Programa 54 – Editorial | Mauricio Funes Sin Censura

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Programa 54 – Editorial

Hoy se conoció la resolución del caso Flores-Taiwan, considerado uno de los casos emblemáticos de corrupción en el país, no tanto por tratarse del juzgamiento de un ex presidente de la República, sino porque a través de su investigación judicial se logró desmontar el mecanismo utilizado por los gobiernos de ARENA para apropiarse de recursos públicos en beneficio de privados y convertir la gestión gubernamental en una gestión corporativista al servicio de intereses de particulares, sobre todo de los grupos de poder económico en el país.

En el escrito leído por el propio Juez Séptimo de Instrucción se asegura que el ex presidente Flores, con la ayuda de otras personas, peculó al menos 10 millones de dólares provenientes de la cooperación taiwanesa para trasladarlos al partido ARENA, lavando de esta forma a través del sistema financiero internacional una cuantiosa suma de dinero que tenía una claro proceder ilícito, en tanto estaba destinado para un propósito y destino diferente.

Según el juez, estos 10 millones provenientes de Taiwan estaban destinados para financiar proyectos de beneficio nacional y no obstante, el ex presidente Flores decidió trasladarlos a una cuenta que el partido ARENA tenía habilitada para recibir fondos de campaña.

De igual forma, señaló que la acusación de enriquecimiento ilícito por $5 millones provenientes del gobierno de Taiwan queda sin efecto en la medida que la Fiscalía no pudo demostrar que esta suma fue a parar a una cuenta bancaria del ex gobernante o que haya causado un incremento patrimonial a su favor.

Sin embargo, en base a esta situación el juez decidió cambiar la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito a lavado de dinero en la medida que quedó demostrado el abuso de poder del ex presidente al valerse del sistema financiero internacional para hacer desaparecer y ocultar todo rastro de los 5 millones de dólares provenientes de la cooperación taiwanesa con el consiguiente perjuicio en el orden económico y social del país y la vulneración de los derechos fundamentales de los que deberían haber sido beneficiados con diferentes proyectos sociales y que resultaron afectados por los terremotos de enero y febrero del 2001.

De esta forma, el juez García elevó a juicio el caso del ex presidente Flores por los delitos de peculado y lavado de dinero para que sea un tribunal de sentencia el que decida si condena o no al ex mandatario.

Lo peculado por Flores fueron 10 millones de dólares en cheques que fueron desviados a una cuenta del partido ARENA y lo lavado fueron 15 millones de dólares provenientes de la cooperación taiwanesa, 10 millones que terminaron en cuentas bancarias de ARENA y 5 millones que por hoy se desconoce su paradero.

Lo histórico de este juicio, como he sostenido en diferentes oportunidades, no es tanto el hecho relevante de que se trata de un ex presidente de la república que gobernó el país de 1999 al 2004, sino el destape institucional que se logra de uno de los casos de corrupción emblemáticos en del país que pone al descubierto el mecanismo por medio del cual se desviaron recursos públicos para beneficio de privados, vulnerándose de esa forma los derechos a la vida, la seguridad, la salud y la alimentación de grupos vulnerables del país que se vieron afectados por los terremotos del 2001.

ARENA, en forma cómplice, no sólo ocultó por años esta práctica corrupta de sus gobiernos, sino que intentó desviar la atención de la opinión público presentando, junto a medios de comunicación de la derecha, este caso como si se tratara de una persecución política iniciada por mi gobierno y continuada por el actual.

Es justamente esta interpretación conveniente que hace ARENA del juicio contra el ex presidente Flores, así como del caso CEL-ENEL, en el que resultaron involucrados algunos funcionarios de su administración, lo que ha llevado a este partido político junto a algunos medios de comunicación de derecha y de instituciones del Estado como la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha emprender una sistemática campaña de desprestigio de ex funcionarios del gobierno anterior y de diputados y ex diputados que participaron en las comisiones legislativas que investigaron ambos casos y que condujeron a la Fiscalía General de la República a abrir un expediente judicial tanto contra ex funcionarios de CEL, vinculados al partido ARENA, como en contra del ex mandatario.

Este tema lo retomaré en la segunda parte del programa.

Antes deseo hacer algunas consideraciones a la resolución emitida por el Juez García por el caso del ex presidente Flores.

Primero, no me sorprende la resolución judicial conocida este día en el Juzgado Séptimo de Instrucción pues fue precisamente el Juez García quién, una vez tomó bajo su responsabilidad el caso, le dió un giro importante al proceso al punto de agregar a los delitos que le imputaba la Fiscalía al ex mandatario el delito de lavado de dinero, tal como en su momento lo solicitó la querella del caso.

El juez en su análisis ha sido muy claro: los fondos provenientes de la cooperación taiwanesa y que fueron entregados directamente por el ex presidente de China-taiwan, Shen shu Bian, bajo la forma de cheques al ex presidente Flores no fueron a parar al destino previsto sino a cuentas bancarias que el partido ARENA había habilitado para recoger fondos de campaña.

