Programa 46 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 46 – Editorial

El fin de semana pasado se llevaron a cabo, acá en San Salvador, tres concentraciones en contra de la impunidad y la corrupción.

Una de ellas, la de mayor asistencia ciudadana, fue convocada por organizaciones afines al FMLN en la Plaza El Salvador del Mundo para manifestarse en contra de la corrupción que ha caracterizado a los gobierno de ARENA.

La más importante y destacada demanda de estas organizaciones tenía que ver con la exigencia de justicia, pronta y cumplida, en el caso de corrupción por el que está incriminado el ex presidente Flores.

No faltaron, por supuesto, referencias a otros casos denunciados pero de los que no se conoce una investigación de carácter judicial como el del Fideicomiso para la generación de empleo, FECEPE, que manejó siendo Vicepresidenta de la República, la diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar.

La segunda concentración, con menos asistencia que la primera, fue convocada por ciudadanos independientes en la plaza Masferrer de la colonia Escalón, quiénes también demandaban el cese de la impunidad y la corrupción gubernamental, independientemente del signo ideológico y del partido al que hayan respondido las administraciones que debían ser investigadas. En esta actividad no hubo referencia a un caso de corrupción en particular.

Una tercera concentración, realizada en una de las Plazas Beethoven, se pronunció, por segunda vez, en contra de la impunidad y la corrupción, evitando referirse a casos puntuales, sobre todo, a procesos que se han iniciado en los tribunales de justicia en contra de dirigentes o de ex funcionarios de gobiernos de ARENA.
Esta concentración fue la misma que en una primera oportunidad, hace casi un mes, impidió que un grupo de jóvenes universitarios exigieran, a viva voz, justicia en el caso de los desvíos millonarios de los fondos de cooperación taiwanesa, y por el que está siendo procesado el ex presidente Francisco Flores.

Dos aspectos deseo resaltar de esta concentración, supuestamente de naturaleza ciudadana e independiente de intereses partidarios.

Primero, tuvo una asistencia considerablemente menor a la primera que se llevó a cabó hace un mes. En la primera oportunidad se manifestaron unas 300 personas, quiénes luego de un par de horas de discursos y consignas marcharon hacia la plaza Masferrer.

Esta vez no llegaron, en cambio, ni 150 ciudadanos, lo que evidencia el escaso compromiso con la lucha anticorrupción y en contra de la impunidad de sus asistentes originales afines a la derecha que ha gobernado el país.

Acá ya no vimos a directivos de las gremiales empresariales, ni a prominentes empresarios como el propietario de Almacenes Simán, tampoco a miembros de ARENA, que lograron infiltrarse en la actividad presentándose cínicamente como ciudadanos independientes sin ataduras partidarias. Tampoco percibimos el entusiasmo y la algaravía de los que participaron en la primera convocatoria.

Todo indica que se trata de una movimiento, que se vende como ciudadano e independiente, de naturaleza fugaz y destinado al fracaso.

A diferencia de otros países, como Guatemala y Honduras, por mencionar dos de la región; o bien en latitudes más lejanas como el continente Europeo, tal como ha ocurrido decenas de veces en España donde han protestado miles de ciudadanos en contra de los partidos políticos tradicionales; o incluso, en países del medio oriente en los que le han dado “vuelta” a gobiernos completos, incluyendo a sus Presidentes o Jefes de Estado, en lo que se ha dado en llamar la “primavera árabe”; acá en nuestro país, en cambio, este movimiento manejado por la derecha, tanto económica como política, no pasa de unas cuantas familias de empresarios y profesionales de clase media alta, insatisfechos con el gobierno de turno, apoyados por sus empleados y flanqueados por personal del servicio doméstico, que más que protestar llegan a cuidar a sus hijos pequeños.

Así no se construye un movimiento ciudadano, genuino e independiente, que recoja las principales reivindicaciones de la sociedad y menos con capacidad para incidir en los destinos del país.

La derecha, sobre todo, la derecha oligárquica, nunca ha incidido en el rumbo del país a través de expresiones ciudadanas de carácter masivo e incluyente, como si lo ha hecho la izquierda, sobre todo en los años setenta y ya con la guerra civil a lo largo de la década de los ochenta. Los que tenemos edad suficiente para haber vivido esa época de intensa lucha social, nunca olvidaremos las multitudinarias concentraciones de organizaciones sociales que precedieron al golpe de estado de Octubre de 1979, y las que sirvieron de antesala para la construcción de una fuerza revolucionaria, de carácter político y militar, que hizo posible la destrucción de la dictadura militar, así como la firma de la paz y las transformaciones políticas e institucionales que se derivaron de este proceso.

