La Derecha Oligárquica sigue “vivita y coleando” | Mauricio Funes Sin Censura

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La Derecha Oligárquica sigue “vivita y coleando”

Hace unos días se celebró una audiencia especial en el Juzgado Cuarto de Sentencia para decidir el futuro de los implicados en el caso CEL-ENEL.

Luego de un cambio sorpresivo en la tipificación del delito, aceptado por dos de los tres jueces que integran el tribunal, los ex funcionarios del gobierno Flores acusados de delitos de corrupción quedaron exonerados de cualquier responsabilidad civil y penal.

De inmediato, diferentes sectores de la derecha celebraron la decisión del juzgado y expresaron en los medios de prensa bajo su control que “la justicia se había impuesto en el país”

Por años el caso fue considerado un juicio emblemático en la medida que por primera vez miembros de la “casta” dominante habían sido sentados en el banquillo de los acusados, con lo que se creía superada aquella expresión de Monseñor Romero con la que se retrataba la impunidad en El Salvador: “la justicia es como la serpiente que sólo muerde al descalzo”

Sin embargo, después de conocida la decisión de los jueces no podemos dejar de pensar que le falta mucho a la institucionalidad democrática de nuestro país para que la expresión del Beato Romero deje de ser una realidad cotidiana.

Y en efecto. En El Salvador, una pareja de jóvenes es castigada por la justicia salvadoreña sin vacilación alguna por haber comprado un celular robado por el que pagaron no más de $50. En cambio, un grupo de ex funcionarios, relacionados la mayoría de ellos con el partido ARENA, son procesados en libertad y exonerados de cargos luego de un artificio legal diseñado expresamente para dejar en la impunidad uno de los más escandalosos casos de corrupción, planeado y ejecutado desde las esferas del poder y que de acuerdo a la Fiscalía General de la República le reportó pérdidas millonarias al Estado.

Desde que el gobierno anterior presentó un aviso a la Fiscalía para que se investigara la venta de las acciones de LAGEO a la empresa italiana ENEL GREEN POWER durante la administración Flores, el caso fue calificado casi de inmediato por diferentes empresarios, diputados de ARENA, medios de comunicación y analistas de derecha como un “juicio político” que tenía el propósito de afectar la imagen pública del partido ARENA y conceder ventaja electoral al FMLN de cara a las elecciones presidenciales del 2014.

Al margen de las implicaciones políticas que pudo haber tenido el proceso judicial, sobre todo porque se inicia a sólo un año de las elecciones presidenciales, el caso fue construido sobre la base de una serie de investigaciones profesionales e independientes llevadas a cabo por al menos tres instancias del Estado: el equipo jurídico de CEL de ese entonces, la comisión especial que creó la Asamblea Legislativa para investigar casos de interés público como era CEL-ENEL y una comisión de tres peritos que la Fiscalía contrató para documentar los cargos que luego les fueron imputados a los involucrados.

A pesar de los señalamientos de la derecha, cada uno de los folios y documentos presentados a consideración de los tribunales de justicia develaban un proceso finamente diseñado para permitir el despojo de un recurso estratégico del Estado como es la generación de energía geotérmica en el país.

Casi al final de la administración Calderón Sol, la Asamblea Legislativa, dominada por ARENA, aprueba una Ley General de Electricidad que autoriza a CEL a vender acciones de empresas públicas bajo su control o buscar socios estratégicos que participen en la explotación y comercialización de recursos públicos, sin contar con el aval legislativo.

La Constitución de la República es clara al establecer que cualquier proceso de privatización de bienes públicos o concesión de una empresa del Estado debe contar con una ley marco aprobada por la Asamblea Legislativa.

Este no fue el caso de la venta de las acciones de LAGEO al socio estratégico internacional.
A pesar que los mismos jurídicos de CEL, como consta en notas internas de la institución, recomendaron al gobierno de entonces que se necesitaba una ley especial para la privatización de LAGEO, el contrato de compra-venta de las acciones fue firmado sin el consentimiento de los diputados.

