Programa 52 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

Mauricio Funes Sin Censura

Editorial Sin Censura

Programa 52 – Editorial

Todo parece indica que ha arreciado la cacería política como si las elecciones presidenciales estuvieran a la vuelta de la esquina…

Esta semana los medios de comunicación, pero sobre todo los periódicos de la derecha y las redes sociales, han estado dominadas por noticias que nada tienen que ver con los problemas del país que merecen nuestra atención.

Desde hace meses se viene impulsando una fina estrategia de desgaste en la que la derecha oligárquica está dispuesta a tirar la casa por la ventana si es necesario.

La agenda mediática, dominada por ARENA, ha puesto de relieve aquellos temas que son de su interés político de cara a las elecciones presidenciales del 2019, en un esfuerzo por recuperar el poder del Ejecutivo.

Siempre he sido de la idea que con el primer gobierno de ARENA, en manos de Cristiani, inició el proceso de recomposición y refundación de la oligarquía salvadoreña, golpeada de muerte por la junta de gobierno a inicios de los 80, la democracia cristiana y los militares.

Por esos años, la oligarquía perdió sus bastiones de poder económico con la reforma agraria, la nacionalización de la banca y la nacionalización del comercio exterior.

Sin esos ejes de acumulación, el poder político y económico de esta derecha se redujo considerablemente, llegando a ver amenazada la hegemonía que había mantenido por décadas enteras, desde finales del siglo 19, con el apoyo y la instrumentalización que logró de los militares.

Con la llegada de ARENA al poder del ejecutivo en 1989 y el control de las decisiones del órgano legislativo a partir de 1988, esta derecha oligárquica comienza a recomponerse y realiza un asalto al Estado sin precedentes.

Cristiani diseña una política fiscal ajustada a sus intereses y da el primer golpe a las finanzas públicas con la eliminación del impuesto al patrimonio.

Su gobierno inicia el ajuste económico, diseñado por los organismos financieros internacionales, con el impulso de las privatizaciones y el debilitamiento del Estado, hasta reducirlo a una mínima expresión.

Las privatizaciones le permitieron a esta derecha quedarse con los negocios más importantes del país, a la par que se ponía el gobierno a su servicio.

Para acumular este poder se volvía imprescindible el control del gobierno, aunque para ello tuvieran que sacrificar a sus mejores cuadros y técnicos para trasladarlos a la burocracia estatal.

El gobierno Flores fue el mejor ejemplo de este proceso. Su gobierno estaba integrado por cuadros prestados por la empresa privada, los cuales, una vez dejaron la administración pública, regresaron a sus antiguos trabajos en posiciones que les permitían defender lo que habían hecho mientras eran funcionarios.

En 15 años asaltaron el Estado, hicieron crecer exponencialmente sus patrimonios y ganancias, utilizaron los resortes del gobierno para enriquecerse y se convirtieron literalmente en los dueños del país.

Con la pérdida del control del Ejecutivo en las elecciones del 2009, reforzado con la victoria del FMLN en el 2014, no sólo ven deteriorada una porción importante de su hegemonía política y económica, sino que se ven obligados a cambiar de estrategia, a fin de contener los daños colaterales que este pérdida les ocasionaba, y prepararse para recuperar el poder en el menor tiempo posible.

La referencia que hacen testaferros y acólitos de esta derecha, en el sentido que el FMLN ha propiciado el surgimiento de una nueva oligarquía, a la que llaman de oligarquía roja, no deja de ser un “chiste” comparada con el poder económico acumulado por la verdadera y única Oligarquía durante los tres primeros gobiernos de ARENA.

En confabulación con algunos medios de comunicación, la derecha oligárquica se escandaliza y pide que se investigue el crecimiento patrimonial de algunos dirigentes del FMLN, quienes han podido adquirir bienes inmuebles en su mayoría por precios de mercado menores a los 40 mil dólares, pero esconden las inmensas fortunas generadas en los últimos años o bien los millones evadidos y defraudados a la hacienda pública cuando el gobierno estaba al servicio de los intereses de unos pocos.

A este propósito responden, también, algunas de las auditorías que realiza la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de ellas encargadas por ARENA para que investiguen hasta debajo de las piedras, como los ataques mediáticos que han comenzado a experimentar políticos y personalidades vinculadas a la izquierda y que podrían llegar a convertirse en pre candidatos presidenciales para el 2019.

En los últimos días ha ocupado la titularidad de los periódicos y de noticieros de televisión el caso del clonador de La Prensa Gráfica.