La derecha oligárquica no ha tenido más instrumentos de dominación e incidencia en los destinos y en el rumbo del país, que el aparato de gobierno, en los años en los que ha controlado la Presidencia de la República, así como su influencia determinante, a través del chantaje económico, en otros órganos del estado, como la Asamblea Legislativa y ahora la Corte Suprema de Justicia.

Es en los órganos del Estado que controla, o en los que busca volver a ejercer su control, donde se libran las batallas de una derecha oligárquica que desea construir un país, a su imagen y semejanza.

Para decirlo más claramente: las batallas decisivas de la derecha oligárquica las libra en la Asamblea Legislativa, en la Corte Suprema de Justicia, particularmente en la Sala de lo Constitucional y en la Sala de lo Contencioso Administrativo, y en la disputa por el gobierno central y los gobiernos municipales.

Por eso es que no les preocupa que esta segunda convocatoria haya sido un total fracaso y que el movimiento ciudadano creado hace un mes, en lugar de crecer vaya en retroceso como el cangrejo.

Por eso es que sus demandas son abstractas, generales y carentes de contenido…No exigen la resolución judicial de casos concretos como el del ex presidente Flores, pendiente de sentencia definitiva. No exigen que se aclaren y menos que se investiguen otros casos, denunciados ante la Fiscalía por funcionarios del gobierno anterior, como el del Fideicomiso para la generación de empleo, en el que se manejaron fraudulentamente más de 38 millones de dólares.

Tampoco promueven la imprescriptibilidad (no prescripción) de los delitos de corrupción con aplicación retroactiva (para atrás) y que permitiría el juzgamiento de actos de corrupción, que continúan sin ser investigados y que fueron cometidos muchos años atrás, luego que ARENA llegó al poder, justamente porque se trata de delitos que de acuerdo a nuestras leyes penales ya prescribieron y no es posible ejercer la acción penal para sancionarlos.

No es a través de concentraciones y movilizaciones ciudadanas que la derecha puede influir en los destinos y en el rumbo del país. Tampoco es a través de este tipo de movilizaciones que la derecha oligárquica puede tumbar al gobierno o al menos bloquear y frenar su funcionamiento.
Para eso tiene otros instrumentos de poder más efectivos y eficaces, donde puede ejercer mayor control.

Lo hace a través de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo, con la Sala de lo Constitucional. Lo puede hacer a través del órgano legislativo en la medida que pueda comprar voluntades y llegar a controlar una mayoría simple y bloquear la construcción de mayorías calificadas.

Y por supuesto, lo podrá hacer en el futuro en forma mucho más efectiva para sus intereses si llegara a recuperar Casa Presidencial en las elecciones del 2019.

De ahí la relevancia de las elecciones de funcionarios de segundo grado, como fue la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y como será la elección del Fiscal General..

La derecha oligárquica vetó la candidatura del actual Director de la Academia de Seguridad Pública, Jaime Martínez, bajo el pretexto que mantenía vínculos partidarios con el FMLN y que por tanto, no estaba asegurada su independencia frente a este partido político.

Más allá de las falsedades que llevaron a descartar al abogado Martínez como candidato a Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no se pusieron los cerrojos necesarios para impedir que al Organo Judicial lleguen funcionarios con claros vínculos económicos con los grupos empresariales en el país.

Esta es la verdadera independencia que se debió buscar en la pasada elección de magistrados que llevó a cabo la Asamblea Legislativa.

No hay que olvidar que además del impacto político y económico de buena parte de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, como es el caso del freno que esta Sala ha impuesto a la emisión de 900 millones de dólares en bonos del tesoro y que contribuirían a cerrar la brecha fiscal que enfrenta el gobierno y que dificulta su funcionamiento, también están las decisiones que debe tomar la Sala de lo Contencioso en casos preponderantes relacionados con el mundo de los negocios.

Es en esa Sala donde se resuelven casos de evasión de impuestos, contratos entre privados y el Estado, conflictos administrativos entre empresas privadas y el Estado, actos administrativos del Estado que lesione intereses empresariales, entre otros, por lo que el control de las decisiones es fundamental para los intereses de sectores empresariales ligados al gran capital.

