Programa 38 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 38 – Editorial

La derecha empresarial y partidaria intenta hacer de la
salud del Presidente un tema de debate nacional.

El estado de salud de un mandatario es importante en la
medida que sus facultades físicas e intelectuales
representen algún problema para ejercer adecuadamente
la conducción del gobierno o se traduzcan en
impedimento para la toma de decisiones.

Sin embargo, este no es el caso del Presidente Sánchez
Cerén.

El mandatario sostuvo en una entrevista reciente con
Canal 21 que sus quebrantos de salud son como los de
cualquier otro ciudadano de su edad que demanda de un
chequeo permanente de su condición física para estar en
forma.

Y es natural que así sea.

No es lo mismo una persona de 40 o 50 años que ha
llevado una vida sin sobresaltos a un mandatario
septagenario que ha tenido una vida intensa, primero
como dirigente magisterial, luego como comandante
guerrillero y ahora como funcionario de gobierno al
frente de la primera magistratura del Estado.

Es lógico que cuide de su salud más que cualquier otro.
La salud del Presidente no es entonces algo que deba
convertirse en tema de debate y preocupación nacional,
como pretende el partido ARENA.

Hacer de la salud del gobernante un tema de discusión
pública forma parte de la estrategia de desgaste
impulsada por la derecha oligárquica.

En el fondo lo que se busca promover es la existencia de
un supuesto desinterés del gobernante por los problemas
del país, al grado de abandonarlo en momentos críticos
como los vividos durante el boicot al transporte público o
incluso, poner en duda sus facultades para gobernar y
para dirigir el equipo de gobierno.

De esta forma se genera una sensación no sólo de
preocupación sino de malestar general que se suma a las
críticas formuladas por ARENA y la ANEP de una
supuesta incapacidad del gobierno para definir el rumbo
del país.

Con esta posición de la dirigencia arenera, un tanto
mezquina, los llamados públicos al diálogo no dejan de
ser expresiones “del diente al labio” que no reflejan una
voluntad concertadora y menos un deseo genuino de
contribuir a la solución de los problemas que padece el
país.

El diálogo es necesario y sobre todo con el principal
partido de oposición.
Pero el entendimiento del gobierno debe abarcar a una
mayor cantidad de sectores y fuerzas sociales y políticas
del país.

Hay que dialogar con otros órganos del Estado, con la
Asamblea Legislativa y con el órgano judicial.

Hay que concertar con las fuerzas económicas del país,
que no son sólo los empresarios grandes, también es la
pequeña y mediana empresa y lo es además la fuerza
laboral y sindical, tanto del campo como de la ciudad.

Hay que sentarse a discutir con todas las fuerzas políticas
del país, especialmente con los partidos que tienen
representación legislativa, las medidas a adoptar para
hacerle frente a la problemática nacional.

Cuando ARENA intenta privilegiar el diálogo del gobierno
y el FMLN con este partido político deja a un lado otros
actores protagónicos del desarrollo y el crecimiento del
país.

Es como si buscara crear una forma de cogobierno por el
sólo hecho de haber obtenido un poco más del 49 por
ciento de los votos en la elección presidencial.

Este porcentaje obtenido en la votación presidencial del
2014 le concedió responsabilidades y obligaciones, pero
nunca una cuota de poder en el ejecutivo y en la
definición de las políticas pública.
ARENA no termina de entender que perdió por segunda
vez consecutiva las elecciones presidenciales y que quién
gobierna es Salvador Sánchez Cerén y su equipo de
trabajo, integrado en su mayoría por cuadros de dirección
del FMLN.

En el fondo esta actitud de la derecha oligárquica forma
parte de su visión patrimonialista del Estado, que ha
venido sosteniendo desde los años en que fue gobierno y
controló el Ejecutivo.

La derecha oligárquica considera que el Estado le fue
arrebatado momentáneamente y que nunca ha dejado de
ser su patrimonio privado.

De ahí que el gobierno no puede, según ARENA y la ANEP,
tomar decisiones si no cuenta con el aval del gran capital.

Ese ha sido su comportamiento histórico.

Durante los años de la guerra, bajo el gobierno
democristiano del ex presidente Duarte, la ANEP y
ARENA se daban el lujo de vetar las iniciativas
presidenciales en las que no estaban de acuerdo porque
afectaban sus intereses económicos.

Fue así como emprendieron un paro empresarial que se
prolongó por dos días para hacer retroceder al gobierno
de entonces en su programa económico que tenía a la
base una reforma tributaria progresiva.

