Programa 41 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 41 – Editorial

Hoy amanecimos con la noticia de la renuncia sorpresiva del Presidente de Guatemala, el General retirado Otto Pérez Molina luego de haberse decretado una orden de detención por un juez de Guatemala a solicitud de la Fiscalía General de ese país. (Por cierto en las redes sociales se comenta que tiene casualmente el mismo apellido que el ex presidente Francisco Flores Pérez)..

Pues bien, digo “renuncia sorpresiva”, ya que aunque había sido exigida por organizaciones de la sociedad civil guatemalteca y partidos políticos de oposición meses atrás, el Presidente Pérez había sostenido hasta ayer, en respuesta a esa exigencia ciudadana, que no renunciaría a la Presidencia y se mantendría en el ejercicio del cargo hasta el último día de su mandato constitucional, para el que fue electo.

Pérez Molina sostiene que es inocente de los cargos de corrupción que le imputa la Fiscal General de Guatemala, la que hasta el momento ha presentado como única prueba de su participación en una red delictiva, que operaba en la administración de aduanas, una serie de conversaciones telefónicas sostenidas con varios de los funcionarios acusados de formar parte de esta red así como referencias indirectas a su persona, bajo sobrenombres como: el uno, el jefe, el de arriba, el mero mero, entre otros…

Lo importante de este proceso que se sigue en Guatemala es que las instituciones están funcionando y la justicia se aplica a todos por igual, incluyendo a personajes que gozan de poder político, como es el caso de la ex Vicepresidenta Baldetti y ahora del propio Presidente de la República…

Lo curioso en todo esto, al menos en el caso de esta red delictiva, es que sólo guardan prisión los miembros del gobierno guatemalteco que han sido acusados por la Fiscalía y no los empresarios que debieron verse favorecidos con la dispensa del pago de impuestos que permitía esta red y por la que los funcionarios en cuestión seguro recibían cuantiosas cantidades de dinero.

En este tipo de delitos siempre hay dos partes: el funcionario corrupto y el empresario corruptor que paga los sobornos para favorecerse con el tráfico de influencias que permite esta práctica ilícita.

Pero por qué el caso guatemalteco debe interesarnos a los salvadoreños si aparentemente no tiene nada que ver con nuestro país y menos con nuestros problemas?

De este caso, en mi opinión, debemos sacar lecciones aprendidas.

Primero, no es cierto que las investigaciones de corrupción han sido posibles por la existencia de una Comisión Internacional contra la Impunidad, conocida por sus iniciales como CICIG.

No digo que esta comisión no haya contribuido en alguna medida a hacer avanzar las investigaciones.

Pero sin el desarrollo institucional del Ministerio Público y la voluntad política de los partidos políticos, incluyendo al partido de gobierno, por más que la CICIG aporte pruebas en el caso, éstas caerían en saco roto ante instituciones penetradas por la corrupción y el crimen organizado.

Por eso es que la tan cacareada solicitud del partido ARENA y de algunas organizaciones ciudadanas, que navegan con la bandera de una supuesta independencia del poder político y económico, no deja de ser intrascendente, en la medida que una comisión internacional de combate a la impunidad, similar a la de Guatemala, por mucho que quiera hacer sus recomendaciones no pasarán del papel si no hay una depuración y fortalecimiento institucional del sistema de justicia del país.

Ocurrirá lo que ocurrió con las investigaciones de dos comisiones internacionales creadas a instancia de Naciones Unidas, poco después de la firma de los Acuerdos de Paz.
Me refiero a la Comisión de la Verdad y la Comisión para la investigación de los grupos armados irregulares cuyas recomendaciones cayeron, la mayoría de ellas, en saco roto en la medida que el sistema judicial continuaba siendo, tal como lo definió el Obispo Mártir y Beato Monseñor Romero, una serpiente que sólo muerde al descalzo.

No existe ninguna garantía, además, que por el simple hecho de ser una comisión internacional, auspiciada por Naciones Unidas, no sucumbirá a los vaivenes e intereses políticos predominantes en el país.

De hecho, antes de su creación, la sola propuesta de integrar una comisión internacional que investigue crímenes y actos de corrupción que se encuentran impunes ya está siendo manipulada políticamente en nuestro país por la derecha oligárquica.

ARENA miente cuando asegura que bajo mi gobierno, yo hice una propuesta similar en el foro de Naciones Unidas, con ocasión de su Asamblea General del año 2010.

Lo que propuse y solicité fue apoyo de la comunidad internacional para constituir una Comisión Tri Nacional que investigara y combatiera el crimen organizado en la región, que por esos años había tenido una rápida expansión, sobre todo en Guatemala y Honduras.

Y no es que haya desistido como Presidente en aquel entonces de su creación.

El problema fue que la respuesta de la comunidad internacional y los ofrecimientos de ayuda no pasaron del diente al labio.

De hecho, al año de mi planteamiento en la ONU celebramos una Cumbre Centroamericana, con la participación de los gobiernos de México, Colombia y Estados Unidos, además de los centroamericanos, donde en lugar de apoyar la creación de esta comisión tri-nacional se aprobó un Plan para la Seguridad Regional y se solicitó apoyo financiero internacional para su implementación, especialmente de Estados Unidos, apoyo que desafortunadamente hasta la fecha no se ha concretado.