Es en la Sala de lo Contencioso administrativo donde, para el caso, los grandes empresarios pueden quitarse las multas o el pago de impuestos que les cobra Hacienda. Esa en esa Sala donde se dirimen conflictos entre el Estado y las empresas, como el que ocurrió entre CEL y ENEL, o como el que se da cuando la SIGET decide reasignar frecuencias de radio y tv o anular reasignaciones de frecuencias televisivas, como fue el caso del Canal 11 adquirido por un grupo empresarial extranjero en competencia con las corporaciones televisivas nacionales.

Es evidente que el control de esa Sala, como del resto de Salas de la Corte Suprema de Justicia en general, es más importante para la derecha oligárquica que una manifestación o concentración ciudadana que demande el cese de la impunidad.

Por eso es que en los criterios y requisitos que estableció la Sala de lo Constitucional para designar funcionarios de elección secundaria, especialmente para elegir Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no figuró el criterio de la necesaria independencia económica de los candidatos a considerar.

No deja de ser una posición de “doble rasero” el que la Sala de lo Constitucional exija independencia partidaria y al mismo tiempo guarde un silencio cómplice ante las relaciones corporativas que un candidato a Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o a Magistrado de la Corte de Cuentas, incluso a Fiscal General de la República, pueda tener con la derecha oligárquica.

De hecho el Magistrado actual de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime, navega con bandera de independencia político-partidaria pero no puede decir lo mismo de las relaciones que antes de ser Magistrado y en el ejercicio profesional de la abogacía construyó con sectores del gran capital.

Lo mismo habría que decir de Magistrados recién electos que fueron propuestos por FUSADES y las gremiales empresariales del país. Lo menos que puede esperarse de ellos es que una vez en el cargo respondan a los intereses y proyectos políticos de estas Fundaciones privadas y Organizaciones del sector empresarial.

Ahora que la Asamblea Legislativa se prepara para una nueva elección, como es el cargo de Fiscal General de la República, los diputados que conforman la subcomisión especial que se ha creado para tal propósito deberían garantizar que más allá de los vínculos partidarios de los candidatos lo que habría que asegurar es que el elegido no responda a los intereses de la derecha oligárquica.

Por eso me preocupa que en esta comisión especial, como ocurrió en el caso de la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra por parte de ARENA un diputado jenuflexo que representa los intereses del grupo empresarial que lidera el ex presidente Cristiani.

Es mucho mejor para el país escoger a un abogado probo, independiente y competente, que se haya atrevido a enjuiciar o a enfrentar esos intereses, que uno que resulte dócil ante los mismos, como el que seguramente apoyará la fracción parlamentaria de ARENA.

***

Esta semana fuimos sorprendidos por una decisión de Corte Plena, constituída por la mayoría de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la que se ordenaba abrirle un expediente judicial en un juzgado de lo civil y en uno del área penal, al diputado por el PCN, Reynaldo López Cardoza, por el delito de enriquecimiento ilícito.

En el caso del juicio civil éste debe abrirse luego de la resolución de la Corte, quedando de inmediato congelados los bienes y cuentas del diputado Cardoza y de su grupo familiar mientras dura la investigación y se llega a una decisión final, ya sea absolutoria o condenatoria.

En cambio en el caso del juicio penal, éste sólo podrá iniciarse luego que la Fiscalía acuse penalmente al diputado en cuestión y la Asamblea decida por mayoría despojar del fuero constitucional del que goza López Cardoza.

Entre tanto, el diputado es inocente en apego al precepto constitucional que reza que toda persona será considerada inocente mientras no se demuestre lo contrario en un proceso judicial y de acuerdo a las leyes del país. Es lo que se conoce como “presunción de inocencia”.

Más allá de las valoraciones que hace la Corte Plena, la que considera que el diputado López Cardoza no demostró en su declaración patrimonial de dónde provenían los recursos con que financió su campaña y cómo fue que se hizo de varios bienes inmuebles, los que de paso pagó al contado, así como un par de depósitos bancarios de su esposa, en los que tampoco explica su origen, el procedimiento que siguió este órgano del Estado para abrir esta investigación debería llamarnos la atención, sobre todo porque contradice acuerdos y resoluciones anteriores de la misma Sala de lo Constitucional.
Allá por el año 2005, cuando el entonces jefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Pino Cáceres, intentó investigar el origen de los depósitos bancarios declarados por el ex presidente Flores y de algunos de sus ex funcionarios, la Corte Plena bloqueó esta iniciativa y resolvió que ese tipo de investigaciones sólo podía realizarlas la Corte Plena y no la sección de Probidad de la misma Corte.

