Programa 47 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 47 – Editorial

Voy a dedicar este programa a analizar un tema que ha estado presente en los medios de comunicación en lo que va de la semana.

Me refiero a las necesidad que tiene el gobierno de un presupuesto extraordinario y específico para financiar los planes de seguridad.

Hace unos días el Director de la PNC, Comisionado Mauricio Landaverde, sostuvo en la interpartidaria que sólo para este año el gabinete de seguridad requería de una partida presupuestaria adicional a los fondos aprobados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2015, de unos $120 millones, con los cuales se cubrirían las acciones que contempla el Plan El Salvador Seguro, así como el equipamiento de la Policía y las Fuerzas Armadas, en su tarea de apoyo a las labores de seguridad pública.

Según Landaverde, y ésta es también la posición de todos los integrantes del gabinete de seguridad, el gobierno no cuenta con estos recursos por más que ARENA sostenga que hay suficiente dinero en las arcas del Estado para financiar el nuevo Plan de Seguridad.

De modo que para garantizar una más efectiva acción de combate y contención de la criminalidad, sobre todo, la provocada por las pandillas, el gobierno requiere de una partida especial que no puede cubrirse con los fondos disponibles, tanto provenientes de préstamos internacionales ya aprobados como por el presupuesto de este año fiscal.

Hasta ahora, tanto el FMLN, como GANA, PCN y PDC, han coincidido con el gobierno en la necesidad de estos recursos extraordinarios. La diferencia radica en la fuente de financiamiento.

Para el FMLN, la recolección de estos recursos debe ser expedita e inmediata, por lo que no renuncian a tasar las comunicaciones telefónicas con una contribución especial, de un 10 o incluso de un 5% de la factura que pagamos los salvadoreños que consumimos servicios de telefonía.

Se trata, como he sostenido en otras ocasiones, de un impuesto regresivo que aún bajando el porcentaje de tasación del 10 al 5%, afecta al que menos tiene.

Para evitar este impacto, la SIGET ordenó a las empresas telefónicas que operan en el país reducir hasta en un 13% las tarifas de telefonía fija y celular, de modo de compensar el pago adicional que los consumidores deberán hacer con el nuevo impuesto.

Quedarían fuera de esta reducción, los servicios de internet y cable y por supuesto, el precio de los celulares y accesorios, que seguirían manteniendo el valor actual de mercado.

De aplicarse la medida, tal como fue anunciada inicialmente, el gobierno recolectaría cerca de $140 millones, con lo cual financiaría el Plan de Seguridad en lo que falta del año.

Si se aprueba una contribución menor, del 5% a los servicios de telefonía, la cantidad a colectar se reduciría a cerca de la mitad de lo proyectado, es decir a unos $70 millones, con lo que se generaría un faltante que podría ser cubierto con otros impuestos, como el propuesto por GANA del 5% a las utilidades de las empresas arriba de $500 mil, o bien, el propuesto por el PCN de tasar actividades específicas como los casinos, las armerías y las agencias de seguridad privada.

El argumento del gobierno es que aún cuando un impuesto al consumo afecta a la población en general, con la decisión de la SIGET de bajar las tarifas de telefonía a partir del 1 de Noviembre, este impacto se reduce considerablemente. Con la ventaja adicional que un impuesto como éste es de fácil recolección.

En todo caso, este es un tema que aún no logra el consenso necesario como para ser sometido a aprobación de la Asamblea Legislativa.

Los únicos que se oponen a la implementación de nuevas medidas impositivas son ARENA y sus satélites empresariales como ANEP, así como sus tanques de pensamiento, FUSADES y FUNDE.

El argumento de estos es que nuevos impuestos se traducirán en un desestímulo a la inversión, lo que provocará el cierre de empresas con el consiguiente efecto en el empleo y los salarios.

Sostienen además, que los impuestos afectan a la población en general, la que ya paga suficientes contribuciones fiscales que se descuentan de sus ingresos.

ARENA y ANEP además, son de la opinión que el gobierno cuenta con suficientes recursos, dado que sólo ha ejecutado la mitad del presupuesto aprobado para este año, y que en lugar de aumentar la carga impositiva debería recortar gastos no esenciales, como salarios de funcionarios públicos, viajes al exterior, viáticos y gastos de representación, vehículos de lujo y por supuesto lo que ya se invierte en programas sociales y subsidios.

Esta última propuesta de la derecha oligárquica es la que deseo comentar detenidamente…

Qué significa recortar gastos no esenciales para ARENA y ANEP?

No es primera vez que la derecha, tanto empresarial como partidaria, formulan esta propuesta.

