Programa 20 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 20 – Editorial

En los últimos días, uno de los problemas del país que ha cobrado más relevancia es el de la delincuencia.

Enfrentamientos entre policías y pandilleros, asesinatos producto de rencillas entre pandilleros de maras rivales, crímenes que tienen todas las características de ejecuciones sumarias propias de comandos de exterminio, aún cuando la policía lo ha negado.

De hecho, según datos del Instituto de Medicina Legal, el mes de marzo fue uno de los más violentos de la década con más de 400 homicidios, y en los días que llevamos de Abril, se han cometido unos 16 asesinatos por día.

Las víctimas de la violencia no sólo son miembros de pandillas, como ha sido una constante en todos estos años.

A ellas se han sumado en lo que va de este año 16 policías, dos miembros de las Fuerzas Armadas, 1 fiscal y 6 custodios de Centros Penales.

Tal como ha sido confirmado por autoridades policiales, desde finales del año pasado existe un plan de agresión contra policías, miembros de las fuerzas armadas y de la fiscalía, ordenado por las pandillas, que poco ha poco se ha ido extendiendo en todo el país.

La PNC no ha dado a conocer si cuenta o no con un plan de contingencia para hacer frente a esa especie de declaración de guerra por parte de las pandillas.

Sus autoridades sólo han insistido en que la corporación está preparada para enfrentar esta agresión y que la misma responde a una reacción que ya esperaban de parte de las pandillas, a raíz del incremento en la persecución y los operativos de combate y desarticulación de sus estructuras criminales y operativas.

Y es que el gobierno, probablemente determinado por la coyuntura electoral, ha aumentado las medidas de persecución policial, privilegiando la represión por encima de la prevención.

Hay una clara opción desde esferas gubernamentales por el manodurismo, al menos en lo inmediato.

Además del aumento significativo en el numero de operativos policiales que ha desencadenado una mayor cantidad de enfrentamientos y combates entre policías y pandilleros, el Presidente de la República recién sancionó la nueva Ley anti extorsiones y ha continuado con el traslado de líderes de pandillas sobre los que existen sospechas de ordenar asesinatos y extorsiones, a la cárcel de máxima seguridad.

Algunos sostienen que era de esperar que los pandilleros reaccionarían como lo han hecho, aumentando su operatividad, a fin de presionar al gobierno a negociar.

Algo así como que toda acción genera una reacción similar o mayor.

De hecho, quién fue mediador de la tregua, Raúl Mijangos, sostuvo en una entrevista que líderes de las dos pandillas que en el pasado pactaron una tregua de no agresión entre ellas, le habían expresado que deseaban sentarse a dialogar con el gobierno, a fin de ponerle paro a la escalada de violencia en el país y evitar el traslado de algunos de ellos al centro penal de máxima seguridad en Zacatecoluca.

La respuesta del gobierno fue contundente.

Tanto el Presidente de la República, como el ministro de justicia y seguridad, y más recientemente el comisionado presidencial para la seguridad pública han sostenido que el gobierno no está dispuesto a negociar con las pandillas y menos a pactar acuerdos que les favorezcan.

De hecho, esta decisión fue la que tomó el gobierno anterior, cuando en forma sesgada sectores de la oposición y algunos medios de comunicación afirmaron que el gobierno había pactado con los líderes de pandillas una serie de privilegios penitenciarios a cambio de una reducción sensible de los homicidios.

Tal como lo expresé en esa ocasión, ningún miembro de mi gobierno y menos del gabinete de seguridad suscribió o pactó una tregua con los líderes de pandillas.

Los únicos que lo afirman son los detractores del gobierno anterior y de éste.

Las mismas pandillas en una carta escrita y que hicieron llegar a diferentes medios de comunicación poco antes de las elecciones afirmaron que no hubo acuerdo ni pacto alguno con las autoridades de seguridad pública del gobierno anterior y menos con el Presidente de la República.

El acuerdo fue entre ellas, entre la dirigencia de la MS y la 18, bajo la mediación del obispo castrense y de Raúl Mijangos.

