Programa 30 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 30 – Editorial

al como lo anticipé, la derecha oligárquica está haciendo uso de todos los instrumentos a su alcance para bloquear la actividad del gobierno y hacer que éste fracase.

Acá no importa si al fracasar el gobierno, fracasa también el país y la situación económica para cientos de familias pobres se vuelve cada vez más precaria.

A la derecha oligárquica lo único que le interesa es el desgaste político del FMLN y del gobierno con miras a las elecciones presidenciales del 2019.

A mediados de la semana pasada, la Sala de lo Constitucional admitió una demanda que frena la posibilidad que el gobierno pueda colocar en el mercado internacional los 900 millones de dólares en bonos que autorizó la legislatura anterior antes de terminar su mandato.

Recordarán que además de una serie de préstamos aprobados por la Asamblea, fue autorizada una emisión de 900 millones de bonos con los cuales el gobierno pretende financiar algunos gastos inmediatos, como los relacionados con la seguridad.

De estos 900, al menos 100 millones sería utilizados para solventar algunas necesidades que tiene la Policía Nacional Civil en el esfuerzo que lleva a cabo para enfrentar la delincuencia en todo el territorio nacional.

Se ha argumentado por parte de ARENA que estas necesidades inmediatas que tiene el gobierno en materia de seguridad pueden ser cubiertas con los préstamos aprobados.

La posición de ARENA es mezquina puesto que sus diputados saben muy bien que el préstamo que se aprobó para seguridad está orientado a proyectos de prevención de la violencia y creación de oportunidades para jóvenes en riesgo, y no para gasto corriente.

El gobierno no puede utilizar los recursos de los préstamos y usarlos en forma discrecional para la compra de equipo, como chalecos anti balas, vehículos, armas y municiones o invertir en la mejora de las delegaciones policiales y en aumentar el salario de los policías, como pensaba hacerlo con los $100 millones en bonos.

ARENA sabe de la urgencia de esos recursos y aún así no sólo no dio sus votos para la probación de esta emisión de bonos, sino que ahora celebra la decisión de la Sala que interrumpe su colocación.

Lo mismo ocurrirá en otras áreas de la gestión del gobierno.

Parte de este dinero, que en su mayoría sería utilizado para la conversión de deuda, se emplearía también el algunos programas sociales que enfrentan problemas de financiamiento, en fortalecer a la fuerza armada en su lucha por combatir la delincuencia y a la Fiscalía General de la República.

El Ministro de Educación dijo la semana pasada que el programa de entrega de paquetes escolares también se verá afectado por falta de fondos y los mismo sostuvo la Ministra de Salud que aseguró que la medida de la Sala afectará el abastecimiento de medicamentos y la compra de insumos médicos hospitalarios en hospitales y unidades de salud.

ARENA y los magistrados de la Sala saben muy bien que los recursos autorizados por la Asamblea Legislativa a finales de Abril son necesarios para el buen funcionamiento del aparato público en áreas de la gestión gubernamental tan importantes como Seguridad Pública, Salud y Educación.

Saben además, aunque asumen demencia, que el gobierno no puede hacer uso de los préstamos ya aprobados para financiar estos programas que quedaran desfinanciados con el bloqueo de los bonos que ha provocado la Sala de lo Constitucional.

El argumento de los demandantes anta la Sala es, en esencia, que el dictamen para la emisión de bonos no podía ser votado dos veces en una misma sesión plenaria y debió enviarse al archivo para volverlo a discutir sólo hasta dentro de seis meses, tal como lo establece la Constitución.

El argumento del FMLN es que el dictamen no alcanzó los 56 votos en una primera votación y que después de haber sido enviado de regreso a la Comisión de Hacienda de la Asamblea para su análisis, la diputada presidenta de la referida comisión solicitó una nueva discusión del dictamen, alcanzando en una segunda votación los votos necesarios para su aprobación.

Según el FMLN, no hay violación a la Constitución porque el dictamen nunca fue enviado al archivo y porque además la sesión plenaria en la que se aprobó no había sido cerrada.

Como quiera que sea, esta es una decisión que compete únicamente a la Sala de lo Constitucional, y así como puede mantener la suspensión de la emisión de bonos por considerar que el proceso de aprobación violó la Constitución, también puede argumentar que el texto constitucional no ha sido violentado.

Sin embargo, insisto, más que una discusión jurídica acá hay un problema de naturaleza política.

El propósito de la decisión de la Sala de lo Constitucional es amarrar económicamente al gobierno en momentos en que necesita de recursos adicionales para cubrir una serie de demandas presupuestarias.

Así ocurrió en el pasado cuando declaró inconstitucional el FONAT, con lo que dejó sin los fondos necesarios al gobierno para pagar las indemnizaciones de las víctimas de accidentes de tránsito.

ARENA ha señalado que una salida a este impasse financiero podría ser que el FMLN negocie con ellos.

La pregunta es: Qué van a negociar? Qué puede interesar a ambos partidos políticos y sobre lo que habría alguna coincidencia como para llegar a acuerdos?
Por qué negociar con la seguridad, la salud y la educación del pueblo salvadoreño?