De esa iniciativa de mi gobierno a la Comisión Internacional que hoy propone ARENA hay un gran trecho.

Mi gobierno nunca renunció al fortalecimiento institucional y menos a la modernización y depuración de la PNC, la Fiscalía y el órgano judicial.

Tampoco se pensó en esta comisión tri nacional de combate del crimen organizado en los tres países más golpeados por ese flagelo (Guatemala, El Salvador y Honduras) en sustitución al fortalecimiento institucional que debía promoverse en el país.

Segunda lección del caso guatemalteco, la movilización ciudadana es importante en la medida que se convierta en una formidable presión para que haga caminar y avanzar las instituciones.

En Guatemala, a pesar de las exigencias de renuncia dirigidas hacia el Presidente Otto Pérez, la institucionalidad nunca fue alterada y los procesos judiciales siguieron el curso que marca la constitución y las leyes guatemaltecas.

El Presidente renunció hasta que un juez ordenó su arresto bajo cargos de corrupción. Haberlo hecho antes habría puesto en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad política del país.

Además, una vez recibida la renuncia por el Congreso, éste, siguiendo los procedimientos constitucionales, juramentó al nuevo Presidente de la República, quién deberá conducir el proceso electoral en ese país programado para este Domingo y terminará el mandato de 4 años para el que fue elegido el Presidente Pérez.
Acá no hubo golpe de estado, no intervinieron las fuerzas armadas, no hubo deposición ilegal del mandatario, el proceso electoral no ha sido afectado, Guatemala celebrará elecciones generales de acuerdo al calendario aprobado por las autoridades electorales de ese país, y los funcionarios de gobierno acusados de corrupción, como es de esperar, podrán ejercer su derecho a la defensa.

Si el Presidente es declarado inocente, podrá recuperar el cargo sin ningún problema. Si es declarado culpable cumplirá una condena tal como lo establece la ley.

En buenas cuentas, no hay ingobernabilidad ni vacío de poder. El Presidente juramentado por el Congreso, Alejandro Maldonado, entregará el poder en Enero al candidato que resulte electo en la consulta popular del próximo fin de semana.

Por el contrario, en nuestro país las cosas se pintan diferente.

ARENA desde que se convierte en partido de oposición no ha desistido de su esfuerzo desestabilizador.

Muy a pesar del acuerdo firmado con otros partidos políticos en la comisión inter partidaria en Concepción de Ataco, su labor en la Asamblea Legislativa sigue marcada por un espíritu de vendetta política y de obstaculizar la gestión del Ejecutivo.

Su propósito es el desgaste electoral de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2019.

Sus acusaciones altisonantes de corrupción en el gobierno anterior y en lo que va de éste no pasan de ser acusaciones difamatorias y calumniosas sin ningún fundamento legal ni prueba contundente.

A diferencia de los procesos judiciales que se iniciaron en mi gobierno contra ex funcionarios de ARENA, incluyendo al Presidente Flores, los casos que denuncian diputados y dirigentes de ARENA no tienen ninguna base legal.

Los ex funcionarios de CEL que participaron de la venta de acciones de La Geo y el ex presidente Flores fueron acusados por la Fiscalía con base a pruebas recabadas en forma profesional e independiente de intereses partidarios.

El caso del Chaparral, en cambio, que es el que ha tomado ARENA como muletilla no presenta ninguna irregularidad y menos algún ilícito penal más allá de los reparos administrativos encontrados por la Corte de Cuentas de la república y que no comprometen ni a la junta directiva de CEL, ni a su Presidente y menos a este servidor, que nunca participé de las decisiones de la autónoma.

El proceso de negociación con ASTALDI y el pago de 108.5 millones de dólares nunca ha sido cuestionado por ninguna de las auditorías realizadas por la Corte de Cuentas de la República.

En la última de ellas, con fecha Junio del 2015, una de las conclusiones a las que llega el informe final aclara que aún cuando los auditores de la Corte de Cuentas no gozan de la esperticia necesaria para calcular el monto a pagar a ASTALDI, en base a consultas realizadas con empresas que si tienen experiencia en este tipo de valuos, agregan, la cantidad que se tomó como base para el pago de la indemnización, es decir los 85 millones de dólares pagados durante el gobierno Saca por avances de la obra hasta ese momento, constituye, dice literalmente la auditoría, una cantidad razonable.

Los únicos que se imaginan que en ese caso hay delitos que perseguir son unos cuantos diputados de ARENA, que revelan en sus intervenciones un desconocimiento total de la situación.

Insistir en crear una comisión especial legislativa o en que éste sea uno de los casos que investigue la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, en caso fuese creada, no deja de ser una jugada política que busca desprestigiar al gobierno actual y al FMLN.

Lo mismo ocurre con las declaraciones patrimoniales de los ex presidentes hechas públicas hace unos días.