El asunto fue cerrado de inmediato, impidiéndose una investigación que habría sacado a luz el origen de esos depósitos bancarios. El jefe de probidad, Pino Cáceres, decidió, en consecuencia, renunciar ante semejante intromisión en sus funciones y en sus facultades constitucionales.

Sin embargo, hace un par de años, la Corte Suprema de Justicia, ya en manos de los Magistrados actuales, le devolvió esta facultad constitucional a la sección de Probidad, con lo que quedaba de nuevo habilitada a realizar este tipo de investigaciones bancarias, como parte de la auditoría que realiza a las declaraciones patrimoniales presentadas por los funcionarios que inician sus cargos o que concluyen sus labores.

Pese a contar con esta facultad, esta misma Corte, que como dije rehabilitó en sus funciones a la sección de Probidad, ha creado una subcomisión integrada por varios magistrados, entre ellos Florentín Meléndez, para abrir investigaciones patrimoniales y ordenar el inicio de procesos judiciales en contra de los investigados, constituyendo de esta forma un organismo paralelo a la sección de Probidad y despojando a esta sección de la iniciativa y facultad para realizar auditorías a las declaraciones presentadas.

De hecho, el proceso civil que se le ha abierto al diputado Cardoza por enriquecimiento ilícito fue investigado por esta comisión de tres Magistrados y ordenado por la Corte Plena y no por la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Tengo información que los técnicos de la sección de Probidad no participan de esta comisión, por lo que no se garantiza que las investigaciones gocen de la suficiente imparcialidad, calidad técnica y profesional y menos de independencia de criterio al momento de escoger a los investigados y conducir las investigaciones.

Nadie garantiza que los funcionarios o ex funcionarios investigados, una vez han presentado su declaración patrimonial, serán respetados en su presunción de inocencia y menos que no serán investigados por revanchismo político o por indicación de algún partido político o grupo empresarial.

Con esto no estoy defendiendo al diputado Cardoza, quién deberá, como ha dicho, demostrar su inocencia en los tribunales del país, ya que de lo contrario será juzgado y sentenciado por el delito de enriquecimiento ilícito.

Lo que quiero hacer ver es que a las instituciones hay que dejarlas funcionar para que evolucionen y que en todo caso, en el ejemplo de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, se le debería haber fortalecido en su presupuesto y en su capacidad técnica, en lugar de montarle una comisión de tres Magistrados, quienes no pueden dar garantías de independencia de criterio y menos de profesionalismo, esperticia y capacidad para realizar una investigación de esta naturaleza.

Sobran ejemplos de resoluciones cuestionadas de la Sala de lo Constitucional en las que se ha buscado afectar el funcionamiento del órgano ejecutivo por el sólo hecho de estar en manos del FMLN. O bien, de sentencias de esta misma sala que han sido emitidas para favorecer al gran capital com fue el caso de la declaratoria de inconstitucionalidad del pago anticipado del 1% del impuesto sobre la Renta que le permitía al Ministerio de Hacienda detectar a tiempo casos de elusión fiscal.

Los mismo podría decirse de la sentencia que emitió esta Sala sobre el mecanismo de la subasta pública para acceder al espectro radio eléctrico del país y la renovación automática de frecuencias , con lo que se ratifica la concentración del actual esquema mediático y se bloquea la entrada de nuevos operadores a partir del 2017, cuando cumplen 20 años las concesiones actuales.

Para algunos operadores como ARPAS con esta sentencia se pone el interés económico de unos cuantos por encima del interés general de la nación. Y de esta decisión participó Florentín Meléndez, uno de los integrantes de la comisión de Magistrado que se ha creado para suplantar las investigaciones de la sección de Probidad.

Quién nos garantiza que con esta decisión la Corte Suprema de Justicia no esté iniciando una cacería de brujas, empujada por el partido ARENA y la derecha oligárquica del país.

Ojo con eso…

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