Programa 25 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 25 – Editorial

Finalmente, y después de una serie de contratiempos causados por una medida cautelar ordenada por la Sala de lo Constitucional que impidió que 24 legisladores por San Salvador tomaran posesión de sus cargos el pasado 1 de Mayo, la Asamblea Legislativa se instaló formalmente y tal como lo ordena la Constitución de la República.

De esta forma, se supera la crisis institucional que había sido provocada por el no funcionamiento de uno de los tres órganos del Estado.

La Asamblea Legislativa es un órgano del Estado integrado por 84 diputadas y diputados electos y no por 60, como pretendían algunos honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

De haberse elegido Junta Directiva el 1 de mayo pasado, se le habría negado el derecho a 24 de sus diputados de participar en la postulación de cargos así como en la votación.

A mi me asalta la duda razonable si no era este en el fondo el propósito de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que dieron sus votos para obligar al recuento por San Salvador, con el argumento que había que garantizar la voluntad de unos 22 mil electores cuyos votos no habían sido contados adecuadamente.

Al final de cuentas, este recuento no cambió ni la distribución de diputaciones por partido ni los elegidos por cada instituto político. Todos los candidatos que habían resultado electos en el escrutinio final conservaron sus curules y no entró ni salió nadie.

La distribución de fuerzas estaba clara desde el principio y la Sala con su fallo lo único que buscaba es que se eligiera junta directiva con una aritmética conveniente para el proyecto oligárquico que representa el partido ARENA.

Veamos a qué me refiero.

Con 84 diputados electos e instalados formalmente, ARENA cuenta únicamente con 35 diputados con lo que no puede alcanzar mayoría de 43 y menos mayoría calificada de 56.

Con sólo 35 diputados y sin una conveniente alianza para sus propósitos con otros partidos políticos tampoco puede imponerse en la elección de Junta Directiva de la Asamblea y tomar el control de la Presidencia de este órgano del Estado.

Si los diputados autorizados a tomar posesión de sus cargos el 1 de mayo pasado hubieran decidido elegir Directiva necesariamente habrían tenido que pactar con ARENA y esta fuerza política habría tenido la posibilidad de imponerse para quedarse con la Presidencia de la Asamblea, como ha venido insistiendo hasta ahora.

La alianza entre FMLN, GANA y PCN, que suma 48 diputados no se hubiera podido integrar si los 66 autorizados por la Sala hubieran querido elegir la Directiva, ya que sin los diputados electos pos San Salvador esta alianza no alcanzaba ni siquiera los 43 diputados que se requieren para elegir Junta Directiva.

El argumento de ARENA de que por haber ganado más diputados que otros debe tener la Presidencia de la Directiva de la Asamblea no deja de ser simplista puesto que la directiva se elige con 43 diputados y no con 35 que son los que tiene ARENA.

La mecánica de elección derivada del reglamento interior de la Asamblea establece que la votación para junta directiva, incluyendo la Presidencia, debe ser por 43 diputados y por tanto, sólo puede ganar la Presidencia aquellas fuerzas políticas que logren esta cantidad de diputados sobre la base de un pacto o compromiso político.

Esto fue justamente lo que ocurrió este día en la Asamblea: un acuerdo entre FMLN, GANA y PCN, que suma 48 voluntades, decidió dar la Presidencia de la Asamblea al FMLN por 18 meses y a GANA por otro período igual.

Como lo he sostenido en otras ocasiones, ARENA no cuenta con suficientes votos para impulsar su proyecto oligárquico y no le queda más opción en esta legislatura que respetar la decisión de una mayoría o coalisión anti oligárquica integrada por FMLN, GANA y PCN.

