Programa 45 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 45 – Editorial

Desde hace unos días, la derecha oligárquica impulsa una agresiva e intensa campaña mediática a través de la ANEP y algunas de sus afiliadas orientada a combatir una política contributiva progresiva y que permita la superación de la exclusión social y las graves desigualdades económicas que aún existen en nuestro país.

A través de videos en redes sociales y de pronunciamientos institucionales publicados en los diferentes medios de comunicación, este órgano de defensa de las posiciones e intereses de la derecha busca hacernos creer que el gobierno se queda con más de la tercera parte de nuestros ingresos sin que los impuestos cobrados redunden en beneficios concretos para la población.

Bajo el lema: “el gobierno sablea a la población”, la ANEP sostiene que al sumar todas las contribuciones fiscales que la población en general, pero sobre todo los asalariados, pagamos al Estado, ya sea por las retenciones de ley que se hacen a los salarios , o bien por los impuestos con los que se grava el consumo de bienes y servicios, una tercera parte de estos ingresos, independientemente del monto de los mismos, va a parar a las arcas del Estado bajo la forma de imposiciones tributarias.

La verdad que toda contribución tributaria no deja de ser una imposición contributiva que por ley el Estado establece a la población y que permite el funcionamiento del aparato y la burocracia estatal.

Sin los impuestos, el gobierno no tendría los recursos que necesita para funcionar y ejecutar el presupuesto público que año con año aprueba la Asamblea Legislativa.

Con los impuestos que se cobra a la población, el gobierno paga, además de los salarios de los empleados públicos, sus prestaciones y los bienes y servicios que consume la maquinaria estatal, las inversiones en infraestructura del Estado, como carreteras y puentes, servicios esenciales como salud, educación y seguridad pública, y la mayor parte de las políticas sociales, entre la que se incluyen los subsidios y transferencias que se trasladan a la población de más escasos recursos.

Los ingresos del estado provienen en los fundamental de las contribuciones fiscales que la población paga a partir de los diferentes impuestos que han sido aprobados por la Asamblea Legislativa o bien de las contribuciones municipales que cobran las diferentes alcaldías en el país.

Una parte de esos ingresos, la más reducida por cierto, está formada por las donaciones internacionales, fondos de cooperación, préstamos bancarios, o bien, por ingresos generados por algunas empresas públicas del país, como ANDA, CEL y sus subsidiarias, el aeropuerto internacional y los diferentes puertos del país, entre otras, que cobran por los servicios que prestan.

Con esto quiero decir que, efectivamente, sin los impuestos que pagamos los salvadoreños y salvadoreñas, el gobierno y los demás órganos del estado, no tendrían el combustible necesario para funcionar.

Por eso es que la ejecución del presupuesto público debe ser lo más transparente posible de modo que la población conozca con propiedad en qué se invierten los recursos que aporta al funcionamiento del Estado a través de los impuestos.

Lo que sí no deja de ser una mezquindad es afirmar que la población no ve los frutos de esta contribución tributaria por el estado deplorable en que se encuentran los servicios públicos en el país, o porque éstos acaban siendo despilfarrados por el gobierno.
Veamos sólo algunos ejemplos que ponen en entredicho la afirmación hecha por ANEP y complementada por intervenciones públicas de algunos diputados y diputadas de ARENA.

El gobierno proporciona a más del 80 por ciento de las familias salvadoreñas un subsidio al gas de uso doméstico que sólo el próximo año le representará una erogación de más de 90 millones de dólares, de acuerdo al proyecto de presupuesto general de la nación que ha sido presentado por Hacienda a la Asamblea Legislativa.

Sin en este subsidio, las familias de más bajos ingresos, que son la mayoría, tendrían que pagar el tambo de gas a precio de mercado, lo que afectaría sensiblemente sus ingresos.

Lo mismo habría que decir del subsidio a la energía eléctrica para los hogares que consumen abajo de los 200 Kilovatios-hora o bien de los barrios pobres favorecidos con el subsidio al agua.

El transporte público de pasajeros también recibe un subsidio, sin el cual la tarifa para el usuario que no cuenta con vehículo propio aumentaría en forma considerable. Este gasto representa para el gobierno una erogación anual de un poco más de 40 millones de dólares.

