Programa 17 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 17 – Editorial

Hoy estamos más cerca de conocer resultados firmes de las elecciones del 1 de marzo.

El Tribunal Supremo Electoral anunció que en las próximas horas habrá finalizado el escrutinio final y sólo habrá que esperar la decisión que tomen los 5 magistrados ante la serie de recursos de impugnación y revisión de urnas que han presentado diferentes partidos políticos.

Lo mismo habría qué decir de lo que pueda resolver la Sala de lo Constitucional ante las demandas presentadas por partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil de fachada, quiénes desde el inicio del conteo han estado presionando para que se abran las urnas.

Es esto la legislación es clara. El artículo 215 del código electoral establece que “el tribunal sólo podrá ordenar la revisión de papeletas de votación de una o más juntas receptoras de votos siempre y cuando con la suma de los votos impugnados, el resultado final de la votación del Municipio o Departamento, pueda cambiar al partido político o coalición ganador”

Es justamente lo que ocurrió con la votación del municipio de Cacaopera en Morazán. Aquí los votos impugnados, 20 en total, sumaban más que la diferencia entre los partidos que se disputaban la alcaldía de ese municipio, que antes de la revisión era sólo de 6.

Con la revisión de las papeletas se confirmó que el partido ganador era el FMLN con una diferencia de 11 votos, 5 votos más que los registrados por las actas que fueron revisadas.

Como se dice en buen salvadoreño: al partido ARENA, quién fue el que pidió la revisión de actas, le salió el tiro por la culata. Antes de la revisión la diferencia por la que ganaba el FMLN era de sólo 6 votos. Luego de la revisión la diferencia subió a 11.

En mi opinión, no todos los casos de revisión solicitados por algunos partidos tienen una base legal para proceder a la apertura de urnas.

Repito la legislación en este sentido es clara: sólo en aquellos casos en que la cantidad de votos impugnados es superior a la diferencia entre un partido y otro es que el Tribunal Supremo Electoral puede autorizar la apertura de urnas y el recuento de votos. Otros caso no están contemplados en la ley y por tanto no pueden ser considerados.

Aun con todo, ya hay claridad de cuál será la distribución de curules en la próxima legislatura que inicia funciones el 1 de mayo.

Con los votos escrutados, que son la mayoría, sólo son posibles dos escenarios.

Un escenario, en caso ARENA gane un diputado más por San Salvador, desplazando con ello a Cambio Democrático, la distribución de diputaciones sería: ARENA, 35 diputados; FMLN, 31; GANA, 11 diputados; PCN, 6 y PDC, 1.

Segundo escenario, en caso Cambio Democrático conserve el diputado que tiene en estos momentos, la distribución sería: ARENA, 34 diputados; FMLN, 31; GANA 11; PCN, 6 diputados; PDC, 1 y Cambio Democrático, 1.

Ya sea que al final, y luego de declarados firmes los resultados por el Tribunal Supremo Electoral, ARENA logre 35 diputaciones y que el CD quede fuera de la próxima legislatura, o bien, que ARENA alcance 34 diputados y que el CD conserve a Duglas Avilés como su único diputado por San Salvador, la correlación de fuerzas acaba siendo la misma que en la legislatura actual.

Veamos qué quiero decir con esto.

Actualmente, las votaciones en las que se requiere de mayoría absoluta de 43 diputados, se vienen logrando, por regla general, con el voto del FMLN y GANA, más un diputado que puede ser del PDC, del CD, del PCN o de algunos de los diputados disidentes de ARENA que se agruparon en “Unidos por El Salvador”.

En la medida que la sala de lo constitucional declaró ilegal los tránsfugas y prohibió que los diputados que salen de un partido puedan incorporarse a otro o formar una fracción parlamentaria aparte, los 5 de Unidos por El Salvador, que salieron de ARENA, solo pueden votar en su calidad de diputados independientes o mejor dicho, diputados sin fracción o sin partido político.

En estricto sentido, FMLN y GANA no pueden hacer mayoría absoluta de 43 votos, si no es con el voto adicional de algún otro partido o de algunos de los diputados sin fracción.

Lo mismo habría que decir de ARENA, en tanto partido mayoritario que ganó 33 diputaciones en el 2012 pero que se vió sensiblemente afectado en sus posibilidades de construir mayorías al perder 5 de sus diputados meses atrás.

