¿Qué persigue ARENA con el caso El Chaparral? | Mauricio Funes Sin Censura

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¿Qué persigue ARENA con el caso El Chaparral?

Por segunda vez, los diputados de ARENA solicitaron la creación de una comisión especial legislativa que investigue el proceso de licitación y cancelación del contrato de la Central Hidroeléctrica El Chaparral con la firma italiana ASTALDI.

La obra fue adjudicada durante el gobierno del ex presidente Saca, bajo la responsabilidad del entonces presidente de la Junta Directiva de CEL, Nicolás Salume, hijo.

Se trata de un proyecto que viene siendo planificado desde las administraciones Calderón Sol y Francisco Flores, quiénes realizaron una serie de estudios de factibilidad para establecer la viabilidad de su construcción y determinar el sitio exacto de su edificación.

Ninguno de los estudios realizados por ambos gobiernos de ARENA advirtió que el lugar recomendado por los peritos no era el indicado y menos que podían surgir en el futuro inconvenientes de tipo geológico como para desistir de su construcción.

Fue hasta entrado el gobierno anterior, en junio del 2010, que ASTALDI presentó a la junta directiva de CEL un informe en el que aseguraba que el margen derecho de la montaña que sostiene el dique de la Central había sido dañado y se estaba moviendo a consecuencia del impacto en la estabilidad del suelo que provocó la tormenta Agatha de finales del 2009.

Se trataba, entonces, de un imprevisto que ni ASTALDI y mucho menos CEL, podían haber anticipado, por lo que no quedaba otro camino que elaborar un nuevo diseño de la Presa en construcción, que permitiera mitigar los problemas geológicos e hidrológicos surgidos.

Después de una serie de consultas con dos firmas de abogados, una nacional y otra extranjera, así como de varios informes de auditoria preventiva elaborados por la Corte de Cuentas de la República, CEL decide dar por finalizado el contrato con ASTALDI bajo la modalidad de un acuerdo pactado por ambos, sin que hubiera necesidad de recurrir a un arbitraje internacional.

Luego de casi un año de negociaciones, ambas partes acordaron cerrar esta controversia, estimándose en $108.5 millones la suma total a pagar.

De este total, a diferencia de lo que asegura ARENA y la ANEP, CEL en el gobierno anterior sólo pagó 23.5 millones de dólares, ya que ASTALDI ya había recibido 85 millones del gobierno Saca, en reconocimiento al trabajo realizado.

ARENA asume desconocimiento de la ley cuando señala que la decisión de dar por finalizado el contrato con ASTALDI, de pagarle 23.5 millones de dólares a la firma italiana a fin de completar el total acordado y de efectuar dicho pago fue tomada por el Presidente de la República.

La ley que rige a CEL en tanto entidad autónoma no le da jurisdicción al Presidente de la República para incidir en ese tipo de decisiones. Las decisiones las toma la Junta Directiva de la institución y en ella se agotan las responsabilidades y consecuencias que se derivan de éstas.

Cuáles son, entonces, las irregularidades que según ARENA, ANEP y El Diario de Hoy justificarían la creación de una comisión legislativa especial que investigue el proyecto El Chaparral y cuál es el propósito de acusar a mi gobierno de corrupción?

Según los denunciantes, la cifra pagada a ASTALDI no tiene base legal. Se pagó más de lo debido con la finalidad, según ellos, de favorecer a la firma italiana en detrimento del patrimonio económico de CEL. Además, fue contratada por segunda vez una firma brasileña, INTERTECHNE, para elaborar el nuevo diseño de la obra, siendo que esta empresa aparece mencionada en el escandalo de corrupción de Petrobras en Brasil.

Sobre estas denuncias hay que hacer varias aclaraciones.

Primero, la modalidad por la que se inclinó CEL para dar por finalizado el contrato fue recomendada tanto por la firma consultora, Central Law El Salvador, como por la Corte de Cuentas de la República.
Resultaba menos oneroso para CEL dar por concluido el contrato con ASTALDI recurriendo a la negociación directa, que llevar la controversia a un tribunal arbitral internacional.

El arbitraje podría prolongarse hasta cuatro años o más, con el consiguiente efecto negativo en la economía del país, provocado por la suspensión de la obra, el costo de la energía no generada y el deterioro de la inversión ya realizada en el proyecto, que en ese momento ascendía a 85 millones de dólares.

Sin mencionar acá que sólo de abogados, CEL habría tenido que cancelar unos 4 millones de dólares adicionales a la suma demandada por ASTALDI en el tribunal.

Segundo, ASTALDI llegó a reclamar hasta $180 millones por los trabajados realizados, como consta en registros de la negociación, cifra que incluía la indemnización por cancelación del contrato.
La negociación directa con la firma italiana, que se prolongó por más de un año, bajó la suma a 108.5 millones de dólares, cantidad que fue avalada por la Corte de Cuentas de la República en un informe de auditoria interna de CEL.

