Programa 26 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 26 – Editorial

Hace una semana comentábamos sobre la inminente instalación de la Asamblea Legislativa y la elección de su Junta Directiva.

Hasta el cierre del programa del jueves pasado no había ocurrido la elección de los cargos directivos, entre ellos, la Presidencia de la Asamblea. Por eso no pude sentar posición sobre este proceso.

Ahora ya ha transcurrido una semana desde que tal elección se dió y los diputados de ARENA parecen no estar satisfechos aún con la distribución de cargos que le otorgó cuatro directivos a su partido y la Presidencia de varias comisiones de trabajo.

La verdad que los diputados y diputadas de ARENA, en su mayoría, sólo han llegado a oponerse al ejecutivo y a bloquear el trabajo del primer órgano del Estado.

El pretexto de que trabajarán por construir consensos que sean de beneficio para el país y por un perfil más profesional y democrático de este órgano de Estado no deja de ser una expresión propagandística.

El Presidente del COENA, ante su incapacidad para lograr un entendimiento con las demás fuerzas políticas, sobre todo, con el FMLN, incapacidad reconocida por el diputado Norman Quijano, ha amenazado con recurrir a la Sala de lo Constitucional porque, en su análisis, en esta elección no se guardó la proporcionalidad debida que establece el Reglamento Interno del Organo Legislativo.

En su interpretación, al partido ARENA le correspondían más cargos directivos que los demás grupos parlamentarios, incluyendo por su puesto, la Presidencia de la Asamblea Legislativa, por el simple hecho de haber ganado más diputados que el resto de partidos en la elección del 1 de Marzo.

Insisto que este es un problema de interpretación y de falta de pragmatismo en el análisis político que caracteriza a ARENA.
En ninguna parte del reglamento interno de la Asamblea se establece que el partido que gana más diputados en una elección le corresponde automáticamente la Presidencia de la Asamblea, y menos mayor número de cargos directivos que el resto.

Lo que el Reglamento establece es que la Presidencia, como el resto de cargos directivos, se elige por mayoría absoluta de 43 diputados y este cargo lo obtiene el partido político que alcance 43 votos, ya sea por sí solo o por un acuerdo político con otros partidos.

ARENA, bajo la conducción de Jorge Velado, no fue capaz de construir este acuerdo y por eso, la alianza formada por FMLN, GANA y PCN, que suma 48 votos, decidió repartir la Presidencia de la Asamblea Legislativa en dos partidos, FMLN y GANA, correspondiéndole a cada uno 18 meses, que es la mitad del período para el que fueron elegidos.

Este es un asunto de aritmética y realidades políticas en el que nada tiene que ver el reglamento interior de la Asamblea y por tanto, la demanda ante la Corte Suprema de Justicia no tiene ningún sentido más que bloquear el funcionamiento del primer órgano del Estado.

Esperaría que al presentar la demanda, en el caso que lo hagan, la Sala de lo Constitucional no la admita, ya que al hacerlo reconfirmaría su rol como instrumento de la derecha oligárquica: lo que no gana en las urnas ni en negociaciones políticas al final la derecha oligárquica lo obtiene a través de los cuestionados fallos de la Sala de lo Constitucional.

En un baño de realismo político, ARENA debería entender que no alcanzó los votos necesarios para inclinar la balanza a su favor en aquellos asuntos que se deciden por mayoría de 43 diputados.

Hubo analistas de derecha, incluyendo a algunos medios de comunicación, que estuvieron repitiendo poco después de conocerse los resultados de las elecciones que el electorado había distribuido los votos de tal forma que se habían formado dos bloques de 42: el del FMLN y GANA y el de ARENA, PCN y PDC.

Erróneamente, estos analistas partían del hecho que el PCN y PDC por ser partidos de derecha votarían con ARENA y sólo GANA con el FMLN.

Las realidades políticas en la Asamblea son diferentes a las percepciones que tienen los liderazgos partidarios y algunos analistas que se ven sesgados en sus análisis por la defensa de sus intereses.

Siempre sostuve y la realidad se encargó de darme la razón, que en la Asamblea Legislativa como resultado de las elecciones de marzo se habían formado dos bloques: uno oligárquico, con sólo 36 diputados, integrado por ARENA y PDC. Y el otro, anti oligárquico, de 48 diputados, integrado por FMLN, GANA y PCN.

La trayectoria reciente del PCN, sobre todo, después de las elecciones presidenciales del 2009, y la formación de GANA en tanto escisión del partido de la oligarquía, precisamente por diferencias de criterio y posición frente a determinados hechos de la realidad que estallaron en Septiembre del 2009, hacía pensar que en esta legislatura los tres partidos políticos, es decir, FMLN, GANA y PCN, se pondrían de acuerdo para defender sus intereses y los de la población, especialmente ante decisiones que tengan que ver con las condiciones de vida de los más pobres en el país.

