Programa 42 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 42 – Editorial

Los problemas que más preocupan a los salvadoreños, como son la delincuencia y la actividad económica (empleo, salarios y costo de la vida), continúan sin ser abordados con responsabilidad y voluntad política.

ARENA sigue atrapada en la lógica de la descalificación del adversario, sin que se perciba una actitud de entendimiento y menos de apoyo al ejercicio público con miras a resolver los graves problemas que enfrenta el país.

No se trata, por supuesto, que deba renunciar a su papel como partido político de oposición, pero, incluso, desde una posición opositora, debería existir el compromiso de encarar con realismo la problemática nacional y contribuir a resolverla desde la Asamblea Legislativa, que es donde tiene una mayor cuota de poder.

Para el caso, en Concepción de Ataco, a instancias de Naciones Unidas y la representación de la OEA en el país, los partidos firmaron una declaración de compromisos entre los que se incluía encontrar fuentes de financiamiento viables que permitan ejecutar los planes de seguridad contemplados en el Programa elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

A pesar que el número de homicidios por día se mantiene alto, y que por tanto la situación de inseguridad no mejora, el debate sobre este financiamiento sigue relegado.

Se sabe de algunas propuestas que han presentado los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, pero no se observan avances evidentes en la discusión y análisis de éstas.

De todas las iniciativas que se conocen, la que tiene más viabilidad y que podría asegurar en forma permanente los recursos que se requieren para el impulso de estos planes es la aprobación de un impuesto especial para la seguridad como el que se estableció en Colombia en tiempos del ex presidente Alvaro Uribe.

Además que se trataría de un impuesto no regresivo, pues no sería pagado por los sectores de menores ingresos en el país, que son la mayoría, la recolección de recursos sería inmediata y estaría a la altura de las necesidades financieras del gobierno.

Tampoco se gravaría una actividad económica en especial, como ocurre con la propuesta de establecer un impuesto a las empresas de telefonía, sino que se trataría de una contribución fiscal especial que pagarían los grandes capitales o grandes patrimonios en el país.
Ya existe experiencia tributaria en este tipo de contribuciones al fisco.

En tiempos del ex presidente Duarte, la Asamblea aprobó un impuesto al patrimonio y las sucesiones, que fue derogado poco después cuando Arena llega al poder del ejecutivo en 1989.
Este impuesto al patrimonio, que no ponía en riesgo la actividad económica el país y que de hecho existía y sigue existiendo en la mayoría de países en el mundo, fue eliminado de tajo por una Asamblea Legislativa controlada por la derecha, en la medida que afectaba intereses económicos oligárquicos.

La derogatoria del impuesto ocurre en forma simultánea al proceso de concentración de la riqueza que generaron los procesos de privatización impulsados por los gobiernos de ARENA.
Desde una lógica fiscal, lo razonable era gravar con un impuesto especial aquellos capitales o patrimonios de considerable tamaño que incluso habían crecido con la privatización de los principales servicios del país como fue la banca, las telecomunicaciones, el sistema de pensiones o la generación de energía eléctrica.

El gobierno de Cristiani y sus diputados en la Asamblea Legislativa, en clara defensa a los intereses de esta derecha oligárquica que se fortaleció con las privatizaciones, eliminarón el impuesto a fin de favorecerle.

Ahora es la oportunidad de volverlo a establecer, tomando en cuenta que esta misma derecha no cuenta con los votos suficientes para bloquearlo.

El FMLN, junto con fracciones legislativas que no responden a los intereses del poder económico del país, como son GANA y el PCN, deberían agendar esta discusión, promover su debate y acelerar su aprobación.

Este es el momento político para hacerlo, sobre todo porque la derecha oligárquica ha arreciado sus acciones desestabilizadores con el propósito de recuperar el control del legislativo en el 2018 y el del ejecutivo en el 2019, y volver como en el pasado a gobernar para sus intereses.

Bajo la máscara de una supuesta preocupación por la transparencia y la buena administración de los recursos del Estado, ARENA, y sus organizaciones satélites en la sociedad civil, organizaron el pasado sábado 5 de septiembre una concentración en la plaza Beethoven, sobre el Paseo General Escalón, acá en San Salvador, que concluyó en la Plaza Masferrer, al poniente de la capital.