ARENA tampoco, por su lado, ha asegurado que está dispuesta a dar sus votos para la aprobación de un nuevo decreto que permita la autorización de los bonos que se requieren para el funcionamiento del aparato gubernamental.

Desde una posición de fuerza, la decisión de la Sala ha envalentonado a la fracción parlamentaria del partido ARENA, con el propósito de obligar al FMLN a dar un giro en su gestión gubernamental.

ANEP y tanques de pensamiento como FUSADES y FUNDE han celebrado también la decisión de la Sala porque nunca estuvieron de acuerdo con la aprobación de nuevos préstamos y menos con la emisión de más bonos.

El argumento de estas gremiales empresariales y tanques de pensamiento es que el país no puede seguir endeudándose y que para ello el gobierno debería recortar gastos y evitar el despilfarro.

La propuesta de estos testaferros de la derecha es que para evitar aumentar el gasto se deben eliminar algunos programas sociales apreciados por la población, como los paquetes escolares y los paquetes agrícolas, o recortar subsidios como el del gas, el agua y la energía eléctrica, de modo de bajar el gasto público a un punto tal en que no haya necesidad de contraer más deuda.

Es una posición similar a la de ARENA cuando en el pasado propuso acabar con los programas sociales y con las ayudas estatales.

Mi opinión es que los programas sociales no pueden ser eliminados y tampoco los subsidios que entrega el gobierno y que hacen posible que los servicios públicos como el agua y la luz no se encarezcan.

La salida al problema de las finanzas públicas no es el recorte de gastos esenciales como los que permiten mantener los programas sociales y los subsidios.

La salida está en encontrar la forma de hacerle llegar más recursos al Estado.

Ya el Ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, adelantó este día que ante la decisión de la Sala de parar la emisión de bonos, el gobierno no tendrá más opción que promover la aprobación de un nuevo impuesto que permita, al menos, financiar los gastos urgentes en materia de seguridad.

Aún no se han dado detalles sobre este nuevo impuesto o fondo especial, pero seguramente tendrá relación con un proyecto que fue elaborado durante mi gobierno, cuando intentamos repetir la experiencia colombiana, pero le faltó acompañamiento legislativo y de la empresa privada.

A mediados del gobierno del ex presidente Alvaro Uribe, el entonces Ministro de la Defensa, Manuel Santos, ahora Presidente de Colombia, propuso al congreso colombiano la creación de un impuesto que denominó impuesto para la seguridad democrática.

En Colombia el nuevo tributo se le comenzó a cobrar a los grandes capitales, quiénes se veían favorecidos en sus negocios con la reducción de la criminalidad, sobre todo, la originada por el narco tráfico.

Algo parecido pudiera implementarse en nuestro país.

El nuevo impuesto no tiene por qué ser pagado por los asalariados y sobre todo, por los más pobres.

Lo ideal es que fuera un tributo a los grandes capitales o a las grandes fortunas y que quedara establecido por ley que con ese dinero se financiarían los planes de seguridad.

El mismo Fiscal General, Luis Martínez, opinó este día que el país requiere de una contribución económica especial que haga llegar más recursos a las instituciones encargadas del combate de la criminalidad.

La ventaja con este impuesto por sobre la emisión de bonos es que los recursos no serían para un breve espacio de tiempo. Habrían recursos mientras el impuesto estuviera vigente.

Superado el problema, la contribución fiscal podría desaparecer o darle otros usos.

Y a propósito de impuestos, ha quedado en evidencia que las gremiales empresariales no le perdonan al Ministro de Hacienda que hiciera pública la lista de deudores y evasores del fisco hace más de un mes.

En su momento, esta publicación, además del malestar que provocó en la cúpula de la ANEP, que amenazó con demandar al gobierno por haber expuesto los nombres de la empresas y personas naturales deudoras del fisco, puso al descubierto la existencia de una importante partida de recursos provenientes de impuestos no pagados, que de ser cancelados, abonarían a las cuentas del gobierno más de 370 millones de dólares.

Si el gobierno captara más recursos provenientes de los contribuyentes que adeudan al fisco millonarias sumas de dinero, quizás no habría necesidad de adquirir más deuda como ha ocurrido en los últimos años.

Al hacer el análisis del endeudamiento, los empresarios, especialmente los agremiados en la ANEP, pasan por alto que si el Estado contara con fuentes de ingreso adicionales a las que ya tiene, ya sea una especie de fideicomiso o fondo especial que pudiera ser financiado con una contribución de aquellos que si tienen para pagarla, o bien, si los empresarios evasores pagaran en forma puntual y responsable los impuestos que de acuerdo a la ley les toca pagar, la discusión sobre el manejo eficiente y transparente de los recursos gubernamentales sí tendría sentido.

La ANEP y ARENA hablan de despilfarro pero omiten la discusión sobre deudas con el fisco y la evasión en el pago de impuestos.

La denuncia en la Fiscalía de un grupo de empresas dirigidas por ANEP contra el Ministro de Hacienda tiene un claro matiz político que contrasta con la actitud cómplice de estos dirigentes gremiales que evitan hablar públicamente de los altos niveles de evasión que aún existen en el país.

