Programa 33 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 33 – Editorial

Han transcurrido apenas unos días desde que se conoció la decisión del Juzgado Cuarto de Sentencia que libró de cargos civiles y penales a los 8 ex funcionarios del gobierno de Flores implicados en el caso Cel-Enel.

Luego de un cambio en la tipificación del delito propuesto por la Fiscalía y aceptado por la defensa, los imputados fueron sobreseídos en forma definitiva bajo el argumento que el nuevo delito por el que estaban siendo procesados prescribió años atrás.

Para entendernos, esto significa que por tratarse de un delito que de acuerdo a nuestras leyes ya no puede ser perseguido, el juzgado no tuvo más opción que cerrar el caso y dejarlos en libertad.

Los 8 ex funcionarios de gobierno así como ejecutivos de la empresa italiana ENEL habían sido acusados por la Fiscalía por el delito de peculado doloso, esto quiere decir, por la apropiación indebida de bienes públicos para favorecer a una empresa extranjera en detrimento de los intereses del Estado.

Según la misma Fiscalía, por esta operación realizada en tiempos del gobierno Flores, el Estado sufrió un perjuicio patrimonial de casi dos mil millones de dólares.

Con esta decisión judicial este perjuicio no fue sancionado y quedó en la impunidad.
Casi de inmediato a la resolución del juzgado, diferentes sectores de la derecha celebraron la decisión del tribunal y expresaron en los medios de prensa bajo su control que “la justicia se había impuesto en el país” y que “la persecución política iniciada por el gobierno anterior y continuada por este gobierno había fracasado

Por años el caso fue considerado un juicio emblemático en la medida que por primera vez miembros de la “casta” dominante habían sido sentados en el banquillo de los acusados, con lo que se creía superada aquella expresión de Monseñor Romero con la que se retrataba la impunidad en El Salvador: “la justicia es como la serpiente que sólo muerde al descalzo

Sin embargo, después de conocida la decisión de los jueces no podemos dejar de pensar que nuestra institucionalidad democrática no ha avanzado mucho y que la justicia sigue controlada por los intereses del poder económico en el país, intereses que en alguna medida representan los implicados, sobre todo el ex presidente de CEL, Guillermo Sol Bang, vinculado a la familia Kriete y la familia Wright, familias de larga trayectoria empresarial financistas del partido ARENA.

Mi decepción sobre este caso proviene del hecho que en El Salvador, una pareja de jóvenes es fácilmente castigada por la justicia salvadoreña, sin vacilación alguna, por haber comprado un celular robado por el que pagaron unos $50, pero, en cambio, un grupo de ex funcionarios, relacionados la mayoría de ellos con el partido ARENA, son procesados en libertad y exonerados de cargos luego de un artificio legal diseñado expresamente para dejar en la impunidad uno de los más escandalosos casos de corrupción, planeado y ejecutado desde las esferas del poder…

Desde que mi gobierno presentó un aviso a la Fiscalía para que se investigara la venta de las acciones de LAGEO a la empresa italiana ENEL GREEN POWER durante la administración Flores, el caso fue calificado casi de inmediato por diferentes empresarios, diputados de ARENA, medios de comunicación y analistas de derecha como un “juicio político” que tenía el propósito de afectar la imagen pública del partido ARENA y conceder ventaja electoral al FMLN de cara a las elecciones presidenciales del 2014.

Incluso, algunos de los implicados llegaron a calificarme, siendo Presidente de la República, como un difamador profesional y aseguraron que yo me había inventado los cargos penales, basado en mentiras y rumores que corrían sobre el caso.

Al margen de las implicaciones políticas que pudo haber tenido el proceso judicial, sobre todo porque se inicia sólo un año antes de las elecciones presidenciales, el caso fue construido sobre la base de una serie de investigaciones profesionales e independientes llevadas a cabo por al menos tres instancias del Estado: el equipo jurídico de CEL de ese entonces, la comisión especial que creó la Asamblea Legislativa para investigar casos de interés público como era CEL-ENEL y una comisión de tres peritos o reconocidos abogados que la Fiscalía contrató para documentar los cargos que luego les fueron imputados a los involucrados.

A pesar de los señalamientos de la derecha, cada uno de los folios y documentos presentados a consideración de los tribunales de justicia ponían al descubierto un proceso finamente diseñado para permitir el despojo de un recurso estratégico del Estado como es la generación de energía geotérmica en el país.