Por eso es que tampoco resultaba extraño que al momento de elegir directiva, fuesen estos tres partidos los que más fácilmente se pondrían de acuerdo para repartirse los cargos.

Estoy seguro que en los tres años de esta legislatura, la mayoría absoluta de 43 diputados la podrá construir con mayor facilidad el FMLN en alianza con GANA y la totalidad o en algunos casos la mayor parte de diputados del PCN.

En cambio, ARENA sólo contará en la Asamblea cuando se trate de decisiones que requieren de 56 diputados, es decir, mayoría calificada como la ratificación de préstamos internacionales y la elección de funcionarios de segundo grado: Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y miembros del Ministerio Público, como el Fiscal, y Procuradores, tanto el Procurador de Derechos Humanos y el Procurador General de la República.

La aprobación de leyes, como La Ley del Agua o la Ley que prohibe la minería en nuestro país; o la derogatoria o reforma de leyes ya existentes, como la Ley de Procedimientos Constitucionales o la Ley de enriquecimiento ilícito que data desde 1959; la aprobación del Presupuesto General de la Nación o de Presupuestos Especiales; la aprobación de nuevos impuestos que hagan recaer el peso de las contribuciones fiscales en los sectores de mayores ingresos; la aprobación de mecanismos que vuelvan más eficaz la persecución de delitos financieros o la evasión al fisco de modo de hacer que los deudores de la hacienda pública paguen sus impuestos; o la creación de comisiones especiales de investigación para asuntos de interés público, como ocurrió con el caso CEL-ENEL y el caso del ex presidente Flores, o bien la elección de Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, todas estas decisiones que son de suma importancia para nuestro país podrá tomarlas la alianza anti oligárquica integrada por el FMLN en acuerdo político con GANA y PCN, con lo cual se viene abajo el proyecto de la derecha oligárquica representada por ARENA de trabarle las carretas al gobierno y provocar su desgaste de cara a las elecciones del 2018 y el 2019.

Las cartas están claramente expuestas sobre la mesa.

Mientras el gobierno, los grupos parlamentarios del FMLN, PCN y GANA así como una serie de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil luchan por la refundación y la modernización del Estado Social y Democrático en nuestro país, la derecha oligárquica no tiene otro objetivo más que recuperar el control del poder del Estado para ponerlo al servicio de sus intereses como ocurrió en el pasado.

Batallas que se están librando en diferentes instituciones del Estado, incluyendo el órgano judicial, como son los casos de CEL-ENEL y los desvíos millonarios de la cooperación taiwanesa durante el gobierno Flores, y más recientemente el esfuerzo gubernamental por recuperar más de 370 millones de dólares que unos 12 mil 500 contribuyentes deben al fisco, la derecha oligárquica intenta opacarlas levantando mediáticamente casos de supuesta corrupción ocurridos en el gobierno anterior y en éste.

En esta semana, la ANEP, brazo gremial y empresarial del partido ARENA, se pronunció en un campo pagado por una mayor transparencia en el manejo del gasto público y por el cese de lo que ellos llaman una persecución política contra los opositores al gobierno en turno al estilo de los países del Socialismo del Siglo XXI.

En el comunicado citan algunos casos relacionados con el gobierno anterior, como son las investigaciones que realiza la Fiscalía en algunas obras de infraestructura como la construcción de la presa El Chaparral y la ampliación de la capacidad instalada de la Presa 5 de Noviembre, o bien, megaproyectos como el SITRASMSS, además del caso de la compra-venta de terrenos propiedad del IPSFA al expdte de la Asamblea Legislativa.

En ninguno de los casos mencionados, la Fiscalía y la Corte de Cuentas, o cualquier otra institución del Estado como Probidad y el Tribunal Gubernamental de Etica, después de varios meses de investigación, han encontrado indicios de que se haya cometido algún acto de corrupción o alguna irregularidad que haya afectado el patrimonio del Estado.

Todo se reduce a meras denuncias que lanzan a los cuatro vientos sin prueba alguna dirigentes de ARENA, incluyendo algunos de los nuevos diputados que entraron en esta legislatura, dirigentes de la ANEP o miembros de tanques de pensamiento de la derecha como FUSADES y FUNDE.

El morbo provocado por medios de comunicación como El Diario de Hoy, cuyo oficio es la desinformación permanente en torno a las acciones de los gobiernos del cambio que iniciaron en el 2009, contribuye a este propósito en la medida que sobredimensionan los casos aludidos y le bajan perfil a otros que se encuentran en los tribunales de justicia y que están vinculados al partido ARENA.

La estrategia es clara: levantan el perfil de casos donde no hay siquiera indicios de corrupción y opacan en la opinión pública otros que están siendo investigados y que afectan la imagen del partido ARENA.

