Programa 14 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 14 – Editorial

Este programa es el último antes de las elecciones legislativas y municipales del próximo domingo.

Estamos ante una de las elecciones más importantes para la vida democrática de nuestro país.

Los salvadoreños y salvadoreñas deberemos decidir quiénes serán nuestras autoridades municipales y quiénes llegaran a la Asamblea Legislativa y marcarán el rumbo del país en los próximos tres años.

Del tipo de Asamblea que elijamos el 1 de marzo dependerá si nuestro país avanza o retrocede.

Como sostuve en el programa anterior, ARENA desea construir una mayoría legislativa que le permita a sus financistas recuperar los privilegios económicos y políticos del pasado.

No les bastó adueñarse de los recursos estratégicos del Estado a través de las privatizaciones que impulsaron cuando fueron gobierno.

Con el control de las decisiones legislativas, se aseguraron de influir en otros órganos e instituciones del Estado, como la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de tapar sus fechorías.

No promovieron ninguna investigación que destapara los actos de corrupción en que se vieron involucrados funcionarios de sus gobiernos.

En la impunidad quedó el millonario robo de medicinas en el Seguro Social en tiempos del ex presidente Cristiani.

Lo mismo habría que decir del robo del abono japonés ocurrido durante el gobierno de Calderón Sol.

Y ya no digamos, el desvío de ayudas provenientes de la cooperación taiwanesa en tiempos del ex presidente Flores, que sólo fue posible investigar bajo un gobierno del FMLN y con una Fiscalía independiente.

A pesar que los movimientos financieros que siguieron los cheques entregados directamente al ex presidente Flores por el ex presidente taiwanes, Shen chu bien, ocurrieron en el 2003 y el 2004, fue hasta que ARENA perdió el control del ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, que el ministerio público abrió una investigación que mantiene en arresto domiciliar a Francisco Flores.

Ninguno de los diputados y diputadas de ARENA promovió o al menos solicitó una investigación de los proceso de privatización poco transparentes en el país, con los que unos pocos grupos empresariales obtuvieron cuantiosas ganancias en detrimento de la situación económica y social de la población.

Los bancos se compraron al Estado ya saneados con fondos provenientes del erario público y se vendieron años después a conglomerados financieros internacionales sin pagar un tan sólo centavo de impuesto.

Una investigación de la UCA revela que si por esa operación de compra-venta de los bancos, el gobierno hubiera cobrado el IVA, el país habría recibido entre mil 500 y dos mil millones de dólares.

Estratégicamente, todos los bancos vendidos estaban domiciliados en el exterior y no fue posible cobrar impuestos por esta operación, a menos que se hubiera modificado la ley.

Qué dijeron y qué hicieron los diputados y diputadas de ARENA de entonces?

Nada…absolutamente nada. Guardaron un silencio cómplice.

Lo mismo habría qué decir de algunas operaciones ilegales como la venta de acciones de la GEO a la empresa italiana ENEL.

En la asamblea legislativa, ARENA aprobó una ley que facultó a la CEL y a la SIGET llevar a cabo esta venta de una parte del capital accionario propiedad de CEL sin que contara con la autorización de la Asamblea Legislativa.

De acuerdo a nuestra Constitución, toda concesión debe ser autorizada por la Asamblea Legislativa. En el caso de la venta de acciones de La GEO, la operación únicamente fue avalada por el gobierno de entonces, el gobierno de Francisco Flores. Nunca fue sometida este venta a la autorización de la Asamblea Legislativa.

A raíz de esta venta, el país, según un requerimiento de la Fiscalía, dejó de percibir en todos estos años unos 2 mil millones de dólares.

Levantaron su voz los diputados y diputadas de ARENA por semejante operación? No lo hicieron. ARENA, en este caso también guardó un silencio cómplice.

No sólo callaron sino que años después, ya bajo mi gobierno, se negaron a avalar un informe de la Asamblea Legislativa que establecía claras responsabilidades civiles y penales por este fraude cometido en contra de los intereses del Estado y del pueblo salvadoreño.

La semana pasada me preguntaba si existía al menos una iniciativa promovida y respaldada por la fracción legislativa de ARENA de beneficio para la población, sobre todo, para las familias de menores ingresos.