Más allá de la cantidad de personas que asistieron, que si fueron menos de 300 o más de mil como aseguró El Diario de Hoy, lo revelador de esta actividad, que fue vendida por sus organizadores como independiente de los partidos políticos, es justamente el hecho que se trató de una actividad de carácter partidario y con fines partidarios.

No sólo por algunos de los rostros que las cámaras de los medios de comunicación y de las redes sociales alcanzaron a registrar, sino por la intolerancia que en un momento de la actividad pusieron en evidencia sus organizadores y participantes.

Me refiero a la irrupción que hicieron un grupo de jóvenes con carteles alusivos a la corrupción durante el gobierno del expresidente Flores y que está siendo investigada por los tribunales de justicia del país.

No estamos hablando de un caso de supuesta corrupción o de denuncia ciudadana sobre actos públicos que aún no han sido demostrados. Estos jóvenes comenzaron a protestar, dentro de la concentración en la plaza Beethoven, por el caso que está siendo juzgado en el juzgado séptimo de instrucción sobre el uso ilícito que se hizo en el gobierno Flores por el propio mandatario de los fondos millonarios de la cooperación taiwanesa.

Si esta concentración no hubiera tenido un sello ideológico y un carácter partidario, lo sensato habría sido que los jóvenes que irrumpieron en el evento se hubiesen manifestado con tranquilidad y sin enfrentar la agresión verbal y hasta física, protagonizada por agentes de la PNC, de quiénes asistieron al evento convocado por las organizaciones de derecha.

Cuál era el problema que este grupo de jóvenes, por mucho que su pensamiento fuera de izquierda, expresara a los cuatro vientos su inconformidad por la forma cómo ha avanzado judicialmente hasta la fecha el caso de corrupción que se le imputa al ex presidente Flores?

Si la concentración no tenía un sello ideológico, si no era de derecha o de izquierda o del centro, como continúan argumentando sus organizadores, por qué, entonces, bloquearon la libre expresión de un grupo de ciudadanos que exigían justicia en el caso Flores?

Si la consigna principal de esta concentración fue oponerse a la violencia y a la corrupción, por qué entonces sus organizadores y la mayor parte de sus asistentes impidieron la expresión de esta exigencia de combate a la impunidad, ejemplificada en el caso Flores?

Más allá de la relevancia que puede llegar a tener esta concentración, que dicho sea de paso demostró una escasa capacidad de convocatoria si tomamos como referencia concentraciones y marchas similares en la vecina Guatemala, lo importante de analizar este tipo de eventos organizados y financiados por la derecha oligárquica es que se ubican dentro del esquema desestabilizador que viene impulsando esta derecha desde mediados del 2009.

Su propósito es desgastar la gestión gubernamental del FMLN y hacer aparecer el actual equipo de gobierno como incapaz y corrupto y que por esa razón debe ser reemplazado en la próxima consulta electoral, o si se puede, antes.

No voy a negar que el gobierno del presidente Sánchez Cerén, así como ocurrió con el anterior, enfrenta dificultades y no ha sabido dar respuesta a algunos de los problemas que enfrenta el país, como es el caso de la delincuencia, sobre todo la que proviene de las pandillas.

Pero de ahí, que como sostengo son problemas que enfrentan todos los gobiernos del mundo, incluyendo los más eficientes y transparentes, a asegurar que este gobierno es incapaz o que no está siendo transparente en el manejo de los fondos públicos, hay un gran trecho.

En los últimos 30 años de gobierno, es hasta que el FMLN llega al poder del ejecutivo que se mejora considerablemente la transparencia en la gestión pública y el manejo probo de sus recursos.

Nunca antes como ahora los ciudadanos habían tenido acceso a información que siempre fue manejada con sigilo por los gobiernos de ARENA.

Los ciudadanos saben cómo se gasta y en qué se gasta el presupuesto público que es aprobado por la Asamblea Legislativa.