A diferencia de la privatización de la banca o de la venta de ANTEL, que sólo fueron llevadas a cabo una vez aprobadas las leyes que autorizaban ambos procesos, en el caso del contrato que aseguraba la participación accionaria de ENEL en una empresa del Estado no contó con este aval previo.

Quiénes firmaron ese contrato han argumentado que no se violó la ley pues se actuó conforme a lo establecido en la Ley General de Electricidad, que había sido aprobada meses antes, durante el gobierno de Calderón Sol.

Lo que no dicen es que, independientemente de esta Ley de Electricidad, el proceso era en sí mismo violatorio de la Constitución al no haber pasado por la Asamblea, tal como lo dejó establecido una sentencia de la Sala de lo Constitucional en el 2009.

Además, y este es un hecho poco destacado, en el contrato, modificado por los mismos firmantes apenas 24 horas después de firmado, quedó establecido que el Estado renunciaba en forma preferente y a favor de ENEL a invertir en la geotérmica nacional, de modo que el socio estratégico podía capitalizar sus inversiones y aumentar progresivamente su participación accionaria en la empresa generadora de energía.

El propósito estaba claro: asegurar que los italianos con el tiempo tendrían el control administrativo de LAGEO.

De esta forma, ENEL tendría mayoría de acciones, una participación mayor en la repartición de utilidades en detrimento de CEL y un mayor poder de decisión para establecer el precio en que se vendería el megavatio generado.

El despojo al Estado estaba consumado y sólo aparentemente legalizado.

Esto fue lo que mi gobierno intentó evitar al solicitar a la Fiscalía una investigación que revelara este perverso mecanismo que le quitaba al Estado el control sobre la generación de energía geotérmica, una de las más baratas y rentables de ese entonces.

Por ello resulta lógica, pero mezquina a la vez, la reacción desproporcionada de la derecha oligárquica que califica el destape de este evidente acto de corrupción como un “juicio político”, o peor aún, como un “acoso político” perpetrado contra opositores al gobierno.

El sobreseimiento definitivo que ordenó el Juzgado Cuarto de Sentencia pone ahora un velo de impunidad sobre un proceso de corrupción que fue fraguado en el gobierno de Calderón Sol y ejecutado bajo el gobierno del ex presidente Flores.

Cuando se pide la recalificación del delito y se les acusa a los imputados del delito de peculado sin culpa o peculado culposo, en el fondo, tanto la Fiscalía que propone la nueva tipificación delictiva como la defensa que acompaña esta estrategia, aceptan implícitamente que los acusados cometieron el delito de peculado (apropiación indebida de bienes públicos) pero sin intención de causar daño alguno al Estado.

Esto quiere decir que los 8 ex funcionarios imputados fueron acusados en esta audiencia especial de un nuevo delito de corrupción aunque deben quedar en libertad porque, de acuerdo a nuestra legislación penal, éste delito ya prescribió.

Para que nos entendamos mejor: con el cambio en el tipo de delito cometido, el proceso judicial está obligado a concluir no porque no se demostró que estos ex funcionarios no cometieron delito alguno, sino porque éste ya prescribió, es decir, ya pasó el tiempo en que debió haber sido juzgado.

Es inaceptable entonces expresiones de la derecha en el sentido que finalmente se hizo justicia en este caso, cuando los acusados fueron liberados sin que se haya demostrado en el proceso judicial que no cometieron los delitos imputados.

Con este proceso queda demostrado que la derecha oligárquica sigue “vivita y coleando” y que tiene a su favor los instrumentos de poder necesarios para asegurarse impunidad y seguir haciendo con nuestro país lo que se le venga en ganas.

Después de todo, la justicia salvadoreña continúa siendo, como lo dijera el Beato Romero: “una serpiente que sólo muerde al descalzo”.

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One comment

  • Felicitaciones por esta nueva plataforma Sr. expresidente Funes. Como muchos, estoy indignado por la resolucion a la que llego el caso CEL-ENEL. Convenientemente a quien se le ocurrio que existiera una ley para que los delitos de exfuncionarios en contra del Estado prescribieran (y no los de los criminales comunes) y se pueden reabrir casos ya prescritos? y, como es que al iniciarse un nuevo gobierno no tienen acceso a documentos que puedan servir de evidencia? Saludos.