De dónde provienen los recursos que el gobierno necesita para cubrir estos subsidios esenciales para la población de más bajos ingresos sino de los impuestos que pagamos los salvadoreños, incluso de aquéllos que no recibimos los subsidios.

Siguiendo con la lista de servicios proporcionados por el Estado…

Las carreteras, calles y caminos vecinales, los puentes y los pasos a desnivel, el mantenimiento y reparación de estas obras de naturaleza vial, son construidas gracias a los impuestos que paga la población o bien por préstamos internacionales que luego el gobierno paga precisamente con los ingresos tributarios que recibe de la población.
Los servicios de salud pública que proporcionan las unidades de salud o centros de atención comunitaria, o bien, los hospitales, tanto generales como especializados; las miles de cirugías que se realizan cada año sin costo alguno; las medicinas que entregan los centros hospitalarios en forma gratuita; los controles materno-infantil que se realizan en las zonas rurales en forma domiciliar, entre otros servicios, también son pagados con los impuestos que se cobran a la población.

La educación brindada en las escuelas e institutos oficiales; los paquetes escolares gratuitos para más de un millón 400 mil estudiantes, desde parvularia hasta bachillerato; los cursos de alfabetización para adultos; las prácticas deportivas y de extensión cultural en los centros educativos del Estado, también se financian con los impuestos que paga la población.

El salario de los agentes de la policía y efectivos militares; el de médicos, enfermeras y trabajadores sociales; el salario de maestros y maestras; el de los obreros que reparan y construyen las carreteras y calles en nuestro país; el de los abogados que de oficio y sin costo alguno proporcionan servicios profesionales de asistencia jurídica en la Procuraduría General de la República; entre otros, también se cubren mes a mes con los impuestos que pagamos los salvadoreños.

Los servicios de programas especiales como Ciudad Mujer, que suman más de un millón y medio de usuarias en todo el país.

Las transferencias monetarias que se entregan a familias de escasos recursos a través de programas como Comunidades Solidarias, el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso dirigido a madres solteras y jóvenes en situación de algo riesgo, la Pensión para adultos mayores, se financian con recursos provenientes de los impuestos.

Créditos con intereses bajos como los del Banco de Fomento Agropecuario, mucho más bajos que los de la banca privada comercial; paquetes agrícolas para campesinos pobres; la asistencia técnica a cooperativas; también se cubren con los impuestos que paga la población.

En suma, todos estos servicios públicos y programas sociales y de ayuda económica a los que menos ingresos tienen son posibles gracias a los impuestos que pagamos los salvadoreños, es decir, a esa tercera parte de los ingresos que según la ANEP va a parar a las arcas del Estado.

Lo que ANEP y la derecha oligárquica no entienden, lo que no cabe en su lógica, es que los impuestos juegan también un rol redistributivo en países como el nuestro caracterizados por una alta concentración del ingreso y altos niveles de exclusión social. Y que si esos ingresos, que provienen, sobre todo de la tributación, no se utilizan para reducir la vulnerabilidad socio-económica de amplios sectores de la población, la pobreza y la desigualdad sería aún mayor de lo que es en la actualidad.

La campaña de la derecha oligárquica en contra de los impuestos no tiene como objetivo sensibilizar a la población, sobre todo asalariada, del impacto de la carga tributaria sobre sus ingresos. Con la información que he compartido esta tarde con ustedes y que los medios de derecha esconden es evidente que hay un impacto favorable de las políticas sociales y de las inversión pública, financiada por estos impuestos que se colectan, en las condiciones de vida de la población que asume el peso mayor de la carga tributaria.

Por esta razón, es que no estoy de acuerdo en buscar un aumento de los ingresos tributarios gravando con una contribución especial al consumo telefónico, ya que dada su naturaleza regresiva un impuesto de este tipo no permite una redistribución del ingreso sino por el contrario acaba golpeando la economía familiar de los más pobres.

Es decir, un impuesto como éste aunque permite colectar ingresos de formá más fácil y segura, en cambio golpea más a los que menos tienen, que son al mismo tiempo los más vulnerables a un deterioro de su capacidad económica.