La derecha oligárquica no dudo en promover la
desestabilización de un gobierno que había llegado en
forma legítima al poder después de haber ganado dos
elecciones consecutivas: la presidencial de 1984 y la
legislativa de 1985, que le dio mayoría para decidir en la
Asamblea Legislativa.

Fue hasta que recuperaron el poder del Ejecutivo en 1989
con el ex presidente Alfredo Cristiani que abandonan su
vocación desestabilizadora y anti democrática.

Ya no tenía sentido buscar la desestabilización y la
ingobernabilidad si había recuperado el control del
ejecutivo y podía usarlo a su antojo para maximizar sus
inversiones y sus ganancias.

Después de 20 años, el proyecto desestabilizador hace de
nuevo su aparición, justamente porque pierden el control
del gobierno central con las elecciones presidenciales del
2009.

Desde ese año, aparece de nuevo su vocación
desestabilizadora, en la medida que le resulta funcional a
su proyecto oligárquico: recuperar a cómo de lugar el
control del Ejecutivo para ponerlo al servicio de sus
intereses.

El FMLN y el gobierno hacen bien en poner condiciones
para que el diálogo con ARENA ocurra.

Primero, debe ser un diálogo con todas las fuerzas
políticas del país y no sólo con ARENA.

El consenso supone administrar y superar las diferencias
que existen no sólo con el principal partido de oposición
sino con otras fuerzas políticas de derecha, es decir, con
GANA, PCN y PDC.

Segundo, no se puede ir a la mesa de diálogo cuando se
mantiene un proyecto desestabilizador que busca crear
ingobernabilidad en el país.

El FMLN y el gobierno deben exigir que ARENA de
muestras confiables de que ha abandonado su vocación
desestabilizadora.

No digo que deba renunciar a la crítica y a su papel como
partido de oposición. Pero una cosa es construir desde la
oposición y otra muy diferente es buscar la parálisis y
destrucción del aparato de gobierno.

Es una posición similar a la adoptada por la ANEP cuando
decide ausentarse de la mesa de concertación creada por
el Consejo Económico y Social durante el gobierno
anterior.

El rechazo de ANEP a buena parte de las medidas
económicas y legislativas impulsadas por el gobierno de
entonces le llevó a retirarse en forma unilateral del CES y
de cualquier otra instancia de discusión de las políticas
públicas, únicamente porque no hacíamos lo que la
dirigencia de ANEP quería que se hiciera.

ARENA mantiene similar actitud anti concertadora.

No dio sus votos para la emisión de 900 millones de
dólares en bonos que habrían resuelto el problema de
desfinanciamiento que padece el gobierno.

Tampoco ha acompañado las votaciones para nuevos
préstamos bajo la excusa que no tiene claridad sobre la
ejecución de préstamos anteriores.

Se resisten a discutir el tema del financiamiento
extraordinario para los planes de seguridad.

En opinión de ARENA y ANEP, el problema no es de falta
de recursos sino de falta de capacidad para combatir la
delincuencia en el país

Para el caso, citan las declaraciones recientes del ex
alcalde de Nueva York, el señor Giuliani, quién sostiene
que el gobierno no da muestras de voluntad de querer
implementar sus recomendaciones, como por ejemplo el
aumento salarial a policías y efectivos militares
propuesto en su plan, cuando es evidente que este
incremento sólo es posible si se hacen llegar más
recursos al gabinete de seguridad del país.

Mientras la Asamblea Legislativa no ponga en agenda el
tema del financiamiento extraordinario para la seguridad,
ningún plan propuesto será posible ejecutarlo en el corto
plazo.

***

Esta semana los medios, sobre todo escritos, han estado
plagados de noticias sobre incremento de los hechos
delincuenciales, sobre todo de homicidios.

Sólo el Lunes, todos los medios reportaron más de 32
homicidios cometidos en ese día.

La impresión que dan este tipo de noticias, mientras no
expliquen que buena parte de esas muertes son de
pandilleros que se asesinan entre sí por el control de los
territorios donde operan o porque fallecen en combate
con las fuerzas de seguridad pública, es que el país está a
punto de colapsar por incapacidad del gobierno para
frenar esta ola delincuencial

El Presidente del COENA, Jorge Velado, sus diputados y
dirigentes empresariales como Jorge Daboub de la ANEP,
insisten en responsabilizar al gobierno de esas muertes.

Según ellos, este problema tiene a la base la incapacidad
del gobierno para diseñar e implementar planes más
efectivos que permitan reducir la delincuencia.

Y cuándo son preguntados por el tema de los recursos
económicos para llevar a cabo estos planes, siempre son
de la opinión que este no es un problema de recursos
sino de capacidad.

En el fondo se resisten a discutir el tema medular de la
puesta en ejecución de los planes delincuenciales.

