Programa 29 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 29 – Editorial

Esta semana el gabinete económico dio a conocer el balance del primer año de gobierno y anunció algunas medidas que pondrá en práctica en los próximos días.

Más allá de las valoraciones sobre el desenvolvimiento de la actividad económica del país, me interesa destacar una expresión del Presidente Sánchez Cerén en referencia al comportamiento que han asumido las principales gremiales empresariales del país en su relación con el gobierno.

El Presidente a los empresarios les pidió que “ablandaran su corazón y pensaran no sólo en acumular riquezas sino en quiénes necesitan realmente del gobierno…”

Les dijo textualmente: “…le pido al sector privado que ya dejen de estar enfrentando al gobierno y piensen en El Salvador…”

Esta expresión me parece importante porque marca un viraje en la posición del gobierno, o al menos del jefe del Ejecutivo, ante el sistemático hostigamiento que ha venido sosteniendo una parte del sector empresarial del país, representada por la cúpula de la ANEP, frente al gobierno desde el 2009.

Hasta ahora algunos sectores de la derecha han sostenido que el gobierno anterior se dedicó a confrontar a los empresarios en lugar de abrir las puertas del diálogo y el entendimiento.

La necesidad histórica de defender las principales medidas económicas y sociales que dieron un giro de 180 grados a la gestión gubernamental bajo el primer gobierno del cambio provocó un ciclo de confrontación entre el gobierno y las dirigencias de las gremiales empresariales del país, sobre todo con la ANEP.

Sobre esto debo hacer un poco de historia.

En los primeros meses del gobierno que arrancó en el 2009, la ANEP, con el empresario Federico Colorado al frente de la gremial, alcanzó importantes acuerdos con el gobierno en materia económica al grado de fundar el Consejo Económico Social , como una instancia de diálogo permanente y búsqueda de consenso en torno a las políticas públicas en materia económica y social.

Por esos días la representación de la ANEP mantuvo un diálogo franco y abierto con el gobierno junto a la academia, tanques de pensamiento como FUSADES, universidades, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.

Esta actitud de búsqueda de entendimientos se mantuvo con la llegada del nuevo Presidente de la ANEP, el empresario Carlos Araujo Eserski, cuando hubo elecciones de junta directiva de la gremial.

A decir verdad, el distanciamiento entre gobierno y ANEP comenzó a darse cuando en una maniobra interna, dirigida por algunos grandes empresarios, entre ellos Ricardo Simán, que veían amenazados sus intereses con las decisiones que se estaban tomando desde el gabinete económico y social, se cambió su junta directiva y fue elegido como Presidente el empresario Jorge Daboub, hermano del ex secretario técnico de la Presidencia durante el gobierno de Francisco Flores y que no ha tenido una trayectoria empresarial exitosa como para merecer el cargo.

Más que un empresario de éxito, lo que le habría bastado para ser nombrado Presidente de la gremial empresarial más importante e influyente del país, se trataba de un testaferro de un sector de la oligarquía del país, funcional para los intereses de ésta.

La misión de Jorge Daboub era y sigue siendo la de enfrentar al gobierno, especialmente, cuando sus políticas afectaran los intereses económicos de la derecha oligárquica en el país.

Bien vistas las cosas, no fue el gobierno anterior el que confrontó con los empresarios por decisión propia, como se ha estado diciendo.

Más bien fue una parte del empresariado, representada por las dirigencias de las más relevantes gremiales del sector como la ANEP, la Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales (ASÍ), quiénes asumieron una bandera política-electoral y se sumaron a la oposición que lideraba el partido ARENA desde la Asamblea Legislativa.

El gobierno tuvo que defender sus políticas ante la arremetida de la derecha oligárquica desde diferentes instituciones del Estado, incluyendo la Sala de lo Constitucional y por supuesto, de la nueva junta directiva de la ANEP.

Esta defensa y no otra cosa es la que explica la confrontación gobierno-ANEP en los últimos años del gobierno anterior.

