Programa 31 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 31 – Editorial

Esta semana la agenda nacional ha estado dominada por el tema de la delincuencia y los recursos que el país necesita para combatir este flagelo.

Acá hay dos posiciones claramente identificables.

El gobierno sostiene que necesita al menos unos mil 200 millones de dólares para financiar el plan de seguridad propuesto por el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que ha decidido hacer suyo e implementar las casi 120 acciones que este plan contempla.

El problema de la puesta en ejecución es que el gobierno no cuenta con los recursos que se requieren. Y menos ahora con la decisión de la Sala de lo Constitucional de admitir una demanda en contra de la emisión de 900 millones de dólares en bonos.

No hay que olvidar que de estos 900 millones que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa a finales de Abril pasado, cerca de 100 millones serían utilizados para mejorar el salario de los policías y comprarles chalecos anti balas, más y mejores armas, municiones, vehículos y mejorar en lo posible el estado de las delegaciones policiales en todo el país.

Nada de eso se puede hacer luego que la Sala decidió bloquear la emisión de estos bonos.

Uno de los magistrados de la Sala, el Dr. Belarmino Jaime ha dicho que el gobierno no puede responsabilizarlos por el incremento de los hechos delincuenciales sólo por haber admitido este recurso.

No es que sean responsables directos de la delincuencia, puesto que ellos no dan las órdenes de asesinar o extorsionar a la gente, pero sí asumen alguna responsabilidad en la medida que con sus resoluciones frenan los recursos financieros que el gobierno necesita para enfrentar la delincuencia, afectando de esta forma los planes y acciones del gabinete de seguridad.

Es la misma responsabilidad que también asumen aquellos que no pagan los impuestos que conforme a la ley deberían pagar.

Al evadir el pago de sus contribuciones tributarias impiden que el Estado cuente con los recursos necesarios para funcionar en forma óptima y eficiente.

Este día la Sala de lo Constitucional publica una aclaración en la que desmiente al gobierno en el sentido de que no ha emitido ninguna resolución en la que se oponga a la contratación de más deuda o a la emisión de bonos.

Según la Sala, lo único que ha hecho es decretar una medida cautelar mientras decide si el procedimiento seguido para la aprobación de los bonos fue o no constitucional.

Al final el efecto es el mismo: aunque no se ha pronunciado sobre el destino de los bonos si ha paralizado la emisión de éstos y con ello ha bloqueado la posibilidad que tenía el gobierno de contar con recursos extraordinarios en forma inmediata y que le servirían para cubrir algunos gastos en que está incurriendo la policía.

El magistrado Sidney Blanco ha llegado al ridículo de denunciar una campaña de persecución gubernamental contra la Sala similar a la que precedió al asesinato de los jesuitas en Noviembre de 1989.

De cuando para acá, un Presidente de la República no puede expresar libremente su contrariedad por decisiones de otros órganos del Estado que entorpecen la labor del Ejecutivo?

El hecho que el Presidente Sánchez Cerén haya asegurado que detrás de esta decisión de la Sala de parar la emisión de Bonos se esconde el interés político de ARENA de bloquear la gestión gubernamental, no significa que esta opinión del mandatario forme parte de una campaña mediática orientada a crear las condiciones para que se produzca un atentado contra los integrantes de la Sala de lo Constitucional.

El gobierno está en todo su derecho de llamar la atención y oponerse a las decisiones de otros órganos del Estado si con ellas se corre el riesgo de provocar una parálisis institucional.

Por su parte, ARENA, ANEP, FUSADES y quiénes de una u otra forma celebran la decisión de la Sala de lo Constitucional, ahora se oponen, además, a la aprobación de un impuesto o fondo especial para la Seguridad Ciudadana.

La posición de estos sectores es que el gobierno cuenta con recursos suficientes para cubrir los gastos que supone el combate de la delincuencia.

Argumentan, entre otras cosas, que así como la Presidencia de la República tiene dinero para financiar una campaña en los medios de comunicación en contra de decisiones de la Sala, estos recursos podrían destinarlos a gastos que debe hacer la Policía.

Al respecto me permito comentar dos cosas.

Primero, un gobierno hace campaña cuando los medios, sobre todo, los grandes medios vinculados a la derecha oligárquica, invisibilizan la posición y los planteamientos de los funcionarios públicos.

Si existiera un tratamiento equilibrado de la información, y la posición del Presidente de la República o de los integrantes de gabinete de seguridad, como es en este caso, tuvieran la misma relevancia que los planteamientos de la oposición no habría necesidad de recurrir a una campaña en medios para hacer visible la versión gubernamental.

Qué otra cosa puede hacer el Presidente de la República si cuando expresa su contrariedad a las decisiones de la Sala de lo Constitucional, esta opinión es interpretada por los medios de derecha como una amenaza a la independencia de poderes y a la institucionalidad democrática del país.