Más allá de si el detenido en una residencia de la colonia Madreselva en Santa Elena, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, es culpable o no de los delitos que le atribuye la Fiscalía, lo revelador es la cobertura mediática que el caso ha tenido y la cacería política que ha desatado.

Para muchos este caso resulta un tanto curioso y hasta incomprensible.

No todos los que me escuchan conocen el mundo de las redes sociales y menos tienen idea lo que es un clonador, hacker, bloguero o troll que se dedica a atacar, usando el internet, la integridad moral y la imagen de partidos políticos, empresas, funcionarios de gobierno, líderes sociales o personas particulares.

La Prensa Gráfica denunció hace unos meses que había sufrido un ataque cibernético al clonarse o duplicarse en forma fraudulenta una de sus páginas en internet, por medio de la cual se reproducía una supuesta entrevista de su Director Ejecutivo en la que afirmaba que los dueños de los periódicos pueden publicar y decir lo que se les antoje pues para eso los propietarios de los medios.

Esta afirmación, según el abogado de La Prensa Gráfica, nunca fue dicha y menos publicada por el Director Ejecutivo y propietario de este periódico, por lo que con su publicación se había cometido una verdadera suplantación de marca comercial, con el propósito de dañar la imagen institucional del medio de comunicación en cuestión.

Las pesquisas de la policía y de la Fiscalía, así como las propias investigaciones del periódico, condujeron a identificar a un experto en informática, conocido como Andrés Ortiz, como el autor material de la clonación o suplantación de la página de La Prensa Gráfica, quién al momento de su captura laboraba para una empresa digital que había sido contratada por la Alcaldía de San Salvador, entre otras instituciones y empresas comerciales que por alguna razón no han sido mencionadas con la misma intensidad y morbo que la comuna capitalina.

Entre los clientes de esta empresa, la cual hasta la fecha no ha podido ser relacionada judicialmente con la clonación, se encuentran importantes marcas comerciales que así como la Alcaldía contrataron los servicios de la empresa y probablemente del clonador.

En lo que va del caso y de la cobertura noticiosa del mismo, se han venido acumulando una serie de interrogantes que hacen pensar en la existencia de una clara intencionalidad política en este asunto.

Por ejemplo: El supuesto clonador de apellido Ortiz es un experto en el tema y debido a ello ha trabajado en diferentes empresas e instituciones del gobierno.

De acuerdo a su hoja profesional, el clonador trabajo 8 meses con la Subsecretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en el 2013, más de dos años con las empresas IdeaWorks e Influencia Digital, las cuales fueron contratadas
por el partido ARENA para diferentes servicios, como llevar la campaña digital de Quijano en las elecciones del 2014 y desarrollar un servicio digital para la alcaldía de Santa Tecla ahora con D’abuisson como alcalde, y también ha laborado más recientemente en la empresa Búnker, que fue contratada por la alcaldía de SS para el diseño e implementación de una aplicación en la web que le permite a la comuna atender las denuncias ciudadanas en forma expedita.

A pesar que todo ese historial laboral está documentado, los periodicos sólo han destacado el trabajo que el “clonador” desarrolló con el gobierno anterior por 8 meses y su trabajo con una empresa que ofrece servicios digitales y que fue contratada por la alcaldía que preside Nayib Bukele.

Por alguna razón que nadie entiende no mencionan, para el caso, que una de las empresas con las que laboró por más de dos años fue la responsable de la campaña de difamación en internet en mi contra cuando en forma maliciosa y calumniosa se me involucró con un accidente automovilístico ocurrido en la Plaza Masferrer.

Tampoco se menciona que estas empresas (IdeaWorks e Influencia Digital), vinculadas profesionalmente al partido ARENA, se han dedicado, después de la captura del clonador, a borrar perfiles de algunos de sus empleados que podrían resultar implicados en otros casos de ataques cibernéticos a personalidades y partidos políticos.

Así como se ha pretendido relacionar al Alcalde Bukele con la clonación a La Prensa Gráfica, por el simple hecho de que la alcaldía de san salvador contrató los servicios de la empresa en que laboraba el clonador, lo mismo podría hacerse con el ex candidato presidencial Norman Quijano, o bien con los candidatos a alcaldes y diputados de ARENA para las elecciones del 2015, que contrataron los servicios profesionales de otra empresa en la que también laboró el implicado y en la que estaba trabajando en el momento en que inició el ataque contra el periódico en cuestión.