No deja de ser ridículo que ARENA amenace con que no dará sus votos para futuros préstamos que sean de interés del gobierno por no haberlos tomado en cuenta para la integración de la Junta Directiva, sobre todo de la Presidencia, siendo que ARENA nunca ha estado dispuesto a dar sus votos para más préstamos que aseguren el financiamiento del desarrollo económico del país y de los programas sociales, como lo demostró en la pasada legislatura

Ahora que ya está instalada la Asamblea Legislativa no nos queda a los salvadoreños y salvadoreñas más que exigirles que asuman su rol de legislar y cumplan con la agenda pendiente que quedó de la legislatura anterior.

Por ejemplo, continúa pendiente la ratificación de la reforma constitucional que garantiza el derecho al agua y a una alimentación adecuada.

Sigue pendiente también, legislar a fin de evitar los excesos en sus atribuciones que ha venido cometiendo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Como muestra un botón.

Hoy resulta que el máximo organismo en materia electoral no es el Tribunal Supremo Electoral, como lo establece nuestra Constitución, sino la Sala de lo Constitucional que fue la que finalmente autorizó que los 24 diputados y diputadas elegidos el 1 de marzo pasado por el Departamento de San Salvador puedan asumir sus cargos como legisladores.

Este martes, la Sala de lo Constitucional dejó sin efecto, dice el escrito presentado a la Asamblea, la medida cautelar adoptada que inhibía de tomar posesión de sus cargos a los 24 diputados por el departamento de San Salvador.

Según el fallo emitido hace dos días, la Sala estableció que las credenciales otorgadas por el Tribunal Supremo Electoral a los 24 legisladores elegidos dejan de ser provisionales y se convierten en definitivas, para que de esa forma dichos diputados y diputadas puedan tomar posesión de sus cargos.

De nuevo mi reflexión: hoy resulta que no es el Tribunal Electoral el que acredita a las diputadas y diputados electos para que puedan ejercer sus atribuciones como legisladores, sino la Sala de lo Constitucional.

Como bien han advertido, algunos diputados y dirigentes políticos, de seguir así el día menos pensado la Sala podrá anular la decisión soberana del pueblo y destituir a un Presidente y Vicepresidente de la República.

Así lo dio a entender el presidente de ARENA, Jorge Velado, quién en un exabrupto, porque no se le puede llamar de otra forma, dijo que si la Sala de lo Constitucional hubiera ordenado la apertura de urnas en el 2014 lo más probable es que el Presidente de la República no sería Salvador Sánchez Cerén sino Normán Quijano.

Expresión que también no deja de ser hipócrita por parte de Velado, ya que ha sido este dirigente quién revocó la candidatura para la reelección como alcalde de San Salvador del Dr. Quijano y quién también se ha opuesto a que el ahora diputado Quijano corriera como candidato para la Presidencia de la Asamblea, dadas las cada vez más claras diferencias entre ambos al interior del Partido.

Otro de los temas pendientes y que urge que la Asamblea discuta a la brevedad posible tiene que ver con el financiamiento de los planes de seguridad pública, financiamiento extraordinario que podría asegurarse con la creación de un impuesto a la seguridad democrática, como lo hizo Colombia, o bien de una reforma fiscal que permita crear el impuesto al patrimonio, que derogó Cristiani, y que llevó a la aprobación de un oneroso incremento al IVA en tiempo del gobierno de Calderón Sol, así como otros impuestos a los bienes de lujo y a las ganancias.

Tengo información que sólo el impuesto al patrimonio, que se aplicaría a los grandes capitales y fortunas, y no al pueblo trabajador, le dejaría al fisco no menos de 80 millones de dólares al año, con lo cual podrían cubrirse algunos gastos que implica el fortalecimiento del aparato de seguridad pública del país.

Lo mismo si Hacienda presenta una nueva versión del pago mínimo sobre activos netos que la sala hace unos días declaró inconstitucional y le ha hecho perder al estados cerca de 21 millones de dólares en ingresos.

Ya antes, años atrás, esta misma sala había declarado inconstitucional una primera versión de este impuesto, lo que le hizo perder al estado unos 32 millones de dólares que venía recaudando.