Por otra parte, seguimos siendo un país con una de las cargas tributarias en relación al PIB más bajas de la región, muy a pesar de los esfuerzos realizados desde el 2009 para aumentarla a niveles similares a la de otros países del continente.

Sobre esto conviene hacer otro comentario a la posición de la ANEP y de ARENA frente a los impuestos.

Según la ANEP, más impuestos se traduce en menos oportunidades de empleo creándose un círculo vicioso que lleva a profundizar la pobreza y a aumentar la necesidad de programas sociales que generan más burocracia y más gasto.

En la lógica de ANEP y ARENA, los programas sociales son sinónimo de despilfarro porque aumenta el gasto corriente e improductivo del gobierno.

Además, los programas sociales, según esta gremial, generan dependencia económica en los más pobres quiénes acaban volviéndose una especie de parásitos que viven de la caridad del gobierno en lugar de ser incorporados al mercado laboral.

A eso se debe que ARENA siempre se opuso a la política social que se construyó desde el 2009 en el entendido que el gasto social es sinónimo de despilfarro que no saca de la pobreza a habitantes de un país.

Fue pública la posición de diputados de ARENA, quiénes pidieron que se recortara el gasto social, destinando para el caso el presupuesto que se invierte en la compra y entrega de paquetes escolares a más de un millón 400 estudiantes a la reparación de la infraestructura escolar.

Lo que estos sectores de derecha no entienden es que la vulnerabilidad de una buena cantidad de familias salvadoreñas es de tal profundidad que sin esas ayudas estatales los beneficiarios de los programas sociales no podrían incorporarse a la vida productiva en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de sectores de la población.

Los niños y jóvenes pobres del país sólo se mantendrán en el sistema educativo formal y ascenderán en la escala social si se les ayuda a sus padres con la entrega gratuita de uniformes, zapatos y útiles escolares, que pueden descontar de sus gastos mensuales.

Esta lógica de creer que más impuestos supone la pérdida de oportunidades de trabajo parte del supuesto que al gravar la actividad económica del país se des incentiva la inversión y por tanto el crecimiento económico.

Si eso fuera cierto, países como Costa Rica o Panamá, para hablar de dos de la región, o bien, economías en constante crecimiento en América Latina como la Peruana o la Chilena, ya habrían enfrentado problemas económicos tomando en cuenta que todos ellos tienen una carga tributaria superior a la de El Salvador.

En otras palabras, en estos países la población y los empresarios pagan más impuestos que en el nuestro y no obstante crecen en forma más acelerada.

No son los impuestos los que frenan el desarrollo y crean más pobreza.

Es la baja cobertura y calidad de la educación de la población, así como la fragilidad institucional, la poca inversión privada y la inseguridad lo que hace que un país sea menos competitivo y enfrente dificultades de crecimiento.

En el fondo, ANEP y ARENA reaccionan de acuerdo a dónde más les aprieta el zapato.

Ellos no se oponen a que se incremente el IVA en dos puntos porcentuales, aumentando con ello la regresividad del sistema tributario como tampoco se oponen a que se aumente la carga tributaria incorporando a los informales. A lo que se oponen es a que se afecte impositivamente los intereses económicos de la gran empresa privada. De ahí su reacción visceral ante iniciativas como el impuesto a los bienes suntuarios, al patrimonio, a las altas rentas, a los grandes capitales, y sobre todo, a las ganancias netas de las empresas más grandes del país.

Una propuesta como la que ha presentado la fracción de GANA en sustitución del impuesto al consumo telefónico promovido por el gobierno, de gravar con un 5% las utilidades netas arriba de los 500 mil dólares, debería ser considerado en el análisis que hará la Asamblea Legislativa con el propósito de buscar los recursos que requiere el aparato de seguridad pública en nuestro país.

No hay empresa que obtenga utilidades netas arriba del medio millón de dólares que vaya a quebrar o cerrar operaciones por el hecho de ser gravadas con un impuesto del 5% sobre esas utilidades. Si así fuera, TACA, que en sus balances de años anteriores reportaba pérdidas anuales para eludir el pago de la Renta, habría cerrado operaciones mucho antes que fuera adquirida por la multinacional colombiana AVIANCA.