ARENA y FUNDE, como Ong testaferra de este partido político y de la derecha oligárquica, hablan irresponsablemente de incrementos patrimoniales no justificados en el caso del ex presidente Saca y este servidor, siendo que Probidad de la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo una auditoría y fiscalización de ambas declaraciones y no encontró ninguna irregularidad que deba ser investigada.

Curiosamente el énfasis de ARENA está puesto en dos ex presidentes, Saca y Funes, que somos adversarios políticos de la derecha oligárquica, y no en las declaraciones patrimoniales de los ex presidentes Cristiani, Calderón Sol y Flores, ex presidentes que gobernaron para favorecer desde el poder sus intereses.

Mientras las protestas ciudadanas en Guatemala han tenido una motivación reivindicativa y restauradora de la institucionalidad de ese país, acá ARENA ha optado por el desgaste y la desestabilización.

Si existiera una genuina preocupación por los problemas del país, estaríamos ante un escenario en el cual ARENA concurriría con sus votos para aprobar el financiamiento que requiere el aparato de seguridad de modo de mejorar su eficiencia y eficacia en el combate de la delincuencia.

Este es el tema que justamente deseo reflexionar con ustedes en la segunda parte del programa.

A propósito, les recomiendo la lectura de dos artículos escritos por el periodista e investigador Geovani Galeas en lapagina.com.sv bajo el título: Choques eléctricos, Primera y Segunda Parte.

Este debería ser uno de los casos que la Asamblea Legislativa o una comisión internacional contra la impunidad, en caso se creara, debería investigar y deducir responsabilidades.

En ambos artículos de Geovani Galeas se aclara una serie de contratos onerosos para el estado que CEL suscribió durante los gobiernos Calderón Sol y Flores con Nejapa Power y Duke Energy con el propósito de favorecer a ambas empresas internacionales en detrimento de los intereses del Estado.

Son estos contratos, así como los procesos de privatización que los gobiernos de Cristiani, Calderón Sol y Flores impulsaron, los que debería ser investigados ya que en todos ellos imperó una lógica perversa: socializar pérdidas y privatizar ganancias…

ARENA ve la paja en el ojo ajeno y no reconoce la viga que tiene en el propio.

Un partido político que tiene entre sus filas a un ex presidente acusado de actos de corrupción y a otro que podría ser investigado en España por el asesinato de los jesuitas, y que además en sus administraciones se cometieron ilícitos que no fueron perseguidos penalmente por el control que tenía de la Fiscalía y del aparato de justicia en esos años, y que como corolario se resiste a cambiar la estrofa de su himno en el que pide el exterminio de los rojos y por tanto de sus opositores, no tiene la solvencia necesaria para exigir que se cree una comisión internacional para investigar la corrupción y acabar con la impunidad…

***

En esta segunda parte del programa retomo una reflexión que hice la semana anterior por su actualidad e importancia.

Traigo de nuevo a cuenta el tema del financiamiento de los programas y planes contra la delincuencia.

Otras veces he insistido en la necesidad urgente de abrir el debate sobre el tema, ya que ningún plan de seguridad podrá implementarse con éxito si no cuenta con los recursos necesarios para su pronta ejecución.

Ya hay varias propuestas en el tapete.

El FMLN ha propuesto crear un fondo común en el que los aportes voluntarios provengan sobre todo de la gran empresa privada.

Algo similar ha propuesto el PCN, quién dijo que así como en la guerra con Honduras se crearon los llamados “Bonos de la Dignidad” para financiar las operaciones militares del ejército salvadoreño en su incursión a territorio hondureño, lo mismo habría que hacer ahora creando un bono especial, pero voluntario, para recoger los recursos que demandan los planes gubernamentales de seguridad.

GANA, en tanto, ha propuesto un impuesto especial que grave las ganancias de las empresas telefónicas en el país.

Otros, hemos insistido en la necesidad de crear un impuesto o contribución especial que permita la creación de un Fondo para la Seguridad Democrática, que se le cargue a las grandes empresas o grandes patrimonios en nuestro país.
A este propósito podría funcionar el antiguo impuesto al patrimonio que aprobó el ex presidente Duarte pero que fue derogado por el ex presidente Cristiani, en un claro intento por favorecer a los grupos empresariales.

El Ministro de Hacienda ha dicho que con sólo volver a aprobar este impuesto que existía en la segunda mitad de la década de los 80 se generarán los recursos que necesita el aparato de seguridad en el país.

Frente a esta posibilidad, ya ARENA ha dicho que no está dispuesta a apoyar la aprobación de un impuesto para la seguridad, tal cómo fue establecido en Colombia durante el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe.

A este rechazo se ha sumado la ASÍ, cuyo director ejecutivo, en clara defensa de los intereses empresariales ha dicho que su organización no ve bien un impuesto de este tipo que podría afectar la competitividad de los empresarios salvadoreños frente a otros empresarios de la región.

A tono con esta posición, recientemente hemos sabido que ARENA prepara una propuesta, que sería avalada por las gremiales empresariales, en el sentido de aumentar en dos puntos el IVA, es decir de 13% que es en la actualidad a 15%, con lo cual el impacto en la canasta básica y el deterioro de las condiciones de vida de la población más pobre sería evidente.

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