Programa 34 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 34 – Editorial

Esta semana ha estado cargada de una serie de acciones políticas que bien entendidas podrían darnos una idea de cómo se comporta la coyuntura y hacia dónde van encaminadas las acciones de los actores políticos en nuestro país.

La derecha oligárquica y sus testaferros han estado presionando por la creación de una comisión internacional contra la impunidad, tal como funciona en Guatemala.

Basta con leer las páginas de El Diario de Hoy para caer en la cuenta de la atención desproporcionada que este medio, que claramente responde a los intereses de la derecha oligárquica, ha estado dando a los casos de corrupción destapados en el gobierno del Presidente Otto Pérez en Guatemala.

No es que no nos deba importar lo que ocurre en el vecino país, pero por el simple hecho que en Guatemala se hayan destapado algunos casos de corrupción gubernamental no significa que en nuestro país deba crearse una comisión internacional que por sí misma no es garantía de que la impunidad será enfrentada.

El Salvador cuenta con instituciones democráticas más sólidas que en Guatemala o la vecina Honduras, en parte por la nueva institucionalidad y la dinámica política que se generó con la firma de los acuerdos de paz en 1992.
Los niveles de penetración del crimen organizado, sobre todo del narcotráfico en las instituciones políticas y de justicia en ambos países, sobrepasa con creces la influencia que podría tener esta lacra en nuestro país.

Hay problemas en la Policía como en las Fuerzas Armadas, pero las manzanas podridas que puedan existir en las dos instituciones son pocas si tomamos en cuenta la integridad de la mayoría de elementos que forman parte de nuestra PNC o de la institución militar.

Lo mismo habría que decir del Ministerio Público e incluso del órgano judicial que enfrenta un lastre mayor en lo que a depuración se refiere.

Yo soy de la opinión que más que invertir energías y dinero en la creación y funcionamiento de una comisión internacional, supervisada por Naciones Unidas, deberíamos dedicar más recursos y esfuerzo al fortalecimiento de nuestras instituciones.

Hay que trabajar por sacar algunas decisiones, sobre todo del órgano judicial, del área de influencia del poder económico en el país, como ocurrió recientemente en el caso CEL-ENEL.

Ese sería quizás el más importante aporte a la democratización e independencia de nuestras instituciones.
No cabe duda que el propósito de El Diario de Hoy como de sus habituales columnistas es poner en paralelo el caso guatemalteco o el hondureño con lo que está ocurriendo o puede ocurrir en El Salvador.

No hay que pasar por alto que los casos destapados en la región han sido de gobiernos con una clara orientación de derecha y por tanto más cercanos al partido y al modus operandi de ARENA que al del FMLN: me refiero al gobierno de Otto Pérez en Guatemala, el del presidente Juan Carlos Hernández en Honduras y el del ex presidente Martinelli en Panamá, todos ellos gobiernos de derecha y con vínculos orgánicos y empresariales con la derecha salvadoreña.

Lo que El Diario de Hoy y diputados de ARENA no advierten es que al igual que en Guatemala o incluso que en Honduras, los supuestos casos de corrupción que corren el riesgo de quedar impunes acá en el país son precisamente los que se han cometido bajo gobiernos de derecha, bajo gobiernos de ARENA.

El ejemplo más reciente es lo ocurrido con el expediente judicial de CEL-ENEL, donde con la decisión tomada por el juzgado cuarto de sentencia, el caso quedó finalmente sin ser juzgado y por tanto en la impunidad.

Como recordaran, los implicados, todos ellos ex funcionarios de un gobierno de ARENA, fueron exonerados de todo cargo civil y penal, no porque se haya demostrado en el proceso judicial que no se cometieron los delitos imputados sino porque el delito por el que finalmente se les persiguió, luego del cambio de tipificación solicitado por la defensa y aceptado por la Fiscalía, prescribió en tiempo, es decir, pasó del tiempo que establece el código penal para ser juzgado.

Si una situación justificaría la creación de una comisión internacional que contribuya a superar la impunidad es precisamente la que se dio con el caso CEL-ENEL y la que podría darse con el caso de los desvíos millonarios por los que es acusado el ex presidente Flores.