Mi gobierno tomó una serie de acciones y decisiones que sólo buscaban facilitar el entendimiento entre las pandillas, en la medida que a través de este acuerdo entre las dos más grandes del país se produciría una reducción sensible de homicidios y extorsiones, con el consiguiente beneficio para la población.

Nunca fueron ofrecidos y muchos menos negociados y pactados privilegios para los pandilleros por parte del gobierno.

Todo lo que se hizo o que se promovió fue dentro del marco que la ley permite y tanto es así, que en una investigación que lleva acabo la Fiscalía general de la República, no se ha encontrado hasta el momento ningún delito o irregularidad cometida por algún funcionario de mi gobierno durante los meses en que se prolongó la tregua entre pandillas.

Hay que hacer notar que aquí siempre hubo y continúa habiendo un claro interés político de provocar el desgaste de mi gobierno y el mío propio, al atribuirme la autoría de esta tregua. Y más aún, al asegurar que como resultado de la tregua se dio un fortalecimiento de las estructuras criminales de las pandillas, sin que el gobierno hiciera algo para evitarlo.

Esta estrategia de desgaste fue impulsada en las elecciones presidenciales del año pasado y volvió a retomarse en las elecciones legislativas y municipales de hace más de un mes.

En la medida que el gobierno actual ha dicho que no apoyará y mucho menos pactará una tregua con las pandillas, el ataque de la oposición se ha centrado en la supuesta incapacidad gubernamental para combatir la delincuencia y desarticular las pandillas, evidenciada por el aumento de homicidios que se ha registrado este año.

Sobre este tema de la tregua me parece importante decir dos cosas.

Primero, aunque parezca repetitivo, la tregua bajo mi gobierno fue un acuerdo entre pandillas y no entre el gobierno y los líderes de pandillas.

Esta tregua produjo resultados de beneficio a la población en la medida que logró romper la cadena de venganza, lo que bajó los homicidios a sólo 5 en promedio por día.

Además facilitó el trabajo de prevención en los municipios de mayor índice delincuencial. De ahí surgió el programa Municipios libres de violencia que tuvo el apoyo de varias alcaldías del país.

A la par, y sin renunciar a la represión del delito, el gobierno fortaleció su accionar y su capacidad de investigación del delito, lo cual se puede demostrar por la cantidad de operativos antipandillas que se realizaron bajo mi gestión y que provocó la desarticulación de decenas de clicas y de estructuras criminales vinculadas a las pandillas, entre ellas organizaciones que se venían dedicando al tráfico de droga y otras actividades delincuenciales propias del crimen organizado.

En coordinación con la Fiscalía, la policía capturó e inició la desarticulación de organizaciones criminales como la del “Burro Herrera” y el así llamado “Cártel de Texis”

Estos golpes en alguna medida afectaron la operatividad delincuenciales de las pandillas, convertidas en unidades de tareas del narcotráfico.

Los detractores del gobierno, sobre todo del partido ARENA y algunos empresarios, pasan por alto que en el momento en que estaba vigente la tregua, mi gobierno realizó una serie de reuniones informativas y de consulta sobre el proceso que se había iniciado apenas unos días atrás.

Nunca dijeron que este proceso podría fortalecer a las pandillas y tampoco expresaron que el gobierno había sido el padre de la criatura.
Es ahora que se escucha o se leen opiniones mal intencionadas que pretenden asegurar que el Presidente de la República y el entonces Ministro de Seguridad Pública, David Munguía Payés, fuimos los creadores e impulsores de la tregua. Pasando por alto que organizaciones regionales como la OEA, o sectores de la iglesia y de la sociedad civil, respaldaron este esfuerzo y jamás se prestarían a encubrir y menos a apoyar un supuesto pacto oscuro e ilegal.