Como muestra un botón…
Las dudas que intencionalmente sectores de la derecha han implantado en el debate público sobre la construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral, incluyendo el proceso de cancelación del contrato a la empresa que ganó la licitación durante el gobierno del expresidente Saca, están siendo aclaradas en la medida que las instituciones del Estado, me refiero a la Fiscalía y a a Corte de Cuentas de la República, realizan una auditoría de todo este proceso.

En el pasado, procesos como las privatizaciones impulsadas por los gobiernos de Cristiani, Calderón Sol y Flores, y que permitieron una mayor concentración de la riqueza en unos cuantos grupos empresariales, no sólo nunca estuvieron sometidos al escrutinio ciudadano sino que tampoco las instituciones contraloras de esos años se interesaron en transparentarlos.

Pocos ciudadanos y pocos medios de comunicación mostraron interés en promover denuncias públicas en torno a algunas de las irregularidades que presentaron cada uno de estos procesos, impulsados desde el ejecutivo.

La ANEP, FUSADES y FUNDE, en ningún caso manifestaron algún tipo de malestar por la forma sigilosa como fueron planeados y ejecutados cada uno de ellos.

Bajo el gobierno de Cristiani se aprobó una ley para el saneamiento de la banca en manos del Estado, que liberó de deudas a las instituciones bancarias que luego fueron vendidas a privados, a quiénes el mismo Estado les facilitó créditos para su adquisición. La ley, por esos años, establecía un límite de participación en el capital social de los bancos, límite que fue sobrepasado ilícitamente utilizando prestanombres que facilitaron el control de las empresas privatizadas.

Se sabe, por ejemplo, que varios de los bancos del sistema, entre ellos el más grande, fue comprado por empresarios vinculados al gobierno de Cristiani utilizando a empleados de sus empresas, quiénes sólo dieron sus nombres para la compra de acciones que luego fueron endosadas a sus verdaderos dueños.

Este mecanismo perverso, denunciado por unos cuantos ciudadanos con coraje, nunca llego a oídos de los diputados que hoy se rasgan las vestiduras y dicen luchar contra la corrupción y la impunidad. Este mecanismo fraudulento, que permitió que los bancos regresaran a varios de sus antiguos propietarios, nunca fue denunciado por ANEP, FUSADES o la FUNDE.

Esta forma de concentración de la riqueza, favorecida y promovida desde el mismo gobierno, nunca fue investigada por la Fiscalía o la Corte de Cuentas de entonces.

Es un proceso que quedó y continúa en la impunidad.

Para colmo, quiénes se hicieron de los bancos, acabaron vendiéndolos a un precio muy por arriba de lo que cancelaron por sus acciones cuando fueron privatizados, sin pagar un tan sólo impuesto al gobierno por esa operación de compra-venta. Entendidos en la materia sostienen que de haberse pagado el IVA por esa operación, del mismo modo que se paga IVA por cualquier bien o servicio en el país, el Estado habría recolectado no menos de 1,500 millones de dólares en concepto de tributación.

Con que solvencia, moral y política, viene ahora el partido ARENA y organizaciones representantes de la derecha oligárquica a presentarse como abanderadas de la lucha contra la corrupción la impunidad, si cuando fueron gobierno no sólo no la investigaron ni la combatieron, sino que la promovieron y facilitaron desde el ejercicio del poder?

En la vecina Guatemala, lo que ha facilitado el despertar ciudadano y la renuncia de un Presidente y su Vice presidenta, acusados de corrupción, no es la pureza casi virginal de la derecha política y empresarial de ese país, aliada natural del partido ARENA y de ANEP.
Lo que permitió y seguirá permitiendo este proceso político de destape institucional, único en toda la región centroamericana, es el enfrentamiento y las contradicciones entre el crimen organizado aliado al sector corrupto de la clase política guatemalteca con una parte del empresariado de ese país.

El Ex presidente Otto Pérez Molina gozó del apoyo de la derecha y el empresariado guatemalteco, representado por el CACIF, hasta que comenzaron las contradicciones entre ambos grupos de poder por el control de los negocios.