En la actualidad ARENA sólo puede alcanzar una votación de 43 diputados si además de sus 28 diputados se suman los de GANA y el PCN, como pocas veces ha ocurrido cuando el FMLN ha intentado en vano aprobar alguna legislación y no tiene el voto del resto de fracciones parlamentarias.

En estos tres años de esta legislatura y en los tres años de la legislatura anterior que coincidió con el inició del primer gobierno del FMLN en el 2009, las votaciones para alcanzar mayoría simple se han definido por los votos del FMLN, GANA y PCN. En algunos casos también han concurrido los votos del PDC y CD, lo que ha permitido construir mayorías calificadas de 56 diputados.

La experiencia de las votaciones legislativas de los últimos cinco años demuestra que los agrupamientos que ARENA está intentado construir con la colaboración de algunos medios de comunicación, sobre todo escritos, no pasan de ser meras elocubraciones sin fundamento alguno.

A qué viene asegurar que en la próxima legislatura, el FMLN sólo podrá votar con GANA? Y más aún, de dónde los analistas citados por los medios de comunicación concluyen que ARENA votará siempre con el PCN y el PDC?

Ambos agrupamientos, uno dominado por la izquierda y el otro por la derecha, parten de un presupuesto falso y que no tiene evidencia empírica: pareciera que están hablando de dos bloques identificados ideológicamente y que permitirían anticipar con certeza los agrupamientos que se darán en los próximos tres años.

Sobre esto habría qué comentar algunas cosas.

Primero, en nuestro país no existe una sóla derecha, existen varias derechas.

ARENA es el partido de la derecha oligárquica, que por el poder económico y el control e influencia que tiene en los medios de comunicación, se ha convertido en una derecha hegemónica que ha ejercido el poder por varias décadas, pero que ahora enfrenta dificultades para controlar e influir en forma determinante en algunos órganos del Estado.

De hecho, luego de la derrota sufrida en el 2009 y 2014, no controla el órgano ejecutivo como en el pasado.

Tampoco controla las decisiones legislativas, pues por sí solo este partido necesita construir acuerdos políticos con otras fuerzas para construir ya sea mayoría de 43 diputados o bien, mayoría de 56.

Tampoco controla la Fiscalía General de la República, aunque si tiene una influencia determinante en las decisiones del órgano judicial.

Sus principales aliados son los grandes medios de comunicación y el poder económico que sustenta le permite ejercer presión social a través de las gremiales empresariales y algunas organizaciones de la sociedad civil que yo califico como organizaciones de fachada, caso de FUNDE, FUSADES, Amigos de la Democracia, Cruzada pro Paz y Trabajo, por citar los más actuantes.

Además se trata de una fracción que de confirmarse los nombres que se barajan en los medios de comunicación representa en su mayoría los intereses de Cristiani y los grupos empresariales prominentes del país en detrimento de la influencia de los hermanos Calderón Sol en el partido.

En esta elección se quedaron fuera viejos liderazgos areneros como Mariela Peña Pinto, Enrique Valdez, actual primer vicepresidente de la asamblea legislativa por ARENA, el grillo Barrientos que se vendió en esta campaña como el “grillo cuida tu bolsillo”; el ojudo Angulo que cuida tu …., por respeto no termino la frase, Chente Menjivar, Mario Valiente, ex acalde de San Salvador, entre otros.
En su lugar entraron los llamados rostros nuevos de la política como Jonhy Right, que representa los intereses azucareros del país, sobrino de Roberto Kriete, Presidente de TACA y nieto de Billy Sol; Ernesto Muyshondt, testaferro de Cristiani, de los García Prieto y de Gustavo Bellis Melis; Juan Valiente, empleado de Roberto Murray Meza, apadrinado por los pollos Samayoa, uno de FUSADES, el otro de FEPADE; Ana Vilma de Escobar, punta de lanza del grupo POMA; entre otros.

Con estos legisladores ya podemos tener una idea por donde caminará la fracción de ARENA en los próximos tres años.

Pero, y esto es importante, en el espectro político y sobre todo legislativo, también existen otros partidos de derecha que no son ni por cerca de naturaleza oligárquica: me refiero al PCN, el PDC y GANA.

La diferencia de estos tres últimos con ARENA es que no son partidos instrumentos de la derecha oligárquica.

Más bién, sintetizan un ideario social, más cerca de los intereses de los sectores populares que de los del gran capital.

