Programa 37 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 37 – Editorial

En el programa anterior reflexioné sobre una teoría que está en boga en buena parte de los países de la región, incluyendo el nuestro.

Es una especie de apuesta conspirativa de las derechas latinoamericanas, o de un sector de éstas, el más conservador y retrógado, que busca hacerse de nuevo con el poder del Estado a cómo de lugar.

Yo no niego que en algunos de los países más desarrollados del continente, como Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, o incluso Guatemala y Honduras, haya un movimiento ciudadano creciente que ha presionado por una mayor transparencia en el manejo del gasto público.

El caso más revelador es el de Brasil, donde una fuerza ciudadana organizada ha pedido al gobierno de la Presidenta Dilma Roussef que investigue y sancione la forma cómo grandes empresas dedicadas al rubro de la construcción utilizaron por años el aparato de Estado para beneficiarse de contratos millonarios con la estatal Petrobras, beneficios que abarcaron a una parte de la clase política brasileña, especialmente de congresistas y senadores, de todos los signos ideológicos.

Pese a todo el escándalo, al que ha contribuido a magnificar la prensa de derecha del continente, incluyendo la nuestra, las instituciones en esos países están funcionando.

Volviendo al ejemplo de Brasil, ahí el caso del desvío de fondos de la empresa estatal Petrobras para el enriquecimiento tanto de funcionarios como de empresarios, ejecutivos y propietarios de las más grandes empresas constructoras brasileñas, está siendo investigado en forma profesional, una buena parte de los implicados han sido detenidos y la mayoría de ellos guarda prisión en cárceles comunes, sin gozar del privilegio del arresto domiciliar como ocurre acá con el ex presidente Flores.

Ya las primeras sentencias de varios años de cárcel para políticos y empresarios comienzan a darse.

En buenas cuentas, en Brasil se está haciendo justicia, por mucho que diga lo contrario la derecha de ese país y del nuestro.

Allá el aparato judicial no es, como decía el Beato Romero: “una serpiente que sólo muerde al descalzo”

Están cayendo todos los implicados en esta operación, tanto del sector privado como del sector público.

Se ha puesto al descubierto una manera de ejercer el poder, que no es exclusivo de quiénes gobiernan en estos momentos.

El hecho que el destape institucional haya ocurrido en un gobierno de izquierda, como es el del Partido de los Trabajadores de Brasil, no significa que en gobiernos anteriores, bajo control de la derecha brasileña, las cosas hayan sido diferentes.

Si las instituciones funcionan al punto que el caso fue destapado, investigado y sancionado, a qué viene entonces la demanda de dimisión de la Presidenta que impulsan algunos sectores conservadores de la derecha brasileña, en abierta complicidad con grandes medios de comunicación de ese país.

Hago mención de un caso ajeno a nuestro país, que ocurre a miles de kilómetros del nuestro, porque sirve de ejemplo del poder desestabilizador que aún conservan sectores oligárquicos del continente, que no funcionan solos ni en forma aislada.

Acá no tenemos casos de corrupción tan dramáticos y escandalosos como el ocurrido en Brasil con la firma Petrobras.

Quizás la privatización de la Banca, o juntando todo el saqueo que ha hecho la derecha oligárquica de los bienes públicos por décadas, pudiera llegar a hablarse de las cifras multimillonarias que se movieron en esta operación conocida por la prensa brasileña como “lava jato”

Lo que si es comparable es el mecanismo utilizado por medio del cual dineros públicos fueron a parar en el pasado a bolsillos privados, valiéndose del control que algunos sectores políticos y empresariales tenían de las instituciones.

Ese mecanismo es el que mi gobierno intento exponer y denunciar públicamente, y por el cual fueron abiertas investigaciones profesionales e independientes en la Fiscalía General de la República.

Aún resta que se abran nuevos expedientes en los que según nuestras propias investigaciones podrían aparecer implicados funcionarios de administraciones anteriores en contubernio con empresarios o ejecutivos de importantes empresas, tanto nacionales como extranjeras.

Es justamente por esta denuncia que se hizo en tiempos de mi gobierno, que el partido ARENA, responsable del manejo de la cosa pública en décadas anteriores, ha lanzado una campaña de intenso acoso político contra funcionarios de mi administración y dirigentes del FMLN.

