Programa 48 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 48 – Editorial

En el programa de hoy quiero llamar la atención sobre la cobertura informativa que ha predominado en los últimos días, relacionada con el tema de la probidad pública.

Los grandes medios de comunicación, tanto escritos como televisivos, han dedicado una atención desmesurada a las investigaciones que la Corte Suprema de Justicia lleva a cabo sobre el patrimonio de funcionarios y ex funcionarios de gobierno, tanto del legislativo como del Ejecutivo, siendo que una de las funciones de la Sección de Probidad de este órgano del Estado es justamente la de auditar las declaraciones patrimoniales que los servidores públicos están por mandato de ley obligados a presentar, tanto al inicio de sus funciones como en la finalización de sus cargos.

No es extraño, entonces, y mucho menos debe provocar morbo entre la ciudadanía y menos en la clase política, el hecho que la Sección de Probidad dedique tiempo a auditar todas y cada una de estas declaraciones.

La Constitución de la República establece esta facultad y lo menos que puede hacer esta dependencia judicial, me refiero a la Sección de Probidad de la CSJ, es cumplirla.

Otra cosa diferente, y eso si debe llamarnos a reflexión, es por qué de las más de diez mil declaraciones que recibe, entre las que destacan las de funcionarios de la más alta jerarquía como presidentes de la república, ministros, secretarios de la Presidencia, diputados, magistrados, fiscales, jueces y alcaldes, entre otros, la atención de la Corte Suprema de Justicia, de diferentes organizaciones ciudadanas, como FUNDE, y de los grandes medios de comunicación, esté puesta en sólo 13 ex funcionarios, entre ellos los últimos tres ex presidentes de la república.

Que haya interés en la auditoría del patrimonio del ex presidente Flores no sería extraño, ya que está siendo enjuiciado justamente por el delito de enriquecimiento ilícito.

De hecho, una de las primeras pruebas en contra del ex presidente que supongo debió solicitar la Fiscalía es el análisis de las declaraciones patrimoniales del ex mandatario, a fin de determinar si hubo o no un incremento no justificado de su patrimonio, sobre todo, en el período en que recibió varios cheques con sumas millonarias a su nombre por el gobierno de China-Taiwán.

Ahora, el interés en las otras auditorías, la del ex presidente Saca y la de mi patrimonio personal y familiar, así como la de algunos diputados y ex diputados, como es el caso del ex presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, no cabe ninguna duda que tiene un claro tinte político, susceptible de ser manejado al antojo y conveniencia de quiénes están presionando para que se conozcan y sean del dominio público.

La alharaca que se ha armado en torno a estas auditorías, especialmente la de los ex presidentes, sólo tiene sentido si lo vemos como parte de una estrategia de desgaste político, motivada por el revanchismo y la vendetta política que viene siendo promovida por la derecha oligárquica desde hace varios años atrás.

Y ¿Por qué aseguro esto?

Una auditoría de las declaraciones patrimoniales es un procedimiento habitual que la Sección de Probidad de la CSJ lleva a cabo una vez un funcionario que cesa en sus funciones presenta su declaración patrimonial, la cual es contrastada con la declaración presentada al inicio de su mandato.

El que se realice una auditoría del patrimonio de un funcionario o ex funcionario no significa que se haya cometido algún delito o que haya habido un incremento no justificado del patrimonio personal o familiar auditado. Ni siquiera que haya indicios de irregularidades que deban ser investigadas judicialmente.

Cuando la prensa, sobre todo escrita, sobre dimensiona la realización y posterior publicación de estas auditorías no deja de generar cierto morbo en torno a ellas o en torno al funcionario auditado.

Los tres periódicos, que circulan por la mañana, en este día destacan que la Corte Suprema de Justicia tiene hasta el 21 de Diciembre de este año como plazo para entregar las auditorías de tres ex presidentes, entiéndase, las de Flores, Saca y Funes, solicitadas por FUNDE, particularmente por el ciudadano Roberto Burgos.

El hecho que se realicen estas auditorías y se establezca un plazo para concluirlas no significa que se haya cometido un delito, como para ganar tanta relevancia mediática.

Lo único verdaderamente relevante de esta información es que la Sección de Probidad de la CSJ se ha atrasado en la realización de este examen de cuentas, que debió haber concluído meses atrás, e incluso, años atrás, como es el caso de la del ex presidente Flores que dejó el gobierno hace más de diez años o la del ex presidente Saca que concluyó su mandato hace más de seis años.

En mi opinión, lo que habría que destacar entonces es que la Corte Suprema de Justicia, incluyendo la actual, no ha cumplido en forma debida con una de sus misiones constitucionales, como es la de recibir, examinar y auditar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios de gobierno, a fin de evitar que se produzca enriquecimiento ilícito y que este delito, en caso se haya cometido, permanezca impune a través de los años, como presumiblemente pudo haber ocurrido con el ex presidente Flores.

