Programa 35 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 35 – Editorial

Esta semana ha estado tensionada por las acusaciones que públicamente lanzó el FMLN contra el partido ARENA al hacerlo responsable de una campaña desestabilizadora contra el gobierno del Presidente Sánchez Cerén, que buscaría su deposición como mandatario.

No soy quién para interpretar las expresiones de la dirigencia del FMLN y menos para responder a las acciones políticas que en reacción a esa denuncia ha iniciado el partido ARENA.

Pero me parece que es importante que analizemos el trasfondo de este tensionamiento, ya habitual en nuestro medio.

En primer lugar, ARENA es un partido cuya dirigencia tiene una vocación desestabilizadora.

Lo hizo en tiempos del gobierno de la Democracia Cristiana en la segunda mitad de los años ochenta.

Basta recordar el paro empresarial que junto con la ANEP organizó en contra el gobierno de Napoleón Duarte para oponerse a un paquete de reformas tributarias que la bancada pedecista había aprobado en la Asamblea Legislativa semanas atrás.

Ese movimiento de la derecha empresarial, único en su género, pues por primera vez en la historia del país las gremiales empresariales, junto con la casi totalidad de los medios de comunicación y los diputados de ARENA, promovieron una paralización por dos días de la economía nacional que no tenía otro propósito que no fuese desestabilizar al gobierno hasta provocar su caída.

El partido demócrata cristiano venía respaldando políticamente desde los años de las junta de gobierno que siguieron al golpe militar de 1979 un conjunto de iniciativas que ponían en riesgo el poder hegemónico de la derecha oligárquica en el país.

Había apoyado la reforma agraria de 1980, la nacionalización de la banca y del comercio exterior, la expropiación de los ingenios azucareros y en 1986, teniendo el control de las decisiones legislativas, impulsó la aprobación de una reforma tributaria que castigaba fuertemente a los grandes patrimonios y principales capitales del país.

A la derecha empresarial de entonces no le importó perder ingresos como resultado del cierre de sus negocios por dos días, siempre y cuando con esta acción lograban revertir las medidas económicas que promovía el gobierno de Duarte.

Fue hasta que esta oligarquía retoma el control del ejecutivo con Alfredo Cristiani como presidente de la república en 1989 que el proceso de recuperación de los ejes de poder económico en el país se consolida…

Ya no había necesidad de mantener una campaña desestabilizadora contra el gobierno si desde ese momento el Ejecutivo volvía de nuevo a formar parte de su patrimonio político e institucional.

Desde el 2009 las cosas son diferentes.

La derecha oligárquica pierde el control del gobierno con la derrota de ARENA, pérdida que se mantiene hasta la fecha con el segundo triunfo del FMLN en las elecciones del año pasado.

Las acciones desestabilizadoras de ARENA no son de hoy.
Vienen desde el gobierno anterior, aunque es evidente que se han incrementado en este período presidencial.

Cuando el FMLN habla de golpe de estado no está siquiera insinuando que exista un complot contra el gobierno en el que participan actores fundamentales sin los cuales no puede haber un quebrantamiento de la institucionalidad, como es el caso de la Fuerza Armada.

Los golpes de estado en América Latina y en nuestro país se han dado con la intervención de varios actores, tanto nacionales como extranjeros.

El golpe de estado de 1979 fue organizado por una tanda de militares jóvenes de menor graduación que depusieron al entonces presidente y general Romero.

En ese caso también fue clave la participación del gobierno de los Estados Unidos, de la empresa privada y de un sector de la intelectualidad progresista del país.

Ninguno de esos actores confluyen en este momento. La Fuerza Armada es una institución profesional, democrática y obediente al poder civil.

Sin embargo, un sector hegemónico del empresariado y el partido ARENA no están conforme con el estilo de gobierno iniciado desde el 2009 y menos con algunas decisiones económicas y políticas impulsadas por el FMLN y la burocracia gubernamental desde entonces, en la medida que afectan sus intereses y cuestionan las bases de sustentación y continuidad de su poder.

Yo no conozco el plan desestabilizador al que ha hecho referencia el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas. Pero si lo hizo público y se ha encargado de denunciarlo es porque alguna base tiene para ello. Conozco a Eugenio y no es un funcionario que se aventure a hacer una denuncia de esta envergadura sin tener evidencias de ello.

No hay que pasar por alto que desde decisiones controversiales tomadas por la Sala de lo Constitucional, por medio de las cuales se busca el desfinanciamiento del aparato público, como ha sido para el caso la decisión más reciente de este tribunal que frena la emisión de nuevos bonos y de esa forma se paraliza la maquinaria gubernamental, hasta cortinas de humo en medios de comunicación como el caso de la Central Hidroeléctrica El Chaparral o demandas por difamación en mi contra que están por presentar en los próximos días.

He tenido conocimiento, de círculos cercanos a los ex imputados en el caso CEL-ENEL que en una especie de desquite por haber hecho públicas algunas irregularidades que de acuerdo a la investigación que hizo mi gobierno, la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República, fueron cometidas en la venta de las acciones de LaGeo a la empresa italiana Enel Green Power, los implicados ahora sobreseídos, han tomado la decisión de demandarme en tribunales nacionales e internacionales por el supuesto delito de difamación y calumnia por el simple hecho de haber destapado posibles actos de corrupción cometidos por gobiernos anteriores.

No es casual que desde que se hizo esta denuncia pública allá por el año 2013, diputados y dirigentes del partido ARENA, acuerpados por columnistas de periódicos que defienden los intereses de la oligarquía, aseguraron que mi gobierno había fabricado un juicio político y que todo obedecía a una especie de persecución o “cacería” política del gobierno y del FMLN contra ex funcionarios opositores vinculados al partido ARENA.