Y es precisamente, porque al perder las elecciones presidenciales, en el 2009 y en el 2014, esta derecha oligárquica perdió el control de las instituciones que venía usufructuando, es que ahora desea desesperadamente recuperar este poder para seguir utilizándolas a su antojo y beneficio.

Es bajo este espíritu que se ubica el plan desestabilizador de la derecha oligárquica en nuestro país, similar al que está siendo aplicado en otros países de la región, como ocurre en Brasil.

Con esta afirmación no estoy negando la existencia de serios problemas, tanto económicos como políticos y sociales, que el gobierno debe enfrentar y resolver.

Es evidente que hay un problema de violencia social provocado, sobre todo, por el accionar criminal de las pandillas.

Y hay además, un problema fiscal de escases de recursos de parte del Estado frente a necesidades crecientes que atender.
Sin embargo, estos problemas, que no son de ahora, ya que se vienen acumulando desde décadas atrás, no son de tal magnitud como para hablar de que el Estado se muestra impotente de enfrentarlos.

La tesis del “estado fallido”, del gobierno que ha sido rebasado en sus capacidades por la crisis económica y la delincuencia, la viene repitiendo el partido ARENA y sus satélites empresariales como ANEP, FUSADES y FUNDE, para dar la impresión que se requiere de un equipo de gobierno diferente al actual que le haga frente a la situación.

No hay diferencia entre el pedido ciudadano de renuncia que, impulsado por la derecha brasileña, le han formulado algunas organizaciones sociales a la Presidenta Russeff con el ataque permanente que la derecha oligárquica en nuestro país mantiene contra el FMLN y el Presidente Sánchez Cerén.

En el programa anterior hablé de la receta comprimida que un politólogo estadounidense de derecha de apellido Sharp, Gene Sharp, ha elaborado para provocar en países de América Latina la desestabilización e ingobernabilidad y desencadenar la caída del gobierno en turno sin necesidad de recurrir a un golpe de estado tradicional, como en el pasado, es decir, sin necesidad de recurrir a la violencia de las armas.

El gobierno bajo ataque no tiene que ser un gobierno radical de izquierda para ser desestabilizado y botado.

No tiene que ser un gobierno como el de Venezuela o Cuba. Incluso gobiernos de izquierda moderada, aliado de los Estados Unidos, como el de Dilma Russeff en Brasil pueden ser objeto de este tipo de hostigamiento.

Lo importante, para ser desestabilizado, es que sea un gobierno ajeno y contrario al proyecto oligárquico.

El FMLN, desde su llegada al ejecutivo en el 2009, ya demostró que no es una fuerza política que ponga en riesgo o en aprietos los intereses estadounidenses en la región.

Ni siquiera el gobierno de Sánchez Cerén, más cercano al gobierno venezolano o nicaraguense que el gobierno anterior, representa una amenaza para el gobierno de Estados Unidos.

Los únicos que se sienten amenazados son los intereses oligárquicos que gobernaron el país en las décadas pasadas.

De ahí la estrategia que viene aplicándose desde el 2009 por la derecha, pero que hoy se ha intensificado luego del segundo revés electoral sufrido en el 2014.

Siguiendo el esquema desestabilizador propuesto por este politólogo estadounidense, lo primero que habría que hacer es generar la idea de que el gobierno es incapaz de resolver los problemas del país, de modo de hacer surgir un sentimiento de insatisfacción generalizada en buena parte de la población.

Ahí es donde juegan un papel de primer orden las coberturas noticiosas y las páginas editoriales y de opinión de los principales medios de comunicación controlados por la derecha.

No es que se quiera hacer a los medios de comunicación responsables de los problemas del país, como sesgadamente lo han advertido algunos dueños y directores de medios, especialmente escritos.

Su rol es el de crear el estado de opinión favorable a la crítica de la oposición, sobre todo de la oposición ciudadana y empresarial.

