Programa 21 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial

Programa 21 – Editorial

Estamos a sólo dos semanas del inicio de una nueva legislatura que será trascendental para el país, sobre todo porque de su actuación, de la repartición del poder dentro de ella y de los agrupamientos legislativos que se formen, dependerá que los próximos tres años sean de gobernabilidad o de ingobernabilidad para el país.

A qué me refiero?

El buen funcionamiento del gobierno de Sanchez Cerén y los desafíos que tiene por delante toda la maquinaria del Estado dependen de que la Asamblea Legislativa trabaje en armonía con el Ejecutivo.

Una Asamblea Legislativa dominada por una derecha oligárquica que entre sus planes está el bloqueo sistemático del gobierno, tal como lo intentó hacer la semana pasada al negar sus votos para los préstamos destinados a la seguridad en el área de prevención de la delincuencia y el préstamo para el desarrollo de la zona costera marina, seguro acabará produciendo un retroceso sin precedentes en el desarrollo del país.

En una clara actitud de doble moral, el partido ARENA, a través de sus dirigentes y diputados ha estado demandando mayor liderazgo del gobierno en materia de seguridad ciudadana, ofreciendo a la par su apoyo incondicional para combatir este flagelo, pero no ha dejado de torpedear cuanta iniciativa promueve el gobierno en este sentido.

Para el caso, la marcha por la vida y la paz que surgió del seno del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, casualmente a propuesta de la representación empresarial en el Consejo, fue criticada y obstaculizada por las más importantes gremiales empresariales del país y la alta dirigencia arenera.

En lugar de sumarse a este esfuerzo de unidad nacional, se pusieron del lado de los que no desean hacer de El Salvador un país libre de violencia.

Hace apenas una semana, la bancada de ARENA negó sus votos para la ratificación de tres préstamos internacionales, dos de ellos, que implican unos 67 millones de dólares, destinados, el primero, a un programa de creación de espacios públicos para jóvenes que viven en municipios golpeados por la delincuencia y otro para financiar un programa de apoyo a la estrategia de prevención de la violencia.

La justificación de ARENA fue que hasta ahora el gobierno no ha dado explicación de cómo invierte los recursos provenientes de empréstitos internacionales y que la formulación de estos tres nuevos préstamos, que fueron ratificados, es muy general y ambigua y abre espacio a que los recursos acaben siendo desviados y destinados para otros fines.

Como quiera que sea, al final ARENA se contradice, pues, por un lado, exige acciones concretas para frenar la delincuencia y por otro, niega el apoyo legislativo a la única fuente de financiamiento a la que puede recurrir el gobierno para emprender las acciones que reducirían la violencia.

La intención es clara: obstaculizar la labor del gobierno para que éste fracase, al margen del efecto negativo que tendría en la población la paralización de la maquinaria gubernamental.

Por eso las negociaciones que se llevan a cabo en estos días para configurar la nueva Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y designar al Presidente o Presidenta de la nueva legislatura es un tema de primer orden.

ARENA intenta, por todos los medios posibles, de hacernos creer que por el hecho de haber sacado más votos que el FMLN o que cualquier otro partido político en las elecciones pasadas, le corresponde el derecho de presidir la Junta Directiva de la legislatura entrante.

Bien vistas las cosas, los números en esta ocasión no le cuadran al partido de la derecha oligárquica.

En la Asamblea Legislativa hay dos claros agrupamientos legislativos que representan intereses contradictorios e irreconciliables.

Por un lado, ARENA, que algunas veces ha contado con el apoyo expreso de la dirigencia del Partido Demócrata Cristiano, y que representa los intereses y el proyecto político de una derecha corporativa y oligárquica.

Esta derecha cuando fue gobierno utilizó el control que tenía de la administración pública para favorecer procesos de privatización y de verdadero asalto al Estado, que condujeron a una mayor concentración del ingreso y profundización de las desigualdades.

En las pasadas elecciones, ARENA, es decir, el partido de la derecha oligárquica, obtuvo el 38% de la votación nacional con un poco más de 874 mil votos en todo el país. Esta votación le permitió obtener 35 diputados.

Por su parte, y este es el otro agrupamiento visible, el FMLN, GANA y el PCN, que desde hace años vienen empujando un proyecto económico y social anti oligárquico, de beneficio para los sectores populares, y que busca poner el Estado al servicio de los excluídos del desarrollo económico y social, obtuvieron, los tres juntos, un poco más del 50% de la votación nacional, es decir, un millón 200 mil votos.