ARENA desde antes de las elecciones del 2014 ha intentado tirar una cortina de humo sobre estos dos casos emblemáticos, que tienen que ver con gobiernos que estuvieron bajo su control.

Poco después que la comisión especial que creó la Asamblea para investigar el caso CEL-ENEL rindiera su informe ante el pleno, los diputados de ARENA comenzaron a insistir que de igual forma debería ser investigado el caso de la Presa Hidroeléctrica El Chaparral, proyecto que fue suspendido en mi gobierno por una serie de diferencias entre CEL y ASTALDI, la firma constructora de la Presa, diferencias que finalmente fueron superadas con la cancelación del contrato y el pago de una compensación económica que evitó un arbitraje internacional, a la larga más oneroso que lo que se debió pagar por lo que se había construido de la obra.

ARENA y también la ANEP, con apoyo de algunos medios de comunicación como El Diario de HOY, han asegurado que en este caso hay una serie de irregularidades que deberían ser investigadas a fin de demostrar que existen actos de corrupción que perseguir.

Hoy mismo aparece un comunicado de ARENA en el que solicitan la creación de una Comisión Especial en la Asamblea Legislativa para investigar lo que califican como una “cadena de irregularidades en el proceso de diseño, construcción y licitaciones relacionadas con la presa El Chaparral”

Sobre los señalamientos de ARENA hay varias cosas que decir.

Primero, una comisión especial de la Asamblea Legislativa se justifica cuando estamos ante un caso de interés público que no ha merecido la atención de las autoridades judiciales o cuando éstas, por alguna razón, se muestran incompetentes de conocer.

Así ocurrió con CEL-ENEL y con el caso del ex presidente Flores, en los que la Fiscalía decidió presentar una acusación penal ante los tribunales sólo después que la Asamblea Legislativa recomendó abrir un expediente judicial para ambos casos.
Con El Chaparral el proceso ha sido diferente.

Diputados de ARENA colocaron un aviso en la Fiscalía para que se investiguen los pagos que realizó CEL por esta obra y la Fiscalía tienen en estos momentos una serie de peritos trabajando en el caso.

A qué viene constituir una comisión especial en la Asamblea cuando el caso ya está siendo investigado de modo profesional e independiente, y sin tintes ni sesgos políticos, por la unidad anticorrupción de la Fiscalía General de la República.

Además, y este es el fondo de mi planteamiento de esta tarde, el proceso por medio del cual se canceló el contrato con la empresa italiana responsable de la obra y las acciones que siguieron a esta cancelación de modo de buscar retomar a la brevedad posible la construcción de la presa hidroeléctrica por mi gobierno está debidamente auditado por la Corte de Cuentas de la república.

No es cierto que mi gobierno pagó $108.5 millones por una obra inconclusa que El Diario de Hoy llama despectivamente como “el hoyo de El Chaparral”

CEL bajo mi gobierno canceló únicamente $23.5 millones de los $108.5 millones que recibió ASTALDI y esta cantidad representaba el costo de evitar ir a un arbitraje internacional, que a la larga, como advirtieron los consultores y la Corte de Cuentas, habría resultado más oneroso que la cancelación por arreglo directo del contrato.

A la llegada de mi gobierno, ASTALDI presentó una serie de reclamos a raíz de imprevistos geológicos e hidrológicos ocurridos en la margen derecha de la montaña donde se estaba construyendo la Presa Hidroeléctrica, provocados por el impacto de la tormenta tropical Agatha.

Estos imprevistos obligaban a parar la obra y modificar el diseño original, con lo que se incrementaba el costo de la Presa.

CEL consultó con la Corte de Cuentas de la República y con los consultores, tanto nacionales como extranjeros, y ambos recomendaron que el proceso a seguir debía ser el de dar por terminado el contrato por mutuo acuerdo de las partes por la vía del trato directo regulado por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones en la Administración Pública, conocida por sus iniciales como LACAP.

Estos mismos consultores fueron enfáticos al recomendar que no era conveniente para CEL y el país la terminación del contrato por la vía de la caducidad en sede administrativa, es decir decidido en forma unilateral por CEL, ya que esto conduciría a un arbitraje internacional.

