Programa 43 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 43 – Editorial

Voy aprovechar el espacio de hoy para sentar posición sobre la propuesta de ARENA de crear una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en nuestro país.

Lo primero que habría que señalar que esta propuesta no tiene nada que ver con una iniciativa que comenzó mi gobierno ante la comunidad internacional con el propósito de crear una Comisión Tri Nacional que investigara y persiguiera al crimen organizado. Y lo de Tri Nacional viene del hecho que se trataba de una comisión que operaría en Guatemala, Honduras y El Salvador, los países del Triángulo Norte de Centroamérica más golpeados por el narcotráfico y otras expresiones de crimen organizado en la región, con apoyo financiero y ténico de la comunidad internacional.

Por supuesto que la iniciativa de crear esta comisión surge de la experiencia guatemalteca y del impulso que estaba dando en esos momentos la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida por sus iniciales como CICIG, en las investigaciones contra grupos armados irregulares, dedicados al exterminio y al sicariato. De hecho, fue esta comisión la que aclaró con sus investigaciones el caso de la muerte de los parlamentarios salvadoreños, miembros del PARLACEN, asesinados en Guatemala.

Nunca se planteó que se trataba de una comisión contra la Corrupción y la Impunidad y menos que debía sustituir a las instituciones salvadoreñas en este esfuerzo.

La idea, que fue llevada hasta la ONU y que comenzó a ser discutida con el gobierno de los Estados Unidos, partía de la constatación de que el crimen organizado había penetrado a las instituciones de la región, sobre todo en Honduras y Guatemala, y que por tanto, se requería de una instancia internacional que contribuyera a perseguir esta forma de criminalidad en los tres países señalados.
Por supuesto que el esfuerzo debería ser conjunto, en la medida que se trataba de combatir un flagelo que golpeaba por igual a la región centroamericana, particularmente, al llamado Triángulo Norte.

Tampoco es cierto que el proyecto fue abandonado o dejado de lado por desinterés de los tres gobiernos. Su implementación requería del apoyo de la comunidad internacional y éste aunque fue ofrecido nunca se concretó de modo de comenzar con la creación e instalación de esta comisión internacional.

En su lugar, tanto Estados Unidos como otros países y organismos cooperantes vinculados al Sistema de Naciones Unidas, optaron por financiar un programa de Seguridad Regional que fue acordado y consensado en una Cumbre de Presidentes del SIUCA, celebrada en Guatemala, con la presencia de los Presidentes de México y Colombia, y la entonces Secretaria de Estado de Estados Unidos, la señora Hillary Clinton.

ARENA ahora quiere sostener su propuesta argumentando que ya el FMLN y mi gobierno habíamos apoyado una iniciativa en ese sentido, pero olvida que la comisión que en ese momento estábamos gestionando no tiene nada que ver con el proyecto que impulsa la derecha y que ha publicitado ampliamente a través de los medios de comunicación.

En mi opinión el país más que una Comisión Internacional contra la Impunidad requiere de una voluntad firme de todas las fuerzas políticas y económicas del país para apoyar el fortalecimiento e independencia de las instituciones.

Más allá de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que exige la despartidización de las instituciones, lo que necesitamos es un órgano de justicia independiente del poder económico y político del país.

Los magistrados de la Sala, como Florentín Meléndez, insisten por ejemplo que la Asamblea Legislativa debe hacer el esfuerzo por elegir Magistrados que no respondan a los partidos políticos y menos que hayan militado en ellos. Pero por alguna razón pasan por alto que también los vínculos económicos, sobre todo financieros, generan una dependencia aberrante de los funcionarios hacia un poder mucho más distorsionador del funcionamiento y fortalecimiento institucional como es el poder de los grupos económicos en nuestro país.

Por años, sentencias tanto de la Sala de lo Constitucional como de lo Contencioso administrativo han estado influenciadas de modo determinante por los intereses económicos predominantes en el país.

Recuerdo por ejemplo que una solicitud de investigación de las cuentas bancarias de ex funcionarios del gobierno Flores, incluyendo al propio ex Presidente, que realizó el entonces jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, Pino Cáceres, fue inmediatamente prohibida por Corte Plena, cuyos Magistrados le quitaron esa facultad a la oficina de probidad, lo que impidió una adecuada fiscalización por parte de esta entidad de la Corte Suprema de Justicia del patrimonio declarado por los funcionarios de gobierno de esos años.