En buenas cuentas, el proyecto oligárquico obtuvo 874 mil votos y el proyecto popular y anti oligárquico, un millón 200 mil votos.

Traducida esta votación a diputaciones en la Asamblea Legislativa, el proyecto oligárquico cuenta con 35 diputados, mientras que el proyecto anti oligárquico y popular cuenta con 48 diputados.

Habrá que esperar para qué lado de la balanza se inclina el único diputado que ganó el PDC y si como resultado del recuento de actas ordenado por la Sala de lo Constitucional en San Salvador, el CD logra meter un diputado, perdiendo ARENA la diputación que por el momento tiene el General Vargas.

El reglamento interior de la Asamblea Legislativa establece que la Presidencia de este órgano del estado, así como el resto de cargos directivos, son elegidos por una mayoría de 43 diputados.

De modo que de acuerdo a los agrupamientos que he descrito, le corresponderá al FMLN, GANA y PCN decidir qué partido o partidos políticos asumirán la Presidencia de la Asamblea, pudiendo diseñarse un sistema de rotación que le asigne un año, de los tres que tiene la legislatura, a cada partido del agrupamiento.

Una junta directiva así elegida, con una Presidencia rotativa, aseguraría que este agrupamiento de tres partidos políticos, FMLN, GANA y PCN, votarían cohesionados en los próximos tres años para sacar adelante iniciativas legislativas de beneficio popular, sin que eso se traduzca en un bloqueo de la gestión del gobierno central.

De hecho, en lo que falta para que termine esta legislatura, este agrupamiento anti oligárquico, al que se le han sumado el PDC, el CD, un diputado independiente, salido de las filas de GANA, y 5 diputados ex areneros, que en el pasado crearon el movimiento unidos por El Salvador, están aprobando una serie de préstamos que le darían liquidez al gobierno de Sánchez Cerén para financiar proyectos de apoyo a la economía y para frenar la delincuencia en el país.

Fue bajo esa lógica que estos 56 diputados dieron sus votos el jueves de la semana pasada para ratificar tres préstamos que en conjunto suman cerca de 100 millones de dólares, y que están destinados, como he mencionado para prevención de la delincuencia y para apoyar el desarrollo productivo de la zona costera del país y asegurar el desembolso de los fondos de FOMILENIO II.

Estos 56 diputados tienen dos semanas más para aprobar otra serie de préstamos en estudio en la Asamblea Legislativa y que estarían destinados a financiar con más de 550 millones de dólares la construcción de un nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, ya que el actual fue dañado por el terremoto del 2001, y nuevos emprendimientos que buscan la generación de empleos.

ARENA ha criticado y calificado de “perversa” esta coalición o agrupamiento de diversas fuerzas políticas que en corto tiempo está tomando decisiones que requieren de mayoría calificada.

El hecho de que ARENA, con sus actuales 28 diputados, no participe de esta coalición legislativa no descalifica ni deslegitima las votaciones que pudieran darse en las próximas dos semanas.

No se trata de cualquier endeudamiento el que se estaría aprobando.

En total son más de 600 millones en préstamos que están en estudio en la Asamblea Legislativa desde hace más de un año.

Y aunque aprobarlos y ratificarlos aumentaría el monto de la deuda de nuestro país, los recursos son indispensables para financiar proyectos estratégicos que le permitirían al gobierno ser más efectivo en el combate de la delincuencia y en la generación de empleo y más riqueza, dos de los problemas que más nos preocupan a los salvadoreños y salvadoreñas.

Ayer por la mañana, cuando el Presidente Sánchez Cerén anunció el nombramiento del ex magistrado del TSE , Eugenio Chicas, como nuevo Secretario de Comunicaciones del gobierno, criticó la labor de algunos medios de comunicación en el país en estos últimos meses al cubrir noticias relacionadas con la delincuencia.

Esta crítica, que dicho sea de paso tiene derecho el mandatario de expresar, sobre todo, si no está de acuerdo con el tipo de cobertura sobre la violencia que realizan los llamados grandes medios o medios tradicionales del país, ha generado malestar en buena parte del gremio periodístico y en propietarios de medios de comunicación.

Sobre este punto, deseo hacer algunas consideraciones.

Primero, la crítica del presidente no niega la existencia de la delincuencia y tampoco el auge de los homicidios registrado en los últimos meses.

Yo no escuché decir al mandatario que la delincuencia se la han inventado los medios de comunicación o los detractores del gobierno, sobre todo, ARENA.