Por el contrario, hubo dirigentes empresariales que felicitaron al gobierno por el evidente descenso de la actividad delincuencial en el país, al punto que algunos de ellos se integraron a una comisión ciudadana que le dio seguimiento al proceso de tregua, entre ellos el empresario Antonio Cabrales, ex pdte de FUSADES, el actual Director de FOMILENIO II, William Pleytez, en ese entonces, miembro del stadd del PNUD, el Director de FUNDE, Roberto Rubio, tanque de pensamiento de la derecha empresarial e incluso un testaferro de la derecha oligárquica que escribe habitualmente columnas y cartas en El Diario de Hoy, Paolo Luers.

Estos dos últimos han venido lanzando improperios en contra de mi gobierno por el auge delincuencial, críticas que no formularon cuando integraban esta comisión junto a delegados de la OEA.

La distorsión de este proceso tuvo y sigue teniendo ingredientes políticos-electorales que, como he sostenido en otras ocasiones, hay que analizar con cautela y no dejarse sorprender.

Recuerdo que en una reunión con representantes de la ANEP y algunos grupos empresariales, un empresario de los grandes, que ha financiado al partido ARENA, tanto en la elección presidencial como en las elecciones celebradas en marzo de este año, me dijo literalmente que “no podía dejar de ver con buenos ojos y no apoyar una tregua que se ha traducido en una reducción de homicidios y por tanto, en que menos compatriotas mueran en el país”

A qué vienen entonces las críticas de parte de un sector político y empresarial de la derecha que estando vigente la tregua en el gobierno anterior, nunca la cuestionó como lo hace en la actualidad.

Segundo aspecto a considerar…

El fortalecimiento de las pandillas no es de ahora y tampoco de sólo unos años atrás.

Las pandillas vienen creciendo en número y en operatividad desde los gobiernos que aplicaron una política de mano dura y que no invirtieron ni un dólar en la prevención.

Las pandillas se han expandido y ocupado territorios donde el Estado ha sido un ausente. No sólo en términos de operatividad policial, sino sobre todo, como prestador de servicios públicos esenciales.

Las pandillas se han nutrido de jóvenes y han crecido exponencialmente precisamente en aquellas zonas del país donde no existen oportunidades de estudio, entretenimiento y empleo.

El abandono de las políticas sociales y la falta de intervención del Estado y de la empresa privada en territorios literalmente marginados del desarrollo social y del crecimiento económico hizo que las pandillas, en unos casos, y la migración hacia Estados Unidos, en otros, fueran las únicas válvulas de escape de estos jóvenes en evidente riesgo.

Estamos hablando de barrios, colonias, cantones y caseríos que han vivido una marginación histórica, tanto del gobierno central como de las municipalidades, que se ha convertido en la principal generadora de violencia social en el país.

Existen aún sectores políticos y agentes económicos que no acaban de entender que para frenar la delincuencia no sólo se requiere de medidas excepcionales como aumentar el número y equipamiento de las fuerzas de seguridad pública, o establecer el Estado de Sitio focalizado, o bien el acuartelamiento de policías o el endurecimiento de las penas, al grado de hablar hasta de la pena de muerte para los pandilleros.

A la par se deben implementar en el corto plazo planes de prevención de la violencia y la delincuencia, fortaleciendo los programas sociales del gobierno, sobre todo aquellos que generen oportunidades para nuestros jóvenes, y trabajar en coordinación con las alcaldías.

Por eso que es importante que antes que termine esta legislatura la Asamblea apruebe los préstamos que tienen que ver con este tipo de programas dirigidos, sobre todo, a los jóvenes.

Entiendo que en la plenaria de este día, los diputados conocerían sobre estos préstamos. Hasta este momento, no tengo información si los préstamos fueron o no ratificados con los 56 votos que se requieren.

Hay un conjunto de acciones que contiene el Plan que presentó el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana que nuestros gobernantes, tanto en el gobierno central como en la Asamblea deberían comenzar a discutir a fin de echarlos a andar a la brevedad posible.

En esta discusión hay dejar a un lado los intereses partidarios y pensar en el bienestar de la población, sobre todo de la más golpeada con la delincuencia.

La marcha del pasado 26 de Marzo fue una muestra de unidad nacional ante los embates de la delincuencia. Hagamos un esfuerzo por mantener ese espíritu y que se concrete en acciones y planes inteligentes y eficaces que le lleven tranquilidad a la población.