Por qué no se investiga, ni la prensa en general o FUNDE se preguntan, por qué razón las Cortes Supremas de Justicia anteriores, como por ejemplo la que presidió el abogado Domingo Méndez, quién ahora se pasea por los medios de comunicación como uno de los voceros de Aliados por la Democracia, exigiendo transparencia y probidad, no promovió en su momento la investigación y auditoría de las declaraciones patrimoniales de ex presidentes y ex funcionarios en general, sobre todo en los años en que gobernaba el partido ARENA y en los que tenía mayoría de Alcaldías y controlaba la mayor parte de los órganos del Estado.

¿Por qué en esos años la probidad de un funcionario no era un tema de interés nacional como para que la Corte que presidía Domingo Méndez cumpliera con el mandato constitucional de auditar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios de entonces?

¿Por qué no se investiga, también, la razón por la que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia actual, no promovieron de oficio, en cumplimiento de un mandato constitucional, una auditoría de la declaración patrimonial del ex presidente Flores, así como lo han hecho ahora con el patrimonio del diputado Reynaldo Cardoza del PCN, siendo que la Fiscalia había presentado suficientes evidencias de irregularidades patrimoniales del ex mandatario al punto de acusarlo ante un tribunal de justicia del delito de enriquecimiento ilícito y peculado.

¿O es que acaso sólo los patrimonios de funcionarios o ex funcionarios enemigos de la derecha oligárquica están siendo investigados, siendo que la ley obliga a que estas auditorías se realicen con todos los funcionarios y ex funcionarios que presentan su declaración patrimonial?

¿Por qué si son más de 10 mil las declaraciones que conoce la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, sólo 13 de ellas están en la mira?

¿Quién o quiénes deciden a cuáles sí y a cuáles no se les realiza de inmediato una auditoría?

¿Por qué FUNDE no ha pedido las auditorías de otros ex presidentes como Cristiani y Calderón Sol?

¿Qué pasa con la auditoría de los patrimonios declarados por ex vice presidentes como Borgo Bustamante, Quintanilla Schmidt o Ana Vilma de Escobar, quienes experimentaron considerables aumentos en sus patrimonios cuando dejaron sus cargos?

¿Y las auditorías de alcaldes y ex alcaldes de ARENA que gobiernan o han gobernado municipios con los más altos ingresos municipales?

¿Por qué los grande medios solo le dan cobertura y cuestionan la declaración patrimonial de Sigfrido Reyes del FMLN y no dicen nada del patrimonio acumulado por el diputado de ARENA, Carlos Reyes, aún cuando abiertamente dijo que mantiene desde hace años contratos con la PNC y una alcaldía del país, con lo cual estaría violando la Constitución de la República que establece claramente que no puede ser candidato a diputado aquel que mantenga al momento de su elección contratos con el Estado?

¿Qué tan cierto es que son los Magistrados Sidney Blanco, Belarmino Jaime y Florentín Meléndez los que deciden a quién debe investigar la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia en respuesta a la presión ejercida sobre el órgano judicial por sectores del gran capital? Y que además, estos tres magnificos Magistrados de la Corte se coordinan con los grandes medios para publicar y hacer toda una alharaca de las auditorías realizadas, sea que encuentren o no alguna irregularidad a investigar?

Curiosamente, el caso de las declaraciones patrimoniales de tres ex presidentes y de otros funcionarios ha alcanzado en esta última semana más relevancia que por ejemplo la noticia de la suspensión de la audiencia judicial en el caso que se le sigue al ex presidente Francisco Flores.

La mayoría de medios de comunicación minimizaron una noticia sin precedentes en nuestro país como fue la decisión de aplazar la audiencia judicial en contra del ex presidente Flores programada para el 3 de noviembre próximo, luego que médicos del instituto de medicina legal dictaminaran que el ex mandatario debe ser intervenido quirúrgicamente de un padecimiento en la vesícula.

No soy quién para poner en duda la confiabilidad del dictamen médico y menos para determinar si esta operación es o no de carácter urgente.

Si en el historial clínico del ex presidente Flores consta que venía enfrentando problemas con la vesícula, lo indicado es que se intervenga a la brevedad posible a fin de evitar complicaciones posteriores que deterioren su salud y no esperar hasta dentro de dos semanas o más como ha sido anunciado.

No deja de llamarme poderosamente la atención, la decisión de llevar a cabo la cirugía el mismo día de la audiencia judicial y más aún, el poco destaque que los medios han dado a la reprogramación indefinida de esta audiencia.

Como tampoco puedo dejar de destacar que es hasta ahora que la Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoria de la declaración patrimonial del ex presidente Flores, siendo que enfrenta una acusación penal desde mediados del año pasado por el delito de enriquecimiento ilícito.

¿Cuál es la razón de la omisión de la Corte Suprema de Justicia en este caso?

Por qué las organizaciones que se manifestaron en la Plaza Beethoven en dos ocasiones para demandar un cese a la impunidad y un combate más efectivo de la corrupción, mantienen un silencio cómplice en todas las irregularidades que han acompañado al proceso judicial en contra del expresidente Francisco Flores.
Dejo planteada en la mesa esta reflexión estas interrogantes.