Nadie ha sido capaz de mencionar una tan sola de estas iniciativas.

Voy a comentarles una iniciativa que en el año 2004 daba la impresión que sería de beneficio para la población, sobre todo, por los empleos que generaría.

A finales de ese año, la Asamblea aprobó un fondo de 500 mil dólares que serviría como capital semilla para aquellas empresas, nacionales o extranjeras, que utilizaran parte de estos recursos para ampliar operaciones y generar empleo permanente y bien remunerado en el país.

Este fondo, que con el tiempo llegó a sumar casi 39 millones de dólares, fue conocido como Fideicomiso para la creación de empleo, FECEPE.

Según el decreto legislativo que lo creó, el Fideicomiso sería manejado por el Banco Multisectorial de Inversiones, BMI y otorgado por una comisión evaluadora presidida por la entonces Vicepresidenta de la República y Presidenta de la Comisión Nacional para la atracción de inversiones, CONADEI, Ana Vilma de Escobar.

En cuatro años que tuvo de existencia este Fideicomiso, se otorgaron apoyos económicos a mas de una docena de empresas.

Para que una empresa resultara beneficiada con esta ayuda gubernamental no reembolsable debía llenar ciertos requisitos, siendo los más importantes: la generación de 500 empleos permanentes, como mínimo, y el pago de una salario mensual no menor a los 200 dólares.

Dónde está el problema y la malicia del asunto que ahora les comento?

Resulta que en enero del año pasado, el ministerio de economía puso un aviso ante la Fiscalía para que se investigaran algunas irregularidades cometidas en el manejo que hizo la comisión evaluadora del Fideicomiso, presidida, como he señalado por Ana Vilma de Escobar, cuando fue Vicepresidenta de la República.
Según una auditoría del Banco Central de Reserva, la ahora diputada Ana Vilma de Escobar, otorgó fondos a empresas que tenían un claro conflicto de interés con funcionarios de gobierno, miembros del comité evaluador, y que además no cumplieron las metas de creación de empleo.

Entre los requisitos del Fideicomiso, como he dicho, estaba que las empresas que recibieran el subsidio de parte del gobierno deberían crear un determinado numero de empleos permanentes, de lo contrario deberían devolver los recursos entregados.

Nos enteramos hace unos días que una de las empresas beneficiadas con este subsidio, que alcanzó la suma de 12 millones de dólares entregados en un lapso de 4 años, fue una empresa propiedad del ahora candidato a alcalde por San Salvador, Edwin Zamora.

En ese entonces, él no era diputado y por tanto su empresa, Duraflex, podía ser beneficiada con el subsidio en la medida que cumpliera las condiciones para su asignación, entre ellas, la de crear 500 nuevos empleos permanentes en un período de 4 años.

Para recibir el apoyo gubernamental, la empresa propiedad de Edwin Zamora, firmó una alianza estratégica con otra empresa, Confecciones Libertad que es propiedad del gigante textil de Estados Unidos, la firma Sara Lee Inc.

A pesar de haber recibido un apoyo gubernamental de 12 millones de dólares, bajo la premisa que crearían 500 nuevos empleos, el asocio de Duraflex, propiedad de Zamora, con la empresa norteamericana, sólo creó 75 nuevos empleos, incumpliendo la meta establecida.

La auditoria del BCR de mayo del 2010, realizada bajo mi gobierno, estableció que: “ Confecciones Libertad, la subsidiaria de la empresa de Estados Unidos, junto con Duraflex, la empresa de la familia de Zamora, generó en el período 2005-2009 a lo sumo un promedio de 75 empleos anuales, cuando el compromiso era de 500…”

Aunque el candidato Zamora podría argumentar, ahora, que su obligación en este acuerdo era únicamente suministrar la tela que serviría de materia prima a la empresa de origen estadounidense, en el acuerdo con el gobierno que le permitió recibir el Fideicomiso, quedó establecido que esa ayuda gubernamental serviría para financiar parte de la planilla del contratista, o sea, Duraflex.

Zamora ha argumentado, en su defensa, que su contrato era con Confecciones Libertad, empresa del gigante de Estados Unidos y no con el Fideicomiso que manejaba Ana Vilma de Escobar.