Por eso es que el Ministro Cáceres no se equivoca cuando asegura que todos los fallos de la Sala de lo Constitucional en materia fiscal responden a los intereses de los grandes capitales y de las corporaciones multinacionales, que se ven favorecidas con estas sentencias, en la medida que les permite seguir trasladando a nuestro país costos que tienen afuera y de esa forma pueden declarar pérdidas para eludir el pago del impuesto que estarían obligados a cancelar.

En esa línea de acción, el Ministro Cáceres ha dicho que investigará a las empresas que declarán pérdidas año con año con el propósito de pagar menos impuestos que los debidos.

Este debate sobre un nuevo paquete impositivo, que no afecte el bolsillo del consumidor y menos la economía ya bastante deteriorada de las mayorías populares, es el que debe tener la Asamblea Legislativa en los próximos días.

La Asamblea Legislativa le debe dar las herramientas necesarias al gobierno para no sólo cobrar en forma más eficiente los impuestos, sino para cobrarles más a los que más tienen….

La semana pasada hablamos de la lista de deudores y evasores del fisco que el Ministerio de Hacienda publicó a través de su portal en internet.

Son más de 12,500 deudores que en total adeudan al gobierno unos 372 millones de dólares.

Algunos de ellos han apelado al Tribunal de Apelaciones del Ministerio de Hacienda o han presentado recursos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, de modo de no pagar la suma adeudada.

Entre las empresas que más deben se encuentran reconocidas firmas del área de la telefonía, de la aviación comercial, distribuidoras de energía eléctrica, bancos, petroleras y algunas multinacionales. Además, por supuesto, de personalidades del mundo político y empresarial, casi todas vinculadas al partido ARENA.

Esto explica la actitud de doble moral asumida por ANEP, a través de su Presidente, el señor Daboub, que dicho sea de paso su hermano, Juan José Daboub, está siendo investigado por el caso CEL-ENEL, y por otros reconocidos dirigentes gremiales empresariales.

Medios de comunicación tradicionales, medios grandes como El Diario de Hoy, ni siquiera hacen referencia a la publicación, sencillamente, porque entre los más grandes deudores y evasores se encuentran sus más importantes y apreciados patrocinadores.

Noten la doble moral y la frágil independencia informativa de la que tanto alarde hacen.

Hay medios escritos que dedican titulares de una semana y varias páginas de las noticias nacionales a informar sobre una supuesta irregularidad en la compra de terrenos por parte de un ex funcionario del órgano legislativo.

Bajo la bandera de la transparencia, estos medios llegan al extremo de especular y atribuir una posible comisión de delitos al ex funcionario en cuestión, con tal de dañar su imagen pública y desgastar al partido en el gobierno.

Organizaciones como FUSADES y FUNDE dieron sendas conferencias de prensa para que la Fiscalía, Probidad y la Corte de Cuentas investiguen el caso y establezcan si hubo o no un enriquecimiento patrimonial ilícito.

Todas estas instituciones del Estado investigaron de oficio el caso y no encontraron delito que perseguir.

Es decir, no hubo enriquecimiento ilícito, no hubo peculado, no hubo tráfico de influencias, tampoco se cometieron actos arbitrarios ni se afectaron dineros públicos, en buenas cuentas, no hubo corrupción.

Y a pesar de ellos, a pesar que el ex funcionario investigado ha sido exonerado de cualquier responsabilidad, su imagen y su honor fue exhibida y dañada por los medios de comunicación que lo condenaron sin haberlo oído y vencido en juicio.

La cobertura informativa de ese caso fue voraz e irresponsable. En el fondo se buscaba afectar al partido de gobierno de cara a las elecciones legislativas y municipales de este año y este caso caía como anillo al dedo para los fines electorales de ARENA.

Algunos podrán decir: y no se hizo lo mismo con el caso del ex presidente Flores? Acaso no se le ha dañado su imagen y el partido ARENA pago las consecuencias en las elecciones del 2014?