Aún cuando el origen de los fondos no es ilícito, si lo fue el mecanismo utilizado para hacer este desvío a través del sistema financiero internacional y el hecho de haber peculado estos recursos que estaban destinados a atender las necesidades de la población afectada por los terremotos del 2001.

Peculado, en buenas cuentas, significa que los fondos públicos recibidos por Flores fueron desviados para favorecer a privados, en este caso al partido ARENA, en complicidad con altos ejecutivos y empleados del entonces Banco Cuscatlán, tanto de la sede de El Salvador como de la filial de Costa Rica y miembros de respetables familias empresariales del país.

Uno de los colaboradores activos del ex presidente Flores para llevar a cabo este lavado del dinero proveniente de Taiwan fue el ex presidente del Banco Cuscatlán, el Ingeniero Mauricio Samayoa, ya fallecido, empresario vinculado al ex presidente Alfredo Cristiani con la privatización de la banca y a prominentes hombres de negocios del partido ARENA.

Hay que mencionar también que otro de los involucrados en este proceso de lavado de dinero fue el Pdte del Centro de Estudios Políticos Rodriguez Port, el señor Balzareti Kriete, ya que fue en una cuenta de este instituto político, tanque de pensamiento del partido ARENA, que fueron inicialmente depositados los fondos enviados por Taiwán y que luego fueron a parar a la cuenta de ARENA.

Según el Juez García, en todo el movimiento del dinero que se hizo en ambas cuentas vinculadas al partido ARENA se violó el ordenamiento jurídico del país, pues fueron autorizados en forma arbitraria e ilegal depósitos millonarios y movimientos financieros cuantiosos sin que se reportaran a la unidad de delitos financieros de la FGR.

La acusación contra el ex presidente Flores por el delito de lavado de dinero despeja el camino para establecer con claridad quién o quiénes fueron los destinatarios de los fondos desviados.

No hay que pasar por alto que a mover este dinero y desviarlo en el sistema financiero contribuyeron hombres de negocios de la época, que son los que hoy lo defienden en forma asolapada.

No hay que olvidar que el ex presidente Flores, una vez concluyó su mandato, creó una fundación privada, domiciliada en Miami, con fondos de dudosa procedencia y al frente de la cual puso a su ex secretario técnico y ex ministro de Hacienda, Juan José Daboub, hermano del actual Presidente de la ANEP, además de reconocidos miembros de su gabinete de gobierno y que ocupaban y ocupan aún, algunos de ellos, importantes cargos en gremiales empresariales del país.

No hay que olvidar que la pieza clave, según el Juez García y el informe de peritos de la Superintendencia del Sistema Financiero, para mover el dinero de Taiwan en el sistema financiero , me refiero al Pdte del Banco Cuscatlán en esos años, fue socio de Cristiani, Presidente de ABANSA y miembro de ANEP.

Habría que preguntarse que así como se movió y lavo el dinero que el expresidente Flores recibió del gobierno de Taiwán, qué otros dineros o fortunas no se lavaron de la misma forma en esos años?

Segundo, aunque el Juez García aceptó que no fue demostrado por la Fiscalía el enriquecimiento ilícito del ex presidente Flores, pues no existe evidencia de un incremento patrimonial del ex gobernante en montos similares a los de la ayuda internacional que recibió, sí se demostró que los fondos no fueron a parar a sus destinatarios originales, que eran los afectados por los terremotos del 2001.

No sólo el mismo Flores Perez aseguró ante la comisión especial de investigación de la Asamblea Legislativa que el dinero recibido de manos del ex presidente Shen Shu Bian lo había enviado a los afectados por el terremoto del 2001 sin que haya evidencia de ello, sino que existe un fondo de cooperación de $5 millones que venía al país para desarrollar una serie de proyectos de ayuda a los damnificados que nunca ingresó al erario público y que aún se desconoce dónde está depositado o invertido ese dinero.

Además, por supuesto de los $10 millones que según declaraciones de Flores se utilizaron en el pago de informantes para desmontar estructuras criminales dedicadas al secuestro y en beneficiar a los afectados por los terremotos, pero que la investigación de la FGR y los peritos de la Superintendencia del Sistema Financiero demostraron que fueron a parar a una cuenta del partido ARENA.

Con toda esta evidencia, cómo es posible que dirigentes y diputados de ARENA, así como columnistas de periódicos y el propio director propietario de El Diario de Hoy, continúen asegurando que este caso no pasar de ser un caso de persecución política para denigrar la imagen del principal partido de la oposición.

Acá no estamos hablando de simples presunciones o de campañas mediáticas en contra del ex mandatario. Estamos hablando de un proceso judicial en el que el Juez García ha analizado las pruebas presentadas por la FGR y los querellantes y ha dado un dictamen apegado a la ley.