Con su cobertura informativa, en la que destacan los hechos de violencia, los ataques a la policía por pandilleros, el asesinato de motoristas del transporte público de pasajeros, o bien, la escases de medicamentos en hospitales públicos, el aumento en el precio del frijol, o bien la baja producción de alimentos provocada por la sequía, entre otros problemas, se crea un clima de malestar generalizado que se alimenta con la promoción de intrigas políticas o las denuncias sobre supuestos actos de corrupción cometidos por funcionarios de este gobierno o del anterior.

De ahí el énfasis puesto sobre el caso del Chaparral o la expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.

En ambos proyectos, los medios destacan la participación de empresas que aparecen vinculadas en Brasil con el escandalo protagonizado por la Petrobras.

Hasta la fecha ninguna investigación de la Fiscalía ha podido determinar que tanto en la cancelación del contrato en la construcción de la Presa El Chaparral como en el proyecto de expansión de la Presa 5 de Noviembre se haya cometido alguna irregularidad que sea identificada como un acto de corrupción del gobierno anterior.

Los medios de comunicación en el país han atacado ambos proyectos bajo el argumento insostenible que se trata de proyectos impulsados por el gobierno anterior en el que figuran empresas brasileñas que están siendo investigadas en Brasil por el escándalo de la Petrobras, sin que allá hayan sido vencidas y condenadas en un juicio civil o penal.

El propósito no es generar una información apegada a la verdad.

El objetivo es crear la imagen ante la opinión pública que este gobierno y el anterior son gobiernos corruptos e incapaces y que deben ser reemplazados por un equipo de gobierno más honesto y competente, y por ende que goce del beneplácito de la derecha empresarial oligárquica.

De esa crítica destructiva a exigir la destitución del mandatario no hay mucho trecho que recorrer.

Son los pasos o etapas planteados por Sharp, el politólogo estadounidense, que ha recomendado este mismo plan desestabilizador para países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y más recientemente, Brasil.

Primero, crear un clima de malestar e insatisfacción generalizada, acompañado de denuncias de corrupción e intrigas políticas. Para ese propósito se han articulado desde la Asamblea Legislativa por la fracción de ARENA denuncias para que se investiguen proyectos impulsados por el gobierno anterior, sin que hasta el momento se haya podido aportar una tan sola prueba de corrupción que justifique tales investigaciones y que respalden dichas denuncias.

Segundo, acusar al gobierno de totalitario y de atentar contra las libertades fundamentales como la libertad de expresión.

Esto se hizo con Sánchez Ceren, a quién han acusado de atacar injustificadamente a la prensa, cuando el mandatario expresó su malestar y contrariedad por la forma como los medios dan a conocer sus noticias, sobre todo, de hechos de violencia.

Tercero, promoción de luchas y protestas callejeras acompañadas de presiones sociales de carácter reivindicativo. Es el caso de las luchas callejeras de vendedores ambulantes por su reubicación, de los veteranos de guerra que demandan el pago de indemnizaciones y pensiones vitalicias por los años del conflicto, o la que ARENA estaba apadrinando de los efectivos de la fuerza armada para que reciban igual compensación que la que reciben los policías;

Cuarto, creación de un clima de ingobernabilidad. Desde la Asamblea Legislativa, la fracción de ARENA intentan construir alianzas con otros partidos políticos para frenarle las carretas al gobierno y evitar que funcione. Es el caso también de algunas sentencias de la Sala de lo Constitucional que frenan la entrada de recursos adicionales al gobierno para el funcionamiento de su aparato administrativo o el cumplimiento de algunas ofertas electorales;

Y quinto, pedir la renuncia del Presidente por incapaz o porque no puede gobernar dada su precaria salud. No sería extraño que ese haya sido el propósito de hacer de la salida del Presidente Sánchez Ceren a Cuba para tratar su salud un tema de debate nacional, bajo el argumento que el Presidente abandona el barco cuando éste más lo necesita.

Yo estoy de acuerdo que la semana pasada, el país entero vivió una situación de emergencia que demandaba la presencia del gobernante. Pero no podemos pasar por alto que si el Presidente sufre un quebranto de salud que le obliga a salir del país para continuar con su tratamiento, no puede interpretarse esa salida repentina y por algunos días como un abandono de sus funciones constitucionales.

Lo mismo intentó promover ARENA cuando en febrero del 2014 sufrí un accidente de cadera provocado por una enfermedad crónica que no había sido detectada en forma oportuna.