No puedo asegurar que los Magistrados en su mayoría seguían lineamientos del Partido ARENA. Lo que si puedo constatar, con una decisión de este tipo, es que respondían a intereses económicos muy claros.

De haberse realizado esta fiscalización, la oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia habría revelado los vínculos que funcionarios del gobierno Flores crearon y siguieron manteniendo, aún después de terminada su gestión, con los grupos empresariales más influyentes de aquel entonces.

No cabe duda que la decisión tomada por Corte Plena estuvo influenciada por el poder económico de estos grupos empresariales, más allá de las afinidades ideológicas o partidarias que pudieran haber tenido cada uno de ellos.

Estos grupos de poder económico que influyeron en la decisión tomada por la mayoría de estos Magistrados fueron seguramente los que durante la administración Flores se favorecieron de la gestión pública, participaron de forma privilegiada en buena parte de los negocios del Estado y ahora alegan la supuesta inocencia del ex presidente Flores y califican este proceso judicial como el que se siguió contras los involucrados en el caso CEL-ENEL de “persecusión política”.

Esta necesaria y sana independencia frente al poder económico no figura como una preocupación entre los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y menos en los diputados de ARENA que negocian la elección que debió realizarse meses atrás, de la misma forma que si expresan preocupación por los supuestos vínculos partidarios de algunos de los candidatos en contienda.

En base a esta experiencia, que como ella podríamos citar muchas más, una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, sin el debido fortalecimiento, depuración e independencia de nuestras instituciones de justicia no tendría ningún sentido ni representaría ningún aporte y menos algún avance en la lucha contra la Corrupción y la superación de la Impunidad en el país.

Pero vamos a asumir como precondición que ya se está trabajando en esta independencia del órgano judicial y que la propuesta de ARENA prospera hasta el punto que se decide crear una Comisión Especial contra la Impunidad y la Corrupción en nuestro país.

Qué casos debería investigar esta comisión de naturaleza internacional y que no han sido investigados por los órganos de justicia en nuestro país, tal como ocurrió en la vecina Guatemala?

El caso más emblemático de existencia de la impunidad en nuestro país es sin duda el asesinato de los 6 sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras en 1989, caso que puede ser investigado por las autoridades salvadoreñas, ya que por tratarse de un delito de lesa humanidad es imprescriptible, es decir, se puede aún ejercer la acción penal contra sus ejecutores intelectuales, ya que los autores materiales fueron juzgados por el tribunal cuarto de lo penal un año después de ocurrida la masacre.

Pregunto: Estaría dispuesto el partido ARENA que comenzemos a superar la impunidad en el país investigando este múltiple asesinato, cuyas víctimas y familiares continuán esperando que se haga justicia? Estaría dispuesto el partido ARENA que como resultado de la presión internacional y de la presencia de investigadores internacionales, como los españoles que tienen abierto un proceso judicial por esta masacre en los tribunales de justicia de España, se incluya en las investigaciones la probable participación intelectual de uno de sus más prominentes dirigentes?

Hasta la fecha ninguna autoridad judicial del país se ha atrevido siquiera a investigar la participación en este asesinato de altos jefes militares y menos del jefe de Estado en ese entonces, tal como si lo ha hecho la audiencia española.

ARENA estaría en la disposición de que éste sea el primer caso a investigar por una Comisión Internacional contra la Impunidad, en tanto se trata de un caso que no ha prescrito penalmente?

En la lista de casos a investigar por la referida comisión internacional, y que nunca fueron investigados por las autoridades salvadoreñas de la época, se encuentran además los procesos de privatización impulsados por los tres primeros gobiernos de ARENA. Procesos en los que en su momento fueron advertidas evidentes irregularidades y claras violaciones a la ley pero que la Fiscalía de entonces no hizo nada por aclarar.

Por ejemplo, hay suficiente evidencia que demuestra que la ley de privatización de la banca fue burlada a través de la venta de acciones de los bancos privatizados a “prestanombres” que laboraban en empresas relacionados con ex funcionarios del gobierno Cristiani y que no tenían capacidad económica para participar en el capital social que se había puesto a la venta.

Por ahí desfilaron ordenanzas, empleadas que servían el café, motoristas, secretarias, contadores y otros laboraban en una reconocida empresa de seguros y que devengaban apenas el salario mínimo, pero que sin embargo, se hicieron de acciones de la banca privatizada, acciones que varios años después aparecieron en manos de prominentes empresarios.