Deseo hacer eco de las reflexiones que hace un par de días hizo la red ARPAS a través de su acostumbrado editorial.

Bajo el título: todos contra la delincuencia, ARPAS plantea la necesidad de una respuesta integral de todo el aparato estatal ante el auge delincuencial registrado en las últimas semanas.

Y cuando se refiere a todo el aparato estatal incluye aquí a la Policía, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa y el Sistema Judicial.

ARPAS es de la opinión que la Policía y la Fiscalía deben actuar con todas sus facultades de control y persecución penal aplicando todo el peso de la ley.

A mí no me cabe ninguna duda que lo están haciendo y la mejor muestra de ello es que las pandillas han privilegiado dentro de sus objetivos de ataque a policías, tanto en licencia como en ejercicio y a fiscales.

Algo que el gobierno está obligado a despejar es la duda que existe si algunos de los pandilleros asesinados han sido exterminados por pandillas rivales o por una especie de comandos de exterminio que podrían estar apadrinando algunos jefes policiales.

Lo peor que podría ocurrirle al país es que la desesperación lleve a favorecer acciones que impliquen tomar la justicia por la propia mano.

Lejos de reducir la delincuencia, este tipo de acciones ilegales, que el gobierno no puede ni debe tolerar, aumentarían la zozobra e intranquilidad de la población.

A la Asamblea Legislativa, ARPAS le pide que apruebe todas las disposiciones legales necesarias para combatir más efectivamente la criminalidad y avalar el financiamiento para las políticas de seguridad.

La Asamblea hace unos días entregó al ejecutivo una importante herramienta que puede ayudar a mejorar la efectividad policial y del ministerio público como es la ley antiextorsiones, la que le permitirá a las autoridades investigar de oficio, sin que haya una denuncia de por medio, las extorsiones , además de sancionar severamente a las empresas telefónicas que no suspendan su cobertura en el perímetro de los centros penales.

A la base de estas sanciones está la idea que las extorsiones se pueden ver reducidas con la suspensión de la señal de teléfono, dado que buena parte de éstas son ordenadas por pandilleros desde las cárceles.

Quizás la principal responsabilidad que tiene la Asamblea, más allá de las nuevas leyes que deba aprobar, es resolver el tema del financiamiento de las políticas de seguridad pública.

Todas las políticas de combate a la criminalidad, tanto las represivas como las preventivas, incluyendo las orientadas a garantizar la rehabilitación y reinserción de delincuentes, requieren de un financiamiento que en estos momentos el gobierno no tiene en sus arcas.

Este es el debate que debemos estimular y exigir los ciudadanos.

Qué medidas fiscales debemos implementar de modo de obtener los recursos que requiere el aumento de policías, un mejor equipamiento de éstos, mejorar sus salarios y prestaciones, garantizar su seguridad en las comunidades donde viven, aumentar su capacidad de investigación e inteligencia, y por supuesto, la implementación de planes de prevención junto a las municipalidades.

Soy de la idea que además de la aprobación de los prestamos que están en estudio en la Asamblea Legislativa, el gobierno requiere de aumentar sus ingresos a través de una mayor tributación. Y esto pasa por la postergada reforma fiscal producto de un pacto entre todos los sectores de la vida nacional.

Hay que colocar en la agenda legislativa y por ende, en la agenda nacional, el tema del Pacto Fiscal, sin el cual no obtendremos los más de 2 mil millones de dólares que, según el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, requiere el país para enfrentar la delincuencia.

Estar esperanzados a la ayuda del gobierno de Estados Unidos, cuyo Presidente ha ofrecido más de mil millones de dólares para financiar la Alianza para la Prosperidad, que favorecería a Guatemala, Honduras y El Salvador, es, sinceramente, atarnos a un financiamiento ilusorio que difícilmente será aprobado por el Congreso Norteamericano.

Antes debemos hacer un esfuerzo nacional al que no podemos renunciar y menos distorsionar por satisfacer intereses mezquinos.

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