Lejos de eso, lo que se ha destacado ha sido el trabajo que tuvo hace más de dos años en la Presidencia de la República y el trabajo que comenzó hace apenas algunos meses con la empresa que le ha dado servicios a la alcaldía de San Salvador, pero también a otras instituciones y empresas privadas.

Nadie me saca de la cabeza que acá hay una clara intención de afectar la imagen del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en la medida que tiene posibilidades reales de convertirse en candidato presidencial para el 2019 y por tanto un fuerte rival para el candidato que promueva el partido ARENA.

En buenas cuentas, si se va a perseguir judicialmente a clonadores o hackeadores de paginas de periódicos de derecha o de dirigentes políticos de derecha, como lo ha denunciado recientemente el Presidente de ARENA, también hay que perseguir judicialmente a profesionales de la informática contratados por ARENA o empresas particulares para atacar la imagen de dirigentes y líderes políticos de la izquierda, difamarlos y calumniarlos.

Y aún más, si hay medios de comunicación que se sienten agredidos en su imagen institucional cuando sus páginas son clonadas y promueven demandas judiciales, como ha sido el caso de La Prensa Gráfica, también deberían atenderse los reclamos que hacen funcionarios, ex funcionarios o personas particulares contra ataques mediáticos, que a la base tienen la mentira y la calumnia.

La cacería no tiene que ser política, la cacería debe ser eminentemente judicial, pero sobre todo pareja.

Mientras no aclaren estas interrogantes no dejaré de pensar que más que una cacería judicial del clonador o de los llamados Troll Center, y de quiénes loas financian, lo que existe es una cacería política instrumentalizada por la derecha.

Como se dice popularmente: O todos en el suelo, o todos en la cama…

***

Como siempre he sostenido, O todos en el suelo o todos en la cama.

Por los mismos días en que se destapa el caso del clonador de La Prensa Gráfica, un medio digital decide arbitrariamente publicar fotografías mías en el momento que me encontraba departiendo con amigos en un centro nocturno en Estados Unidos.

Las fotos en cuestión no revelaban ningún ilícito que estuviera cometiendo, a menos que para algunos hipócritas fundamentalistas de derecha la diversión sea un delito cuando tiene como protagonista a una persona que no es de derecha, que además fue funcionario público de un gobierno de izquierda y que destapó importantes y reveladores casos de corrupción de gobiernos de ARENA.

Sobre esto ha habido diferentes reacciones. Desde quienes me expresaron su solidaridad diciendo que mi vida privada debe ser de interés exclusivo de mi familia y de nadie más, hasta quiénes han especulado y han llegado a calumniarme asegurando que no tengo ingresos, que soy un desempleado como otros, que por tanto no puedo justificar mi supuesto estilo de vida actual y que sólo puedo mantener este estilo de vida porque me he robado recursos que son del Estado.

Dos testaferros de la derecha que escriben con frecuencia en los periódicos dijeron tonterías como las siguientes.

Uno de ellos, Roberto Rubio de FUNDE, dijo que yo era un desempleado y que no tenía forma de demostrar que podía pagar un viaje fuera del país o una entrada a una discoteca o a un restaurante en Estados Unidos.

Le aclaré que no estoy desempleado y que si tengo ingresos y pago impuestos como cualquier otros ciudadano. Por lo tanto, sus afirmaciones son propias de un charlatán de baja estima.

Además olvida que fotografías de la hija que tuvo con una mujer extranjera que no es su esposa en discotecas, fiestas electrónicas, polígonos de tiro y con amigas muy cercanas, fueron publicadas y circularon en la internet, acto que él no vaciló en calificador como una verdadero ataque a su persona y a su familia.

Otro de los testaferros es una profesional que escribe en El Diario de Hoy y que en una columna de reciente publicación sostuvo que era entendible que me dedicara a divertirme fuera del país pues no tenía la dicha de ser invitado a dar clases en universidades prestigiosas como la Universidad de Harvard, tal como ocurre con el expresidente de México, Felipe Calderón, ni tampoco dirigía una prestigiosa Fundación privada, como lo hace el ex presidente Bill Clinton.

No sé en qué país vive esta columnista, pero no conozco ningún ex presidente de la República de El Salvador que al terminar su mandato haya sido invitado a dar clases en universidades de Estados Unidos o dirija Fundaciones privadas de prestigio.