Nunca se llevó a cabo una investigación judicial de los patrimonios de estos ex funcionarios que luego aparecieron como propietarios de los bancos privatizados y menos de la capacidad económica de los “prestanombres” , lo que habría demostrado el proceso fraudulento de adquisición de las acciones de la banca del país.

Se podría argumentar que este supuesto delito ya prescribió, pues de haber ocurrido fue hace más de 20 años atrás. Pero para salvar este impedimento legal perfectamente se podría proponer, discutir, analizar y aprobar una reforma constitucional que vuelve imprescriptibles los delitos de corrupción y que por la importancia de casos como éste, los efectos de esta reforma sean aplicados en forma retroactiva, es decir, que se investigue la corrupción desde la firma de los Acuerdos de Paz a la fecha, y que ningún caso donde exista suficiente evidencia quede sin judicializar.

Pregunto: Estaría dispuesto el partido ARENA que una Comisión Internacional contra la Impunidad en el país investigue todos los casos de supuesta corrupción que están sin ser investigados desde el gobierno de Cristiani a la fecha? Aprobaría ARENA una Comisión Internacional que incluya en la lista de casos a investigar los que tienen que ver con los gobiernos Cristiani, Calderón Sol y Flores y que ya prescribieron penalmente?
Aprobaría ARENA la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción con aplicación retroactiva?

Yo no tengo ninguna objeción, y entiendo que el FMLN tampoco, que una vez creada esta comisión internacional, previa depuración y fortalecimiento del órgano judicial, y liberado del poder oligárquico en el país, se incluya en sus investigaciones cuanto caso exista y con el que se cuente con suficiente evidencia probatoria de los delitos que se imputan.

ARENA sostiene que una Comisión Internacional podría, para el caso, investigar el contrato con ASTALDI para la construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral y su posterior cancelación.

Si existe suficiente evidencia en contra de las autoridades de CEL que negociaron y pagaron por la cancelación del contrato con ASTALDI no veo por qué no deba ser investigado.

Sin embargo, para ello la Fiscalía tendría que demostrar que en ese proceso se cometió algún delito y que éste no ha sido castigado por falta de voluntad o profesionalismo de las autoridades judiciales del país.

Del mismo modo, ARENA debería aceptar que se incluya en las investigaciones de esta Comisión Internacional el caso del manejo, al parecer fraudulento y discrecional, al menos por las evidencias presentadas por el Ministerio de Economía en Enero del 2014, del Fideicomiso para la inversión extranjera, conocido como FECEPE, y que fue creado en el gobierno Saca y administrado por la entonces Vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, actualmente diputada de ARENA.

La referida diputada ha salido despotricando en contra del Secretario de Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, a quien acusó de seguir instrucciones mías y de atribuirle delitos que ya fueron exonerados por una auditoría de la Corte de Cuentas de la República.
La diputada Ana Vilma de Escobar cita a su favor una supuesta auditoría realizada por la Corte de Cuentas en la que no se encontró ningún reparo ni administrativo ni patrimonial en el manejo que ella hizo de FECEPE, en tanto Presidenta del Comité Calificador que decidía las empresas que debían ser favorecidas con los millonarios fondos del Fideicomiso.

Paradójicamente, esta es la misma diputada que ha descalificado la validez de cuatro auditorías realizadas en el caso El Chaparral y que liberaran de responsabilidad administrativa y patrimonial a los miembros de la Junta Directiva de CEL que negociaron la cancelación del contrato con ASTALDI y por el que se pagaron $108.5 millones. Es decir, que en su caso sí vale una auditoría de la Corte de Cuentas pero en el caso del Chaparral la validez de estos informes es reducida a cero.

Lo que tampoco cuenta la señora diputada es que desde que el Ministerio de Economía colocó un aviso de investigación del manejo de los Fondos del Fideicomiso, conocido como FECEPE, en Enero del año pasado, la Fiscalía abrió un expediente de investigación que se mantiene hasta la fecha y que aún no ha exonerado de responsabilidad penal a ninguno de los ex funcionarios que asignaron y administraron más de $38 millones, entre los que se encuentra la ex Vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar…

Por más que la diputada de ARENA insista que está libre de responsabilidad en este caso, mientras la Fiscalía no archive este expediente, la causa se mantiene abierta y el Secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, así como este servidor, en mi calidad de expresidente de la república en cuyo gobierno se presentó la denuncia al Ministerio Público, podemos exigir que la Fiscalía informe sobre avances concretos en esta investigación y que proceda a la imputación de los delitos que estime conveniente en caso esa sea la conclusión final a la que llegue…

***

En esta segunda parte voy a referirme en forma extendida al caso por el que la Fiscalía investiga a la diputada Ana Vilma de Escobar, tal como fue confirmado por el mismo Ministerio Público el año pasado y del cual hay reportes de prensa que consignaron las declaraciones del Fiscal General.

El Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos, conocido como FECEPE, se creó por el decreto legislativo 565 en diciembre de 2004 y con vigencia hasta el 31 de mayo de 2009.

Con este decreto se le autorizó al Ejecutivo, por medio del Ministerio de Economía, suscribir este fideicomiso con el entonces Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), ente encargado de administrar el fideicomiso.

¿Qué se buscaba con el Fideicomiso?

Brindar apoyo a las empresas para que estas generasen empleo invirtiendo en mejoras o bien, iniciando nuevas operaciones.

Para ser beneficiado de los fondos de este fideicomiso se requería que las empresas favorecidas invirtieran el dinero recibido y lo hicieran en sectores estratégicos de la economía.

El objeto del Fideicomiso así (textual): “…tendrá por objeto el brindar apoyo temporal para asegurar el establecimiento e inicio de operaciones de inversión en sectores productivos estratégicos que tengan como consecuencia inmediata la generación de la mayor cantidad y calidad de empleos, orientado a coadyuvar el desarrollo económico y social.”

¿Por qué mi gobierno denunció el manejo del Fideicomiso ante la Fiscalía?

La vigencia del decreto expiró en mayo de 2009, justo antes de la llegada al poder de mi gobierno.

Con las nuevas autoridades del Ministerio de Economía, al frente del cual estaba el Dr. Héctor Dada, se detectaron serias irregularidades en el manejo del mismo. De hecho, se pidió una investigación exhaustiva a técnicos del Banco Central de Reserva sobre el uso del fideicomiso. A ese trabajo se sumó también personal de la Subsecretaria de Transparencia y eso se debe que Marcos Rodríguez lo haya citado en una entrevista televisiva de esta semana.

Todo este trabajo duró años y fue la base de la denuncia que se presentó el 8 de enero de 2014 a la Fiscalía General.

En primer lugar este Fideicomiso creció en forma inexplicable hasta los 38.8 millones de dólares.

El fideicomiso se constituyó originalmente con un monto de medio millón de dólares. Luego, la Asamblea Legislativa aprobó la asignación de un millón de dólares para cada año fiscal, hasta el 2009.

En total, entre los años 2006 y 2009, alcanzó los 4.5 millones de dólares.

Pero luego, más allá de lo que aprobó la Asamblea, se amplió ese fondo inicial con un incremento de $34.4 millones provenientes de la unidad que atiende los gastos imprevistos, mejor conocida como partida secreta.

Es la unidad que se alimentaba de fondos no ejecutados que le transferían las distintas carteras del Estado. Mecanismo que, por cierto, fue declarado inconstitucional por la CSJ ya en mi gestión, por lo cual no es cierto que yo haya dispuesto de una partida secreta millonaria de la que no se ha rendido cuentas.

En total, hablamos entonces de un fideicomiso de $38.5 millones.

El reglamento de este Fideicomiso establecía la creación de un comité calificador, encargado de evaluar las solicitudes presentadas por las empresas interesadas.

Este comité debía revisar cada una de las solicitudes y determinar cuáles cumplían con los requisitos de selección y cuáles no. Eso, por supuesto sólo ocurría en la teoría. La práctica fue otra, en la medida que apenas existían requisitos para esa selección.

Una situación que contribuyó al manejo irregular de esos fondos fue avalar empresas sin control alguno y en evidentes conflictos de interés como veremos más adelante.

¿Quiénes integraban este comité? Ana Vilma de Escobar, entonces vicepresidenta de la República y Presidenta de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CONADEI); Eduardo Zablah Touché, entonces Secretario Técnico de la Presidencia; el ex Ministro de Hacienda (quien fue representado por Carmen Regina Flores de Arévalo); el expresidente del BMI, Nicola Angelucci Silva, y los exministros de Economía, Yolanda Mayora de Gavidia (hasta junio 2008) y Ricardo Esmahan (julio 2008 a mayo 2009).