Eso es lo que ha permitido que desde el 2009, año en que ARENA pierde el control del ejecutivo, los dos últimos gobiernos hayan contado con el respaldo de estos tres partidos políticos, GANA, PCN y PDC, para construir las mayorías legislativas que se requieren de modo de hacer viable el programa de transformaciones estructurales que desde entonces se viene implementando.

El FMLN, en tanto partido, no ha podido por sí solo redefinir la función social del Estado y sacarlo del control que venía teniendo la derecha oligárquica, de no ser por el apoyo que han dado estas tres fuerzas políticas en la Asamblea.

Así es como se han aprobado presupuestos para el funcionamiento del gobierno; préstamos que han permitido fortalecer la gestión social y han ayudado a reducir la pobreza y las desigualdades; subsidios sin los cuales la vida de los pobres sería más difícil y un conjunto de leyes que poco a poco están permitiendo mejorar la situación económica del país.

Ni GANA, ni el PCN y ni el PDC han votado en los últimos 5 años con ARENA para pararle las carretas al gobierno, paralizar la maquinaria estatal y hacer que el gobierno fracase y se desgaste.

Ni GANA, ni el PCN y ni el PDC han hecho posible el revanchismo político que ha intentado desplegar ARENA a través de la Asamblea Legislativa.

Las dos comisiones de investigación más importantes de la pasada legislatura, me refiero a las que investigaron el caso CEL-ENEL y el manejo que hizo el gobierno Flores de los fondos de cooperación taiwanesa, tuvieron los votos de estos partidos políticos.

Fue ARENA únicamente la que se opuso a la integración de la Comisión Legislativa que ha investigado el caso Flores-taiwan, con el propósito de proteger la identidad de los verdaderos destinatarios de esos fondos de cooperación.

Todos los presupuestos con que ha venido funcionando el gobierno anterior y los meses que lleva el actual; los préstamos con la banca internacional; la emisión de bonos con los que se han cerrado las brechas fiscales; las reformas tributarias; las leyes que buscan crear un mejor clima de negocios y dinamizar nuestra economía; entre otras iniciativas para las que se requieren tanto mayoría absoluta de 43 diputados como otras que sólo se aprueban con mayoría calificada de 56 votos, han contado con el apoyo de GANA, PCN y PDC.

Los agrupamientos ideológicos que intenta construir ARENA y algunos medios de comunicación no tienen ninguna base histórica, ni política y menos ideológica para pensar que de esa forma funcionará la próxima legislatura.

El gobierno del FMLN necesitará de los votos del FMLN para seguir gobernando, pero también del respaldo político de GANA, del PCN y del PDC.

Existen más coincidencias programáticas entre el FMLN y GANA, PCN y PDC que entre ARENA y los demás partidos de derecha.

En mi opinión la próxima legislatura no se prestará al revanchismo político y menos a la estrategia de paralización gubernamental que necesita ARENA para entrar en mejores condiciones a la contienda electoral del 2018 y el 2019.

Aunque ARENA ha obtenido 34 o quizás 35 diputados, el proyecto oligárquico que representa no se ha impuesto y tampoco tiene posibilidades de imponerse en los próximos tres años de la siguiente legislatura.

De modo que la agenda pendiente que deberá abordar la Asamblea Legislativa que entrará en funciones el próximo 1 de mayo contará con una correlación de fuerzas favorables para hacer avanzar el país y para que la vida de los salvadoreños y salvadoreñas mejore de calidad.

Antes de reflexionar sobre los desafío y la agenda pendiente de la próxima Asamblea Legislativa, deseo reconocer el esfuerzo hecho ayer por 78 legisladores que votaron a favor de la Ley anti extorsiones que presentó semanas atrás el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Tres me parecen los aspectos que habría que destacr de esta nueva ley.

Primero, se habilita la investigación de oficio para cualquier extorsión que se cometa en el país. De esta forma, el temor a la denuncia que muchas veces lleva a que este crimen no sea perseguido y quede en la más completa impunidad será superado con una actuación de oficio del Ministerio Público. Esto significa que la Fiscalía no requerirá que exista una denuncia para abrir un expediente judicial y perseguir las extorsiones en nuestro país.

Segundo, se aumentan las penas para las extorsionistas a quince años de cárcel pudiendo ser castigados con más años aquellos que cometan el delito y que formen parte de una pandilla, o que involucren a menores de edad en la comisión del delito, o bien, que sean funcionarios públicos, sobre todo policías, como ya ha ocurrido en algunos casos.