Lo que no dice, y está en el convenio firmado con el gobierno, que la empresa de Zamora, Duraflex, se comprometía a suministrar una cantidad de tela que implicara la creación de 500 nuevos empleos.

Es decir, que por más que lo niegue, la empresa de Zamora si estaba obligada a crear una determinada cantidad de empleos, de lo contrario debería de romperse la alianza con Confecciones Libertad y ya no sería beneficiada con la ayuda estatal.

Dos cosas deseo resaltar esta tarde.

Primero, el candidato de ARENA no puede desentenderse tan fácilmente del manejo de este Fideicomiso, siendo que quedó establecido en el contrato para recibir la ayuda gubernamental que la empresa de su propiedad, Duraflex, recibiría un porcentaje de esa ayuda, un poco más de 4 millones de dólares, para generar nuevas plazas que requerirían la producción de la tela a suministrar a la empresa estadounidense.
Esas nuevas plazas en promedio fueron 75 anuales cuando el compromiso era de 500 nuevos empleos.

Dice Edwin Zamora que su empresa nunca recibió directamente el subsidio y tampoco sabía de su existencia. Sin embargo, en la alianza firmada con Confecciones Libertad quedó establecido el compromiso de generar una determinada cantidad de empleos que permitiría la fabricación de la tela que suministraría a su socio en el país, y sólo cumplida esa condición es que el gobierno entregaría el Fideicomiso en cuestión.

En buenas cuentas, formalmente si existía un compromiso de generar empleo, en la medida que esta era una condición indispensable para recibir la ayuda del Estado.

Segundo, bien visto este tipo de subsidios estatales a las empresas privadas es la forma cómo ARENA, estando en el gobierno o en la Asamblea Legislativa, transfiere recursos públicos a los grupos empresariales amigos o cercanos al partido.

Los pocos empleos que creó la empresa propiedad de Zamora en los años en que se benefició con el Fideicomiso, no sólo no cumplían con la meta establecida en el convenio por lo que la ayuda debió habérsele retirado, sino que, esos mismo recursos que fueron entregados a los largo de 4 años, permitieron la expansión y crecimiento de la empresa, propiedad de la familia Zamora, bajo la sombrilla del Estado.

Así como la empresa Duraflex, que luego fue vendida a una firma extranjera por un monto de 70 millones de dólares, recibió un aporte del Estado sin que cumpliera los requisitos de ley, lo cual permitió su expansión, hay otras empresas del país que han crecido y fortalecido con el apoyo del gobierno, en detrimento de otros empresarios.

El caso de Edwin Zamora revela la forma cómo ARENA apoya a los empresarios cuando llega al gobierno y les devuelve con beneficios fiscales el dinero que éstos han invertido durante las campañas electorales.

Amigos y amigas, una cosa son los subsidios que el gobierno entrega a decenas de miles de familias pobres del país, que requieren de esa ayuda gubernamental para salir adelante, y otra son los subsidios que en forma discrecional, y violando la ley, entregaron en el pasado los gobiernos de ARENA, a sus amigos empresarios, lo que les permitió expanderse y aumentar sus ganancias.

Este es el caso de la empresa Duraflex, propiedad de la familia Zamora por aquellos años.

El ahora candidato de ARENA a la alcaldía de San Salvador, Edwin Zamora, es uno de esos amigos empresarios.

No es casual, entonces, que Zamora sea un candidato de mayor confianza para los financistas de ARENA, que el alcalde actual, Norman Quijano, quién fue apartado bruscamente de la contienda electoral.

A qué viene ahora el ofrecimiento que ha sido pieza clave del engranaje de su campaña electoral, de que estimulará desde la alcaldía capitalina la generación de empleo, sobre todo, para los jóvenes de San Salvador, si cuando fue Gerente de su empresa familiar y recibió ayuda del Estado para crear nuevas plazas permanentes, no fue capaz de cumplir con la meta establecida en el convenio que hizo posible que recibiera parte del subsidio asignado?

Acá no sólo estamos hablando de un claro favoritismo de parte del gobierno, sobre todo de la ex vicepresidenta de la república, Ana Vilma de Escobar, a un empresario amigo del partido ARENA, sino de un aprovechamiento de un empresario privado de su relación con el gobierno para beneficio propio y de su familia.