***

En este programa y en otros en los que he estado he insistido en el caso FECEPE, el fideicomiso creado en el gobierno del ex presidente Saca y que fue manejado en forma discrecional y un tanto oscura por la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, justamente para aclarar si los más de 38 millones de dólares que llegó a tener este fondo especial fueron administrados en forma transparente y sin el propósito de beneficiar a unas cuantas empresas con las que había un claro conflicto de interés, de acuerdo a una auditoría realizada por el BCR.

Hasta la fecha no sabemos si la Fiscalía investigó o no el manejo de este fideicomiso y tampoco en que se basó la Corte de Cuentas para exonerar de responsabilidad administrativa y patrimonial a la entonces Vicepresidenta de Escobar, tal como ella misma lo ha dicho.

Esta vez dedicaré la segunda parte de programa de hoy para referirme al caso conocido como Infocentros, un ejemplo más del mal uso que ARENA hizo de los recursos del Estado cuando fue gobierno.

En marzo de 2011, este caso fue también denunciado por mi gobierno ante la Fiscalía General de la República por los integrantes del Consejo de Administración de Fondos FANTEL, quienes presentaron la documentación para que comenzara una investigación sobre una serie de irregularidades detectadas en la ejecución del proyecto.

A la fecha, la Fiscalía no ha informado de avances de la misma.

Pero, ¿En que consiste el caso Infocentros?

En enero de 1999, al final del gobierno Calderón Sol, se creó la Asociación Infocentros como una organización sin fines de lucro, siendo sus socios fundadores: Yolanda Mayora de Gavidia (en ese momento directora suplente de la Junta directiva del BMI y luego Ministra de Economía durante el gobierno Saca), Rafael Antonio Ibarra (en ese momento Director de Informática de la UCA), María Cecilia Gallardo de Cano (Ministra de Educación del gobierno Flores), Francisco de Sola (quien por muchos años fue Presidente de Fusades), Salvador Samayoa (miembro de la ya clausurada Comisión Nacional para el Desarrollo), Mirna Liévano de Marques (Ministra de Planificación en el gobierno Cristiani), Cristina Courtrigh y Clemente San Sebastián.

Tiempo después, la Asociación se reorganizó y nombró al señor Nicola Angelucci Silva como presidente (El señor Angelucci Silva, es bueno recordar, fue presidente del BMI y estuvo también en el Comité Calificador del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos de Sectores Productivos Estratégicos, conocido como FECEPE, del que ya hemos hablado en este programa)

En julio de 1999, a pocos meses de su creación, esta asociación firmó un contrato de arrendamiento por $90,000 para 3 años, con pagos mensuales de $2,500, con la señora Sara Margarita Silva de Angelucci, madre del señor Nicola Angelucci Silva. Se trataba de una propiedad en la que estarían sus oficinas principales.

En septiembre de ese año, la Asociación firmó un contrato de consultoría con la Red Científica Peruana por $1.6 millones para un plazo de 48 meses. Llama la atención la suscripción de este contrato millonario, cuando según sus estados financieros, la Asociación tenía en diciembre de 1999 un patrimonio de sólo 186 dólares.

Mientras esta asociación firmaba estos contratos, de forma casi paralela se comenzó a dar vida al proyecto Centros Comunales de Información, en el seno del Consejo Administrativo del Fondo, FANTEL. Este proyecto buscaba garantizar el acceso a herramientas de comunicación e información y para el cual se destinaron $10 millones, provenientes de la venta de la estatal ANTEL.

El Consejo Administrativo del Fondo que creó este proyecto estaba integrado por Juan José Daboub (Secretario Técnico de la Presidencia en el gobierno Flores y hermano del Presidente de ANEP, Jorge Daboub), José Luis Trigueros (Ministro de Hacienda del gobierno Flores), Miguel Lacayo (Ministro de Economía de ese mismo gobierno), Evelyn Jacir de Lovo (Ministra de Educación), Carmen Elena de Alemán (Vicepresidenta del BCR) y Salvador Urrutia (Ministro de Agricultura y Ganadería).

