Programa 9 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 9 – Editorial

Tal como lo anuncié en el programa anterior, esta vez hablaremos de dos importantes proyectos para el país. Uno es el Plan de Seguridad que presentó la semana anterior el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana al Presidente Sánchez Cerén…Y otro, si nos queda tiempo, opinaremos sobre el Plan Quinquenal del gobierno que define el rumbo a seguir en los próximos años.

Dos importantes iniciativas que no han sido debidamente discutidas, debatidas y reflexionadas en los espacios de opinión de los medios de comunicación.

Primero quiero referirme al Plan de Seguridad a propósito de las expectativas que tanto la ANEP como un sector de la prensa, sobre todo escrita, pretenden generar con la llegada del equipo de avanzada del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.

Esta semana leímos en los periódicos las entrevistas que Giuliani concedió para anticipar algunas de las medidas que seguramente propondrá luego de una revisión del terreno y una mayor compenetración de él y de su equipo asesor sobre la realidad de nuestro país.

Aunque para opinar con conocimiento de causa habría que esperar a conocer las recomendaciones que formulará, y esto sólo será hasta dentro de tres o cuatro meses, sí puedo referirme, al menos, y comentar algunas de las medidas que el propio Giuliani se encargó de adelantar.

En términos generales, el señor Giuliani sostiene, primero, que no hay que negociar con criminales ni con terroristas porque está demostrado que una negociación acaba fortaleciendo estas estructuras.

No es primera vez que alguien se pronuncia en este sentido.

Ya lo han hecho diferentes actores de la vida nacional, incluyendo al propio gobierno, sobre todo el Presidente Sánchez Cerén y las autoridades de seguridad pública.

Sobre este señalamiento me permito hacer la siguiente consideración.

El gobierno anterior no negoció con criminales en general y menos con los líderes de pandillas en particular.

Tampoco se les concedieron beneficios más allá de los que permite y exige la ley. Ninguno fue excarcelado. A ninguno de ellos se le redujo la pena como suele ocurrir cuando la Fiscalía le da criterio de oportunidad a un delincuente con el propósito que incrimine a otros que están en una posición más alta en la escala de responsabilidades.

El traslado de reos del penal de máxima seguridad a otras cárceles del país, traslado que dicho sea de paso se hizo siguiendo todos los procedimientos contemplados en la Ley y supervisado por los jueces de vigilancia penitenciaria, ocurrió para facilitar el entendimiento entre las pandillas rivales, que fueron las que pactaron una reducción de los homicidios y las extorsiones.

De hecho, los resultados están a la vista: en 18 meses en que duró la tregua entre pandillas los homicidios bajaron en un 52 por ciento.

A mucha gente le cuesta entender que no fue el gobierno el que pactó con las pandillas. Las fuerzas de seguridad pública, en concreto la Policía, continuó y hasta profundizó los operativos antipandillas que dieron por resultado numerosas detenciones y el desbaratamiento de muchas estructuras criminales.

De esa forma evitamos que la tasa de homicidios continuara a la alza, como venía ocurriendo en años anteriores.

Venir a decir, entonces, que el gran acierto del Señor Giuliani es asegurar que no se debe negociar con los criminales, no deja de ser una bufonada en manos de los medios de comunicación, que hacen un uso electorero de estas declaraciones.

La insistencia en que el gobierno anterior pactó con las pandillas y este acuerdo las fortaleció, no permite ver el problema que éstas representan y encontrar la mejor forma de combatirlas.

Quedarse con la mera afirmación de que no hay que negociar con criminales, lleva a la conclusión que en lugar de ello, a los criminales hay que perseguirlos, capturarlos y meterlos en la cárcel por un buen tiempo.

Es justamente eso lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Las bartolinas de la PNC y los centros penitenciarios del país están repletos de pandilleros a los que se les ha acusado de diferentes delitos. La mayor parte de ellos siguen sin recibir condena. Lo cual es una falla grave no de la policía o del gobierno, sino del órgano judicial.

Cuando Giuliani asegura que en nuestro país sólo un 5% de las capturas son judicializadas, es decir, que siguen un proceso judicial que acaba en una condena, no hace otra cosa que corroborar una realidad de verdadera impunidad, que ya todos conocemos y que sólo podrá ser corregida con una adecuada depuración y profesionalización del órgano judicial.

Esta es una deuda de la Corte Suprema de Justicia y no de la Policía o de la Fiscalía.

Por el contrario, el Plan El Salvador Seguro que presentó el Consejo de Seguridad la semana pasada hace un diagnóstico certero de cuáles son las causas que explican la expansión y complejización del accionar criminal en nuestro país.

En uno de sus párrafos se lee: “… Los históricos niveles de exclusión y vulnerabilidad social, los patrones culturales que toleran, normalizan y reproducen la violencia, la debilidad institucional que provoca impunidad…todo esto ha estimulado el establecimiento, la complejidad y la reproducción de las expresiones criminales y violentas en nuestra sociedad…”

Para quiénes integran el Consejo de Seguridad, y acá hay que recordar que además del gobierno están presentes representantes de otros órganos del Estado, de la empresa privada, de las iglesias, de las organizaciones sociales, etc., el fenómeno de la violencia social y delincuencial y por tanto, el fortalecimiento de las pandillas es un proceso de décadas enteras de exclusión social y de debilitamiento del Estado, y en ninguna parte del documento se lee que la tregua pactada entre las pandillas haya sido la causa de su expansión y fortalecimiento.

