Entrevista con Diario La Página. | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

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Entrevista con Diario La Página.

¿Qué es lo que se busca con la conformación de una comisión especial legislativa en el caso El Chaparral?

Lo que cuestiono es la intención que tiene ARENA de plantearla en estos momentos. Ya existe una investigación ordenada por la Fiscalía sobre el caso El Chaparral a raíz de un aviso que interpuso ARENA en la legislatura anterior, siendo diputados Mario Valiente y Edwin Zamora. La Fiscalía General de la República decidió abrir una investigación con el propósito de esclarecer el aviso o la denuncia que presentó ARENA en ese momento.

La Fiscalía creó una comisión, nombró a tres peritos judiciales conocedores del tema, quienes se trasladaron al municipio de Carolina, en San Miguel, para tener contacto con la obra y desde ahí arrancar con la investigación.

Si ya hay una investigación de la Fiscalía ¿qué sentido tiene que una comisión investigadora de la Asamblea se conforme?

Diferente es el caso CEL-Enel, o el caso Francisco Flores, porque en el momento en que ambas comisiones se crean —a petición de la bancada del FMLN— la Fiscalía no tenía ningún expediente de investigación. Por el contrario, fue producto de esa investigación legislativa y de la recomendación que hace el Ministerio Público que se abre una investigación desde la Fiscalía que llevan a incriminar al expresidente Flores y a ocho exfuncionarios de su gobierno que tuvieron que ver con la venta de LaGeo a la empresa italiana Enel.

Por otro lado, para que se cree una comisión especial tienen que haber evidencias de que se han cometido irregularidades. Hasta el momento, por lo expresado por los diputados de ARENA, yo no he encontrado ninguna evidencia que justifique la investigación.

Estos señalamientos en su contra se han vuelto reiterados de parte del partido ARENA ¿a qué cree que se debe esto?

Es un desquite. Y esto no viene de ahora, viene desde el momento en que, a través de la tribuna que abrí en mi programa de radio y televisión, tomé la decisión de hacer señalamientos claros contra administraciones anteriores del partido ARENA.
En el caso CEL-Enel, tuve acceso a una investigación que hizo la propia CEL bajo la presidencia de Leopoldo Samour: los abogados de CEL encontraron irregularidades en el contrato que suscribió el presidente de aquel entonces, Guillermo Sol Bang, y miembros de su junta directiva, con la empresa italiana Enel Green Power.

Como resultado de la investigación del Ministerio Público se terminó incriminando a ocho exfuncionarios y a algunos ejecutivos de Enel. Yo no fui quien los acusé, los acusó el Ministerio Público.

Eso puso en evidencia un caso de presunta corrupción que desgastó la imagen del partido ARENA a solo un año de las elecciones presidenciales.

Lo mismo el caso del expresidente Francisco Flores: cuando llega a mis manos un informe de inteligencia financiera que sugiere a las autoridades salvadoreñas investigar el caso, yo de nuevo solicito una investigación que al final termina en una comisión especial que crea la Asamblea Legislativa porque la Fiscalía no había iniciado un proceso judicial, sino que lo hace hasta después.

Eso también golpea al partido ARENA y algún impacto electoral tuvo en las elecciones de 2014.

En este momento hay una clara persecución política, un claro desquite de ARENA por el atrevimiento que tuve de señalar dos casos emblemáticos.

Si ahora es ARENA la que presiona porque se conforme una comisión ¿es quizás porque la Fiscalía no actuó o no ha dado resultados concretos y la Asamblea quiere ir más allá en la investigación?

Hay que esperar el informe de la Fiscalía General de la República. La Asamblea puede crear comisiones de investigación cuando los otros Órganos del Estado no actúan y en este caso la Fiscalía sí ha actuado.

Además, no es la única institución que está investigando; hay cuatro informes de auditoría preparados por la Corte de Cuentas de la República. Los tres primeros se conocen como auditoría preventiva, porque la directiva de CEL —antes de tomar la decisión de iniciar la negociación directa con Astaldi y antes de pagar lo que se le pagó, que fueron 23.5 millones de dólares y no 108 millones como se ha dicho— pide una auditoría a la Corte de Cuentas, y el resultado es que la mejor vía para terminar el contrato era realizar una negociación directa para evitar un arbitraje internacional. Luego, la Corte de Cuentas avala también el pago. Los diputados de ARENA dicen que esos informes no son vinculantes, pero por Constitución la institución contralora de las finanzas públicas es la Corte de Cuentas, entonces ¿cómo no van a ser vinculantes?