En opinión de los consultores, el arbitraje le habría implicado mayores costos al país que el arreglo directo al que se llegó, ya que además de los costos que implica el pago de abogados para la defensa en un tribunal internacional, el proyecto habría estado paralizado por casi cuatro años, con el consiguiente deterioro de la infraestructura construida y el impacto en la economía del país por el pago de la energía que habría que generar en todo este tiempo por otros medios más caros, como es el caso de la energía térmica. Sin dejar de mencionar que por los argumentos presentados por ASTALDI lo más seguro es que el gobierno habría perdido el juicio internacional.

Fue así como se llegó a la decisión de buscar un arreglo amistoso.

Por otro lado, la decisión de pagar $23.5 millones adicionales a lo que ya se le había cancelado a ASTALDI durante el gobierno anterior (el gobierno anterior ya había pagado $85 millones por obra construida en El Chaparral) de modo de sumar $108.5 millones en total, fue aprobado por la Corte de Cuentas de la República en un informe de auditoria preventiva realizado por la Unidad de Auditoría Interna de la mencionada institución.

ASTALDI reclamaba más de esa cantidad acordada.

Primero reclamó $180 millones y en una segunda oportunidad bajó a $120 millones, la que seguramente sería la cantidad que reclamaría en un arbitraje internacional de haberse dado este proceso.

El arreglo y trato directo terminó reduciendo la cantidad exigida a $108.5 millones, cantidad que como he dicho fue autorizada por la Corte de Cuentas de la República y avalada por toda la junta directiva de CEL, incluyendo el voto favorable del representante de la ANEP a través de ABANSA y el del actual Presidente de CEL, Arquitecto David López.

A qué viene entonces levantar la sospecha, como lo hace ARENA, de que en este arreglo se pagó de más para favorecer a la empresa italiana ASTALDI , pago que según los diputados de este partido político se hizo en forma arbitraria e irregular?

Las afirmaciones de diputados de ARENA y dirigentes de la ANEP, como las del propio presidente de la gremial, Jorge Daboub, no dejan de ser difamatorias si tomamos en cuenta que ninguna autoridad competente ha establecido que se ha cometido delito alguno, como para hablar de corrupción en mi gobierno, y tal como consta en los documentos en poder de la Fiscalía, todo lo actuado por la junta directiva de CEL en el proceso de liquidación del contrato de El Chaparral con la firma italiana ASTALDI se hizo respetando la ley y los procedimientos establecidos para casos de diferencias entre un gobierno y una empresa contratista.

Se ha asegurado también, en forma inescrupulosa, que la empresa encargada del nuevo diseño de El Chaparral se contrató por segunda vez y que ésta fue la empresa que presentó la oferta más alta durante la licitación.

No hay nada en LACAP que impida que una empresa que ha sido contratada una vez no pueda ser contratada de nuevo si gana una licitación realizada en forma transparente y de acuerdo a la ley.

INTERTECHNE, que fue la empresa contratada para hacer el rediseño de la obra, no fue la que presentó la oferta mayor como falsamente y con evidente dolo publicó El Diario de Hoy hace unos días.

Una vez cancelado el contrato con ASTALDI, CEL dispuso elaborar un nuevo diseño de la obra que contemplara las fallas geológicas e hidrológicas que llevaron a la paralización de la Presa, a fin de establecer si era o no conveniente mantener la construcción en el área que había sido seleccionada originalmente o realizar algún tipo de obra de mitigación para resolver los problemas geológicos encontrados y provocados por la tormenta Agatha.

Participaron tres empresas y de éstas INTERTECHNE presentó la mejor opción. Su precio estaba casi un diez por ciento por debajo del presupuesto aprobado por CEL y no fue la más alta como lo ha asegurado El Diario de HOY.

La oferta más alta, arriba en más del 30 por ciento del presupuesto autorizado, fue la presentada por una firma alemana y la oferta más baja, sólo un poco más baja que la de INTERTECHNE, fue presentada por una empresa que no llenaba, según los consultores, la experiencia profesional y técnica que se requiere en estos casos.