Al asumir la nueva Presidencia de la República, en junio pasado, un rasgo que fue presentado por el propio Presidente Sánchez Cerén como diferenciador del nuevo gobierno del FMLN era su mayor apertura al entendimiento con los empresarios y con la oposición, en la medida que, según sus análisis, resultaba estratégico desde el punto de vista político proyectar esa imagen.

En buenas cuentas, para la sociedad salvadoreña el Presidente Sánchez Cerén aparecía como una figura concertadora y amable frente a la imagen confrontativa y radical que se construyó mediáticamente de la Presidencia anterior.

En mi opinión, hubo un poco de ingenuidad política creer que al venderse como gobierno abierto al diálogo y al entendimiento con todos los sectores del país se podría provocar un cambio de actitud en las dirigencias gremiales empresariales y del mismo partido ARENA.

Qué ha ocurrido a la vuelta de un año?

La verdad que las cosas permanecen igual: en todo este tiempo la ANEP y ARENA misma no han hecho más que enfrentar y descalificar públicamente al gobierno.

La agenda de estas gremiales no ha cambiado. Buscan el desgaste y la posterior parálisis del gobierno de modo de construir un escenario más favorable a su proyecto político de cara a las elecciones presidenciales del 2019.

Basta con revisar las declaraciones públicas de los dirigentes empresariales y notaremos que no se diferencian en nada de los ataques políticos del principal partido de oposición en la Asamblea Legislativa.

Al igual que ARENA, la ANEP plantea que el país no ha crecido en estos seis años, que se están perdiendo empleos, que el costo de la vida se ha encarecido, que el sistema de salud pública ha fracasado, que las escuelas se encuentran en pésimo estado, que los programas sociales no pasan de ser medidas de corte populista, que ha habido despilfarro de recursos y que se ha formado una especie de “oligarquía roja” en alusión a las empresas del grupo ALBA en el país.

Además, la ANEP al igual que ARENA y la mayoría de medios de comunicación, sobre todo escritos, se ha dedicado a la tarea de defender a los implicados en el caso CEL-ENEL y al propio ex presidente Flores, al grado de calificar a ambos procesos judiciales como “persecución política”

Cuás es la explicación de fondo de esta actitud confrontativa?

El gobierno de Sánchez Cerén ha continuado con las políticas sociales emprendidas desde el 2009 y con las medidas económicas que desde entonces vienen poniendo en riesgo el sistema de privilegios que la oligarquía construyó desde la Presidencia de Alfredo Cristiani.

Recientemente escribí en un artículo publicado en el periódico digital La Página bajo el título sugestivo: “…se quejan como gallinas por lo que antes ellos hacía como gallos…”

En él hago referencia a la supuesta persecución política que dicen dos altos dirigentes gremiales de la empresa privada que pesa sobre los opositores al gobierno, sobre todo, si están vinculados al partido ARENA.

Ahí planteo cuál fue la misión histórica de los gobiernos de ARENA desde Cristiani hasta la administración Flores, apoyada por algunos organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Luego del golpe militar de Octubre de 1979, la oligarquía perdió tres fuentes estratégicas de acumulación y generación de riqueza: me refiero al control de la propiedad de la tierra, el control de la banca y el control del comercio exterior.

Lo primero que hizo el gobierno de Cristiani al llegar al poder en 1989 fue dar marcha atrás con algunas de estas reformas económicas impulsadas por las Juntas de Gobierno que siguieron al golpe militar.

Privatizó la Banca y devolvió la explotación del comercio exterior de los tradicionales productos de exportación a los grupos empresariales del país.
Además devolvió algunas propiedades estratégicas que había sido expropiadas por la Reforma Agraria de 1980, como la finca El Espino, ahora convertida en una zona de monumentales centros comerciales, hoteles, edificios de apartamentos y condominios para la clase media alta y alta.

A la privatización de la banca y del comercio exterior, siguió la privatización y reparto de las telecomunicaciones, del sistema de pensiones, de la distribución de energía eléctrica y de algunas fuentes de generación de energía como la empresa estatal geotérmica.

