Programa 23 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

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Programa 23 – Editorial

Mañana 1 de Mayo es una fecha trascendental para nuestro país porque concurrirán tres eventos, sobre los cuales deseo que reflexionemos n este programa.

Me refiero primero a la conmemoración del Día del Trabajo, fecha en la que desde principios del siglo pasado, en todo el mundo, las organizaciones de trabajadores salen a las calles a exigir el cumplimiento de sus demandas más sentidas.

Acá en nuestro país se trata en términos generales de exigir respeto a la libertad sindical, la cual está siendo amenazada en algunas empresas e instituciones de gobierno; mejores condiciones de trabajo, incluyendo una mejor y más digna retribución por el trabajo desarrollado, y mejores y mayores oportunidades de empleo.

Es justo y legítimo que los trabajadores y trabajadoras se organicen para pelear por sus derechos y que gocen de todas las garantías necesarias de parte del Estado, de modo de protegerles en su derecho a organizarse.

En este tema, algunos medios de comunicación, han estimulado un debate infructuoso que en nada abona a la necesaria unidad del movimiento social y sindical de nuestro país.

Me refiero a una noticia con la que inició la semana en la que se planteaba que en esta ocasión una parte de las organizaciones de trabajadores del país no marcharían junto al gobierno. Y citaban como ejemplo el caso de SIMEDUCO y Bases Magisteriales, entre otras organizaciones.

Insisto que este es un debate infructuoso porque las organizaciones, verdaderamente independientes, están en la libertad de decidir si respaldan o no al gobierno en turno.

Tal como lo dejó sentado el Srio. Gral. de Andes 21 de Junio, una de las organizaciones de maestros en el país, quizás la más numerosa y representativa, no son los trabajadores organizados los que marcharán a la par del gobierno o del FMLN, sino, ambos los que tendrán la oportunidad de marchar con ellos si es que acompañan las principales demandas de los trabajadores.

En la medida que el FMLN y el gobierno del Pdte. Sánchez Cerén acompañen las demandas de los trabajadores en el país, fortalezcan los programas sociales y trabajen por mejorar las condiciones de vida de la población, sobre todo, de la más pobre y excluída, en esa medida las organizaciones de trabajadores no tienen por qué tomar distancia de ellos.

Si mañana marchan juntos o no, no es el problema fundamental. Lo fundamental es que los trabajadores expresen con entera libertad sus principales reivindicaciones y demandas laborales y que el gobierno o el FMLN, en tanto fuerza política con cuadros y militantes en la administración pública, trabajen por satisfacer estas demandas.

En esa línea, celebro la decisión tomada esta semana por los diputados que votaron, tanto por la renovación del subsidio al transporte público de pasajeros, que mantiene bajas las tarifas en el sector, como por la reforma al presupuesto del gobierno que permite un aumento salarial para los trabajadores de la salud.

Esperaría que en el mismo sentido se hiciera un esfuerzo fiscal adicional para mejorar los salarios y prestaciones de los policías y de los efectivos militares, sobre todo de aquellos que están involucrados en tareas de apoyo a las fuerzas de seguridad pública.

Lo mismo habría que decir de la mayoría calificada que hizo posible esta semana la ratificación de nuevos préstamos destinados al combate de la delincuencia y al mejoramiento de la actividad económica del país como también la emisión de 900 millones en bonos para enfrentar problemas de desajuste presupuestario en este año y evitar tener que tocar el pago de las remuneraciones de los trabajadores del sector público así como el dinero que demandan los subsidios y los programas sociales.

En una magistral jugada, esta legislatura que hoy concluye sus labores, ratificó nuevos préstamos que suman 324 millones de dólares y aprobó la emisión de nuevos bonos por 900 millones más para cubrir el déficit fiscal del gobierno.

Los préstamos aprobados por la Asamblea Legislativa permitirán financiar el presupuesto para seguridad pública, especialmente, los rubros relacionados con el fortalecimiento de la PNC y de los programas de prevención del delito en los municipios más violentos del país.

Además, se financiarán una serie de proyectos que permitirán mejorar la actividad productiva del país y generar más empleos.

Entre ellos, hay un préstamo de 100 millones para apoyo a proyectos de inversión productiva y social. Otro de 100 millones de dólares más para crear una línea de financiamiento destinada a la pequeña y mediana empresa con el que se proyecta favorecer a unos mil 500 pequeños y medianos empresarios del país. Y otro préstamo más de 25 millones que servirá de contrapartida para el desembolso de FOMILENIO II, destinado al desarrollo de la zona costera marina.

Ninguno de estos préstamos está destinado a financiar gasto corriente y menos para financiar viajes al exterior de funcionarios de gobierno, pagar publicidad, asesores, compra de vehículos, entre otros gastos como lo ha sostenido la oposición.

De hecho, parte de los 900 millones en bonos aprobados por la Asamblea serán convertidos en deuda interna y eso permitirá destinar unos 90 millones de dólares a la PNC para la compra de equipo, armas, municiones, chalecos y la renovación de la flota vehicular, así como mejorar algunas de las delegaciones policiales que se encuentran en mal estado.

Más de la mitad de los fondos provenientes de esta emisión de títulos valores se destinará a refinanciar deuda.
En este sentido no se trata de nueva deuda, como lo asegura ARENA, sino del pago de deuda ya existente.
Incluso, unos 185 millones de dólares de estos bonos se utilizarán para pagar la devolución del IVA a los empresarios, ya que ese dinero no quedó incluído en el presupuesto de este año. Una práctica que viene desde el gobierno de Calderón Sol y que fue promovida en la Asamblea por la diputada Milena Calderón, hermana del ex presidente de la república.