Ya en mi gobierno, más o menos a la mitad de la gestión, se aprobó un decreto ejecutivo que congelaba el 10% de los bienes y servicios del Estado, además de suspender la contratación de nuevos empleados públicos así como la negociación de aumentos salariales.
No veo en qué mas se puedan reducir este tipo de gasto a menos que el gobierno apruebe una reducción drástica de los salarios devengados o se suspenda todo tipo de viajes, incluyendo las misiones oficiales al exterior y la adquisición de cualquier tipo de vehículo o de los bienes y servicios que requiere la burocracia en su funcionamiento normal.

De todos modos, aunque se adoptara ese tipo de medidas extremas, el ahorro no pasaría de un par de millones de dólares al año. Cantidad que no alcanzaría a financiar las necesidades en materia de seguridad que ha planteado la PNC y el Ministro de Justicia y Seguridad Ciudadana.

El ajuste fiscal tendría que ser más drástico aún para alcanzar los $120 millones que se requieren cada año.

Mientras se dejen intactos los ingresos del Estado, el recorte más significativo estaría entonces por el lado del gasto social, sobre todo, si se suspenden o se reducen algunos programas estratégicos o se eliminan los subsidios.

Desde hace ratos, ARENA y ANEP vienen insistiendo que el gobierno debería renunciar al financiamiento de programas en educación, como por ejemplo, la entrega de paquetes escolares y el refrigerio escolar.

Diputados de este partido político han sostenido que el gobierno debería dejar de entregar útiles, zapatos y uniformes escolares y focalizar o reducir la entrega de la merienda escolar, y dejarla sólo para las zonas rurales del país.

A eso obedece la crítica que en estos días ha hecho El Diario de Hoy al programa de alimentación escolar en el sentido que, según este periódico, no ha tenido el impacto ni los resultados esperados.

Durante la pasada campaña electoral para el 2014, el candidato a la presidencia de ARENA, Norman Quijano, sostuvo en diferentes ocasiones que de ganar la Presidencia reduciría los fondos destinados al programa de entrega del paquete escolar gratuito, al que llegó a calificar como un programa populista y asistencialista.

ANEP mantiene esta misma visión desde hace años.

A principios del gobierno de Francisco Flores, la directiva de ANEP propuso la privatización de los servicios públicos, como el agua y la generación de energía eléctrica, bajo el entendido que de esta forma se liberarían recursos para la inversión productiva y de apoyo al sector privado.

En manos privadas, la tarifa de los servicios pasaría a ser determinada por el mercado independientemente de la capacidad adquisitiva de la población receptora de los mismos.

Es de entender que en una lógica empresarial, los subsidios que actualmente entrega el gobierno en el consumo del agua, la energía eléctrica, el gas de uso doméstico y el transporte de pasajeros, no tendrían ninguna sentido y tenderían a desaparecer.

Si eso hubiera ocurrido, si se hubieran privatizado los servicios esenciales y se hubieran por ende eliminado los subsidios, la población, sobre todo la de más bajos ingresos, estaría pagando por el agua, la energía eléctrica, el gas y el transporte de pasajeros un precio mucho mayor al actual.

Por esos años, ANEP propuso además una reducción del impuesto a la renta para trabajadores y empresarios y un aumento en la tasa del IVA, la cual ya había subido dos puntos porcentuales durante el gobierno anterior de Armando Calderón Sol, para compensar la caída en los ingresos tributarios que provocó la eliminación del impuesto al patrimonio que aprobó el gobierno de Duarte pero que derogó la primera Presidencia de ARENA, la de Alfredo Cristiani.

La derecha oligárquica siempre ha apoyado los impuestos de carácter regresivo en detrimento de los impuestos específicos a las altas rentas, el patrimonio y las ganancias empresariales.

Bajo el argumento que impuestos de esta naturaleza terminan afectando el crecimiento económico y la generación de empleo, este derecha ha vetado cualquier iniciativa que se haya pretendido promover en este sentido.

De hecho, aún permanece en estudio de la Asamblea Legislativa una propuesta que se hizo casi al final del gobierno anterior, de grabar los bienes inmuebles no productivos destinados al ocio y el entretenimiento, cuyo precio de mercado fuera mayor a los $300 mil.

La verdad que no conozco ninguna gran empresa en el mundo que haya debido de cerrar sus operaciones por tener que pagar un impuesto por las utilidades generadas, o bien, una empresa que haya quebrado porque sus propietarios deban pagar un impuesto por sus altas rentas o por su patrimonio personal y familiar.

Por supuesto que si hay casos de litigios entre estas grandes empresas y el gobierno, las que se niegan a pagar sus impuestos o construyen artificios con apariencia de legalidad para pagar menos o no pagar nada.

En es el caso de la empresa de aviación comercial TACA, la que antes de ser comprada por AVIATECA declaraba pérdidas para pagar un impuesto menor al adeudado al fisco. Que yo sepa, TACA nunca amenazó con cerrar operaciones y menos se quejo de que había perdido rentabilidad por los impuestos que estaba obligada a pagar.