Flores intentó privatizar la extracción y distribución de agua potable así como el sistema de salud y de seguridad social, pero la presión social y la oposición legislativa del FMLN evitó que lo hiciera.

El gobierno Saca, a pesar de ser un gobierno de ARENA, paró la explotación minera y la venta a consorcios privados de las más importantes centrales hidroeléctricas del país.

Al llegar el FMLN al poder del Ejecutivo en el 2009, los procesos privatizadores y el fortalecimiento del sistema de privilegios construido durante las tres primeras administraciones de ARENA se vieron amenazados, sobre todo, por la recuperación del rol social del Estado y el desmontaje de una estructura de favores y tráfico de influencias que la derecha oligárquica había montado en cuando tuvo el control del ejecutivo.

Los negocios del Estado se hacían para favorecer a unos cuantos grupos empresariales, tanto nacionales como extranjeros, bajo el principio propio del neoliberalismo de que “las pérdidas se socializan y las ganancias se privatizan”

Hay casos emblemáticos, que lamentablemente ya prescribieron, como la venta de medicamentos al Seguro Social bajo la administración del ex presidente Cristiani; la venta poco transparente de las acciones de los bancos en manos del Estado a grupos empresariales cercanos al gobierno; la venta de ANTEL en tiempos de Calderón Sol que fue dirigida por el hermano de Jorge Daboub; la comercialización del abono donado por Japón por una empresa vinculada al partido ARENA por esos mismos años y que puso en peligro la continuidad de la cooperación japonesa al país; el caso ANDA con Carlos Perla; el caso del Banco de Fomento Agropecuario, ambos bajo el gobierno de Francisco Flores. Y qué no decir de los casos que se ventilan en los tribunales sobre la venta de las acciones de LAGEO a una empresa italiana así como el desvío de millonarios fondos de cooperación provenientes de Taiwan.

Hay otros sobre los que existen avisos en la Fiscalía pero que aún no han sido investigados como el caso de los Infocentros, donde se perdieron unos 12 millones de dólares del fondo FANTEL, fondo que quedó de la privatización de ANTEL y en el que estarían involucrados ex funcionarios de gobierno y hasta un analista político y colaborador de FUSADES que antes navegaba con bandera de izquierda. O bien, el caso del Fideicomiso que se creo a inicios del gobierno Saca para estimular las inversiones extranjeras pero que acabó concentrado en unas cuantas empresas, algunas de ellas que no llenaban los requisitos de ley pero que les fueron adjudicados recursos millonarios por la ex presidenta de la república y ahora diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar.

Ese “modus operandi” que conlleva un mecanismo perverso de utilización de los resortes del gobierno y la influencia en las decisiones gubernamentales para favorecer unos cuantos intereses privados es lo que comenzamos a desmontar desde el 2009 y es lo que la derecha oligárquica ve amenazado y quiere defender y preservar a toda costa.

Eso es lo que explica la agresividad de la ANEP contra el gobierno.

Por eso la ANEP no vacila en calificar de “persecución política” contra adversarios del gobierno lo que no es más que una investigación fiscal y judicial profesional.

En el fondo buscan tirar una cortina de humo, en complicidad con medios de comunicación como El Diario de Hoy, cuando aseguran que el caso CEL-ENEL y el caso Flores-Taiwan fueron montados por el anterior gobierno con propósitos electorales.

Como he sostenido antes: la ANEP y ARENA se quejan como gallinas de lo que ellos hicieron como gallos.

El segundo componente de esta estrategia distractora de la derecha oligárquica, en complicidad con medios escritos como El Diario de Hoy, tiene que ver con el levantamiento mediático de supuestos actos de corrupción del gobierno anterior, sobre los que no existe prueba alguna y mucho menos una investigación de la Fiscalía que pueda demostrar sus acusaciones.

Luego que la Presidencia de CEL, bajo mi gobierno, presentó un informe detallado sobre la forma cómo se negociaron las acciones de LAGEO que fueron vendidas por CEL al consorcio italiano ENEL, diputados de ARENA pidieron que se abriera un expediente por la paralización de la obra en la represa en construcción El Chaparral y por el proyecto de ampliación de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.