Casi al final de la administración Calderón Sol, la Asamblea Legislativa, dominada por ARENA, aprobó una Ley General de Electricidad que autorizaba a CEL a vender acciones de empresas públicas bajo su control o buscar socios estratégicos privados que deseaban participar en la explotación y comercialización de recursos públicos, sin contar con el aval legislativo.

La Constitución de la República es clara al establecer que cualquier proceso de privatización de bienes públicos o concesión de una empresa del Estado debe contar con una ley que expresamente autorice estos procesos, aprobada por la Asamblea Legislativa.

Este no fue el caso de la venta de las acciones de LAGEO al socio estratégico internacional, a la empresa ENEL.

El contrato de compra-venta de las acciones fue firmado sin el aval de los diputados.

A diferencia de la privatización de la banca o de la venta de ANTEL, que sólo fueron llevadas a cabo una vez aprobadas las leyes que autorizaban ambos procesos, en el caso del contrato que aseguraba la participación accionaria de ENEL en una empresa del Estado no contó con este aval previo.

Quiénes firmaron ese contrato han argumentado que no se violó la ley pues se actuó conforme a lo establecido en la Ley General de Electricidad, que había sido aprobada como he señalado meses antes, durante el gobierno de Calderón Sol.

Lo que no dicen es que, independientemente de esta Ley de Electricidad, el proceso de compra-venta de las acciones era violatorio de la Constitución al no haber pasado por la Asamblea Legislativa.

Además, y este es un hecho poco destacado por los medios de comunicación, en el contrato quedó establecido que el Estado renunciaba en forma preferente y a favor de ENEL a invertir en la geotérmica nacional, de modo que el socio estratégico podía capitalizar sus inversiones y aumentar progresivamente su participación accionaria en la empresa generadora de energía.
Capitalizar sus inversiones significa, para que nos entendamos, que cada dólar invertido por ENEL aumenta el número de acciones en poder de esta empresa.

El propósito es más que evidente: lo que se buscaba con esta operación ejecutada por los ex funcionarios de CEL y del gobierno Flores era asegurar que los italianos con el tiempo tendrían el control administrativo de LAGEO.

De esta forma, ENEL tendría mayoría de acciones, una participación mayor en la repartición de utilidades en detrimento de CEL y un mayor poder de decisión para establecer el precio en que se vendería el megavatio generado.

El despojo al Estado estaba consumado y sólo aparentemente legalizado.

Esto fue lo que mi gobierno intentó evitar al solicitar a la Fiscalía una investigación que revelara este perverso mecanismo que le quitaba al Estado el control sobre la generación de energía geotérmica, una de las más baratas y rentables de ese entonces.

Por ello resulta lógica, la reacción desproporcionada de la derecha oligárquica que calificó este destape de un evidente acto de corrupción como un “juicio político”, o peor aún, como un “acoso político” perpetrado contra opositores al gobierno.

En ningún momento se ha dado alguna persecución en contra de ARENA o de los ex funcionarios involucrados.

En ningún momento, como lo aseguró mezquinamente la UCA en un reciente editorial, se fabricó un caso con intenciones políticas.

Por el contrario, mi gobierno fue perseguido y sigue siendo perseguido por el sólo hecho de haber destapado la corrupción en tiempos del gobierno Flores.

No sería raro que en desquite por esta revelación, los implicados o al menos algunos de ellos, promuevan una acusación penal en mi contra bajo el argumento ridículo que con este destape institucional cometí el delito de difamación que dañó la imagen de los acusados.

El sobreseimiento definitivo que ordenó el Juzgado Cuarto de Sentencia pone ahora un velo de impunidad sobre un proceso ilegal e inconstitucional que fue fraguado en el gobierno de Calderón Sol y ejecutado bajo el gobierno del ex presidente Flores.

Cuando se pide la recalificación del delito y se les acusa a los imputados del delito de peculado sin culpa o peculado culposo, en el fondo, tanto la Fiscalía que propone la nueva tipificación delictiva como la defensa que acompaña esta estrategia, aceptan implícitamente que los acusados cometieron el delito de peculado (apropiación indebida de bienes públicos) pero sin intención de causar daño alguno al Estado.

Esto quiere decir que los 8 ex funcionarios imputados fueron acusados en esta audiencia especial de un nuevo delito de corrupción aunque debieron quedar en libertad porque, de acuerdo a nuestra legislación penal, éste delito ya prescribió.