Ninguno de los nuevos impuestos que fueron aprobados por el gobierno anterior provocó el cierre de empresas o disminuciones sensibles de su rentabilidad al grado de tener que despedir trabajadores o bajar salarios.
El ciclo vicioso que denuncia ANEP, en el sentido que más impuestos es sinónimo de cierre de empresas y desempleo, no pasa de ser una estrategia para afectar el funcionamiento de este gobierno, bajo la lógica que “asustar con el petate del muerto” puede llevarles a pagar un costo menor por la inseguridad que vive el país.

En sus argumentos de oposición a nuevos impuestos o más deuda, como mecanismos para hacer llegar más ingresos al Estado, la derecha oligárquica también sostiene que el país se ha endeudado a un ritmo acelerado en los últimos seis años de gobierno sin que se vean los resultados positivos de ese endeudamiento.

En programas anteriores he comentado en qué se emplean los impuestos que todos pagamos al Ministerio de Hacienda y cómo sin esos ingresos no podríamos cubrir el servicio de la deuda y el financiamiento de importantes programas sociales y proyectos de inversión pública.

Si no existieran desde hace 6 años programas sociales como Ciudad Mujer, la entrega de paquetes escolares, el vaso de leche, la merienda escolar, la pensión básica para adultos mayores, las transferencias monetarias que implica el programa comunidades solidarias y el PATI (Programa de apoyo temporal al ingreso dirigido a madres solteras y jóvenes que viven en municipios en extrema pobreza), y si además no existieran los subsidios al agua que reciben las zonas residenciales más pobres del país, el subsidio al gas que le permite a más de un millón de hogares pagar un precio menos por el tambo de gas de 25 libras, o bien, el subsidio a la energía eléctrica para hogares que consumen hasta 200 kw-hora al mes y el subsidio a la tarifa del transporte de pasajeros, estos servicios serían mas caros y las condiciones de vida de la población habrían empeorado aún más.

ARENA, ANEP, FUSADES y FUNDE no alcanzan a ver estas realidades porque no son sensibles a los problemas de la gente.

Por eso utilizan un discurso distorsionado en contra de los impuestos en la medida que no alcanzar a ver que sin el pago de ellos ninguno de estos programas de beneficio a la población serían posibles.

De ahí su propuesta de reducir gastos gubernamentales. Lo que ellos mezquinamente califican de despilfarro no es otra cosa que los recursos que el gobierno destina al financiamiento de su estrategia social.

Por supuesto que si se quitan estos programas de beneficio para la población de más bajos recursos quedarán libres los ingresos que el gobierno demanda para financiar el Plan de Seguridad, sin necesidad de adquirir más deuda o de cobrar más impuestos.

Cuando la ANEP sostiene que en los últimos seis años, el país se ha endeudado en forma acelerada, que además ha tenido más ingresos tributarios que cualquier otro gobierno anterior y que pese a ello no se percibe ningún tipo de beneficio, olvida que en el 2009 recibimos un país con una deuda que sobrepasaba el 45% del PIB, que la deuda de los gobiernos de ARENA servía para apoyar a los grupos empresariales más poderosos del país que hacían negocios con el Estado y que de eso muy poco o casi nada veían los salvadoreños de menores ingresos.

ANEP intencionalmente olvida que la deuda de pensiones que el gobierno debe pagar actualmente se originó a inicios del gobierno Flores cuando se emitieron en dos oportunidades bonos del tesoro para cubrir parte de la deuda previsional que ya comenzaba a crecer por esos años.

Se olvida también, que ARENA descapitalizó al Seguro Social y al INPEP, trasladando forzosamente, por mandato de ley, toda las cotizaciones de la población jóven asalariada del país al sistema privado constituído por las AFP´s a fin de asegurarles su rentabilidad, dejando sin recursos al sistema previsional gubernamental para pagar a los pensionados que se quedaron en ese sistema…
Esa es la crisis del sistema de pensiones que debemos resolver en la actualidad y que fue generada en los gobiernos de ARENA, sin que nadie de ellos se haga cargo de la responsabilidad que tienen en el descalabro del sistema.

***

Me di cuenta esta mañana que la diputada Ana Vilma Escobar de ARENA había interpuesto una demanda por difamación y calumnia en contra del Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Marcos Rodríguez.

La base del argumento de la diputada es que el funcionario de la Presidencia la difamó y calumnió al atribuirle un delito de corrupción que no sólo no cometió sino que cuenta con las solvencias necesarias de parte del órgano contralor del país como es la Corte de Cuentas de la República. Por lo que sus acusaciones son temerarias y sólo pretenden desprestigiarla y afectarle en su honor e imagen.

Sobre esta acusación deseo hacer varios comentarios.