En la medida que la gestión gubernamental del ex presidente Pérez, contaminada por la corrupción y el crimen organizado, comenzó a poner en riesgo los intereses de esta derecha empresarial, sus contradicciones y diferencias se hicieron evidentes hasta el punto que CACIF, el gremio más poderoso de Guatemala, fue una de las organizaciones empresariales que también presionó por la renuncia y enjuiciamiento de los funcionarios del gobierno de Pérez Molina, incluyendo al propio Presidente.

Como señala un artículo de Joaquín Villalobos, publicado en el periódico español “El Pais” , y que he reproducido en forma libre en mi página de Facebook días atrás, Guatemala se la dividen en partes iguales los poderes económicos formales y los poderes corrupto-criminales.
Estoy convencido que más allá de la fuerte presión de la sociedad civil, que es innegable, lo que botó a Pérdez Molina fueron sus contradicciones con el gran capital de Guatemala y los intereses estadounidense en la región.

En nuestro país, mientras el movimiento ciudadano esté atrapado no sólo por las fuerzas políticas sino sobre todo, como es el caso del que se concentró y expresó en la Plaza Beethoven el sábado anterior, por el poder económico, difícilmente será un movimiento independiente y auténticamente ciudadano.

Es el momento de estimular el surgimiento de un movimiento ciudadano independiente de los poderes establecidos y que reivindique sus aspiraciones.

Si vamos a luchar contra la impunidad y la corrupción, no podemos sacar de la agenda la investigación de todos los procesos empujados desde los gobiernos anteriores de ARENA que buscaban aumentar la riqueza en forma ilícita de los grupos empresariales a los que respondía.

***

No nos perdamos. La lucha interna en ARENA por el control del COENA explica las batallas políticas que impulsan algunos de sus diputados y dirigentes que aspiran a un cargo en el organismo de dirección del partido.

Hay contradicciones entre ellos que son más que evidentes.

Primero, entre Norman Quijano y Jorge Velado, quiénes por separado expresan grupos de poder diferentes.

Mientras Velado es el representante de uno de los principales financistas del partido, Quijano podría expresar los intereses de algo así como la clase media de ARENA, donde estarían los hermanos Calderón Sol, patrocinadores de la candidatura de Quijano por años, y algunos alcaldes y diputados de la nueva fracción parlamentaria.

Las declaraciones de Quijano, cuestionando el liderazgo tradicional y oligárquico representado por Jorge Velado, son una expresión de ese enfrentamiento.

Mi impresión es que la posición de Velado de cara a los financistas y dueños de ARENA es más ventajosa que la del ex alcalde de San Salvador, Norman Quijano.

Y digo esto por la forma cómo Velado apartó de la contienda interna al bizoño de Ernesto Muyshondt, un diputado arenero inmaduro y de pocas luces, que desde que llegó al COENA representó los intereses de Alfredo Cristiani, y quién también ha hecho evidente su aspiración por un cargo en el COENA, incluso en la Presidencia del partido.

Todos estos aspirantes a cargos de dirección en ARENA intentan demostrar ante los ojos de los financistas del partido quiénes son los más efectivos en la estrategia de desgastes del gobierno y del FMLN.

En la medida que se aseguran un cargo de dirección en el partido, garantizan además su influencia en la definición de la candidatura presidencial para el 2019.

Hago esta reflexión porque no cabe duda que los movimientos legislativos de la fracción parlamentaria de ARENA tienen como motivación principal el desgaste del partido en el gobierno, con el propósito de recuperar el control de las decisiones legislativas en el 2018 y el control de gobierno central en el 2019.

No esperemos entonces, a pesar de los acuerdos firmados en Ataco hace unos días, el acompañamiento de la fracción parlamentaria de ARENA a iniciativas como la emisión de 900 millones de dólares en bonos, lo que ayudaría a cerrar la brecha fiscal que enfrenta el gobierno, y que está parada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, o bien la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el próximo ejercicio fiscal y el financiamiento que requieren los planes de seguridad del gobierno y que podría resolverse de inmediato con la aprobación de un impuesto especial a la seguridad o el restablecimiento del impuesto al patrimonio que fue aprobado en tiempos del gobierno del expresidente Napoleón Duarte.

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