La respuesta es sencilla y cae por su peso: con Flores se inició una investigación en la Asamblea Legislativa, investigación que luego fue retomada por la Fiscalía General de la República, único ente autorizado para investigar penalmente, que derivó luego en una acusación penal contra el ex presidente Flores ante los tribunales, dada la contundencia de los hechos denunciados e investigados.

Y curiosamente, a pesar de la fuerza de los cargos que se le imputan, a pesar que guarda arresto domiciliar mientras se celebra la vista pública, a pesar de las decenas de millones de dólares de la cooperación taiwanesa que fueron desviadas para otros fines y otros destinatarios, los medios tradicionales no sólo no le han dado la relevancia que amerita sino que han levantado otras investigaciones con el fin de tirar una cortina de humo sobre este caso.

La misma forma de proceder de algunos medios y de las gremiales empresariales y tanques de pensamiento como FUNDE y FUSADES en el caso Flores-Taiwan, es la que en estos momentos estamos observando en el caso de los deudores y evasores del fisco.

No le dan cobertura, no le prestan atención y si lo hacen es sólo para anunciar que procederán legalmente contra Hacienda por haber publicado la lista de deudores, y tampoco exigen con la misma beligerancia que en otros casos, como el del ex funcionario legislativo, el pago de los impuestos adeudados.

No entiendo cómo es que los medios de prensa le dedicaron varias semanas, con amplios reportajes de investigación, a la venta de terrenos que hizo el IPSFA a una empresa de este ex funcionario legislativo, venta por la que pago menos de medio millón de dólares, y no se le dedica ni una tan sola página a la investigación de más de 370 millones de dólares adeudados al fisco.

Ningún periodista independiente, ningún medio de comunicación que hace frecuente exhibición de su objetividad y profesionalismo, ninguna organización que “dis” que defiende la transparencia como FUNDE o FUSADES, piden que se investigue la forma fraudulenta como algunas empresas trasladan costos, declaran pérdidas y dejan de pagar millonarios impuestos.

En otros países, como Estados Unidos, estos casos ya habría sido investigados y publicados por la prensa independiente y sus implicados estaría seguramente guardando prisión.

Estamos hablando de más de 12 mil 500 deudores del Estado, de los cuales, 481, que son los que tienen las deudas más grandes, está siendo defendidos y representados por la ANEP.

Fiel a su vocación y naturaleza oligárquica la ANEP ha salido en defensa de 481 deudores y evasores, que aunque no han sido condenados por la justicia, pues sus casos esperan sentencia del tribunal de apelaciones o de la sala de lo contencioso administrativo, las irregularidades detectadas por Hacienda son de tal magnitud que los ha colocado en una lista donde aparecen los más grandes deudores del fisco.

Bien vistas las cosas, no son ni siquiera 12 mil 500 los casos que más interesan. Se trata de apenas 481 empresas que adeudan la mayor cantidad de impuestos por pagar y que sus intereses son claramente defendidos por ANEP y los medios de comunicación que han guardado silencio cómplice ante esta denuncia.

Y así como en el caso Flores-Taiwan, los medios de comunicación en complicidad con ARENA y ANEP le bajaron perfil a las investigaciones y acusaciones de la Fiscalía y levantaron ruido sobre otros casos menos importantes, ahora en el caso de los 372 millones de dólares que se le deben al fisco, estos mismo medios, ARENA y ANEP pretenden hacer ruido con investigaciones de casos que ni siquiera tienen que ver con nuestro país.

Me refiero a un par de esos casos.

Hoy resulta que como en Brasil ha estallado el escándalo de los pagos inflados que por años realizó la estatal Petrobras a empresas constructoras brasileñas y políticos, tanto del partido de gobierno como de la oposición, entonces acá en nuestro país pudiera haber ocurrido lo mismo, sólo porque algunas de las empresas investigadas en Brasil tienen nombres parecidos con las que ganaron contratos acá o tuvieron algún tipo de relación con los proyectos de CEL.

