porque quizás ya pactaron con el diablo. Si es así, en lugar del voto lo que hay que regalarles es una cruz.

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