Esta empresa que ofertó el precio más bajo contaba con apenas un año de experiencia en la formulación de este tipo de diseños y en ese tiempo había realizado un solo diseño de una Presa Hidroeléctrica, que no era de la envergadura de El Chaparral.

Me llama la atención que tanto la ANEP, como ARENA y El Diario de Hoy, cuestionan cuando en un contrato del gobierno se favorece a una empresa con poca o ninguna experiencia en el ramo que se trate y en este caso la falta de experiencia o experticia profesional no es un requisito que sea dimensionado adecuadamente.

Tampoco se podía descartar la participación de INTERTECHNE por el hecho de haber presentado un primer diseño que luego fue rechazado, ya que éste se hizo sin que existieran en el momento de su elaboración los problemas geológicos que luego fueron detectados por ASTALDI ya en el proceso de construcción de la Central Hidroeléctrica.

A qué viene entonces hablar de irregularidades en esta contratación si se hizo apegado a las recomendaciones de la Corte de Cuentas y del consultor externo avalado por el BID y el Banco Centroamericano de Integración Económica, que son las instituciones que han financiado este proyecto.

ARENA lo que busca claramente con la creación de una comisión investigadora especial de la Asamblea legislativa, de un proceso que dicho sea de paso ha sido auditado por la Corte de Cuentas en cuatro oportunidades y avalado por consultores nacionales e internacionales, es tirar una cortina de humo para que los salvadoreños no nos enfoquemos en la impunidad en que se mantiene el caso CEL-ENEL y menos en el desenlace judicial que pudiera tener el caso del ex presidente Flores, sin dejar de mencionar los más de 150 casos que fueron investigados y presentados a consideración de la Fiscalía por la subsecretaría de transparencia durante el gobierno anterior.

En lo personal no veo la necesidad de una comisión internacional de combate de la impunidad como la que existe en Guatemala. Pero si de constituirla se trata no estaría mal que los primeros casos que investigue sean el de CEL-ENEL, por la impunidad en que ha quedado luego de la resolución del juzgado cuarto de sentencia, y el del ex presidente Flores, aún pendiente de resolución judicial.

En esta semana también hemos conocido dos iniciativas que pueden marcar el rumbo de las estrategias de combate de la delincuencia y la impunidad.

Los cabecillas de las pandillas recluidos en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca enviaron una carta, escrita a mano por uno de ellos, al Consejo Nacional para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana y al Ministro de Seguridad y Justicia, en tanto coordinar del mencionado Consejo.

En ella plantean que están dispuestos a sentarse a dialogar con las autoridades un cese de los homicidios y actos delictivos en el entendido que los planes de mano dura y persecución y represión del delito no han dado resultados y han elevados los niveles de violencia en el país.

No dicen sobre qué materias están dispuestos a dialogar, aunque aclaran que no se trata de una negociación que les implique beneficios.

Cierran la misiva señalando que no ven salida al problema de la delincuencia a no ser que haya algún tipo de acuerdo entre sus organizaciones criminales y el gobierno.

Y que como muestra su disposición al diálogo han decidido bajar la actividad delincuencial en todo el país.

La verdad que desde que inició el mes los homicidios bajaron drásticamente de un promedio de 22 y hasta 24 asesinatos por día, que fueron reportados en Mayo y Junio pasados, a 14 en lo que va de Julio.

Al respecto el gobierno ha dicho que esta baja repentina de los homicidios se debe a un trabajo más efectivo de la PNC y la Fuerza Armada en zonas de mayor incidencia delincuencial y no tiene nada que ver la disposición que han expresado estos cabecillas de dialogar sobre el tema de la violencia en el país.

También han respondido que no están dispuestos a negociar con ellos en la medida que se trata de criminales que operan al margen de la ley y a los criminales hay que perseguirlos, capturarlos y encerrarlos en la cárcel, aplicándoles todo el peso de la ley.

En buenas cuentas, nada diferente de lo que ha venido haciendo este gobierno, sobre todo desde inicios del año.