No sólo construyeron una historial falsa y difamatoria relacionada con un accidente de vehículo ocurrido horas antes en las inmediaciones de la residencial presidencial, con el que nada tuve que ver, sino que argumentaron que como resultado de la intervención quirúrgica a que fui sometido carecía de la capacidad y las facultades necesarias para seguir gobernando.

Insisto, no sería remoto que algo similar esté tramando la dirigencia arenera, la que saltándose todos los protocolos, ha solicitado una reunión con el vicepresidente Oscar Ortiz, en tanto Presidente en funciones, siendo que sólo ha quedado por unos días encargado del despacho presidencial y en ningún momento como Presidente provisional.

***

La semana que viene, una vez arranque de nuevo el trabajo legislativo, la Asamblea debería entrar a discutir en serio el problema fiscal del país, y de modo especial, el del financiamiento de los planes de seguridad.

Hay informes de inteligencia que anticipan que las pandillas pudieran intentar de nuevo imponer un sabotaje al transporte público como ocurrió la semana pasada.

Eso significa que la policía y la fuerza armada no pueden parar su esfuerzo de llevar seguridad a los salvadoreños, pero sobre todo, a quienes usan las unidades del transporte público para ir al trabajo o a la escuela.

Estos planes demandan recursos crecientes para aumentar el numero de efectivos en las calles y mantener ocupados los territorios por el mayor tiempo posible, con mejores armas, equipo y vehículos.

Según reveló el diputado Juan Valiente de ARENA, su fracción ya comenzó a discutir con la empresa privada el tema del financiamiento de los planes de seguridad y están abiertos al establecimiento de una nueva contribución fiscal o fondo especial, como FOSALUD o el FOVIAL.

Este impuesto especial para la seguridad, como el establecido en Colombia en tiempos del Presidente Uribe, resolvería en parte la falta de financiamiento para la PNC y la Fiscalía.

No estoy de acuerdo en que ARENA intente aprovechar políticamente la coyuntura para proponer un aumento al IVA de al menos dos puntos porcentuales.

El diputado Juan Valiente dijo que su partido está en la disposición de dar sus votos para aumentar de 13 al 15% el IVA, destinando un 1% de este incremento para seguridad y otro 1% para Educación.

Para ARENA, entonces, la contribución especial a la seguridad puede venir de este incremento al IVA, con lo que de nuevo la carga tributaria recae sobre el bolsillo de los que menos ingresos tienen y no sobre los que más pueden aportar.

Además, con esta iniciativa pasan por alto que los dos puntos de aumento al IVA que proponen no pueden destinarse al financiamiento de programas específicos, ya que se trata de un flujo de dinero que ingresa a la bolsa común de hacienda, y es en el presupuesto que se aprueba año con año donde se decide el destino de los fondos captados por la tributación.

No cabe duda que un incremento al IVA, como el propuesto por ARENA, sí tendrá un impacto directo en el bolsillo de los contribuyentes, sobre todo de los de más bajos ingresos, que deberán pagar más por los productos o servicios gravados.

Más que un incremento al IVA, con lo que se vuelve más regresiva la estructura tributaria del país, ARENA y la ANEP deberían estar dispuestos a apoyar la creación de un impuesto específico para la seguridad que paguen los grandes capitales y nuevas reformas tributarias y penales que permitan reducir los altos niveles de evasión y elusión fiscal que padece el país.

Así como ARENA y ANEP exigen transparencia en el manejo del gasto público y recorte de gastos innecesarios o superfluos en las partidas del Estado, deberían también hacer conciencia entre los grandes contribuyentes que cumplan con sus obligaciones tributarias.
Con lo evadido anualmente no habría necesidad de endeudarse o de aumentar la carga tributaria del país, no al menos la de los más pobres.

Sólo el listado de evasores que hizo público el Ministerio de Hacienda, y por el cual el Ministro Cáceres ha sido denunciado ante la Fiscalía, revela que son más de dos mil millones de dólares lo adeudado al fisco en los últimos años, que de pagarse habría el suficiente financiamiento que los planes de seguridad pública demandan, sin necesidad de recurrir a más préstamos o a nuevos impuestos.

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