***

Esta misma semana nos enteramos de que el juzgado tercero de sentencia había admitido la demanda en contra del Secretario de Transparencia de la Presidencia, Marcos Rodríguez, por los delitos de difamación y calumnia en contra de la diputada de ARENA y ex vicepresidenta de la república, Ana Vilma de Escobar.

Es del caso que el Srio. de Transparencia Marcos Rodriguez señaló en diferentes medios de comunicación que en la administración del ex presidente Saca la Asamblea Legislativa aprobó un Fideicomiso para la generación de empleo, conocido como FECEPE, por una suma equivalente a unos 500 mil dólares. Este fondo con el tiempo fue creciendo y llego a totalizar la cantidad de más de 38 millones de dólares.

Al frente del fideicomiso, como Presidenta del Comité que se encargaba de calificar y asignar los fondos, se encontraba la ex vicepresidenta de la república y actual diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar.

En mi gobierno, una auditoría de este fideicomiso realizada por el Banco Central de Reserva documentó una serie de irregularidades cometidas en la asignación y administración de los recursos (estamos hablando de 38 millones de dólares) de las cuales hasta la fecha ninguno de los funcionarios involucrados, entre ellos la diputada Ana Vilma de Escobar, han rendido cuentas.

Para citar alguna de estas irregularidades:

  • Nunca se hizo publicidad de la existencia de este fideicomiso, lo que impidió que muchas empresas interesadas en el mismo participaran en el proceso de calificación a fin de gozar de este beneficio fiscal;
  • En el comité calificador del Fideicomiso, que es el que en la práctica decidía a qué empresa se le favorecía, participó el Presidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), quién a su vez tenía relaciones de parentesco con el apoderado legal de una de las empresas favorecidas, lo que evidenciaba un claro conflicto de interés.
  • Dos de los requisitos para la asignación del fideicomiso eran la creación de 250 empleos permanentes con una remuneración no menor a los $200 al mes. Hubo empresas que incumplieron ambos requisitos y no obstante se les favoreció con la asignación de los recursos.
  • Tampoco se justificó por qué razón un fideicomiso que no debería tener más de 4 millones de dólares, de acuerdo al decreto legislativo que hizo posible su creación, terminó con más de 38 millones de dólares provenientes de los fondos discrecionales que se depositaban en una partida especial del Ministerio de Hacienda.

El Secretario de Transparencia lo que ha solicitado es una investigación de la Fiscalía del manejo de estos recursos, en el entendido que pudieron haberse cometido algunas irregularidades que lindan con la corrupción.

El Secretario de Transparencia nunca ha acusado a la diputada Ana Vilma de Escobar de delito alguno. Lo que ha pedido es una investigación que permita deducir responsabilidades en caso las haya.

En respuesta, la diputada de Escobar ha acusado al Secretario de Transparencia de los delitos de difamación y calumnia, bajo el supuesto que su honor e imagen han sido dañados por las intervenciones del funcionario en diferentes medios de comunicación.

Acá no cabe duda que la justicia funciona al revés: quién exige una investigación judicial por la probable comisión de un delito es acusado de difamación y calumnia, y quien debería responder por sus actuaciones como funcionario, como es el caso de la diputada Ana Vilma de Escobar, se encubre en un manto de impunidad y bloquea cualquier investigación que pudiera esclarecer la forma como se manejaron recursos públicos que estuvieron bajo su custodia.

La solvencia de la Corte de Cuentas que dice tener la diputada Ana Vilma de Escobar se refiere al hecho que este ente contralor se declara incompetente para realizar una investigación retroactiva de hechos que ocurrieron más de 5 años atrás. En ningún momento se trata de un examen de cuentas o una auditoría de la Corte de Cuentas que le exonera de responsabilidad en el manejo que hizo la diputada de esos recursos.

Además ella misma sostuvo para el caso del Chaparral que las auditorias de la Corte de Cuentas no eran vinculantes y que por tanto debería abrirse una investigación penal en este caso, independientemente de lo que hayan encontrado o desvanecido los cuatro informes de auditoría que se llevaron a cabo.

¿Por qué entonces lo que no sirve para El Chaparral si funciona para la diputada de Escobar en el caso FECEPE?

O lo que es lo mismo: ¿Por qué una auditoría de la Corte de Cuentas si funciona para el caso en el que está involucrada la diputada de ARENA y no funciona o no tiene validez legal para el caso del Chaparral?

Si nada teme, la diputada de Escobar debería abrirse a una investigación judicial en lugar de promover una vendetta política en contra de un funcionario del gobierno actual.

Y la Corte Suprema de Justicia debería abrir una investigación de la declaración patrimonial de esta diputada a fin de esclarecer si hubo o no un incremento patrimonial no justificado cuando se desempeñó como Vicepresidenta de la República.

Hasta aquí mis comentarios de este día…

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