La CEL bajo mi gobierno no pagó $108 millones como asegura El Diario de Hoy, la ANEP, FUNDE y diputados de ARENA.

La junta directiva de CEL, en la que hay representantes del sector privado, pagó $23.5 millones para dar por finalizado el contrato con la empresa constructora ASTALDI y evitar un litigio internacional que le hubiera resultado mucho más caro al gobierno que haber cancelado esta suma que tanto se cuestiona.

De los 108 millones de dólares que se mencionan en estas denuncias, la junta directiva de la CEL bajo mi gobierno sólo pagó menos de la quinta parte de esta suma global, por lo que no es mi gobierno ni la CEL bajo la Presidencia de Leopoldo Samour la que debe estar siendo cuestionada.

Tampoco la CEL bajo mi gobierno es responsable que no se haya avanzado en los trabajo de construcción de lo que El Diario de Hoy denomina el Hoyo del Chaparral.

Una vez cancelado el contrato con ASTALDI, porque esta empresa italiana pretendía cobrar más por la obra, CEL llevó a cabo una nueva licitación para contratar la empresa que continuaría con la obra.

No es cierto que CEL haya otorgado el contrato a la firma constructora brasileña Oderbrecht que está siendo investigada en Brasil por denuncias de corrupción.

Esta firma, como otras, se presentó a la precalificación pero no se le adjudicó ninguna obra y menos se le pagó dinero alguno.

No se hizo ninguna licitación.

La licitación se paró luego que la Fiscalía ordenó una investigación que hicieron ex diputados de ARENA.

CEL no tiene ni tuvo ninguna relación con Oderbrecht, como maliciosamente lo ha venido sugiriendo El Diario de Hoy y más recientemente la ANEP.

Lo mismo habría que decir de la ampliación de la Presa 5 de noviembre donde dos instituciones financieras internacionales de prestigio dieron el aval para que se firmara el contrato de expansión por la suma acordada.

En este caso, ARENA, ANEP, FUNDE y El Diario de Hoy sostienen que la empresa contratada Queiroz Galvao está siendo investigada en Brasil por un caso de corrupción con la estatal PETROBRAS.

La misma empresa en cuestión aclaró a través de campos pagados que no tiene ninguna relación, ni económica, ni empresarial, ni profesional, con la empresa que está siendo investigada en Brasil.

Lo único en común que tienen es el primer nombre: la empresa contratada por CEL se llama Queiroz Galvao y la empresa investigada en Brasil se llama Queiroz Engenieros, pero sse trata de empresas distintas.

A qué viene entonces todo este escándalo y la afirmación temeraria de la ANEP de que estos son casos de corrupción que deberían ser investigados y por los cuales se debería pronunciar la Secretaria de Transparencia del gobierno, injustamente acusada por Roberto Rubio de FUNDE y la propia de ANEP de persecución política y terrorismo cibernético?

No me cabe duda que se trata de verdaderas cortinas de humo creadas por la derecha oligárquica y sus medios satélites para distraer la atención de dos casos que están por definirse en los tribunales en estos días: CEL-ENEL y Flores-Taiwán.

Además, es un nuevo intento por ocultar la escandalosa evasión de más de 370 millones de dólares al fisco, cifra que en su mayoría deben sólo 481 deudores defendidos por la ANEP.

La ANEP en lugar de atacar a uno de los Secretarios de la Presidencia de este gobierno y Roberto Rubio de la FUNDE, en lugar de lloriquear por un supuesto ataque cibernético a sus cuentas y correos y una supuesta persecución política que dice él que esta siendo víctima, deberían exigir que se conozcan estos deudores del Estado y que avancen los casos de corrupción que se encuentran en los tribunales con la misma fuerza y beligerancia que exigen que se revelen las cuentas gubernamentales.

La diferencia entre las denuncias que hizo mi gobierno, como ha sido el caso CEL-ENEL o el caso Flores-Taiwan, o bien los 481 expedientes de grandes deudores que publicó el Ministerio de Hacienda y las denuncias planteadas por diputados de ARENA, ANEP y FUNDE en apariciones públicas en los mediosm y en campos pagados es que los primeros, los denunciados por mi gobierno, están ventilándose en los tribunales competentes mientras que los segundos, los denunciados por ARENA, ANEP y FUNDE no pasan de ser cortinas de humo, basadas en investigaciones sin fundamento como las que realiza El Diario de Hoy.

Estamos a solo unos días para se celebre en nuestro país la beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

Y este acontecimiento debe llenarnos de gozo y satisfacción no sólo a los católicos que creemos en la obra profética de San Romero de Las Américas, como lo llamaba el Obispo Pedro Casaldáliga, sino al pueblo salvadoreño en general que vivió su martirio y se inspira en su pensamiento para luchar por las transformaciones que el país necesita.