Un gobierno no se puede dar el lujo de perder una batalla mediática porque su posición no es escuchada por la población.

Si la mayoría de medios de comunicación, controlados por la derecha, no tuvieran una agenda definida por el ataque permanente al gobierno, no habría necesidad de defenderse a través de una campaña publicitaria.

Pero además, es ridículo sostener que con lo que se gasta en una campaña publicitaria se pueden solventar las necesidades de la policía, de la fuerza armada y de la Fiscalía en su esfuerzo por combatir la delincuencia.

Los costos de una campaña de spots en radio y en tv por unos cuantos días no llegan a asemejarse al presupuesto extraordinario que demanda el aparato de seguridad pública del país.

Eso está como comparar o poner en la misma balanza los gastos de una cena o de regalos de navidad hechos por la Asamblea Legislativa con las decenas de millones de dólares que se desviaron de los fondos de cooperación taiwanesa en tiempos del ex presidente Flores.

Hay que ser serios en esto.

Los que llegaron a Casa Presidencial a exigir que el gobierno informe del costo de la campaña en radio y televisión en la que el Presidente Sánchez Cerén, con toda legitimidad, expone su posición sobre una resolución de la Corte Suprema de Justicia que afecta sensiblemente el funcionamiento del Ejecutivo, deberían también exigirle al partido ARENA que informe dónde están los 15 millones de dólares provenientes de la cooperación taiwanesa que según la Fiscalía fueron usados en forma ilícita por uno de sus gobiernos.

A estos señores les preocupa que se hayan gastado unos cuantos miles de dólares en una campaña en medios pero nunca les preocupó en el pasado ni les preocupa ahora que se hayan desviado fraudulentamente varias decenas de millones de dólares de recursos que debieron entrar al erario público y que no se sabe a que bolsillos privados fueron a parar.

Basta ya de “golpes de pecho” de estos fariseos de la democracia.

Otro de los argumentos de la oposición es que el gobierno cuenta con más de $120 millones en préstamos destinados a la seguridad y que aún no ejecuta.

Lo que omiten quiénes sostienen esta posición es que los préstamos a los que se refieren están destinados para la construcción de centros penales y no para el equipamiento de las fuerzas de seguridad pública y menos para mejorar sus salarios y prestaciones.
Un préstamo tiene un destino definido en la negociación con la institución crediticia que lo otorga y esto sólo puede ser cambiado por decisión del Banco y con el respaldo de la Asamblea Legislativa.

Salvo que se cambie el destino de esos fondos provenientes de un préstamo, de lo contrario no pueden ser utilizados en gasto corriente.

Por lo tanto, no existe la supuesta disponibilidad de recursos que argumenta la ANEP y ARENA.

La única opción viable es el establecimiento de un impuesto específico para la seguridad, como el implementado en Colombia en tiempos del ex presidente Uribe.

La derecha sostiene que no se deben aprobar nuevos impuestos en momentos de bajo crecimiento de la economía porque esta nueva carga tributaria se transformaría en un desincentivo para la inversión.

Y a ese argumento agregan que desde el 2009 el gobierno ha recogido suficientes recursos en concepto de impuestos y préstamos internacionales que debería haber utilizado para financiar sus prioridades, especialmente, la seguridad , la salud y la educación.

Lo que no dicen estos agoreros de la desesperanza y el pesimismo es que justamente esos recursos se han utilizado para financiar dichas prioridades gubernamentales desde el 2009.

Se han construido nuevas unidades de salud conocidas como Equipos Comunitarios de Salud en los lugares más alejados del país; se han construido nuevos hospitales como el Hospital Nacional de la Mujer; se han reconstruído, ampliado y modernizado diferentes centros hospitalarios como el de Zacatecoluca, Usulután y San Miguel que fueron dañados por los terremotos del 2001; se ha mejorado el abastecimiento de medicinas en Hospitales y Unidades de Salud; se han construido 6 sedes de Ciudad Mujer en seis departamentos diferentes; se han construido o reparado cientos de kilómetros de carreteras en todo el país, incluyendo la finalización de la Carretera Longitudinal del Norte y el Boulevard Monseñor Romero; se han reparado o construido nuevos puentes; se han reparado cientos de cárcavas; se han llevado a cabo obras de mitigación en todo el país; en seis años se han pagado los subsidios al gas, el agua, la energía eléctrica y el transporte; se han entregado paquetes escolares a más de un millón doscientos mil estudiantes por año; se han entregado meriendas escolares y vasos de leche a mas de 700 mil estudiantes cada mes en estos seis años; se han entregado paquetes agrícolas para productores de maíz y frijol durante seis cosechas anuales; se ha aumentado la fuerza policial en cerca de 5 mil efectivos más y se ha mejorado su equipamiento de cómo lo recibimos; se han pagado los honorarios de más de seis mil reservistas incorporados desde el 2009 a tareas de apoyo a la PNC; sin mencionar acá otros programas sociales que han sido financiados en seis años con los impuestos o con fondos provenientes de préstamos internacionales.

