Por qué no votaré por los candidatos corporativos | Mauricio Funes Sin Censura

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Por qué no votaré por los candidatos corporativos

Por respeto al silencio electoral no diré por quién hay que votar si queremos una Asamblea Legislativa que garantice la gobernabilidad del país.

Este mismo silencio me impide, además, no pedir el voto para los candidatos a gobiernos municipales, especialmente, el de la plaza electoral más importante del país, como es la ciudad capital.

Lo que sí puedo hacer, en el ejercicio de mi libertad de expresión, es decirles por quién no voy a votar.

En mi columna anterior expuse una serie de argumentos políticos que me llevaban a no votar por los candidatos y candidatas a una diputación por el partido ARENA.

Ahora reflexionaré sobre la necesidad histórica de no respaldar candidatos corporativos, como hay muchos en ARENA, especialmente, por el principal de ellos que es el candidato a la Alcaldía de San Salvador, Edwin Zamora.

A finales del 2004, la Asamblea Legislativa aprobó un fondo de 500 mil dólares que serviría como capital semilla para aquellas empresas, nacionales o extranjeras, que utilizaran parte de estos recursos para ampliar operaciones y generar empleo permanente y bien remunerado en el país.

Este fondo, que con el tiempo llegó a sumar casi 39 millones de dólares, fue conocido como Fideicomiso para la creación de empleo, FECEPE.

Según el decreto legislativo que lo creó, el Fideicomiso sería manejado por el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) y otorgado por una comisión evaluadora presidida por la entonces Vicepresidenta de la República y Presidenta de la Comisión Nacional para la atracción de inversiones, CONADEI, Ana Vilma de Escobar, quien también corre por una diputación en esta oportunidad.

En cuatro años que tuvo de existencia este Fideicomiso, se otorgaron apoyos económicos a más de una docena de empresas.

Para que una empresa resultara beneficiada con esta ayuda gubernamental no reembolsable debía llenar ciertos requisitos, siendo los más importantes: la generación de 500 empleos permanentes, como mínimo, y el pago de una salario mensual no menor a los 200 dólares.

Dónde está el problema y la malicia de este asunto?

Según una auditoría del Banco Central de Reserva, la ahora diputada y candidata, Ana Vilma de Escobar, otorgó fondos a empresas que tenían un claro conflicto de interés con funcionarios de gobierno, miembros del comité evaluador, y que además no cumplieron las metas de creación de empleo.

Entre los requisitos del Fideicomiso estaba que las empresas que recibieran el subsidio de parte del gobierno deberían crear un determinado número de empleos permanentes, de lo contrario devolverían los recursos entregados.

Nos enteramos hace unos días que una de las empresas beneficiadas con este subsidio, que alcanzó la suma de 12 millones de dólares entregados en un lapso de 4 años, fue una sociedad propiedad del ahora candidato a alcalde por San Salvador, Edwin Zamora.

Para recibir el apoyo gubernamental, la empresa propiedad de Zamora, firmó una alianza estratégica con otra empresa, Confecciones Libertad, que es propiedad del gigante textil de Estados Unidos, la firma Sara Lee Inc.

A pesar de haber recibido un apoyo gubernamental de 12 millones de dólares, bajo la premisa que crearía 500 nuevos empleos, el asocio de Duraflex, propiedad de Zamora, con la empresa norteamericana, sólo generó 75 nuevos empleos, incumpliendo la meta establecida.

Aunque el candidato Zamora argumenta, como prueba de descargo, que su obligación en este acuerdo era únicamente suministrar la tela que serviría de materia prima a la empresa de origen estadounidense, en el acuerdo con el gobierno que le permitió recibir el Fideicomiso, quedó establecido que esa ayuda gubernamental serviría para financiar parte de la planilla del contratista, o sea, la planilla de Duraflex.

Zamora ha argumentado, además, que su contrato era con Confecciones Libertad, empresa del gigante de Estados Unidos y no con el Fideicomiso que manejaba Ana Vilma de Escobar.

Lo que no dice, y está en el convenio firmado con el gobierno, que la empresa de Zamora, Duraflex, se comprometía a suministrar una cantidad de tela que implicara la creación de 500 nuevos empleos.

Es decir, que por más que lo niegue, la empresa de Zamora sí estaba obligada a crear una determinada cantidad de empleos, de lo contrario debería de romperse la alianza con Confecciones Libertad y ya no sería beneficiada con la ayuda estatal.

Este tipo de subsidios estatales a las empresas privadas es la forma cómo ARENA, estando en el gobierno o en la Asamblea Legislativa, transfiere recursos públicos a los grupos empresariales “amigos” o cercanos al partido.

Los pocos empleos que creó la empresa propiedad de Zamora en los años en que se benefició con el Fideicomiso, no sólo no cumplían con la meta establecida en el convenio, sino que esos mismos recursos que fueron entregados a los largo de 4 años, permitieron la expansión y crecimiento de la empresa, propiedad de la familia Zamora, bajo la sombrilla del Estado.

Así como la empresa Duraflex, que luego fue vendida a una firma extranjera por un monto de 70 millones de dólares, recibió un aporte del Estado sin que cumpliera los requisitos de ley, lo cual permitió su expansión, hay otras empresas del país que han crecido y se han fortalecido con el apoyo del gobierno, en detrimento de empresas competidoras en el mercado textil.

El caso de Edwin Zamora revela la forma cómo ARENA apoya a los empresarios cuando llega al gobierno y les devuelve con beneficios fiscales el dinero que éstos han invertido durante las campañas electorales.