Insisto en esto porque mientras no enfoquemos adecuadamente este problema, las soluciones no pondrán énfasis en reducir las desigualdades sociales, la exclusión y la concentración de la riqueza que estimularon gobiernos anteriores.

Si no establecemos como prioridad de los próximos años el fortalecimiento del Estado, que fue debilitado en los gobiernos areneros para facilitar la concentración de la riqueza que ha provocado pobreza y exclusión social, difícilmente acabaremos con la violencia criminal.

Lo mismo habría que decir de otras recomendaciones que adelanta el ex alcalde de Nueva York.

Propone, para el caso, aumentar el número de efectivos policiales, dotarles de mejores equipos, profesionalizar sus actuaciones y mejorar sus salarios.

En todo esto se ha estado trabajando en los últimos años y la principal limitante que encontramos en el gobierno anterior y en lo que va de este gobierno es justamente las limitaciones presupuestarias que padece nuestro país.

El presupuesto actual de Seguridad Pública no es suficiente para asumir estas tareas con voluntad.

Antes de recomendar aumentar salarios a los policías o dotarles de mejores equipos, hay que resolver el problema de los recursos que se requieren para ello.

Esta recomendación del Señor Giuliani ya está contenida en el Plan El Salvador Seguro, que el Consejo de Seguridad y Convivencia presentó días atrás.

De hecho, el Consejo ha sugerido que el Plan propuesto requiere de un poco más de 2 mil millones de dólares para hacerlo funcionar, es decir, cerca de 420 millones de dólares por año, adicionales a lo que ya se está invirtiendo en el combate de la criminalidad.

Lo positivo del Plan propuesto es que la mayor parte de los recursos requeridos van para Prevención de la violencia, en el entendido que sólo asegurando empleo decente, educación de tiempo pleno, acceso a la cultura y a espacios y prácticas de entretenimiento, a mejor salud, entre otras medidas, el riesgo de nuestros jóvenes y niños de caer en manos de la delincuencia de pandillas se reducirá.

Lo mismo habría que decir de la propuesta de mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones del sector justicia que hace el señor Giuliani.

El Plan del Consejo de Seguridad ya contempla medidas tendientes a mejorar la coordinación entre Policía, Fiscalía y Jueces, así como la necesidad de mejorar la capacidad de investigación científica del delito.

Sólo este proceso de modernización supone una inversión aproximada de 20 millones de dólares en un período de dos años.

Giuliani sostiene que hay que sacar a los delincuentes de las calles y disputarles el control de los territorios.

El Plan del Consejo establece, precisamente, una serie de acciones a ejecutar en los próximos cinco años que le permitan al Estado recuperar el control de los territorios, sobre todo de 50 municipios, en estos momentos bajo el asedio de las pandillas, y focalizar acciones en los grupos poblacionales que viven en condiciones de mayor exclusión y vulnerabilidad a la violencia y a la criminalidad.

Hay una propuesta integral de Prevención de la Violencia que en cinco años demandará una inversión de Mil 550 millones de dólares.

En resumen, los planes de prevención, persecución penal, rehabilitación y reinserción, atención y protección a las víctimas, fortalecimiento institucional y funcionamiento y comunicaciones de todo el proceso requieren cerca de 2 mil 100 millones de dólares en un período de cinco años.

La discusión nacional que debemos estimular ahora es: qué hacer para conseguir estos recursos, que hoy por hoy, no los tenemos, y que correspondería a un promedio anual de 420 millones de dólares, adicionales al Presupuesto General de la Nación que año con año aprueba la Asamblea Legislativa.

La empresa privada, a través de uno de sus representantes, el Señor Rafael Castellanos, ha dicho que una forma expedita y segura de hacer llegar recursos a este Plan es aumentando el IVA en al menos dos puntos porcentuales.

En su opinión, podrían excluirse de este aumento algunos productos básicos, como los alimentos, de modo de reducir el impacto que un incremento del IVA podría tener en la población más pobre del país.

El IVA es un impuesto regresivo que todos pagamos, tanto quiénes más recursos tienen como aquellos que tienen poco o casi nada.

En tiempos del ex presidente Calderón Sol, el IVA se incrementó de 11 a 13% como es en la actualidad, después que el ex presidente Cristiani promovió la eliminación del impuesto al patrimonio y a las sucesiones, que redujo sensiblemente la cantidad de recursos que recogía el gobierno con ambas contribuciones fiscales.

En otras palabras, el IVA fue incrementado para compensar la pérdida de ingresos que provocó la eliminación de dos impuestos, que claramente afectaban los intereses de los grandes capitales.

Ahora el señor Castellanos viene a plantear lo mismo.