Planes hay. Sólo el Consejo de Seguridad y Convivencia
Ciudadana ha propuesto más de 130 acciones operativas
de corto, mediano y largo plazo.

El problema continúa siendo la falta de recursos para
implementarlos en forma sostenida.

Recomendaciones como las del Sr. Giuliani, en el sentido
que debe instalarse un sistema de monitoreo de la
delincuencia más efectivo de modo de concentrar los
recursos y efectivos policiales donde más se necesitan, o
bien, que deben aumentarse los estímulos económicos
para los policías e invertir en capacitación y
adiestramiento policial pero también en equipo, como
armas, municiones y vehículos, sólo pueden llevarse a
cabo si se cuenta con los recursos necesarios para ello.

El estímulo aprobado por la asamblea legislativa para
agentes de la PNC implicó una erogación de 15 millones
de dólares, dejando fuera a los efectivos militares que
también reclamaron una bonificación similar.

Cálculos del Ministerio de Hacienda establecen que un
incremento salarial de los agentes de la PNC, como
propone el ex alcalde Giuliani, le implicaría al gobierno
un aumento del presupuesto de Seguridad de más de 50
millones de dólares al año, sólo para cubrir este
incremento.

Si a eso le sumamos lo que consume la adquisición de
más armas para la PNC, municiones, chalecos blindados,
más y mejores vehículos, combustible para el patrullaje,
mejoras en las instalaciones, tanto de las delegaciones
policiales como de las guarniciones militares, el
presupuesto de Seguridad y Defensa debería crecer más
de lo que ha crecido hasta la fecha.
Y acá estamos hablando únicamente de mejorar la
capacidad represiva del delito.

Si a esto le agregamos la inversión en adiestramiento y
profesionalización; en mejorar la capacidad de
investigación del delito con tecnología de punta y
personal más y mejor capacitado; la instalación de más
cámaras de seguridad en calles y avenidas, en unidades
del transporte colectivo, en parques y lugares públicos; la
construcción de más cárceles y por tanto la adquisición
de más bloqueadores de la señal telefónica y la
contratación de custodios penitenciarios, mejor pagados
a fin de evitar el chantaje y la cohersión; el reforzamiento
de los programas sociales para la prevención de la
delincuencia, además de los programas de reinserción de
delincuentes y pandilleros; entonces, no cabe duda, que
las necesidades financieras crecen exponencialmente y
con ello la discusión sobre el financiamiento para la
seguridad se vuelve un tema de primer orden, que tanto
el ejecutivo como los diputados deben abordar.

Sobre la mesa ya hay varias propuestas.

El asunto es discutirlas y aprobar la que más conviene al
país.

ARENA ha soltado prenda y ha dicho, a través del
diputado Juan Valiente, que estarían dispuestos a dar sus
votos para subir el IVA en dos puntos porcentuales, uno
para educación y otro para seguridad.
No estoy de acuerdo con ese incremento por su carácter
regresivo y porque carga los costos del financiamiento
extraordinario para seguridad en los más pobres, que
también consumen como el resto de la población.

Esta posición de ARENA tiene un claro sentido de clase:
por el momento la violencia de pandillas es un fenómeno
que está afectando fundamentalmente a las familias
pobres y a la clase media y media baja. Las elites
empresariales y los sectores pudientes del país no sufren
este tipo de delincuencia y pueden protegerse
recurriendo a la vigilancia privada y los condominios y
barrios residenciales con altos standares de seguridad.

De ahí que mientras la delincuencia no les afecte
directamente, los planes para combatirla deben ser, en
opinión de ellos, financiados por los pobres y los sectores
medios.

Solo así tiene sentido la propuesta arenera de
incrementar el IVA de 13 a 15%.

Entiendo que el gobierno ha comenzado a trabajar una
propuesta de impuesto o fondo especial para la seguridad
como lo hizo Colombia en el pasado, con necesidades
presupuestarias diez veces mayores que las nuestras.

En Colombia, la violencia del narcotráfico terminó
golpeando directamente a los empresarios y los sectores
ricos del país. Por eso es que no fue difícil promover este
impuesto y lograr un respaldo de los partidos de derecha
en el congreso y menos del sector empresarial.

Mientras la delincuencia provocada por las pandillas siga
concentrada en los barrios populares, donde predomina
la exclusión y la marginalidad, difícilmente habrá
conciencia en ARENA y la ANEP de que la contribución
principal debe provenir del sector privado.

Acá es donde la tan cacareada Responsabilidad Social
Empresarial debe transformarse y evolucionar a una
mayor solidaridad y conciencia social del empresario.