Este es un hecho innegable y el Presidente Sánchez Cerén nunca lo ha negado y sería un desatino político hacerlo.

La mejor prueba de que no piensa así es que ha puesto el combate de la delincuencia como una prioridad del gobierno.

Designó al Secretario de Gobernabilidad, Hato Hasbún, como Comisionado para la Seguridad Pública y le asigno la delicada tarea de coordinar el gabinete de seguridad y el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Un funcionario como Hato, que tiene claro que a la base del problema de la violencia y la delincuencia en el país está la debilidad institucional del Estado, que fue deliberadamente desmantelado en los gobiernos de ARENA, y un proceso de concentración del ingreso en pocos grupos de poder económico, es una garantía que la delincuencia será atacado desde la raíz.

Hato sabe perfectamente bien que además de perseguir a los delincuentes, de aplicarles el peso de la ley, hay que generar condiciones económicas y sociales en las zonas del país de mayor índice delincuencial que permitan superar la marginación y exclusión de que han sido objeto todos estos años.

Mientras haya pobreza, exclusión, marginación y desigualdad en una buena parte del territorio nacional, continuará habiendo violencia y las pandillas seguirán creciendo y fortaleciéndose.

El comisionado para la Seguridad sabe que a la par de mejorar la capacidad operativa de la policía, hay que mejorar la capacidad de investigación del delito no sólo de la policía sino también de la fiscalía, para seguir deteniendo delincuentes, y hay que profundizar los programas sociales orientados a la prevención de la delincuencia en diferentes municipios del país.

En esto me atrevo a sugerirle al gobierno que trabaje en mayor coordinación de esfuerzos y de recursos con las alcaldías.

Lo que dijo Sánchez Cerén son dos cosas en las que estoy de acuerdo: una, que la cobertura periodística sobre la delincuencia deja mucho que desear y se presta al impulso de campañas mediáticas ordenadas por los propietarios de los medios de comunicación para favorecer al partido ARENA. Y dos, que los medios sólo destacan los golpes de la delincuencia, los asesinatos, las extorsiones, pero no dicen nada o muy poco de los esfuerzos de la policía y de todo el equipo gubernamental de seguridad., y eso contribuye a generar la percepción de que estamos ante un Estado Fallido, un Estado que ya agotó su capacidad de frenar la delincuencia.

Pero esta posición editorial de buena parte de los medios de comunicación en el país , sobre todo escritos, no es de hoy, no ocurre sólo en este gobierno. Viene haciéndose lo mismo desde el gobierno anterior.

Incluso, las distorsiones informativas sobre la tregua, pactada entre las dos más grandes pandillas del país, debe atribuirse, en buena medida, al papel jugado por los medios de comunicación en el año 2012 en claro apoyo electoral al partido ARENA.

El debate promovido por una parte importante de la prensa sobre este proceso acabó produciendo que la tregua terminara y que casi de inmediato, los asesinaros comenzaran de nuevo a subir.

De la tregua sólo se ha destacado lo que ha venido insistiendo años atrás el partido ARENA, y es que según este partido político, la tregua fortaleció militar y territorialmente a las pandillas, y poco o nada se ha dicho del descenso evidente que provocó en el número de asesinatos que se cometían en el país.

Hay un hecho inobjetable, y es que, les guste o no les guste, en los meses en que se prolongó la tregua los homicidios se redujeron a más de la mitad, y dejamos de ser el país con la segunda tasa de homicidios más alta del continente.

En más de 20 años, no ha habido ningún otro período, y menos cuando se aplicó en toda su magnitud la mano dura, en el que los homicidios bajaran tanto como es esos 22 meses en que duró la tregua.

Con esto no estoy proponiendo que haya que pactar una nueva tregua, y menos como la concibe la derecha, en el sentido que el gobierno pactó con criminales.

Lo que estoy afirmando esta tarde, y lo he venido haciendo desde que fui gobernante, es que debemos cambiar el enfoque de las estrategias de seguridad pública, y dar espacio a las políticas de prevención de la violencia en los territorios más golpeados por el accionar delincuencial de las pandillas.

Se pueden bajar los índices delincuenciales sin que haya que pactar o negociar beneficios para las pandillas.

El fortalecimiento de la PNC y la persecución policial no debe descuidarse y menos abandonarse. Pero estoy convencido que sin prevención de la violencia ni este gobierno, ni el próximo que venga, podrá reducir los niveles delincuenciales a niveles tolerables por la sociedad.

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