Se habla de la empresa constructora Oderbrecht, investigada en Brasil por el escándalo con Petrobras. Para información de los amigos y amigas que nos escuchan esta empresa brasileña nunca llegó a tener ni un tan sólo contrato con CEl o con el gobierno anterior.

Participó en una licitación, precalificó junto a una empresa de origen chino, pero nunca ganó ni un tan sólo contrato ni se tuvieron relaciones comerciales con esa empresa, y a pesar de eso, ARENA, ANEP y los medios escritos más grandes del país asegurar que acá ha habido actos de corrupción que investigar.

Hay otra empresa brasileña que ganó en el gobierno anterior un contrato de expansión de la Central 5 de noviembre de nombre Queiroz Galvao que nada tiene que ver con la empresa Queiroz Ingenieros que está siendo investigada en Brasil. Los mismos directores de Queiroz Galvao, que están trabajando aún en la expansión de esta central hidroeléctrica, aclararon que no tienen nada que ver con la empresa investigada en Brasil y que los ejecutivos procesados por la justicia brasileña no tienen ninguna relación laboral con la empresa contratada acá en el país.

A qué viene entonces esta investigación si no existe ninguna relación con el escándalo de corrupción en Brasil?

El objetivo es claro: distraer la atención sobre los casos que si nos deberían interesar a los salvadoreños y donde si hay claras evidencias de irregularidades y delitos cometidos.

Con sólo una parte de los 372 millones de dólares adeudados a Hacienda que se pagara, el país tendría recursos suficientes para financiar programas de desarrollo económico, programas sociales o bien algunos de los programas de combate y prevención de la delincuencia que ha propuesto el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y no tener que recurrir a más préstamos internacionales.
Para que quiénes me escuchan y ven tengan una idea de lo que digo…

Si los socios de la ANEP, que acaparan más del 60 por ciento de la deuda con el fisco, pagaran sus impuestos el gobierno tendría recursos suficientes para: financiar por dos años el programa de entrega gratuita de uniformes, zapatos y útiles escolares a 1 millón 400 mil estudiantes en todo el país; abastecer a todos los hospitales públicos por dos años de los medicamentos que hoy no tienen; con esos impuestos se podrían construir más de 300 clínicas comunales y de salud familiar; se podrían edificar al menos cuatro hospitales totalmente equipados similares al nuevo Hospital Maternidad; o bien, el gobierno podría financiar la entrega del vaso de leche todos los día a 800 mil estudiantes por más de tres años o bien la alimentación escolar a 1 millón 400 mil estudiantes por unos cuatro años, entre otros programas sociales.

ANEP debería dejar de responder a los malos empresarios que evaden y no pagan sus impuestos. FUSADES y FUNDE deberían exigir con el mismo ímpetu que exigen un manejo transparente del gasto público, el fin de la impunidad de los evasores del fisco. Los grandes medios de comunicación, sobre todo escritos, deberían denunciar a estos grandes evasores aunque sean sus anunciantes y patrocinadores. Y los más de 400 mil contribuyentes que pagamos nuestros impuestos a tiempo, sin artificios para evadir su pago, tenemos derecho no sólo a conocer quiénes son los deudores y grandes evasores del fisco, tenemos derecho también a exigirle al gobierno y a la fiscalía que cobre esas deudas para que aumenten los ingresos del Estado…

Yo si pago mis impuestos a tiempo y cómo es debido. Acá tengo la boleta de pago que me extendió el Ministerio de Hacienda el pasado 30 de Abril por el pago a tiempo del impuesto de la renta.

Yo si tengo solvencia suficiente para exigir que quiénes adeudan al fisco se pongan al día con sus obligaciones tributarias.

Hay que denunciar no sólo a los deudores y evasores sino también a los encubridores como los dirigentes de la ANEP.

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