También en el tapete está una propuesta, que se hizo en
el gobierno anterior, de volver a establecer el impuesto al
patrimonio, que el ex presidente Cristiani quitó una vez
llegó al gobierno en 1989.

Sin dejar de mencionar las reformas tributarias y penales
que se necesitan para combatir con más eficacia el delito
de evasión en el pago de impuestos y que Hacienda ha
preparado.

Soy de la opinión, entonces, que en el tema del
financiamiento para la seguridad el aporte a la fiscalidad
debe estar en función de los ingresos. Quién tiene más
debería contribuir con más.
Abro de nuevo los micrófonos para que ustedes que me
escuchan expresen sus opiniones sobre el tema

***

Antes de concluir el programa de hoy quiero compartir
con ustedes una información que he logrado corroborar.

En el transcurso de la próxima semana y en la semanas
que vienen, los implicados en el caso CEL-ENEL, que
fueron sobreseídos por un tribunal de sentencia del país,
presentaran una serie de demandas en mi contra
acusándome del delito de difamación y calumnia.

Lo harán tanto en los tribunales de justicia, por tratarse
de un delito de acción privada, como en la Fiscalía
General de la República, en la medida que buscarán
acusarme del delito de denuncia calumniosa.

Como ciudadanos tienen todo el derecho de presentar las
demandas que estimen pertinentes ante los tribunales de
justicia del país. Incluso ante tribunales en Estados
Unidos, en la medida que dos de los implicados son de
nacionalidad norteamericana.

Lo que no se vale es que tales acusaciones las hagan como
parte de un deseo de venganza o desquite por el destape
institucional que hizo mi gobierno, en dos casos
emblemáticos para la justicia penal en nuestro país: El
caso CEL-ENEL y el caso del ex presidente Flores.

No se puede argumentar que mi gobierno llevó a cabo
una denuncia con propósitos calumniantes o calumniosos
, o que estos ex funcionarios del gobierno Flores fueron
difamados y afectados en su imagen y patrimonio
personal y familiar por el hecho de exigir a la Fiscalía una
investigación que permitiera aclarar si en el contrato de
compra-venta de las acciones de la GEO hubo o no algún
delito que perseguir.

Tal fue la base de la información que como Presidente de
la República compartí con el pueblo salvadoreño que ésta
sirvió para que la Fiscalía General de la República
instruyera un proceso judicial en contra de estos ex
funcionarios y llevó el caso hasta los tribunales de
justicia.

No puede haber difamación o calumnia, y menos
persecución política, cuando la entidad estatal que acusó
civil y penalmente y ordenó el embargo de los bienes de
los ex funcionarios implicados en la venta ilegal de las
acciones de la GEO fue la Fiscalía General de la República,
a través de su unidad anticorrupción, y no mi gobierno y
mucho menos la Presidencia de la República.

Estos señores ex funcionarios de CEL olvidan que si al
final no fueron condenados por el juzgado cuarto de
sentencia no fue porque se haya demostrado en el juicio
que no cometieron delito alguno, sino porque el delito
por el que finalmente la fiscalía acordó con la defensa
acusarlos ya había prescrito.

A través de este espacio denuncio públicamente esta
nueva vendetta política, patrocinada por la derecha
oligárquica, en un intento de frenar las denuncias de
actos de corrupción, cometidos por administraciones
areneras.

Como lo he sostenido en otros programas y espacios de
opinión, no es el gobierno anterior ni el actual, ni el
FMLN, quiénes persiguen a sus opositores políticos.

Es la derecha oligárquica y el partido ARENA quiénes
buscan recuperar sus antiguos privilegios
desprestigiando, difamando, desgastando y paralizando a
los patriotas que decidimos enfrentarlos.

Más allá de que si los implicados en el proceso CEL-ENEL
fueron sobreseídos y que por tanto el caso sigue impune,
lo cierto es que si esa denuncia no se hace pública bajo mi
gobierno, si no se inicia un proceso de investigación tanto
en la Asamblea Legislativa como en la Fiscalía, el Estado
no habría recuperado un recurso estratégico para el país
como es la explotación de energía geotérmica, una de las
más baratas y amigables con el medio ambiente.

No podemos permitir que acaben con la denuncia pública
cuando se trata de defender intereses oligárquicos.

Les exhorto a que constituyamos un Frente común contra
la corrupción y la impunidad para que no se siga
utilizando el control que tienen estos sectores del sistema
de justicia en el país y la influencia dominante en los
medios de comunicación y perseguir política y
judicialmente a quiénes denunciamos la corrupción
gubernamental promovida por intereses privados.

Hasta aquí mis reflexiones de hoy…

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