Primero, para que se constituya el delito de difamación la diputada tendría que demostrar que el supuesto difamador lo hizo con evidente dolo, es decir, con el único propósito de afectarle en su imagen y honor.

Tengo entendido que cuando Marcos Rodríguez hace referencia, como lo hice yo también siendo Presidente de la República, al manejo poco transparente de un fideicomiso para la generación de empleo conocido como FECEPE, lo hace porque consta en su poder una auditoría especial realizada por el Banco Central de Reserva, que, contrario a lo asegurado por la referida diputada de Escobar, es el ente autorizado para auditar el uso de fideicomisos que crea el Estado para beneficio de particulares.

Es del caso que de acuerdo a esta auditoría gubernamental, FECEPE fue administrado por la entonces Vicepresidenta de la República y Presidenta de CONADEI, Ana Vilma de Escobar, quién por decreto legislativo era además la Presidenta del Comité calificador y asignador de los recursos con los que contaba el fideicomiso.

Justamente lo que cuestiona la auditoría del BCR, realizada en el gobierno anterior, es el manejo poco transparente que se hizo de las asignaciones de los fondos por el comité que presidía la entonces Vice Presidenta de la República así como la falta de una evaluación del impacto del fideicomiso en la generación de empleo y la apertura de nuevas empresas de capital extranjero.

El Secretario de Transparencia no ha acusado a nadie en particular y menos a la diputada de Escobar de ningún delito. Lo que ha pedido es una exhaustiva investigación por parte de la Fiscalía General de la República de modo de transparentar el uso de recursos públicos que llegaron a totalizar más de $38 millones y que fueron asignados y manejados por la diputada de ARENA que hoy se siente agredida.

Segiundo, y esto me llama poderosamente la atención, es la IMPUNIDAD con que diputados de ARENA acusan a funcionarios del gobierno anterior de corrupción, incluyendo a este servidor cuando fui Presidente de la República, en casos que no han sido demostrados penalmente y que gozan de los finiquitos necesarios emitidos por la Corte de Cuentas de la República, y en cambio califican de persecución política una demanda genuina de investigación, al grado de acusar de difamación y calumnia a un funcionario del gobierno actual cuando uno de ellos es el señalado.

Que me explique la diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar, por qué en su caso una solvencia de la Corte de Cuentas de la República, relacionada con la asignación y manejo que hizo ella siendo Vicepresidenta de la República de más de $38 millones que constituían el fideicomiso para la generación de empleo, FECEPE, si tiene validez legal y basta para demostrar que ella no cometió delito alguno cuando manejó esos fondos públicos, y no aplica la misma lógica cuando se trata del caso del Chaparral y el pago a la empresa constructora ASTALDI durante el gobierno anterior, siendo que este caso cuenta con 4 auditorías de la Corte de Cuentas que exoneran de responsabilidad al gobierno y a la junta directiva de CEL de esos años?

Para decirlo con mayor claridad y rigor: por qué en el caso de la diputada de Escobar una solvencia de la Corte de Cuentas si tiene validez para demostrar que en el caso FECEPE no ha habido corrupción y en el caso del Chaparral 4 solvencias de la misma Corte de Cuentas que a ella la exoneró no tienen ningún peso legal ni probatorio?

O todos en el suelo o todos en la cama mi estimada Diputada de ARENA…

Si para ud y sus compañeros diputados, señora diputada, esa solvencia es prueba suficiente que no ha cometido delito y por tanto, en su opinión deben cesar los señalamiento de funcionarios de este gobierno sobre el caso FECEPE hacia su persona, yo le pediría que de la misma manera, su partido y la ANEP deberían cesar de calificar de corrupción un caso que comienza a ser investigado por la Fiscalía, sin que haya un informe concluyente al respecto, y que además cuenta con 4 auditorías de la Corte de Cuentas de la República en las que no se cuestiona ni el proceso de negociación de CEL con la empresa italiana ASTALDI para dar por cerrado el contrato, ni tampoco el pago que se hizo a la misma.

¿O acá se aplica aquello de “lo que es bueno para mí, no necesariamente debe serlo para mis adversarios…”?

Lamento la imprudencia de la diputada de ARENA al acusar con tanta ligereza al Secretario de Transparencia de difamación y calumnia, siendo que existen documentos oficiales que dan cuenta del manejo irregular que se hizo de este fideicomiso.

Y lamentó aún más la impunidad con que el partido político de esta diputada acusa sin fundamentos al gobierno anterior de actos de corrupción sin arrojar ni un tan sólo elemento de juicio que haga creer que están en lo cierto.

El propósito de tirar una “cortina de humo” en momentos en que está por decidirse la suerte del ex presidente Flores en el caso de los desvíos millonarios de fondos provenientes de la cooperación taiwanesa es evidente.

Relacionado


0 comments