Programa 22 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 22 – Editorial

Esta semana diferentes funcionarios de gobierno, entre ellos el Presidente de la República, el Ministro de la Defensa y el Comisionado Presidencial para la Seguridad, anunciaron la creación de batallones especiales de reacción, formados por elementos de la Fuerza Armada y la Policía, que tendrían bajo su responsabilidad el enfrentamiento directo con las pandillas y la recuperación de los territorios bajo su control o influencia.

Poco se ha dicho de ellos. Sobre todo no sabemos cómo será integrados y bajo la responsabilidad de que autoridad operaran.

Solo sabemos que son tres batallones conformado cada uno por 200 efectivos militares.

La base de estas unidades la integra el Comando de Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada. En este comando esta el Comando especial antiterrorista y el batallón de paracaidismo.

Son batallones muy móviles y flexibles, con capacidad para operar en la zona urbana y rural y cuentan con soporte aéreo.

Se supone que estarán a la disposición de los planes anti delincuenciales de la PNC y focalizaran su labor en los 50 municipios más violetos del país, aunque tienen capacidad de reacción para cualquier parte del territorio.

También se ha ordenado la creación de una Fuerza Movil Nacional en la Policía.

Son 1,200 agentes de la PNC, en una especie de grupo de reacción inmediata, que actuaría en paralelo a los batallones de la fuerza armada.

Se trata de una mezcla de unidades policiales especializadas como GRP, UMO, GOPES, GIAP.

Van a operar también en los 50 municipios de mayor índice delincuencial en el país y sus funciones, entre otras, son: capturar delincuentes muy peligrosos, realizaciones incursiones nocturnas de pandilleros y realizar operaciones sorpresivas.

A falta de más información sobre la integración de estas unidades especializadas, de la PNC y de la Fuerza Armada, hay diferentes sectores que han comenzado a especular sobre su funcionamiento.

Unos han dicho que estos batallones son una réplica de los antiguos BIRI, entrenados en técnicas contrainsurgentes por Estados Unidos, más conocidos por sus nombres como batallones élites Atlacatl, Atonal, Belloso y Bracamonte.

En los años de la guerra, sobre todo al principio del conflicto, fueron acusados de usar en forma excesiva la fuerza y violar los derechos humanos de la población civil, sobre todo, rural.

Como parte del programa de depuración y modernización institucional que se llevó a cabo en la fuerza armada, luego de la firma de los acuerdos de paz, estos batallones fueron desmovilizados y la mayor parte de su personal, sobre todo, de sus jefes pasaron a situación de retiro.

Fueron creados bajo un concepto y una doctrina militar que ya no existe más en el país.

Venir a advertir que detrás de estos nuevos batallones anunciados por el presidente se esconde una vieja concepción militarista, que privilegia soluciones de fuerza, como ocurrió en algunos gobiernos de ARENA, es un verdadero contrasentido que sólo tiene el propósito de afectar la imagen del gobierno.

Según tengo entendido, estos batallones o unidades especiales se utilizarán como último recurso en el que haya que recurrir a la fuerza para recuperar territorios abandonados por el Estado y ahora bajo asedio de pandilleros.

En algunas zonas del país, las pandillas cuentan con estructuras operativas y poder de fuego que supera a veces a las fuerzas policiales. Sin dejar de mencionar el elemento sorpresa que está siendo utilizado con cada vez más frecuencia en atentados contra efectivos policiales y militares y delegaciones de la PNC así como contra guarniciones militares

Es en esos lugares y bajo esas condiciones, donde un batallón especial de reacción de la PNC y de las Fuerzas Armadas sería utilizado para intervenir el territorio, disputar el control del mismo a las pandillas y recuperarlo para el Estado.

Es un error de diagnóstico seguir insistiendo que la tregua en el gobierno anterior fortaleció operativamente a las pandillas. Si así fuera, ahora que esta tregua ha terminado, las pandillas tendrían que haberse debilitado.

Su fortalecimiento y expansión proviene del hecho que el Estado abandonó una buena cantidad del territorio nacional, no sólo con la falta de presencia de la fuerza pública en barrios, caseríos y cantones, sino sobre todo, porque desatendió la satisfacción de sus necesidades más elementales.