Usted habla de persecución política en su contra, pero es el mismo argumento que utiliza ARENA ¿A quién debe creerle entonces la población?

Son motivaciones diferentes.

Cuando hago la denuncia pública del caso CEL-Enel y del caso del expresidente Flores dicen (ARENA y sus aliados) que yo construí juicios políticos. Pero no es así; no se puede decir se que se construyeron juicios políticos porque finalmente ambos casos fueron tomados por la Fiscalía General de la República, que llevó a cabo investigaciones independientes.

No puede haber persecución política cuando una institución oficial, como la Fiscalía, decide organizar una comisión de peritos.

Lo lógico es que ARENA piense que es persecución política, pero el objetivo mío en aquel momento como jefe de Estado era cuidar el patrimonio público, y si con los elementos de juicio que yo tenía en ese momento había irregularidades que esclarecer, lo lógico es que el presidente de la República no actúe como cómplice y por el contrario pida una investigación para determinar si hubo o no irregularidades.

Me parece un irrespeto a la Fiscalía que, habiendo una investigación, venga ARENA e intente crear una comisión especial que entorpezca la investigación que está siendo realizada de forma profesional e independiente por los fiscales.
¿A quién creerle? La población puede creerle a quien quiera, pero yo estoy presentando argumentos, pruebas, para demostrar que nunca construí un juicio político ni perseguí políticamente a nadie. Lo que pedí es que se hiciera una investigación independiente y que si ameritaba ir a los tribunales de justicia, que fuera a tales instancias.

Diferente es en este caso de El Chaparral, porque los diputados no han aportado pruebas que demuestren que se haya cometido alguna irregularidad.

¿Considera que ARENA podría recurrir a otras vías de orden legal para buscar investigarlo?

Hay un propósito de dañar mi imagen, porque aquí lo que funciona es el adagio aquel de “Matemos al mensajero para matar de una vez el mensaje”. En la medida en que se me desacredite, ellos buscan que pierda credibilidad lo que en algún momento dije.

He tenido información de círculos cercanos a los exfuncionarios que fueron acusados por el caso CEL-Enel que esta semana van a presentar una denuncia penal en un tribunal salvadoreño y un tribunal internacional acusándome del delito de difamación y probablemente del delito de calumnia.

Según ellos yo los difamé, les afecté su imagen, les afecté su giro económico porque los acusé de algún delito. Pero hay que aclarar que como presidente no acusé a nadie, lo que hice fue presentar los hechos y pedir una investigación a la Fiscalía.
¿Cuál es el propósito de ARENA y sus aliados? Afectar mi imagen, afectar mi reputación ante la opinión pública.

Usted habla de acciones en su contra ¿considera entonces que esto es el inicio de otras acciones que podrían venir posteriormente?

Al final lo que se quiere es matar la denuncia pública.
Si un presidente de la República, con el poder que supone ser jefe del Ejecutivo, con el acceso la información que tiene, hace una denuncia pública y como resultado se le procesa por difamación ¿quién se va a atrever a hacer denuncia pública? No habrá ciudadano sensato, organización social, partido político que se atreva a hacer una denuncia pública porque inmediatamente va a ser contrademandado.

Al final, lo que se está haciendo es matar la denuncia pública. Si lo hacen contra un expresidente, lo pueden hacer contra cualquier ciudadano.

En el fondo lo que se busca es que no se investiguen las administraciones anteriores y esto sienta un mal precedente incluso para la administración actual o para futuros gobiernos.
Esto se da porque la dirigencia de ARENA tiene una vocación desestabilizadora. Y en el presente, no se necesita utilizar a la Fuerza Armada para quebrantar la institucionalidad como en el pasado, basta con crear un ambiente de desestabilización, que se haga ver y se haga creer a la opinión pública que el gobierno es incapaz e seguir gobernando para obligar al presidente a renunciar.

Todas estas acciones, la comisión legislativa, la demanda que van a interponer en mi contra, la Sala de lo Constitucional que emite un recurso y frena la emisión de 900 millones de dólares son parte de todo un proceso que busca desgastar a este gobierno para poner al partido ARENA en una mejor posición para las elecciones presidenciales de 2019.

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