Es justamente ese tipo de relación la que ARENA quiere recuperar en estas elecciones del 1 de marzo.

Fue ese tipo de relación la que ARENA intentó recuperar en las elecciones del año pasado, cuando buscó la Presidencia de la República.

Por esta y otras razones yo no sólo no votaré por los candidatos a una diputación del partido ARENA, sino que tampoco por el candidato Edwin Zamora.

Vamos a un corte y regresamos con su participación en este programa…

(CORTE COMERCIAL)

El problema con los candidatos de ARENA es que no logran romper con el cordón umbilical que los ata a la derecha oligárquica, que es la responsable de los destinos que asume este partido político y del proyecto económico que aspiran a construir.

Veamos algunos de ellos…

El candidato que se hace llamar “unpoliticomenos” ha trabajo por 20 años en empresas de la familia Murray Meza. No sería extraño que su campaña esté siendo financiada por este empresario y que en caso de ganar se convierta en un diputado corporativo al servicio de sus intereses empresariales.

Lo mismo habría que decir de Johny Dright, hijo del empresario cañero Juan Dright, quién además es socio del expresidente Flores en inversiones inmobiliarias en la zona de Corral de Mulas en Puerto El Triunfo. Jonhy Dwright es además nieto de Billy Sol Bang, ex presidente de CEL y ex tesorero de ARENA, que actualmente enfrenta un proceso judicial por el caso CEL-ENEL. También es sobrino de Roberto Kriete, Pdte del grupo AVIANCA.

Lo más probable que una vez en la Asamblea Legislativa represente los intereses económicos del grupo cañero que lidera su padre o la posición monopólica del Grupo TACA, ahora grupo AVIANCA.

Y a quién puede representar Ernesto Muyshondt sino los intereses empresariales de Alfredo Cristiani y del grupo cafetalero de los García Prieto de San Miguel.

Además siendo yerno de Gustavo Belismelis, con inversiones en café y antiguo propietario del Banco de Comercio, muy probablemente responda también a sus intereses comerciales.

Ana Vilma de Escobar que siempre ha sido la punta de lanza del grupo Poma en la Asamblea Legislativa, y que estando en la Dirección General del Seguro Social intentó privatizar sus hospitales para beneficio de este grupo empresarial.

Ante el fracaso de ARENA como maquinaria partidaria para representar y defender los intereses de la derecha oligárquica, luego de la derrota del 2009, la estrategia ahora es promover y apadrinar las candidaturas individuales de personeros y testaferros de esta derecha.

Al final de cuentas la representación es la misma. Lo que cambia es el esquema de operación legislativa. Son los intereses de esta derecha oligárquica y no los del pueblo los que terminarán representando los candidatos y candidatas de ARENA que logren ganar una diputación.

A juzgar por las encuestas que se conocieron antes del silencio electoral, ARENA perderá la alcaldía de San Salvador y no alcanzará más que 30 o 31 diputados.

Esta desesperación les ha llevado a arreciar la campaña sucia a través de medios de comunicación cómplices como El Diario de Hoy.

La estrategia es levantar antes de las elecciones el fantasma de la corrupción, haciendo referencia a casos sobre los cuales no existe ninguna prueba demostrada.

Este día El Diario de Hoy hace referencia al caso El Chaparral y cita una supuesta auditoría de la Corte de Cuentas de la República.

El documento que cita es un borrador de auditoría sin ningún valor legal, en la medida que la mayoría de observaciones y reparos ya fueron desvanecidos por las autoridades de CEL.

Por qué dedican varias páginas a este caso si no existe ninguna prueba legal en contra de la junta directiva de CEL durante mi gobierno?

No cabe duda que intentan lanzar una cortina de humo frente a otros casos, algunos ya judicializados como los desvíos millonarios de la cooperación taiwanesa en tiempos del gobierno Flores, o el caso CEL-ENEL, o bien, frente a otros casos como el del manejo fraudulento del Fideicomiso a favor de la empresa de Edwin Zamora, en tiempos en que la diputada Ana Vilma de Escobar era Vicepresidenta de la República.

Este es el esquema de operación legislativa que ARENA desea implementar en caso de ganar mayoría legislativa.

Esto es lo que debemos evitar con nuestro voto en las próximas elecciones.

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