Se trata de zonas del país literalmente abandonadas y marginadas del desarrollo económico y social, abandono que sólo puede ser corregido y superado en la medida que todas las instituciones del Estado, incluyendo las municipalidades, destinen recursos para erradicar la exclusión y la pobreza, generar oportunidades de estudio y trabajo y satisfacer las necesidades de entretenimiento, salud y vivienda.

Hay un vacío de autoridad del Estado que es cubierto por el poder criminal.

En la medida que estos batallones formen parte de una estrategia integral de recuperación y pacificación de territorios, el fantasma de la represión, el abuso de la fuerza militar o peor aún, de la violación a los derechos humanos, desaparecerá.

No se trata de privilegiar soluciones militares a un problema político y social , como sostienen algunos.

Se trata de dar una respuesta integral al problema de la delincuencia, donde además de enfrentar a las pandillas en el terreno y disputarles el control de territorios, el Estado lleva a cabo la pacificación de la zona desarticulando sus estructuras operativas y criminales, ejerciendo un verdadero control social y ejerciendo plenamente su autoridad sobre la población y el territorio.

Acá hay dos realidades que quisiera anotar.

A los pandilleros hay que quitarles el control del territorio y la influencia sobre la base social que han podido construir todo este tiempo.

Estos batallones de reacción de la policía y las fuerza armada pueden formar parte de una fuerza de pacificación, como ocurre en los barrios pobres y marginales de la ciudad de Rio de Janeiro en Brasil, donde el poder coercitivo del Estado llega y se queda en forma permanente.

Las incursiones y los operativos en los que la fuerza de seguridad pública entra, golpea y sale de una zona crítica sirven de muy poco.

Para que las políticas sociales preventivas tengan éxito antes el Estado debe recuperar su autoridad en el territorio.

Por eso en mi gobierno avanzamos muy poco con el programa municipios libres de violencia. La idea era llevar al estado con todas sus instituciones a los municipios más golpeados por la delincuencia y disputarles el control social de la población invirtiendo recursos en educación, salud, vivienda, arreglo de calles, creación de espacios públicos de entretenimiento, entre otros.

Pero si antes no se lograba recuperar el territorio y la autoridad del estado en estos municipios, los programas sociales no tendrían el efecto deseado.

Las políticas sociales preventivas en lugares dominados por delincuentes fracasan si no se recupera antes la autoridad del Estado.

Y este esfuerzo no se limita a capturar delincuentes, sino a proteger a la población y preservar la paz.

El gobierno con esto de los batallones de reacción ha cometido un error comunicacional. Y es que existe un principio básico en las comunicaciones que establece que el vacío de información se llena con rumores o peor aún con distorsiones de la realidad.

Es lo que ha pasado cuando el Comisionado Presidencial para la Seguridad calificó estos batallones de reacción como batallones de limpieza.

Un coro de voces de la oposición, sobre todo de derecha, y hasta algunos periodistas de medios tradicionales comenzaron a advertir que detrás de la expresión “batallones de limpieza” se escondía una clara política de exterminio social de pandilleros.

La palabra limpieza hace pensar que se trata justamente de eso, de una limpieza física de delincuentes, y por tanto de batallones de exterminio. Algo parecido a los antiguos Escuadrones de la Muerte o a la autodenominada Sombra Negra que operó en el oriente del país hace algunos años.

El gobierno debe hacer un doble esfuerzo en este tema.

Primero, explicar a qué limpieza se estaba refiriendo el Comisionado para la Seguridad. Conociendo a Hato como lo conozco estoy convencido que él se refería a batallones especializados que llevarían a cabo operaciones de limpieza territorial de modo de quitarle el control de los territorios a las pandillas.

Las credenciales democráticas de este gobierno no permiten si quiera pensar que la limpieza a la que se refería Hato esté relacionada con una práctica propia de comandos de exterminio o sicarios, como los que operan a nivel de crimen organizado.

Y segundo, yo le recomendaría al gobierno que la creación de estos batallones sea supervizada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a fin de evitar abusos que se pudieran dar, no como parte de una decisión institucional sino por una pérdida de control de parte de algunos mandos en forma aislada.

Relacionado


0 comments