Como era de esperar, ARENA no dio sus votos para estos préstamos y tampoco para la emisión de nuevos bonos, con lo que demostró su doble discurso: por un lado, se pronuncia públicamente porque haya más efectividad en el combate de la delincuencia, y por otro, niega sus votos para el financiamiento de programas que asegurarían esta efectividad.

Lo mismo habría que decir del supuesto interés de ARENA por la economía del país. Acá también hay un doble rasero. Por un lado, dicen preocuparse porque mejore el crecimiento de la economía y se reduzca la pobreza, pero por otro, bloquean el financiamiento a programas gubernamentales orientados a mejorar la competitividad, apoyar la producción y generar más y mejores empleos.

Mañana también es el día en que toman posesión los nuevos Consejos Municipales y la nueva legislatura para el período 2015-2018.

Sobre los primeros no hay nada que decir más que desearles éxitos en su gestión a los nuevos alcaldes y alcaldesas o a los que lograron su reelección.

Lo menos que podemos esperar quiénes votamos por ellos es que cumplan con sus promesas de campaña y que contribuyan al desarrollo del país desde la gestión municipal.

En cuanto a la nueva legislatura acá hay varias cosas que comentar y sentar posición.

Primero, no cabe duda que un nuevo exceso de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha generado un problema institucional que tiene toda la pinta de ser, en el fondo, un problema de ejercicio del poder.

A qué me refiero?

Ante el incumplimiento por parte del TSE del plazo establecido por la Sala de lo Constitucional para el recuento de votos para diputados por el departamento de San Salvador, 4 magistrados de esta Sala, con la excepción del Pdte. de la Corte Suprema de Justicia, aprobaron una medida cautelar que impide la instalación el día de mañana de los 24 diputados elegidos por San Salvador.

Esto significa, en buenas cuentas, que mañana sólo podrán asumir sus cargos como diputados 60 de ellos, dejando el resto, es decir, 24 diputaciones para cuando concluya el recuento de votos que realiza el Tribunal Electoral.

Esta nueva resolución de la Sala, para algunos juristas a todas luces calificada como excesiva, constituye una clara intromisión de la Corte Suprema de Justicia en el funcionamiento de otro órgano del Estado como es la Asamblea Legislativa.

No sólo se está negando el derecho a 24 diputados de tomar posesión de sus cargos en el plazo que establece la misma Constitución de la República, sino que la Asamblea queda literalmente paralizada de tomar cualquier decisión hasta que concluya el recuento de votos que ordenó la Sala de lo Constitucional, lo cual podría ser, así como se ven las cosas, a finales del mes de Mayo.

En un intento de arreglar este entuerto, la Asamblea Legislativa aprobó ayer nuevas facultades a los gerentes de este órgano del Estado de modo de no bloquear las labores administrativas, especialmente el pago de los empleados.

Lo que sí no puede hacer desde mañana la nueva legislatura, que debió tomar posesión completa como órgano del Estado, es decir, los 84 diputados y diputadas, y no sólo 60, es sesionar, elegir junta directiva, integrar comisiones y ponerse a legislar como es debido.

La medida cautelar de la Sala de lo Constitucional al prohibir que 24 diputados tomen posesión de sus cargos el día de mañana tiene como efecto inmediato la intromisión de un órgano del Estado en las actividades propias de otro órgano y por supuesto, la parálisis y el bloqueo de las decisiones que la Asamblea podría comenzar a tomar como nueva legislatura a partir de este 1 de Mayo.

Desde que conocí la medida cautelar de la Sala hecha pública el martes de esta semana fuí enfático al advertir la existencia de una agenda oculta en esta resolución.

Ante la imposibilidad de la derecha oligárquica, representada por ARENA, de parar el funcionamiento del ejecutivo en la medida que no ha podido construir una correlación de fuerzas en la Asamblea que le permita impulsar su proyecto político y económico, las resoluciones más recientes de la Sala de lo Constitucional le han caído como anillo al dedo.

Lo que hay acá es una prueba de fuerza. El gobierno de los jueces, que claramente responde a intereses oligárquicos, es un instrumento recurrente de la derecha oligárquica para ejercer presión y de ser necesario parar el funcionamiento de otros órganos del Estado donde esta derecha tiene poca o ninguna influencia.

Así ha ocurrido con resoluciones de la Sala como haber declarado inconstitucional el pago del 1% sobre activos netos, con lo cual le reduce los ingresos al gobierno en por lo menos 15 millones de dólares.

Esta asamblea ha tenido una excelente oportunidad que no ha sabido aprovechar.

La prohibición de que 24 diputados no pueden tomar posesión el día de mañana es una clara invitación a violar la Constitución que en su artículo 122 establece que el período de inicio de labores de una legislatura es el 1 de Mayo.

En ninguna parte de su articulado la Constitución habla de que puede haber una juramentación parcial de la Asamblea o que este cuerpo colegiado, de 84 diputados, puede iniciar labores con un número menor de sus diputados.

Lo que se va instalar mañana, en virtud de la medida cautelar decretada por la Sala de lo Constitucional, no es la Asamblea Legislativa en tanto primer órgano del Estdo. Para ello tendrían que instalarse los 84 diputados y no sólo 60.

Esta violación de la Constitución y este exceso en sus atribuciones como Organo Judicial podría llevar a promover la destitución de los magistrados que firmaron la sentencia.

No me refiero acá al amparo admitido, sino a la medida cautelar decretada en virtud de la cual los 24 diputados de San Salvador, que dicho sea de paso ya recibieron sus credenciales por el TSE, no podrán iniciar sus labores en el plazo establecido por la Constitución.

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