Acusan al gobierno de afectar la imagen de estas empresas que no están al día con el pago de sus obligaciones tributarias pero no vacilan en despotricar públicamente contra el gobierno o contra funcionarios del gobierno anterior, sin prueba alguna que los respalde.

Esta misma semana, en al menos dos eventos públicos, dirigentes de gremiales empresariales como la Asociación Salvadoreña de Industriales y la Cámara de Comercio, han confrontado al gobierno, acusándolo de corrupción y despilfarro, de perseguir a sus opositores y de atacar injustamente a la Sala de lo Constitucional, a fin de atentar contra su funcionamiento.

En un país libre y democrático como el nuestro, los diferentes órganos del Estado pueden tener posiciones diferentes ante los problemas del país, expresar públicamente estas diferencias o incluso adversar las decisiones que toman y eso no significa que se está poniendo en riesgo la institucionalidad del país.

Cuando el presidente de la república expresa su malestar por la decisión que tomó la Sala de lo Constitucional en el tema de los bonos aprobados por la Asamblea, no quiere decir que por expresar esa posición el Presidente esté poniendo en riesgo la independencia de los poderes del Estado y menos que esté actuando en forma autoritaria.

Al igual que él, yo también estoy de acuerdo en que esta última decisión, como otras en el pasado, han tenido una motivación política y buscan, en el fondo, trabarle las carretas al gobierno.

El Presidente dijo textualmente el sábado anterior en un programa en Izalco: “…Parece que la Sala quiere amarrar económicamente al gobierno, sus acciones son más ideológicas y responden al interés de ARENA…”

En las pasadas elecciones, sostuve que la derecha oligárquica no había alcanzado ni el número necesario de diputados para controlar las decisiones del órgano legislativo ni tampoco había logrado pactar los acuerdos políticos con otros grupos parlamentarios que le dieran mayoría simple y mayoría calificada para frenar al gobierno, ya que en el fondo ese era y sigue siendo su objetivo principal.

Ante esa impotencia legislativa, recurre a otros instrumentos para ejercer su poder autoritario y excluyente.

Uno de estos instrumentos es la Sala de lo Constitucional, donde controla a 4 de sus 5 magistrados y por eso la mayoría de sus decisiones responden al proyecto político y económico de la derecha oligárquica.

Y otro, son las campañas de difamación y desprestigio que articula e impulsa a través de los grandes medios de comunicación, sobre todo escritos.

Para muestra un botón.

Ante el nombramiento que ha hecho el Presidente de la República del ex diputado Sigfrido Reyes como nuevo director presidente del organismo de promoción de exportaciones e inversiones, PROESA, algunos medios ya desataron una campaña en contra de la decisión presidencial, única y exclusivamente porque no es ninguna persona vinculada a los intereses económicos del gran capital.

Cuando en el cargo, en gobiernos anteriores, fue nombrada la diputada Ana Vilma de Escobar, ninguna gremial expresó su contrariedad por la designación y tampoco los medios publicaron las opiniones de quiénes si estaban en contra de esa designación.

Por una sencilla razón: la diputada Ana Vilma de Escobar siempre ha sido considerada una funcionaria vinculada a la oligarquía a la que responde y por la que trabaja.

Lo hizo cuando manejó el fideicomiso para la atracción de inversiones extranjeras en tiempos del gobierno del ex Presidente Saca al otorgar el estímulo económico sólo a empresas que tenían alguna vinculación con funcionarios de gobierno de entonces o formaban parte o tenían relación con el grupo empresarial que ella ha defendido y representado.

Esta señora diputada es la que menos solvencia tiene para criticar al ex presidente de la Asamblea Legislativa o para advertir que con su designación el organismo encargado de la promoción de inversiones privadas, PROESA, no tendrá un rumbo claro.

Primero debería dar cuenta de su paso por CONADEI, la comisión nacional de inversiones y desde ahí su paso por la presidencia del comité asignador de los recursos del Fideicomiso para la promoción de inversiones extranjeras, antes de dudar del desempeño que tendrá al frente de PROESA el ex diputado Sigfrido Reyes.

La derecha oligárquica continuará usando la influencia que tiene en la Sala de lo Constitucional para bloquear al gobierno y continuará articulando campañas de desinformación y desprestigio para golpear mediáticamente al FMLN, al gobierno en turno y al gobierno anterior que comenzó con los cambios en el país.

Por eso es que me da coraje, y lo digo con sinceridad, la presencia y complacencia de altos funcionarios de este gobierno, comenzando por el Vicepresidente de la República, en eventos de las gremiales empresariales, tal como ocurrió en el acto de la ASÍ y el de la Cámara de Comercio, donde con total cinismo y desprecio hacia el gobierno, sus dirigentes y algunos de los homenajeados despotricaron contra el gobierno al que no vacilaron en calificar de incapaz y corrupto.

A veces creo que algunos de estos funcionarios les encanta lamer las mieles de la oligarquía en nuestro país y se olvidan que llegaron al gobierno para defender al pueblo trabajador que es el que necesita de la intervención y apoyo del Estado.

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