La base del argumento de la Corte de Cuentas se resume en el siguiente texto tomado del informe de auditoría preventiva elaborado en Junio del 2012: “…si se tomara la decisión de irnos por la vía del arbitraje han existido diversas situaciones que no han dejado un legado agradable con respecto a utilizar el arbitraje internacional para ganar un conflicto de interés público, ya que no se contaría con la certeza de ganar en el mismo y se correría el riesgo de perderlo, lo cual generaría para la Comisión GASTOS MUCHO MAYORES QUE EL LLEGAR A UN ACUERDO POR ARREGLO DIRECTO…

En base a esta consideración, la Corte de Cuentas en una actuación preventiva recomendó : “…Dar por terminado el contrato de conformidad a lo establecido por LACAP, por medio del Arreglo Directo con el Contratista (…) Proceder por parte del Contratista a la entrega del sitio de la obra a la Comisión (…) Proceder al pago a favor de ASTALDI, S.p.A., por la cantidad de CIENTO OCHO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($108.500.000.00), descontando a dicho monto la cantidad de OCHENTA Y CINCO MILLONES ($85.000.000.00) que conforman el valor de la obra realizada por el contratista, pagando la diferencia a favor del contratista, después de realizar la liquidación respectiva…

Como puede observarse, la decisión de la junta directiva de CEL no fue arbitraria y mucho menos tenía la intención de causarle perjuicio alguno a la institución a favor de la firma italiana.

Tanto la decisión de cerrar el contrato por la vía de la negociación directa fue apegada a la ley (LACAP) y avalada por la Corte de Cuentas, como la cantidad pactada fue menor que la que habría que haber pagado de haberse ido por la vía del arbitraje internacional.

Las actas de la Junta Directiva en la que se adopta la decisión de finalizar el contrato a través del arreglo directo y cancelar la cantidad de 108.5 millones como resultado de la negociación con ASTALDI fueron firmadas por todos los directivos del CEL, incluyendo el voto favorable del representante de la empresa privada, quién hasta la fecha no se ha retractado de su decisión.

En ese momento, el director por el sector privado no recibió instrucciones de la ANEP ni de ABANSA, gremiales a las que representa en CEL, para objetar el pago y el monto del mismo.

Tercero, una vez cancelado el contrato, CEL decide retomar la construcción de la obra contratando los servicios de una empresa que trabajaría en el rediseño de la misma.

La firma que gana la licitación fue INTERTECHNE de Brasil, la cual había trabajado en el primer diseño rechazado, no porque no fuera el adecuado sino porque su utilidad había sido descartada por los movimientos geológicos que provocó la tormenta Agatha en el margen derecho de la montaña.

No es cierto, como aseguran ARENA y El Diario de Hoy, que fue la firma que presentó la oferta más alta.
De acuerdo a un informe de la Corte de Cuentas sobre este proceso de selección, la oferta más alta, más del 30% por encima del presupuesto aprobado, fue el de la firma alemana Fichtner, GmbH. & Co. KG., la cual fue rechazada.

INTERTECHNE en cambio presentó una oferta con un 9% por debajo del presupuesto aprobado y con las notas más altas (96.0) relativas a la experiencia en diseños de centrales hidroeléctricas y capacidad técnica requerida, lo cual fue verificado por el consultor internacional contratado para asesorar la decisión adoptada por la Comisión Evaluadora de CEL.

La noticia de que esta firma aparece mencionada en el proceso judicial que se sigue a la empresa brasileña PETROBRAS por supuestos actos de corrupción no era del conocimiento de CEL ni del gobierno anterior al momento de la contratación de INTERTECHNE, pues los mismos no se habían generado.
El colmo de la falsedad es asegurar que el ex presidente Lula cabildeó a favor de la firma brasileña ODERBRECHT para que fuese contratada por CEL.

No existe ninguna relación contractual con esta empresa mencionada en el escándalo protagonizado por PETROBRAS en Brasil.

Junto a una competidora china, ODERBRECHT fue precalificada por la comisión evaluadora de CEL para retomar los trabajos de construcción de EL Chaparral, pero nunca se le adjudicó la obra y menos se llegó a firmar contrato.

En todo caso, a raíz del aviso que ex diputados de ARENA presentaron a la Fiscalía para que se investigue el proceso de construcción de El Chaparral, la unidad anticorrupción de la Fiscalía mantiene abierto un expediente de investigación que aún no concluye.

No tiene sentido crear, entonces, una comisión legislativa si ya existe una investigación independiente y profesional que lleva a cabo el ministerio público.

Qué pretende, en buenas cuentas, ARENA con mantener en la agenda pública este caso?
Desde las denuncias que se hicieron públicas por el caso CEL-ENEL y por los desvíos millonarios durante el gobierno Flores, ARENA no ha hecho otra cosa que lanzar cortinas de humo para opacar el impacto de estos procesos judiciales, sobre todo el relacionado con el ex presidente Flores, pendiente de sentencia.

La estrategia de la derecha oligárquica es clara: “montar” casos de corrupción inexistentes valiéndose del poder mediático que sustenta.

Los grandes medios de comunicación, en especial El Diario de Hoy, no tienen ningún escrúpulo en publicar falsedades o en distorsionar investigaciones para hacer creer a la opinión pública que la corrupción en nuestro país arrancó en los últimos once años.

Los más escandalosos desfalcos al patrimonio público vienen desde los gobiernos de ARENA, comenzando con la privatización de la banca y la recuperación de los resortes del poder económico por parte de la derecha oligárquica.

Es precisamente este despojo de los bienes públicos ocurrido en administraciones areneras que sus diputados buscan evitar que se conozca…

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