Cuando la ANEP hace referencia a casi 20 mil millones de dólares en impuestos recolectados en seis años y unos cinco mil millones de préstamos desde el 2009 a la fecha, olvidan todas estas obras de infraestructura, programas sociales y salarios de servidores públicos que se han debido pagar en todo este tiempo.

Y muy a pesar de todo este dinero recogido en impuestos o recibidos por préstamos negociados con la banca internacional, las necesidades de la población crecen año con año, poniendo una presión sobre el gasto público que no se ha podido cubrir en su totalidad.

De ahí la necesidad de recursos adicionales que sólo pueden provenir, mientras no haya una reforma fiscal integral, de nuevos préstamos o de una contribución tributaria que alimente un fondo especial o fideicomiso para la seguridad.

Lo que el gobierno tiene que hacer a la brevedad posible es “tirar luces” cuanto antes sobre cómo ha pensado cubrir el vacío de recursos que ha provocado la decisión de la Sala.

Una opción es negociar un nuevo préstamo de apoyo presupuestario con el BID, tal como lo ha adelantado el Ministro de Hacienda, y que sería destinado en su totalidad al Ministerio de Justicia y Seguridad; y la otra opción es aprobar un nuevo impuesto que pagarían los grandes capitales, de modo que no sea el pueblo trabajador en general quién termine pagándolo.

De la misma manera como el FOSALUD se nutre de un impuestos a productos perjudiciales a la salud como son los cigarrillos y las bebidas alcohólicas; o que el FOVIAL se alimenta de un impuesto especial al combustible; este fondo especial para combatir la delincuencia debería ser pagado por los principales beneficiados con un mejor clima de seguridad en el país como es el caso de la gran empresa.

Algunos ideólogos vinculados a FUSADES y a la ANEP ya comenzaron a sentar posición sobre el tema del financiamiento para la seguridad.

Uno de los investigadores de FUSADES ha llegado a la desfachatez de proponer que en lugar de invertir en paquetes escolares, el gobierno debería destinar esos recursos en seguridad en las escuelas.

En ese sentido publicó un artículo de opinión el abogado Luis Mario Rodríguez en El Diario de Hoy y quién trabaja para FUSADES en el Dpto. de Estudios Políticos.

Yo no niego que se necesita asegurar la protección en buena parte de los centros escolares del país, pero de eso a proponer que se eliminen los paquetes escolares y que los más de $400 millones que en este período de gobierno se invertirán en mantener este programa social se reorienten a la seguridad, no deja de ser una propuesta mezquina, que busca hacer pagar los costos de la seguridad a los más pobres.

Por qué no mejor se eliminan algunas devoluciones del IVA, consideradas como incentivos a la inversión privada pero que en el fondo son verdaderos privilegios fiscales; o mejor se cobra el IVA a los periódicos cuando compran papel o importan maquinaria y de esa forma se obtendrían algunos recursos adicionales; o se aprueba un impuesto a los bienes suntuarios como casas de playa o casas de verano; o se paga un impuesto por las herencias, o bien, se establece un impuesto al patrimonio como existía antes de la llegada de ARENA al poder en 1989, en lugar de restarle recursos a los paquetes escolares tal como propone FUSADES y que benefician a un millón 400 mil estudiantes de todo el país?

El debate sobre los impuestos es el que mejor refleja las prioridades de diferentes sectores económicos y políticos de la sociedad y los intereses que defienden.

Es revelador que ante la publicación de empresas morosas con el fisco la posición de las gremiales empresariales sea la de defensa de la imagen de estos grupos de poder en lugar de exigir el pago puntual de las contribuciones fiscales como corresponde de acuerdo a la ley y como lo hacemos la mayoría de salvadoreños que cumplimos con nuestras obligaciones tributarias.

El hecho que más de 3 mil millones de dólares en impuestos sean aportados por el sector privado año con año no niega que existen más de 370 millones de dólares adeudados por algunas empresas en el país y que con esos recursos el gobierno podría haber financiado parte de los planes de seguridad sin necesidad de recurrir al endeudamiento.

La ANEP y algunas de las gremiales que la integran critican el aumento de la delincuencia y tienen todo el derecho de hacerlo.

Pero cuando se trata de pronunciarse por el financiamiento de los planes de seguridad optan por cargar el peso de este financiamiento en los más pobres y liberar de responsabilidad a los más ricos del país, que son quiénes le escriben el libreto y les dicen lo que tienen que hablar.

En el tiempo que nos resta leo los mensajes que han llegado al whatsapp del programa y a mis cuentas en las redes sociales…

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