Y tercero, se contemplan sanciones económicas que pudieran llegar hasta la cancelación de los permisos de operación y concesiones a aquellas empresas de telefonía que se resistan a bloquear la señal en zonas próximas a los centros penales y granjas de rehabilitación de privados de libertad.

Con la decisión de ayer, sólo resta que el Presidente de la República sancione el decreto legislativo para que entre en vigencia a la brevedad posible.

Esta aprobación por mayoría de 78 diputados abre las puertas a la discusión de dos préstamos pendientes de ratificación, que juntos suman más de 54 millones de dólares y que están relacionados con el financiamiento y la implementación de políticas de prevención de la violencia y la construcción de espacios seguros de convivencia, destinados a jóvenes en situación de riesgo.

En la agenda de lo que falta para que finalice esta legislatura y el inicio de la próxima están también otra serie de préstamos por casi unos 600 millones de dólares destinados a la creación de Corredores Productivos, a la innovación para la competitividad, a proyectos de inversión productiva y social, al desarrollo turístico de la zona costero marina y a obras de infraestructura, como la construcción del Bypass de la ciudad de San Miguel y los nuevos edificios públicos, uno de la Fiscalía y otro de la Asamblea Legislativa.

En este caso se requiere de 56 votos, los cuales sólo podrán obtenerse si ARENA y el FMLN llegan a un acuerdo de asegurar la gobernabilidad del país.

Ojalá me equivoque, pero de no aprobarse en esta legislatura, en la que es menos complicado alcanzar la votación de 56 diputados, de hecho ya el gobierno logró el año pasado el respaldo de 56 votos para la aprobación de la emisión de bonos por el orden de los mil 150 millones de dólares; la discusión, aprobación y ratificación de todos estos préstamos será objeto de discusión de la próxima Asamblea en la que los diputados de ARENA, por el momento, no tienen la instrucción de dar sus votos.

Entre los préstamos que deberá conocer la Asamblea Legislativa se encuentra uno de 25 millones de dólares del BID que servirá de contrapartida gubernamental para el desembolso de los Fondos de Folimenio II. De no aprobarse y ratificarse este préstamo a la brevedad posible, la ejecución de las obras que se derivan de la liberación de recursos por el gobierno de Estados Unidos podría ponerse en riesgo o experimentar un tropiezo.

Otras tareas pendientes de la agenda legislativa tienen que ver con las reformas tributarias que pueden hacer llegar más recursos al gobierno, así como las reformas del sistema de pensiones, que permitan evitar la quiebra del sistema actual y mejorar los rendimientos de los ahorros de los pensionados.

Sugiero que luego de conocidos los resultados de las elecciones, el gobierno debe tomar la iniciativa para promover un debate nacional sobre el tema de las pensiones en el país.

Por el momento sabemos de una propuesta gubernamental que busca crear un sistema mixto, que combine el sistema de ahorro privado y público.

El debate es necesario y la consulta a la ciudadanía es aún más importante.

Las reformas al sistema previsional deben evitar el colapso del sistema y asegurar la certeza del pago de las pensiones, un mayor rendimiento para los ahorros de los pensionados y una mayor solidaridad en la que los trabajadores jóvenes carguen con el peso mayor a fin de asegurar el pago de las pensiones de los adultos mayores.

La asamblea legislativa tendrá que decidirse también por la aprobación de las leyes que garantizan el acceso al agua y a la seguridad alimentaria.

Ambas iniciativas han sido bloqueadas por la derecha oligárquica en la medida que afectan sus intereses, especialmente, su deseo de privatizar el servicio de agua potable en el país.

Finalmente, otro de los temas pendientes tiene que ver con la inminente elección de funcionarios del ministerio público y del órgano judicial. La siguiente legislatura tiene en sus manos la responsabilidad de elegir Fiscal General de la República, a cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a cinco nuevos concejales del Consejo Nacional de la Judicatura.

En este caso, el órgano legislativo deberá asegurar la elección de funcionarios que no respondan a ningún interés de partido o de grupo de poder económico en el país.

No hay que pasar por alto que la independencia en las decisiones tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Ministerio Público está relacionada no sólo con la eliminación de cualquier vínculo partidario sino también, pero sobre todo, con la necesidad de romper el cordón umbilical con una derecha hegemónica acostumbrada a controlar a los órganos del estado y ponerlos al servicio de sus intereses.

A la vista están los casos emblemáticos de los procesos judiciales seguidos contra el ex presidente Francisco Flores y los funcionarios de CEL que vendieron las acciones de La GEO a ENEL.

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