El ahora candidato de ARENA a la alcaldía de San Salvador, Edwin Zamora, es uno de esos amigos empresarios.

No es casual, entonces, que Edwin Zamora sea un candidato de mayor confianza para los financistas de ARENA, que el alcalde actual, Norman Quijano, quién fue apartado bruscamente de la contienda electoral.

Acá no sólo estamos hablando de un claro favoritismo de parte del gobierno, sobre todo de la ex vicepresidenta de la república, Ana Vilma de Escobar, a un empresario amigo del partido ARENA, sino de un aprovechamiento de un empresario privado de su relación con el gobierno para beneficio propio y de su familia.

Después de la derrota electoral del 2009, ARENA enfrentó una crisis interna que provocó la salida de algunos de sus diputados en al menos dos ocasiones diferentes.

Primero, fue en Septiembre del 2009, cuando 14 diputados propietarios tomaron la decisión audaz de enfrentar a la dirigencia de su partido para integrar una fracción parlamentaria distanciada del proyecto oligárquico que representaba el COENA, bajo el mando del ex presidente Cristiani.

Fue con los votos de estos diputados, sumados a los del PCN y PDC, que el gobierno anterior construyó la mayoría necesaria que le dió gobernabilidad al país e hizo posible el proceso de cambios que inició desde entonces.

La segunda fractura ocurrió después de las elecciones legislativas y municipales del 2012, luego que 5 diputados elegidos bajo la bandera de ARENA hicieron sentir su malestar por el tipo de conducción que el COENA le estaba imprimiendo a la fracción parlamentaria.

El número de diputados inconformes era mayor, pero la presión y las amenazas que hizo circular la dirigencia del partido les hicieron desistir a otros de su propósito de marcar diferencia.

Ambos fenómenos fueron identificados convenientemente por el COENA y sus aliados como “transfuguismo”, lo que sirvió de cortina de humo para opacar las intrigas y disputas internas que generó el esfuerzo del grupo de oligarcas, conocido como G-20, de retomar el control del partido.

Esta crisis de representación en ARENA, en la que el partido se había vuelto un instrumento ineficaz para asegurar los intereses oligárquicos, llevó a que gremiales empresariales como ANEP, la Cámara de Comercio y ASÍ, asumieran un rol más protagónico en la defensa de estos intereses corporativos, enfrentando al gobierno Funes y sus más importantes políticas públicas.

La confrontación gobierno-empresarios no fue, entonces, un enfrentamiento generalizado entre el Ejecutivo y la empresa privada salvadoreña, sino una pugna permanente entre el gobierno y un sector de la derecha oligárquica que tenía en las gremiales empresariales a sus representantes y más agresivos defensores.

Esta nueva modalidad de lucha política lleva a la derecha oligárquica a promover de cara a las elecciones de este año las llamadas candidaturas independientes, pero que habría que identificar mejor como candidaturas corporativas.

Johny Wright Sol, hijo del empresario cañero Juan Wright, quién además es socio del ex presidente Flores en inversiones inmobiliarias en Corral de Mulas en la zona del Puerto El Triunfo.

El “heredero” del imperio Wright es además nieto de Billy Sol Bang, ex presidente de CEL y ex tesorero de ARENA, que actualmente enfrenta un proceso judicial por el caso CEL-ENEL. También es sobrino de Roberto Kriete, Presidente del grupo AVIANCA.

Juan Valiente, que se hace llamar “unpoliticomenos” , quien por años ha laborado y dirigido empresas del grupo que lidera Roberto Murray Meza.

Ernesto Muyshondt, testaferro de Cristiani, según el mismo Edwin Zamora, vinculado familiarmente al
grupo cafetalero de los García Prieto de San Miguel y a Gustavo Belismelis, cafetalero, antiguo propietario del Banco de Comercio, el cual fue vendido al capital canadiense representado por Scotiabank.

Ana Vilma de Escobar, ex Vicepresidenta de la República, quién siempre ha sido la punta de lanza del grupo Poma en la Asamblea Legislativa, y que estando en la Dirección General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en tiempos del gobierno Flores, intentó privatizar sus hospitales para beneficio de este grupo empresarial.

Aunque la estrategia es diferente a la de otras elecciones, al final de cuentas la representación es la misma. Lo que cambia es el esquema de operación legislativa.

Son los intereses de esta derecha oligárquica y no los del pueblo los que terminarán representando los candidatos y candidatas de ARENA que logren ganar una diputación.

Con este tipo de candidaturas, este sector de la derecha busca retomar el control de las instituciones políticas, como es el caso de la Asamblea Legislativa, y darle un rumbo diferente al desarrollo del país, menos incluyente y más concentrador.

El caso del candidato a la Alcaldía Capitalina para San Salvador, Edwin Zamora, constituye un ejemplo de la forma cómo empresarios que gozaron en el pasado de favores del Estado para expander sus negocios y aumentar sus ganancias, ingresan a la política con el único objetivo de perpetuar sus privilegios o los de sus amigos.

Es justamente ese tipo de relación la que ARENA quiere recuperar en estas elecciones del 1 de marzo.

Fue ese tipo de relación la que ARENA intentó recuperar en las elecciones del año pasado, cuando buscó la Presidencia de la República.

Por esta y otras razones yo no sólo no votaré por los candidatos a una diputación del partido ARENA, sino que tampoco votaré por el candidato Edwin Zamora.

El pueblo debe evitar caer en la trampa “cazabobos”, mediante la cual quieren presentar como candidatos independientes a candidatos corporativos al servicio de los intereses oligárquicos.

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