Este comité, liderado por Ana Vilma de Escobar, se extralimitó en sus funciones y decisiones para las que había sido creado y dio el aval para que 15 empresas se beneficiaran con los fondos del Fideicomiso.

Sin embargo, luego de minuciosas revisiones de la documentación, se constataron serias irregularidades que pueden derivar en posibles hechos de corrupción.

En la documentación revisada por el BCR se constató, como he dicho, que el Comité Calificador se extralimitó en sus funciones.

Este comité debía limitarse a pre calificar a las empresas para que el BMI las avalara y decidiera los montos a otorgar. Sin embargo, el comité, con Ana Vilma de Escobar al frente, seleccionaba y daba el aval a las empresas. Incluso, decidía el monto a otorgar a cada empresa favorecida.

Este comité aprobó desembolsos económicos, no exigió las debidas justificaciones para el uso de los fondos ni pidió a las empresas la documentación apropiada.

Las reuniones donde se avalaban a estas empresas se realizaban en Casa Presidencial y eran presididas por Ana Vilma de Escobar.

Tampoco queda claro cómo se hizo el llamamiento para las sociedades que resultaron beneficiadas. No hay registros de que se hiciera una convocatoria bien a través de los medios de comunicación o si se convocó en una reunión.

En ningún momento se hizo publicidad del fideicomiso para que las empresas lo conociesen y que hubieran mostrado interés participasen del mismo.

Por qué he dicho que había un claro Conflicto de interés y otras irregularidades

Al final, fueron 15 empresas las beneficiadas con estos fondos. En cuatro de ellas se vislumbraron posibles conflictos de interés y otras irregularidades.

Un ejemplo claro es la sociedad Texspin, SA de CV donde hubo un doble conflicto de interés, ya que existían vínculos familiares entre responsables de la empresa y los responsables del fideicomiso.

La Sociedad Texpin se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante los oficios del abogado Giancarlo Angelucci Silva, el día 7 de noviembre de 2007.

Curiosamente, esta persona es el hermano del expresidente del BMI, Nicola Angelucci Silva, banco que otorgaba los fondos y quien formaba parte del comité calificador presidido por Ana Vilma de Escobar.

La empresa se constituyó en el 2007 con $11,428 como capital.

Los accionistas originales fueron Eduardo Ernesto Telles Suvillaga (hermano de Manuel Telles, quien fue apoderado del BMI) y Karla Sofía Avilés Ventura.

Aparentemente, a esta sociedad se le otorgaron beneficios por $725 mil, los cuales no se ven totalmente reflejados en su contabilidad.

En resumen, el fideicomiso entregó unos 38 millones a empresas privadas para fomentar la creación de empleo mediante nuevas inversiones. Algunas de ellas, vinculadas por lazos familiares a funcionarios de aquél entonces, tomaron el dinero y al terminar el programa se fueron del país o liquidaron, violando con ello el reglamento del Fideicomiso.

Es el caso de la sociedad Texspin, SA de CV que a finales del 2008 pidió que se le dieran por cumplidas las obligaciones derivadas del fideicomiso, apenas un año después de su creación como empresa.

De este fideicomiso no se pudo completar el proceso de liquidación por tanta irregularidad detectada. Tampoco hay un informe que indique o justifique el impacto que tuvo en la economía y en la generación de empleo.

De hecho, varias de las empresas no alcanzaron el fin de generar y mantener 250 empleos mensuales y pagar un salario no inferior a los 200 dólares al mes.

En resumen, por qué a juicio de mi gobierno el manejo de este Fideicomiso que hizo la señora diputada Ana Vilma de Escobar debe ser investigado y deducir responsabilidades, en caso las haya?

Primero, porque de la evaluación y auditoría que hizo el BCR se determinó que no hubo transparencia en el proceso.

La Asamblea Legislativa aprobó $4,5 millones; sin embargo, en la ejecución, el valor de los fondos entregados ascendió a $38 millones 762 mil.

Ese valor en exceso, más de 34 millones, fue autorizado por la Viceministra de Hacienda, quien a su vez era miembro del Comité Calificador.

Según la ley, Hacienda solo puede hacer transferencias en caso de necesidades prioritarias y el apoyo a estas empresas NO puede considerarse prioritario.