Cómo está respondiendo la derecha oligárquica a esta acusación contra el ex presidente que les apoyo económicamente desde el gobierno y les ayudó a asaltar el Estado durante su mandato?

No me cabe ninguna duda que esta derecha ha articulado una vendetta política utilizando a sus instrumentos mediáticos y los que aún controla en el Estado.

Vamos a ver si los titulares de los periódicos de mañana publican que el ex presidente Flores va a juicio acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero. Y si en las notas en el interior de sus páginas se destaca el modus operandi de toda esta corrupción propia de los gobiernos de ARENA que el Juez García tuvo el valor de poner al descubierto en su resolución judicial.

Vamos a ver si desde mañana vuelven a la carga los artículos y columnas de opinión y editoriales justificando y defendiendo a Flores Pérez y haciéndolo aparecer como una víctima de persecución política.

Lo cierto es que estamos en plena batalla política y los defensores de Flores Perez, algunos de ellos beneficiarios del desvío de fondos durante su gobierno, intentarán contra atacar subiéndole volumen y pérfil a las auditorías patrimoniales que lleva a cabo la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Hace una semana reventó la auditoría que Probidad llevó a cabo de las declaraciones patrimoniales del ex director del Seguro Social y miembro de mi gabinete de gobierno, Dr. Leonel Flores.

Tal como lo ha denunciado el propio Dr. Flores, esta auditoría adolece de una serie de fallos procidimentales, comenzando con el hecho que no se le garantizó el derecho a audiencia que él mismo solicitó a través de su apoderado legal.

El Magistrado Sidney Blanco ha dicho que este derecho se agotó cuando el funcionario en cuestión presentó su declaración patrimonial de salida y las respuestas a las observaciones hechas a la misma en Enero de este año por la sección de Probidad.

Lo que no dice el Magistrado Blanco es que en ningún momento Probidad solicitó alguna aclaración o justificación sobre una serie de compras de vehículos y de transferencias bancarias que el Dr. Flores realizó durante su estadía en el gobierno para apoyar económicamente los estudios universitarios de dos de sus hijos en Estados Unidos.

El Dr. Leonel Flores, uno de los funcionarios más competentes de mi gobierno que saneó las finanzas del Seguro Social y modernizó la institución en el tiempo que estuvo al frente de ella, cuenta con las pruebas de descargo necesarias que de haberlas presentado a Probidad o a Corte Plena probablemente la decisión hubiese sido diferente.

A ninguno de los funcionarios o ex funcionarios que estamos siendo auditados por Probidad se nos ha concedido el derecho de audiencia para intentar desvanecer las observaciones o los supuestos indicios de enriquecimiento ilícito que podrían presentarse a consideración de Corte Plena.

En nuestros casos no hablamos de millones de dólares como ocurrió con el expresidente Flores. Tampoco se nos está cuestionando el manejo de fondos públicos mientras fuimos funcionarios de gobierno. No hay desvíos de recursos y menos peculado por haber destinado recursos del erario público para favorecernos en lo personal o favorecer a terceros.

En todo caso, si hay observaciones a nuestro patrimonio se nos debería conceder el derecho de desvanecer esas observaciones y demostrar el origen de los fondos que pudieron haber causado un incremento patrimonial antes de ser acusados de algún delito y tener que enfrentar un proceso judicial en una cámara de lo civil.
Aún más, los medios de comunicación por profesionalismo deberían conceder el derecho de respuesta al funcionario o ex funcionario cuestionado antes de descalificarlo, sobre todo, si no ha sido oído y vencido en juicio.

En esta verdadera cacería política, los magistrados que han promovido estas auditorías siguen sin dar respuesta a interrogantes lógicas:

. No dicen por qué si son más de 7 mil los funcionarios que deben ser auditados, sólo 13 han sido
sido seleccionados a dedo, dejando otros casos de evidente enriquecimiento ilícito sin investigar;

. Tampoco han dicho por qué casualmente los investigados por Probidad son los que hemos promovido una investigación judicial de funcionarios de gobiernos de ARENA acusados de corrupción como el caso del ex presidente Flores;

. No han logrado justificar por qué Probidad niega el derecho de audiencia previa antes de juzgar y descalificar al funcionario o ex funcionario investigado;

. Y menos, por qué hacen públicas las investigaciones y las filtran a los medios de prensa antes que el propio investigado conozca detalles de por qué y cómo esta siendo auditado.

Mientras no se aclaren estas interrogantes y los casos que audita Probidad sean utilizados por la derecha oligárquica para desprestigiar las gestiones de gobierno de la izquierda, nadie me quitará de la cabeza que todo esto es parte de una estrategia de desgaste y desprestigio en contra de la clase política de cara a las elecciones presidenciales del 2019.

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