Para que nos entendamos mejor: con el cambio en el tipo de delito cometido, el proceso judicial está obligado a concluir no porque no se demostró que estos ex funcionarios no cometieron delito alguno, sino porque éste ya prescribió, es decir, ya pasó el tiempo en que debió haber sido juzgado.

Es inaceptable entonces expresiones de la derecha en el sentido que finalmente se hizo justicia en este caso, cuando los acusados fueron liberados sin que se haya demostrado en el proceso judicial que no cometieron los delitos imputados.

Con este proceso queda demostrado, como escribí en mi columna para La Página, que la derecha oligárquica sigue “vivita y coleando” y que tiene a su favor los instrumentos de poder necesarios para asegurarse impunidad y seguir haciendo con nuestro país lo que se le venga en ganas.

Después de todo, la justicia salvadoreña continúa siendo, como lo dijera el Beato Romero: “una serpiente que sólo muerde al descalzo”

Además de la impunidad en que ha quedado el caso CEL-ENEL esta semana también entró en el debate el tema del financiamiento para la Seguridad Pública.

El Presidente Sánchez Cerén pidió a la Asamblea Legislativa un refuerzo presupuestario de 28 millones de dólares, 15 millones para la Policía Nacional Civil, en su mayoría destinados al pago de bonos para los agentes que van desde 200 hasta 600 dólares, y 13 millones para la Fuerza Armada, dinero que en su mayor parte se destinará para el pago de salarios de los más de 6000 reservistas que apoyan las tares de la Policía Nacional Civil.

El gobierno ha asegurado que este refuerzo provendrá de la reorientación de un préstamo internacional aún no desembolsado y ejecutado, de modo de no afectar los programas sociales que deben ser financiados con el presupuesto para este año.

Hasta este momento no conocemos la decisión de la Asamblea Legislativa sobre esta petición del Ejecutivo, aunque creo que no enfrentará ninguna objeción pues hasta la fracción de ARENA ha dicho que respaldará el refuerzo.

Sin embargo, de esta forma no se resuelve el problema presupuestario que está a la base del plan de seguridad impulsado por el gobierno y que retoma la mayor parte de las recomendaciones hechas por el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El país no tiene otra fuente de financiamiento permanente que no sea un impuesto o contribución especial que paguen las grandes empresas, como ocurrió en Colombia, país que en el pasado atravesó una época de alta criminalidad como ahora está enfrentando nuestro país.

Bajo mi gobierno, un equipo del Ministerio de Hacienda viajó a Colombia para conocer la forma como ese país azotado por la delincuencia, sobre todo del narcotráfico, creó un impuesto especial denominado impuesto para la seguridad democrática y que permitió financiar la mayor parte de los planes y acciones de combate de la criminalidad.

El propio Presidente Santos de Colombia, quién siendo Ministro de la Defensa promovió la creación de este impuesto, me explicó que se trata de una contribución especial que dan los grandes empresarios, quiénes resultaban más beneficiados con la creación de un clima de seguridad y armonía en el país.

No es un impuesto que se traslada a la población en general, como han advertido personeros de las gremiales empresariales en nuestro país.

Existen mecanismos en la ley que impiden el traslado del impuesto de modo que éste sea financiado en su totalidad por los grandes empresarios.

El gobierno debería preparar una propuesta de ese nuevo impuesto y negociarlo con los empresarios y la asamblea legislativa.

El Consejero de la Casa Blanca que visitó nuestro país recientemente, el embajador Shannon, dijo en reunión con el Presidente Sánchez Cerén que el país no debe quedarse esperando a que Estados Unidos colabore con los planes de seguridad. También, sostuvo, debe hacer un esfuerzo propio y acá se refirió justamente a la aprobación de este impuesto especial como lo hizo Colombia en el pasado.

Un préstamo de apoyo presupuestario, como el que prepara el gobierno para negociarlo con el BID, aunque resuelve el problema en lo inmediato, no sólo no garantiza recursos para el largo plazo, sino que termina pagándolo la población en general.

Un impuesto para la seguridad en cambio, además que se trata de un fondo especial dirigido únicamente a financiar los planes de seguridad, permite un financiamiento para el corto, mediano y largo plazo, que es lo que necesita la puesta en práctica de los programas y acciones contra la delincuencia que ha recomendado el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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