El propósito era distraer la atención de la opinión pública sobre las irregularidades encontradas en el caso CEL-ENEL, en la medida que el expediente de la Fiscalía, así como el de la comisión especial que creó la Asamblea Legislativa, arrojaban suficientes elementos de juicio como para afirmar que en esta negociación se cometieron varios ilícitos que perseguir, en perjuicio del Estado salvadoreño.

Y a este propósito se ha prestado El Diario de Hoy, tanto desde sus páginas informativas como desde el editorial que a diario publica este matutino.

Sobre el tema deseo decir varias cosas…

Primero, hasta la fecha ninguno de los adelantos del informe de la Fiscalía, preparado por sus peritos, hacen ver que en ambos proyectos se haya cometido alguna irregularidad que constituya un delito.

El precio final pagado por CEL para dar por finalizado el contrato con ASTALDI, la empresa italiana que fue contratada en el gobierno del ex presidente Saca para comenzar los trabajos de construcción de la represa El Chaparral, fue avalado tanto por las firmas consultoras como por la Corte de Cuentas de la República.

Incluso, hay que hacer notar que la decisión de cerrar este contrato por 108 millones de dólares, de los cuales mi gobierno sólo pagó $23.5 millones fue tomada por la junta directiva de CEL con el voto a favor del representante de la ANEP, el señor Tom Haw, quién era hasta hace poco el director del sector empresarial del partido ARENA.

Eso significa que si para el Presidente de ANEP este pago tiene a la base alguna irregularidad, esta supuesta irregularidad fue avalada y consentida por el representante de la ANEP, volviendo cómplice del acto a la gremial empresarial a través de su representante.

El espíritu de contar con un representante de las gremiales empresariales en una institución autónoma tan importante como CEL es justamente para garantizar que las decisiones no afecten intereses empresariales y que éstas se adopten apegadas a la ley.

Cuando Jorge Daboub, Presidente de ANEP, afirma que El Chaparral constituye el más escandaloso caso de corrupción de los últimos tiempos, afirmación de por sí temeraria e irresponsable, en el fondo estaría incriminando a su representante y a través de él a la gremial empresarial que el mismo Daboub dirige.

Daboub debería explicar por qué si la gremial tiene dudas de que las cosas no se hicieron bien en el caso El Chaparral, por qué entonces su representante firmó las actas que avalaron el pago final de 108 millones de dólares que se entregaron a la empresa italiana para evitar un arbitraje internacional, que de haberse dado le habría implicado al gobierno un pago mayor que el desembolsado.

Así como los funcionarios de gobierno son responsables solidarios por las decisiones que toman sus representantes en las juntas directivas de las autónomas, como es el caso de CEL, también la ANEP acaba siendo responsable de las decisiones avaladas por sus representantes en estas juntas directivas.

Si el representante de ANEP fue de la opinión que no se estaba cometiendo ninguna irregularidad por el pago a ASTALDI, por qué viene ahora ANEP ha sostener que este pago es ilegal o no tiene sustento legal?

Lo mismo habría que hacer notar en el caso de la expansión de la central hidroeléctrica 5 de Noviembre.

Lo que CEL pago por esta obra fue avalada por el Banco Centroamericano de Integración Económica, por una agencia de cooperación alemana, por la Corte de Cuentas de la República y de nuevo por el representante de la ANEP en CEL.

El hecho que una empresa asociada a la firma brasileña que está trabajando en la expansión de la 5 de noviembre esté siendo investigada en Brasil por supuestos actos de corrupción no significa que acá se hayan cometido las mismas irregularidades y menos que esto implique automáticamente que haya delito que perseguir.

Ambos expedientes no conducirán a ningún acto de corrupción.

La ANEP, diputados de ARENA y medios de comunicación satélites como El Diario de HOY no hacen más que denunciar y quejarse como gallinas lo que ellos hicieron como gallos…

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