Yo estoy de acuerdo en que no se debe negociar con las pandillas y menos con quiénes han sido juzgados o están en proceso de serlo y guardan prisión por los delitos cometidos.

Mi gobierno, aunque se diga lo contrario no se sentó a negociar con las pandillas y menos se les concedieron beneficios al margen de la ley. Quiénes negociaron entre ellos y pactaron una tregua que produjo la disminución significativa de asesinatos fueron las pandillas más grandes del país: la MS o Mara Salvatrucha y la M18 o Barrio 18.

El gobierno facilitó el proceso en la medida que produjo resultados concretos como fue la reducción del promedio diario de homicidios durante 14 meses.

Nunca se dejo de perseguirlos, no se redujeron los operativos y las incursiones policiales y militares y tampoco se les permitió operar libremente con las extorsiones.

El fortalecimiento observado en las pandillas es un proceso que venía desde años atrás, antes del 2009 y se ha consolidado precisamente con la terminación de la tregua.

Ahora que el gobierno ha dicho contundentemente que no negociará con las pandillas y menos al margen de la ley, manda un mensaje claro que el ofrecimiento hecho en la carta que dirigieron sus cabecillas al Consejo de Seguridad ha caído en saco roto y tiene muy pocas posibilidades de prosperar.

En mi opinión, el gobierno y todas las estructuras del Estado, deben sentarse a dialogar con las comunidades de donde salen los pandilleros y donde operan, pues sólo enfrentando la exclusión y marginación que padecen es que se irán creando condiciones para que cese el reclutamiento de pandilleros jóvenes.

Por eso, aunque sin conocer detalles, veo con optimismo el Plan El Salvador Seguro que fue anunciado este día en forma de plan piloto en diez municipios del país.

El gobierno hace bien con mantener una presencia de la fuerza pública en forma permanente en estos municipios a fin de disputarle el control territorial a los pandilleros.

Es un error realizar incursiones temporales y luego retirarse porque los pandilleros acaban regresando a las zonas de donde son expulsados o desarticulados.

Y también estoy de acuerdo en que se concentren recursos y esfuerzos en estos municipios con el propósito de que la presencia del Estado no sólo sea de la Policía y la Fuerza Armada sino de aquellas instituciones que pueden garantizar un mejor nivel de vida de las comunidades intervenidas.

El relanzamiento del programa PATI en esos municipios, así como la intervención activa del MOP, Salud y Cruz Roja entre otras instituciones, permitirá enfrentar focalizadamente los problemas económicos y sociales que son causa de la marginalidad y un acicate de la delincuencia en el país y el fortalecimiento de las pandillas.

Este programa que lanzó esta mañana el gabinete de seguridad debe contar con recursos suficientes que, como he sostenido en otras ocasiones, sólo pueden venir de un fondo especial para la seguridad que sea alimentado con un impuesto para la seguridad democrática que paguen las grandes empresas del país o los capitales más solventes y que una nueva contribución fiscal no los pondría en aprietos económicos como si ocurriría con pequeñas y medianas empresas y con el pueblo trabajador de menos ingresos.

Hasta acá mis reflexiones de este día.

Relacionado


2 comments

  • La comisión se debería crear pero para dirimir donde está a donde quedó que se hizo de.. el dinero proviniente de las privatizaciones, ejemplo la privatización de la banca, antel, cel, donde quedearón las divisas del bcr luego de la dolarización, que se hizo con los prestamos para el hospital de maternidad, y la diego de olgin, etc etc etc. y es la misma necesidad de tapar todos esos casos, la que incomoda a la oligarquía, la que urge tapar antes que se investigue, obviamente no solo en el futbol hay amaños, y la desestabilización de los pueblos también viene de afuera, comisiones posiblemente amañadas buscando revanchismos políticos.

  • No me había dado cuenta que existía esta página web, yo creía que solo comentaba en el Twiter y lo publicaba en FB. Ahora ya podré leer todas sus editoriales y estar bien informada que los acontecimientos del país, pues los medios escritos son una basura; algunos digitales son bastante buenos como el blog, la pagina y el faro (aunque a veces se inclina a la derecha).
    Felicidades y continue con su proyecto, todavía somos muchos los que le creemos.