En lugar de plantear como opción de financiamiento el volver a poner un impuesto al patrimonio, o bien el establecer un impuesto a los bienes suntuarios no productivos, como fue propuesto en el gobierno anterior, o incluso, crear un Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, como lo hizo Colombia en tiempos del ex presidente Uribe, que sólo lo pagarían quiénes tienen capacidad de pagar más, lo que está proponiendo la ANEP representada en el Consejo de Seguridad Ciudadana, a través del señor Castellanos, es que los costos del Plan de Seguridad lo paguemos todos, pero especialmente, los que menos recursos tienen y por tanto, menos capacidad de tributación.

El señor Rafael Castellanos debería explicar mejor cómo es que se favoreció de las jugosas comisiones que recibía en tiempos en que el gubernamental Insituto Nacional del Azucar, INAZUCAR, controlaba las exportaciones de este producto, así como el manejo oscuro de los fondos del Comité de los Quintos Juegos Centroamericanos, más conocido como COQUIN, en tiempos del ex presidente Cristiani.

Lamentablemente en esa época la Fiscalía no actuaba de oficio como ahora ante denuncias públicas de corrupción que se hacían a través de los pocos medios de comunicación que se atrevían a publicarlas.

Bien dicen que “no hay que escupir al cielo porque en la cara le puede caer”

Les invito a que se pronuncien sobre el tema que este día hemos puesto en agenda. Pero sobre todo que opinen sobre la propuesta de la ANEP de aumentar el IVA, que como hemos visto, no es una propuesta del FMLN, sino de los representantes de la derecha oligárquica empresarial.

¿Acaso no hay otras opciones de financiamiento de los Planes de Seguridad que debamos considerar?

En vista que el tiempo que nos queda es muy corto, voy a dejar el análisis del Plan Quinquenal del gobierno para el próximo programa.

Deseo en lo que nos resta, y para seguir estimulando la participación de ustedes, aclarar algunas cosas que se han dicho a lo largo de la semana.

En lo personal, mi opinión sobre la contratación que ha hecho la ANEP del equipo del ex alcalde de Nueva York es que se trata de una nueva bufonada electoral.

No pretendo de esta forma, quitarle méritos al trabajo que el señor Giuliani ha desarrollado en otros países, como México y Colombia, o en otras ciudades del mundo afectadas por la criminalidad.

Pero es preciso hacer una distinción.

Siendo alcalde de Nueva York sus estrategias anti delincuenciales estuvieron orientadas a golpear especialmente a estructuras criminales que por años había creado las mafias que operaban en esa ciudad.

Esto le permitió reducir sustancialmente los homicidios de más de dos mil al año a menos de 500.

El fenómeno enfrentado por Giuliani es muy distinto a la violencia delincuencial provocada por las pandillas.

Aunque no niego que las maras se han convertido en verdaderas organizaciones criminales que asesinan y extorsionan, y por eso es que la Policía las persigue y captura a sus líderes y operadores, en la medida que actúan al margen de la ley, tienen una naturaleza y origen diferente al de las mafias que Giuliani desmanteló y metió a la cárcel cuando fue Alcalde.

Lo mismo habría que decir del trabajo desarrollado en México o en Colombia, donde la principal amenaza criminal la representan cárteles de la droga o bien organizaciones guerrilleras vinculadas al narcotráfico, como es el caso de la guerrilla colombiana.

Hay que entender que aunque las pandillas se han venido fortaleciendo en todos estos años, se han armado, se dedican a extorsionar, asesinar y ha comercializar con droga, tampoco tienen una naturaleza similar a la de los cárteles del narcotráfico mexicano o de la guerrilla colombiana.

No se pueden aplicar las mismas medidas o los mismos planes anti delincuenciales cuando se está frente a fenómenos criminales de origen, naturaleza, organización territorial y hasta capacidad económica diferente.

Las maras en El Salvador, como en Honduras y Guatemala, son responsables de la mayor parte de los asesinatos que se cometen a diario y algunas de ellas, como la MS y la 18, tienen conexiones con el narcotráfico y otras derivaciones de crimen organizado. Por eso hay que aplicarles la ley con rigor y meterlas a la cárcel. Pero el enfrentamiento de este tipo de expresión criminal no puede ser de la misma manera cómo lo han hecho los gobiernos de México o de Colombia.

En nuestro país hay un alto componente de violencia criminal generada por la exclusión y la vulnerabilidad social de miles de familias, por el hecho, además, que el Estado desatendió y marginó a una parte importante del territorio nacional que es donde han surgido y operan las pandillas y le disputan control territorial e influencia a las autoridades del Estado.

Estas expresiones criminales las ha diagnosticado bien el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Plan El Salvador Seguro que presentó al gobierno la semana pasada.

Y para enfrentarlas proponen un conjunto de más de 120 acciones que demandas de un financiamiento que, como ya lo dije, sobrepasa los dos mil millones de dólares en un período de cinco años.

Aunque no hay que desestimar los aportes que pueda hacer el equipo del señor Giuliani, los salvadoreños y salvadoreñas deberíamos de apoyar mejor, y esto vale para la ANEP también, los planes y medidas que ha propuesto el Consejo de Seguridad, y trabajar de la mano con el gobierno y las municipalidades en frenar este flagelo.

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