Este grupo de selectos ex funcionarios acordó nombrar, en julio de 1999, un Comité Consultivo para el proyecto de los Centros Comunales de Información.

El Comité Consultivo quedó presidido por Arnoldo Jiménez (hasta hace algunos días Director Ejecutivo de la ANEP), quién ya había sido contratado en esa época para hacer trabajos menores en la Secretaría Técnica de la Presidencia, trabajos por los que cobró $80 mil.

Como corolario, el Sr. Arnoldo Jimmenez fue el administrador suplente de la sociedad “Estrategas Internacionales, S.A. de C.V.” constituida por Francisco Flores y Juan José Daboub, al terminar la presidencia Flores.

Este dato es curioso, porque el señor Juan José Daboub ante la Comisión de la Asamblea Legislativa que investigó los donativos de China Taiwán, caso que aún espera la audiencia en un juzgado de instrucción, negó mantener en ese momento vínculos empresariales con el ex mandatario.

Pues es del caso, que este comité consultivo, presidido por Arnoldo Jiménez, en diciembre de 1999, recomendó al Consejo Administrativo del Fondo FANTEL la contratación directa de la Asociación Infocentros para que ejecutara el proyecto Centros Comunales de Información.

Para sustentar esta decisión argumentó que la Asociación Infocentros “era la única entidad especializada en El Salvador” con capacidad para desarrollar el proyecto.

El problema que este argumento nunca fue sustentado con un estudio de factibilidad, ya que no hay documento en donde quede constancia de que el referido Comité Consultivo haya buscado a otros posibles ejecutores.

Esta asociación, que tenía sólo unos cuantos meses de haber sido establecida, no tenía en ese momento cobertura nacional, uno de los requisitos para ejecutar el proyecto, ni tampoco tenía la capacidad financiera para llevar adelante un proceso de esta magnitud. Recordemos que la Asociación Infocentros tenía en diciembre de 1999 un patrimonio de apenas 186 dólares.

Sin embargo, a pesar de todas estas condiciones, el contrato fue suscrito en febrero del año 2000.

Fue un contrato entre Juan José Daboub, como representante del Fondo FANTEL y Nicola Angelucci Silva, como representante de la Asociación Infocentros.

Por medio de este contrato se entregarían $10 millones en calidad de préstamo y con cláusulas flexibles: el préstamo tenía 0% de interés y tres años de gracia.

Al adquirir estos recursos, la Asociación Infocentros se comprometió a establecer 100 centros comunales de información.

Durante los tres años siguientes a la recepción de los fondos, la Asociación recibió varios desembolsos que sumaron $9 millones y también otros recursos, a través del BMI, entidad que entregó por su cuenta cerca $4 millones y medio de otras instituciones estatales para este proyecto.

Cuando terminó el período de gracia y a la asociación le correspondía comenzar a pagar el préstamo iniciaron los problemas.

La asociación alegó, en ese momento, la inviabilidad del proyecto e incumplió los pagos.

Al final, de los 100 centros proyectados sólo se instalaron 40, es decir 60 menos de los convenido en el préstamo.

Ante el incumplimiento del pago, se llevó a cabo un arbitraje, pero el tribunal arbitral resolvió absolver a la Asociación Infocentros y entre las partes acordaron reestructurar las obligaciones del contrato.

La Asociación Infocentros, en el contrato suscrito con FANTEL, se había comprometido a entregar informes de los avances para solicitar los desembolsos, pero estos informes no se presentaron; sin embargo, recibieron los desembolsos oportunamente.

Además, la Asociación referida, tal como he explicado, tenía que instalar al menos 100 centros, pero solo instalaron 40. En qué se invirtieron entonces los más de $14 millones recibidos?

El proyecto tenía que ser autosostenible, pero la asociación no llevó a cabo un sistema de franquicias o cualquier otro método para lograrlo.

Con todas estas irregularidades, es evidente que estamos ante un caso de probable corrupción, en el que al menos se habría cometidos dos delitos: conflicto de intereses y malversación de fondos públicos, puesto que los recursos del préstamo que nunca se canceló provenían de las arcas del Estado.