Más allá de los efectos que pudo haber tenido este caso y el proceso judicial que desencadenó, a sólo un año de las elecciones presidenciales del 2014, el destape institucional y la búsqueda de transparencia fue una de las divisas que caracterizaron a mi gobierno.

Fue por iniciativa de mi gobierno que se presentaron a consideración de la Fiscalía General de la República más de 150 casos de supuesta corrupción de administraciones anteriores, entre ellos el caso CEL-ENEL.

Mi gobierno y particularmente la Junta Directiva de CEL presentó a la Fiscalía un aviso para que se investigaran supuestas anomalías cometidas por CEL en tiempos de la Presidencia de Guillermo Sol Bang, bajo el gobierno Flores, en el entendido que sería esta institución del Estado que tiene el monopolio de la acción penal, y no la Asamblea Legislativa o el gobierno central, quién decidiría si los implicados habrían cometido o no delito alguno.

La Fiscalía nombró a tres peritos, independientes del gobierno y del FMLN que investigaron el caso por varias semanas y llegaron a la conclusión que había que presentar una acusación formal en los tribunales de justicia contra ex funcionarios de CEL y ejecutivos de la empresa ENEL.

A qué viene entonces una demanda en mi contra por difamación si la misma Fiscalía General de la República decidió acusar formalmente a estos ex funcionarios porque había encontrado prueba suficiente para que respondieran ante la justicia?

En la lógica de esta gente, que están preparando la demanda en mi contra y que piensan presentarla la próxima semana, habría que demandar también a los directivos de CEL que autorizaron le aviso ante la Fiscalía, a los diputados que aprobaron el dictamen de la comisión legislativa que investigó el caso y acordó incriminarlos y al propio Fiscal General y su equipo de abogados que condujo la investigación y el proceso formal de acusación civil y penal ante los tribunales del país.

Resulta paradójico pero en nuestro país, quién destapa y denuncia un probable acto de corrupción gubernamental acaba siendo demandado con el riesgo de ir a la cárcel y quién es acusado formalmente por la Fiscalía, con suficiente evidencia para ser condenado, no sólo queda en libertad sino que contra ataca con una demanda por difamación.

El Salvador es un ejemplo claro de “mundo al revés” , donde los casos de corrupción quedan impunes cuando los acusados tienen que ver con sectores del poder oligárquico y los denunciantes corremos el riesgo de enfrentar un proceso penal en nuestra contra por atrevernos a denunciar.

Es como se dice popularmente: un país “donde los patos le disparan a las escopetas”

ARENA ha respondido a esta denuncia pública del FMLN en su contra siguiendo el mismo “modus operandi” de los ex implicados en el caso CEL-ENEL.

Ha acudido a la Fiscalía General de la República para que le exija a los dirigentes del FMLN que presenten pruebas de sus acusaciones y ha amenazado con demandar por difamación y calumnia al Secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, por atreverse a revelar detalles de este plan desestabilizador.

La comisión propuesta para que investigue El Chaparral forma parte también de sus acciones desestabilizadoras.

Como he sostenido antes, esta comisión especial no tiene sentido si ya existe un expediente de investigación en la Fiscalía desde hace meses que, de acuerdo al mismo Fiscal General, será dado a conocer en las próximas semanas una vez concluido.

Por eso es que la solicitud de ARENA no ha prosperado y lo más probable es que sea enviada al archivo.

Las comisiones especiales de investigación, que de acuerdo a la Constitución de la República puede crear la Asamblea Legislativa, no tienen como finalidad sustituir a la Fiscalía en la investigación penal de casos de relevancia nacional y menos, entorpecer su trabajo.

He presentado sobrada información, con documentos en mano, que demuestran que en la liquidación del contrato para la construcción de la Presa El Chaparral y en el pagó que de mutuo acuerdo con ASTALDI, CEL canceló a esta empresa, no existe ninguna irregularidad y menos un perjuicio patrimonial a la institución y al Estado.

Les remito a mi artículo que publico en el diario digital La Pagina.com y en mi sitio web (mauriciofunes.org) los argumentos que demuestran que la intención de ARENA de pedir que la Asamblea Legislativa forme una comisión especial para investigar El Chaparral no deja de ser una estrategia distractora para quitar la atención, primero sobre el veredicto absolutorio a favor de los implicados en el caso CEL-ENEL y segundo en la audiencia que a finales de agosto se llevará a cabo contra el ex presidente Flores.

En base a documentación que consta en los archivos de CEL, todo lo actuado por su junta directiva para acordar la cancelación del contrato con ASTALDI y el pago de 108.5 millones de dólares, de los cuales CEL bajo mi gobierno sólo pagó 23.5 millones, está basado en la ley y avalado por diferentes informes de auditoria preventiva de la Corte de Cuentas de la República.

La pretensión de ARENA de investigar este caso no tiene otro propósito más que tirar una cortina de humo sobre los escandalosos casos de corrupción ocurridos en gobiernos anteriores y desestabilizar al gobierno del Presidente Sánchez Cerén.

Por eso es que la denuncia que hiciera la dirigencia del FMLN hace menos de una semana tiene una base real.

ARENA no busca votar al gobierno por medio de un golpe de estado, como tradicionalmente se entiende el rompimiento de la institucionalidad de un país.

ARENA busca parar la maquinaria gubernamental de modo que no cumpla con sus ofertas sociales y con los cambios económicos y políticos que iniciaron en el 2009 y que deben consolidarse de acá al 2019, antes de las elecciones presidenciales de ese año.

Hasta acá mi reflexión de este día….

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