Segundo, no se obtuvo evidencia o información del mecanismo de comunicación o llamamiento para que las empresas de los sectores productivos estratégicos accedieran a los beneficios. Tampoco de los criterios de asignación de los diferentes beneficios otorgados que justificaron el apoyo recibido.

Tercero, se beneficiaron a 15 empresas estableciéndose condiciones y criterios diversos para un aporte total de $38.8 millones.

Se pudo comprobar que el 43% de los fondos fueron destinados a propietarios comunes de 8 empresas en grupos de dos; es decir que aun cuando eran 15 fideicomisarios, los fondos fueron distribuidos a unos pocos accionistas, siendo, por tanto 12 accionistas, de 15 empresas los beneficiados. Hubo, por tanto, una concentración de beneficios en unos cuantos empresarios con la aprobación del Comité Calificador, presidido por Ana Vilma de Escobar.

Cuarto, los convenios firmados exigían a algunas empresas un número de empleos menores a los establecidos en el reglamento y las empresas NI SIQUIERA cumplieron con el mínimo de empleos requeridos.

Varias empresas se trasladaban empleados entre ellas para cumplir con el número de empleos; por otra parte, otras empresas cerraron, y sin embargo no se les requirió a esta empresas beneficiadas el reintegro de los fondos por incumplimiento del reglamento del Fideicomiso y del objetivo del proyecto.

Quinto, la distribución del Fideicomiso no fue equitativa y no destá fundamentada.

Al revisar la asignación de los beneficios del fideicomiso, se observa una evidente preferencia y desigualdad con respecto al resto de sectores y empresas, en apoyar al sector productivo textil.

En especial, a la empresa Confecciones la Libertad que en alianza con Hanesbrands recibieron $14.8 millones. Esta empresa fue administrada por el ex diputado Edwin Zamora.

De las 15 empresas beneficiadas, 10 son del sector textil. El reglamento no especificaba que se debía favorecer preeminentemente al sector textil y ni la manera de la distribución per cápita empleo-empresa

Sexto, el aporte del Gobierno a través de FECEPE a las empresas fue totalmente excedido en proporción al patrimonio colocado por los accionistas.

Por ejemplo, la empresa VANSON LEATHERS Y MBM INTERNACIONAL recibieron un aporte del gobierno del 6 mil 667% con respecto a su patrimonio.

Según el balance de Vanson presentado en el CNR, sólo pagaron 3,000 dólares de capital mientras que, de acuerdo a reportes de BMI, recibieron de FECEPE $200,000.

Séptimo, hubo incumplimiento del objeto del decreto en cuanto a generación de empleos y salarios mínimos a pagar entre ambas partes.

Se consideraban nuevos empleos aquellos que por primera vez se presentaran en las planillas posteriores a las firmas de los convenios. Las empresas en su mayoría no cumplieron con la generación de nuevos empleos en el número con el que se comprometieron.

Diez empresas no cumplieron con el cupo mínimo de empleos requeridos en los convenios. Los beneficios otorgados no fueron orientados a cumplir con el objetivo del decreto de mejorar la calidad y cantidad de empleos. Únicamente se destinó el 34% del fideicomiso para la generación de empleo y el resto (66%) para otros usos tales como logística, transporte, infraestructura, servicios básicos, etc. lo cual no fue uniforme entre los sectores económicos y empresas beneficiados

LA AUDITORIA DEL BCR CONCLUYO, POR TANTO, QUE FECEPE ACABO CONVERTIDO EN UNA DONACIÓN O UN SUBSIDIO DIRECTO A LAS EMPRESAS BENEFICIADAS Y EN CLARO INCUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS.

Existen por tanto evidencias suficientes de irregularidades cometidas que por alguna razón no fueron advertidas en la auditoria de la Corte de Cuentas que según la diputada Ana Vilma de Escobar se llevó a cabo y que la liberan de cualquier tipo de responsabilidad.

Este es un caso evidente de un uso patrimonialista del Estado en el que se emplearon recursos públicos para favorecer de manera ilegal a empresas relacionadas con funcionarios de gobierno de ese entonces.

Si para Ana Vilma de Escobar y ARENA esto no es un delito que debe ser investigado y esclarecido, entonces, me inclino por apoyar la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción que incluya en sus investigaciones el caso del manejo fraudulento de FECEPE, cuando esta diputada fue Vicepresidenta de la República y Presidenta del Comité Calificador del Fideicomiso.

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