Un ex presidente de ARENA regresó a sus antiguos negocios y a ponerse al frente del grupo financiero que obtuvo en forma fraudulenta a través de prestanombres siendo Presidente de la República. Otro se dedica a administrar sus inversiones en diferentes empresas, las que también obtuvo siendo Presidente de la República. Otro está preso enfrentando un juicio por corrupción, después de disfrutar de la vida en diferentes tours de cacería por todo el mundo y convertirse en empresario socio de prominentes representantes de la Oligarquía. Y el anterior a mi mandato, el ex presidente Saca quién volvió a tomar el mando de su grupo radial.

Ninguno de ellos da clases en universidades en el exterior, imparte seminarios o dirige fundaciones de prestigio, como hizo referencia la mencionada columnista.

En mi caso, como lo he aclarado en repetidas ocasiones trabajo como periodista al frente de este programa radial, soy consultor de medios, basándome en mi experiencia profesional de más de 20 años de periodismo y mantengo el dedo sobre la llaga en los abusos de poder que sigue cometiendo la derecha oligárquica de este país…

No sé si la difusión de esas fotos respondía a una estrategia de ataque hacia mi persona o buscaba tirar una cortina de humo sobre el destape que estaba haciendo la Fiscalía con el caso del clonador de Santa Elena, pero hago referencia a él porque se sitúa en medio de una cacería de brujas, de la que también forman parte las investigaciones patrimoniales que lleva a cabo la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, por encargo de algunos Magistrados de la Sala de lo Constitucional, justo en el momento en que está por definirse judicialmente el escándalo provocado por el caso de corrupción por el que es procesado el ex presidente Flores.

De más de 5 mil auditorías que Probidad por ley debería realizar, sólo está auditando a 13 funcionarios y ex funcionarios, seleccionados a dedo por Magistrados de la Sala de lo Constitucional, como Belarmino Jaime y Rodolfo González.

A quiénes nos están auditando, nos están buscando hasta “debajo de las piedras” para ver qué encuentran.

Están sobrepasando sus atribuciones, consignadas en la ley de enriquecimiento ilícito de los años 50, al pedir, por ejemplo, a los bancos que entreguen información financiera de personas que no forman parte del grupo familiar del auditado. Esa información sólo la puede solicitar la Fiscalía en una investigación de lavado de dinero, que no es el caso que ocupa a Probidad.

Están interrogando en forma inquisitiva e intimidatoria a supuestos testigos, a quiénes presionan para obligarlos a declarar algo que no han visto o que no les consta.

Ante la falta de evidencias firmes de incrementos patrimoniales injustificados, están acusando a diestra y siniestra a familias y personas allegadas a los investigados de ser prestanombres o testaferros.

Muchas de sus conjeturas las están apoyando en rumores periodísticos que algunos medios acostumbran a publicar en forma impune, amarrados en el hecho que no pueden ser procesados por calumnia y difamación, ya que la crítica periodística, artística y política están exentas de ese tipo de delitos.

Probidad no sólo no está auditando a todos los que debería auditar, sino que únicamente a los seleccionados a dedo por Magistrados de la Sala de lo Constitucional, a quiénes además se les están violentando sus derechos y el debido proceso al llevar a cabo una auditoría que tiene todos los componentes de una verdadera persecución o cacería de brujas.

Aunque de acuerdo al artículo 240 de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia tiene facultades de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de las declaraciones patrimoniales, no puede vulnerar la presunción de inocencia o realizar interrogatorios intimidatorios, con preguntas confusas, sugestivas o impertinentes, o lo que es peor, tratar de sustituir las funciones de investigación del delito que están restringidas a la Fiscalía General de la República u otras instituciones del ordenamiento jurídico.

No es posible jurídica y técnicamente querer investigar un acto aparentemente ilícito con una conducta igual o más ilícita que el acto que se investiga.

No sería extraño que en este afán, los Magistrados de la Sala de lo Constitucional sorprendan al resto de Magistrados y obtengan al final los votos necesarios en Corte Plena para ordenar una investigación por enriquecimiento ilícito, sin contar con la pruebas necesarias, y con el único propósito de dañar reputaciones en coordinación con medios de comunicación de la derecha, como El Diario de Hoy.

Lo curioso es que del caso Flores ya no se dice nada y todo apunta a que la defensa estaría logrando el sobreseimiento del ex mandatario, con lo que la corrupción por la que ha sido acusado quedaría de nuevo en la más completa impunidad.

En nuestro país, sólo comparable al caso Flores y la impunidad que lo envuelve es el asesinato de los sacerdotes Jesuitas ocurrido en Noviembre de 1989.

Hasta aquí mis comentarios de hoy…

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