¿Conspiración contra la clase política progresista desde la Sala? | Mauricio Funes Sin Censura

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¿Conspiración contra la clase política progresista desde la Sala?

No cabe duda que la más reciente estrategia conspirativa de la derecha oligárquica, utilizando uno de sus instrumentos de presión como es la Sala de lo Constitucional, está dirigida contra la clase política progresista, que no le es funcional a sus intereses.

La derecha oligárquica está urgida de tener un mayor control sobre el Ejecutivo, y para ello ha comenzado a desarrollar una nueva estrategia de cara a las elecciones presidenciales del 2019.

La idea es hacer aparecer a los partidos políticos tradicionales y sobre todo a la clase política progresista como corrupta, la que, según esta derecha, ha utilizado su paso por el gobierno para enriquecerse de forma ilícita.

A eso responden algunas de las auditorías que unos cuantos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia han ordenado “a dedo”, violentando los mecanismos constitucionales establecidos para la investigación de la Probidad Pública.

Yo he sostenido en otras ocasiones que eso de la Probidad Pública funciona para todos los que, de acuerdo a la ley, estamos obligados a presentar nuestras declaraciones patrimoniales, tanto al inicio de la gestión gubernamental como a la finalización del mandato para el que fuimos elegidos o nombrados.

En ninguna parte de su articulado, la Ley de enriquecimiento ilícito, vigente desde 1959, y menos la Constitución, establecen que las auditorías de las declaraciones de patrimonio tienen que ser realizadas en forma discrecional y menos por encargo de los Magistrados de la CSJ.

No hay razón legal, por lo tanto, para que en estos momentos sólo 13 funcionarios y ex funcionarios estén siendo auditados “con lupa”, siendo que la obligación de la CSJ es la de auditar a todos, es decir, a los más de 7 mil funcionarios y ex funcionarios que hemos presentado nuestras declaraciones patrimoniales.

El morbo con que la prensa de derecha está tratando estas auditorías no cabe duda que forma parte de la estrategia conspirativa de la derecha oligárquica, que presume culpabilidad antes de la inocencia que establece la misma Constitución.

Hoy resulta, según estos medios de prensa y de los voceros de la derecha, que el simple incremento del patrimonio en un funcionario, independientemente de su monto, es ya indicio de enriquecimiento ilícito.

Acá no importa si el funcionario que está siendo auditado puede o no demostrar la legalidad de ese incremento.

Lo único que interesa es sembrar la duda en la opinión pública en torno al trabajo desarrollado en el gobierno, sea éste en el Ejecutivo o en el Legislativo (curiosamente entre los 13 “seleccionados” no hay uno tan sólo del Órgano Judicial).

En el fondo, esta estrategia lo que busca es afectar imágenes y provocar el desgaste político de los rostros más visibles de la izquierda y la derecha social, con miras a las elecciones legislativas del 2018 y sobre todo, de las presidenciales del 2019.

No hay que ser muy avieso en el análisis político para caer en la cuenta que la derecha oligárquica tiene como delfín para las presidenciales a Carlos Callejas, hijo de uno de los más influyentes empresarios salvadoreños, de origen español, en el funcionamiento del aparato partidario de ARENA, como es Francisco Callejas.

La exposición mediática a la que ha sido sometido en los últimos meses Carlos Callejas no nos lleva más que a asegurar que se trata del favorito de la derecha oligárquica para asumir la candidatura presidencial de ARENA.

De hecho, por encargo de esta derecha y de la embajada americana, este bisoño de la política está siendo medido desde ya por diferentes encuestas de opinión pública.

Me adelanto a afirmar que exhibirán a un candidato joven, no contaminado y sin un pasado partidario, por mucho que su padre haya sido uno de los principales financistas de ARENA.

Acá no interesa el conocimiento que se tenga de los problemas del país y menos su disposición a resolverlos y por tanto, su capacidad para presentar las mejores y más viables soluciones.

Lo que le valdría es ser un candidato que ha sido exhibido públicamente como empresario exitoso, con conciencia social, pero sobre todo, alejado de las prácticas partidarias corruptas que caracterizan a la clase política tradicional.

Por supuesto que harán todo lo necesario para ocultar que justamente su padre ha sido uno de los financistas y articuladores de esas prácticas patrimonialistas, que le han permitido a un reducido sector de la sociedad hacer “negocios” con el Estado.

La conspiración desatada por los Magistrados de la Sala de lo Constitucional contra la clase política, quiénes ejercen control sobre la Sección de Probidad y sobre una buena parte del resto de Magistrados de la CSJ, resulta funcional a esta estrategia electoral con la que la derecha oligárquica busca hacerse de nuevo con el control del Ejecutivo.

No nos perdamos.

Acá no se trata de una batalla por el destape institucional y el combate de la corrupción liderada por la Corte Suprema de Justicia.

Si así fuera no habría auditorías con dedicatoria, y entrarían en la investigación que lleva a cabo Probidad otros nombres de ex funcionarios que en el pasado usaron sus influencias en el gobierno para favorecer intereses oligárquicos en detrimento de las grandes mayorías del país.

Vale la pena preguntarse: ¿por qué sólo están siendo auditadas las declaraciones patrimoniales de los últimos tres expresidentes y se deja fuera a Cristiani y Calderón Sol?

¿Por qué no están siendo auditados los incrementos patrimoniales de ex vicepresidentes como Borgo Bustamante, Quintanilla Schmidt y Ana Vilma de Escobar, cuestionada por el caso FECEPE?

¿Por qué entre los 13 funcionarios y ex funcionarios auditados por la CSJ no figuran diputados o alcaldes de ARENA?

¿Y que dice la prensa escrita de derecha sobre esas omisiones?

Pachito está el río…

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