Para entendernos mejor: En el año de 1999 se crea una asociación denominada infocentros, con reconocidos personajes del mundo privado que hoy demandan transparencia en la ejecución presupuestaria. El capital con el que inicia la Asociación fue apenas de $186.

A los pocos meses y sin haber desarrollado un tan sólo proyecto, el gobierno de Flores acuerda trasladar $10 millones a esta Asociación de los fondos provenientes de la venta de ANTEL. La asociación fue seleccionada a dedo y sin llenar los requisitos necesarios, para que desarrolle un proyeto que suponía la instalación de 100 centros comunales de información. Casi se podría asegurar que fue creada para manejar un proyecto gubernamental que sólo apareció meses después de su creación.

A la vuelta de los años, esta Asociación no alcanzó la meta trazada y para la cual recibió los recursos, ya que sólo se crearon 40 de los 100 centros prometidos.

A la fecha, ninguno de estos centros está en funcionamiento y el manejo de los recursos tampoco fue auditado. No existe rendición de cuentas de por qué sólo se crearon 40 centros de información y no los 100 proyectados, en qué se invirtió el dinero y cómo fue administrado.

Es claro que con esta operación financiera el país resultó perjudicado.

Un proyecto que iba destinado al desarrollo económico y social, un proyecto que sería auto sostenible a largo plazo, un proyecto que implicó el desembolso de $10 millones no sólo no se ejecutó como era debido sino que hasta la fecha no existe ninguna rendición de cuentas sobre el manejo de esos fondos.

ANEP, FUSADES y ARENA exigen transparencia y austeridad en el manejo del gasto público pero se quedan callados frente a este tipo de programas gubernamentales que en el pasado fueron manejados con evidentes irregularidades que deberían ser investigadas, esclarecidas y sancionadas…

Así como el manejo de FECEPE por la diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar, no ha sido investigado, tampoco este caso de probable corrupción y que refleja la forma cómo ARENA manejó los recursos públicos cuando fue gobierno, sigue en la impunidad.

De ahí la insistencia pública del Secretario de Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, para que ambos casos sean esclarecidos.

Me pregunto entonces: Con qué solvencia este partido político y sus diputados, algunos de los cuales ya eran legisladores cuando se crearon estos programas; o bien, directivos de la ANEP como Jorge Daboub, cuyo hermano decidió el traslado de los recursos FANTEL a una Asociación que no tenía la esperticia necesaria para desarrollar un proyecto para el que iban destinados los fondos en tiempos del ex presidente Flores, vienen ahora a exigir transparencia, probidad y eficiencia en el manejo del gasto público y se desgarran las vestiduras para oponerse a cuanto impuesto propone el gobierno así como a la aprobación del presupuesto que presentó el gobierno hace un par de días a la Asamblea Legislativa?

Con qué descaro, ARENA y la ANEP se oponen a la aprobación de nuevos impuestos y de nuevos préstamos de modo de cubrir los vacíos de financiamiento que pueda tener el presupuesto gubernamental bajo el argumento que el gobierno debe ser más austero si cuando fueron gobierno despilfarraron recursos sin dar cuenta de ello?

Vamos a creerle a estos señores sus acusaciones temerarias de supuestos actos de corrupción del gobierno anterior o de este gobierno si todo es parte de una campaña difamatoria mediática para ganarse la voluntad de la población y esconder las fechorías cometidas en el pasado y bajo un esquema de gobierno corporativo que estaba al servicio de los intereses de uno cuantos grupos empresariales?

La prédica de ANEP y ARENA es tan hipócrita como el supuesto interés del editorialista de El Diario de Hoy para que se castiguen las fortunas mal habidas y la evasión al fisco, siendo que este periódico está siendo fiscalizado por el Ministerio de Hacienda por la evasión del pago del IVA en compras hechas por la sociedad que no corresponden al giro ordinario de la empresa.

Primero paguen los impuestos adeudados o evadidos y después nos sentamos todos a discutir cuál es la política tributaria que mejor conviene al país entero…


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