“Se quejan como gallinas por lo que antes hacían como gallos…” | Mauricio Funes Sin Censura

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“Se quejan como gallinas por lo que antes hacían como gallos…”

Hoy resulta que la investigación judicial de un caso que involucra a ex funcionarios de gobiernos anteriores es calificado arbitrariamente como “persecución política” sólo porque algunos de ellos fueron miembros de ARENA o tienen alguna vinculación con este partido político?

En momentos en que el caso CEL-ENEL está por resolverse por la vía judicial, al menos dos dirigentes de las gremiales empresariales del país insisten en calificar el proceso que se ventila en los tribunales de justicia como un caso más de persecución política promovida por el gobierno, sobre todo, por el gobierno anterior.

Cuando las autoridades de CEL solicitaron hace ya un par de años que la Fiscalía General de la República investigara la forma cómo fueron vendidas una parte de las acciones de La GEO a la multinacional italiana ENEL, lo que menos importaba es si los acusados eran o no ex funcionarios públicos o empresarios vinculados al partido ARENA.

En ese momento, CEL presentó un aviso de investigación a la Fiscalía General de la República luego de conocer y hacer públicos algunos hallazgos de supuestas irregularidades cometidas en el proceso de compra-venta de las acciones de La GEO por la Junta Directiva de la autónoma bajo la Presidencia de Guillermo Sol Bang, en tiempos de la administración Flores.

El expediente que se llevó a la Fiscalía y que sirvió de base para que la Asamblea Legislativa investigara en forma simultánea el caso, a través de una comisión especial que se creó para tal efecto, formaba parte de una serie de acciones legales que el gobierno anterior impulsó a fin de evitar que como resultado de una sentencia de un tribunal internacional una multinacional tomara el control accionario de la empresa estatal dedicada a la explotación del vapor del subsuelo salvadoreño.

Por casi dos años, el caso fue investigado por la Fiscalía en forma profesional, primero, y luego por el tribunal que tiene bajo su responsabilidad establecer si hay delito que perseguir o si existe alguna responsabilidad de carácter civil de parte de los ex funcionarios que participaron de las negociaciones con la empresa italiana.

Ahora el Presidente de ASI, Javier Simán, pariente de uno de los involucrados y el Presidente de la ANEP, hermano de quién era el Secretario Técnico del gobierno de entonces, sostienen irresponsablemente que se trata de un caso evidente de “persecución política” promovida por el gobierno anterior y sostenida por el actual, en la medida que los imputados fueron o siguen siendo miembros del partido ARENA.

Más allá de las afinidades ideológicas o partidarias de algunos de los implicados, lo ejemplarizante de este caso llevado a la justicia es que ha permitido poner al descubierto un “modus operandi” que caracterizó a los gobiernos de ARENA hasta antes de la llegada del ex presidente Saca al poder.

Cada período presidencial, bajo el control de ARENA, ha venido cumpliendo una misión histórica que resulta coherente con el proyecto de la derecha oligárquica impulsado después del golpe militar del 15 de Octubre de 1979.

Las juntas de gobierno de los años que siguieron al golpe del 79 despojaron a la derecha oligárquica de tres fuentes de acumulación de capital y control de la actividad económica nacional: la propiedad de la tierra, el control de la banca y el del comercio exterior.

La tarea del ex presidente Cristiani, respaldado internacionalmente por el llamado Consenso de Washington, fue la de iniciar el proceso de recuperación de algunas de esas fuentes originarias del control hegemónico que la oligarquía había perdido.

Privatizó la banca y devolvió la explotación del comercio exterior a los grupos de poder, quiénes aprovecharon estas políticas públicas para reagruparse y fortalecerse.

En algunos casos hasta hubo devolución de tierras expropiadas por la Reforma Agraria de principios de los 80, como ocurrió con buena parte de la Finca El Espino.

Pero más allá de la recuperación de estas fuentes de acumulación, la misión que inicia Cristiani es la de crear nuevas fuentes de generación de riqueza y de fortalecimiento de los grupos de poder económico en el país.

Es así como se produce una diversificación de los grupos empresariales y una mayor concentración de la riqueza y del poder oligárquico.

A la privatización de la banca y del comercio exterior le siguió la privatización de las telecomunicaciones, del sistema de pensiones, de la distribución de la energía eléctrica y de algunas empresas generadoras de energía, como es el caso de la geotérmica.

Todo estos procesos formaron parte del libreto escrito y de las líneas de acción trazadas por los organismos financieros internacionales para nuestro país.

A ese propósito contribuyó, precisamente, la decisión durante el gobierno del ex presidente Flores de vender una parte de las acciones de La GEO a la multinacional italiana ENEL.

La negociación se diseñó e implementó de tal manera que lo que se buscaba al final es que el Estado perdiera progresivamente su poder y que el control de la empresa extractora y comercializadora de vapor acabara en manos privadas, para beneficio de unos pocos.

De ahí las acciones legales impulsadas por el gobierno anterior con el propósito que este despojo de uno de los más importantes patrimonios del país no se concretara.

Lo que el proceso judicial del caso CEL-ENEL pretende poner al descubierto, entonces, es si la negociación que permitió esta operación de compra-venta de las acciones de La GEO, en manos de CEL, se llevó a cabo en forma fraudulenta en perjuicio de los intereses del Estado.

Si hubo dolo o no por parte de los ex funcionarios de aquel entonces y que participaron de esta venta eso lo tendrá que demostrar el juez que tiene bajo su responsabilidad el caso.

Independientemente de cómo evolucione el proceso judicial y cuál sea el desenlace del mismo, lo revelador de todo esto es que por primera vez se investiga y se lleva a la justicia uno de los tantos procesos de privatización de las últimas décadas, en el que los resortes del Estado se pusieron al servicio de los intereses y beneficios económicos de grupos privados.

Por mucho que los dirigentes de las más importantes gremiales empresariales del país hablen ahora de persecución política de adversarios u opositores al gobierno en turno, lo cierto es que el destape institucional provocado por este caso cuenta más que las maniobras mediáticas de algunos de los encubridores asolapados de este caso de evidente corrupción.

No fue casual que una vez hecha la denuncia ante la Fiscalía, diputados de ARENA y dirigentes empresariales comenzaron a presionar porque se abriera un expediente de dos obras de infraestructura hidroeléctrica durante el gobierno anterior y en las que hasta la fecha los peritos nombrados no han encontrado evidencia alguna de corrupción.

Lo que ARENA y la ANEP hacen ahora es “quejarse como gallinas por lo que antes ellos hacían como gallos”

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