En mi opinión ese es el significado de este acontecimiento histórico que se celebrará en la Plaza de las Américas, mejor conocida como Plaza El Salvador del Mundo, acá en San Salvador el próximo sábado por la mañana.

Hay sectores, lamentablemente algunos de ellos vinculados a la Iglesia Católica, que están tratando de desnaturalizar el significado de esta beatificación y peor aún, están tartando de adulterar el significado del martirio de Monseñor Romero.

Aquí no hay donde perderse, su Santidad el Papa Francisco dijo claramente que Monseñor Romero fue asesinado por odio a la fé.

Quiénes le asesinaron lo hicieron por odio a sus prédicas, por rechazo a sus mensajes y acciones pastorales, por temor a que su denuncia profética afectaba sus intereses.

No lo hicieron por intolerancia religiosa como ha ocurrido con mártires de la iglesia católica en otras partes del mundo.

La comisión de la verdad, integrada a iniciativa y por intermedio de Naciones Unidas, estableció con pruebas fehacientes que Monseñor Romero fue asesinado mientras oficiaba una misa en la Iglesia del Hospital La Divina Providencia, por un comando de exterminio de los entonces Escuadrones de la Muerte, que operaban a inicios de los años 80.

Según estas investigaciones, este comando estuvo integrado por sicarios del circulo de confianza y seguridad del ex mayor del ejercito y fundador de ARENA, Roberto D’aubuisson.

La familia de D’aubuisson y dirigentes del partido ARENA podrán salir en defensa de éste señalando que nunca se han aportado pruebas suficientes de la participación del referido mayor en la planificación y dirección intelectual del asesinato.

Si el caso se hubiera judicializado, con la asistencia de organismos de investigación de otros países, probablemente estaríamos mas cerca de la verdad.

Sin embargo, lo que es innegable es que Monseñor Romero resultaba incómodo al poder oligárquico de la época.

Su denuncia profética, sus homilías dominicales pronunciadas desde Catedral Metropolitana, constituía una clara amenaza a sus intereses.

Monseñor no sólo defendía y luchaba por mejores condiciones de vida para los excluídos, los más pobres que él llamaba: los sin voz.

También denunciaba la corrupción gubernamental, la represión de los aparatos de seguridad pública, las mentiras disfrazadas de verdad que propagaban los grandes medios de comunicación, entre ellos El Diario de Hoy y sus plumas pagadas, sino también el enriquecimiento excluyente de un sector del empresariado salvadoreño.

Fueron esas amenazas a sus intereses y a la estabilidad de esta derecha oligárquica lo que llevó a decidir y planear su asesinato, independientemente de quién fue el que disparó el arma que cegó su vida.

Hablar por tanto de un martirio por el amor no deja de ser una expresión incompleta que no revela la esencia de la práctica y vivencia pastoral de Monseñor Romero.

No cabe duda que Romero tenía un profundo amor por el pueblo salvadoreño y que la vivencia de ese amor le condujo a la muerte, pero tampoco puede negarse u ocultarse el odio a la fé de quiénes decidieron y perpetraron su asesinato y que fue ese odio a la fé el que provocó su martirio.

Esto último es importante, porque aún cuando el pensamiento de Romero tiene una validez universal y de ahí su beatificación por la Iglesia Católica, el odio a la fé de esta derecha oligárquica sigue vigente como en el pasado y debe ser denunciado y combatido como lo hizo Monseñor Romero.

Como hace 35 años, esta derecha oligárquica continua con suficientes resortes de poder que le permiten impulsar su proyecto político y económico que está llevando a la pobreza y exclusión a miles y miles de salvadoreños, sobre todo campesinos y obreros.
Se trata de la misma derecha la que asesinó a Monseñor Romero y que ahora intenta recuperar el control de instituciones del Estado que perdió con las elecciones del 2009.

Quizás no son las mismas familias pero sí es el mismo proyecto oligárquico. Quizás no son las mismas plumas pagadas y testaferros que actúan en su defensa pero sí es el mismo salario que les empuja a hacerlo. Quizás ya no recurran a los antiguos métodos de exterminio, como cuando asesinaron a Monseñor Romero o al padre Rutilio Grande y a decenas de dirigentes políticos y sindicales del país, pero sí persiste el mismo espíritu de persecución y eliminación de los adversarios que amenacen o pongan en riesgo su estabilidad y el status quo.

Con una evidente doble moral, movidos por las circunstancias, algunos dirigentes de ARENA, grandes empresarios, medios de comunicación como El Diario de Hoy, que hace 35 años celebraron en secreto y justificaron en público el asesinato de Monseñor Romero, ahora conmemoran su beatificación.

La beatificación de Romero debe significar, entre otras cosas, un nuevo impulso a las acciones y decisiones que conlleven a la derrota del proyecto oligárquico en nuestro país.

Relacionado


0 comments